Los fallos que se podrían reversar con la llamada “Ley Arias”

En días pasados la comisión primera del senado aprobó en primer debate el Proyecto de Ley No 32 de 2019, más conocido por la opinión pública como “la Ley Andrés Felipe Arias”, con el que se busca que las personas que hayan sido condenadas en única instancia, tengan la posibilidad de buscar la revisión de su caso e impugnar la sentencia.

La doble instancia para casos fallados por la Corte Suprema de Justicia fue aprobada en diciembre de 2017 en el Gobierno de Juan Manuel Santos, sin retroactividad, por lo que casos como el de Andrés Felipe Arias o de quienes fueron condenados por parapolítica, etc., no gozan de este beneficio, lo que motiva al uribismo a buscar su aprobación, según ellos, para poner a tono el ordenamiento jurídico de nuestro país con la Convención Americana de Derechos Humanos y al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que establecen la doble instancia como una garantía judicial para todas las personas.

Para tal fin se propone la creación de una sala de descongestión en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que según la propuesta del Centro Democrático, funcionaría de forma transitoria por un periodo de dos años, prorrogables por una única vez por igual término, que se contarán a partir de la fecha de posesión de los magistrados que hayan sido elegidos para integrarla.

Los requisitos para acceder al cargo para su elección, serán los mismos que prevén la Constitución y la ley para elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estos sin embargo, ejercerán de manera transitoria, no integrarán la Sala Plena, ni tramitarán tutelas, ni recursos de revisión, ni conocerán de conflictos de competencia, ni tendrán funciones administrativas. Tendrán como único fin, tramitar y decidir los recursos de apelación de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia acerca de la doble conformidad y la doble instancia de las sentencias proferidas en única instancia por la CSJ.

Estos serán elegidos de la siguiente manera: uno será designado por el Senado de la República, otro por el Presidente de la República y un último por la Sala Plena de la Corte Constitucional”. Lo que quiere decir que la CSJ, que es quien elige a sus magistrados, no tendrá la posibilidad de participar para este caso, además de que quedaría en duda la independencia de las personas que escojan los senadores y el primer mandatario.

La iniciativa del Centro Democrático presentada a consideración del legislativo por la senadora Paloma Valencia, Carlos Felipe Mejía, María Fernanda Cabal y demás congresistas del partido uribista, ha despertado suspicacia en la opinión pública nacional, porque esta se haría con el ánimo de beneficiar al exministro Andrés Felipe Arias, juzgado en única instancia por la CSJ, por el escándalo de Agro Ingreso Seguros, figura bajo la cual se entregaron recursos públicos a familias adineradas que utilizaron métodos fraudulentos para hacerse a una mayor cantidad de dineros del Estado y que resultaron ser donantes de las campañas presidenciales de Álvaro Uribe Vélez y del mismo Arias.

Además de lo anterior, se ha dado la alerta porque este proyecto podría desatar una cascada de solicitudes de revisión por otros casos de corrupción en los que se han visto involucrados exministros y excongresistas, que han sido fallados por el máximo tribunal de la justicia.

Confidencial Colombia hace un repaso de los casos que ya fueron juzgados en única instancia por la CSJ, que de ser aprobada la llamada “Ley Arias”, sus protagonistas podrían pedir su revisión y posterior impugnación:

Proceso 8.000

Es el nombre con que se conoce a la investigación judicial que se inició contra el expresidente de la república de Colombia Ernesto Samper, al ser señalado de recibir financiación de parte del narcotráfico para su campaña presidencial. Se le denomina de esta manera al ser el número que le asigna la Fiscalía General de la Nación para dar con la verdad de los hechos.

Aunque el entonces primer mandatario fue absuelto por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, algunos congresistas y funcionarios de alto nivel si fueron condenados. Entre estos se encuentran: Fernando Botero Zea, ex gerente general de la Campaña Samper Presidente , quien tuvo una condena de 42 meses ; Santiago Medina Serna, ex tesorero de la campaña, condenado a 64 meses; Juan Manuel Avella, ex gerente administrativo de la campaña, condenado a 78 meses; Alberto Santofimio Botero, ex senador liberal del Tolima, condenado a 54 meses; Jaime Lara Arjona, ex representante liberal de Córdoba, condenado a 60 meses; Rodrigo Garavito, representante liberal de Caldas, condenado a 7 años; Gustavo Espinosa, ex senador liberal del Valle, condenado a 50 meses; Álvaro Benedetti, ex representante liberal de Bolívar, condenado a 60 meses; Orlando Vásquez, ex procurador general de la Nación, condenado a 8 meses; Carlos Herney Abadía, ex senador liberal del Valle, condenado a 56 meses yManuel Francisco Becerra, ex contralor general de la República, condenado a 70 meses.

Pomaricazo:

Se conoce como el “Pomaricazo” al proceso por el cual se dio condena al expresidente de la Cámara de Representantes Armando Pomárico por utilizar recursos del Fondo Interministerial creado para solventar gastos de la Nación que no estaban incluidos en el Presupuesto General de la Nación, para pago de favores políticos con el propósito de que las iniciativas legislativas del Ejecutivo fueran aprobadas en el legislativo.

La primera decisión que tomó Pomárico consistió en ordenar que se lavara la fachada del Capitolio y pintara la baranda de los aparcaderos del Congreso por un costo de cinco mil millones de pesos, determinación que provocó la ira del entonces presidente Andrés Pastrana, quien llegó a proponer un referendo con la idea de cerrar el legislativo, lo que terminó por desatar una tormenta política que durante unas semanas puso en jaque la economía y la gobernabilidad del primer mandatario.

Pomárico tuvo que renunciar y fue remplazado por Nancy Patricia Gutiérrez y la plenaria de senado y cámara estuvo a punto de estrenar la figura de Moción de Censura sobre la cabeza de Néstor Humberto Martínez, quien fungía como ministro del Interior y a quien se señalaba de tráfico de influencias y prácticas clientelistas.

Tras este escándalo fueron condenados junto con Armando Pomárico a quien se le impuso una pena de 12 años de prisión, el representantes conservador Juan Ignacio Castrillón; Octavio Carmona representante del Partido Liberal condenado a 7 años y dos meses de prisión; Miguel Ángel Flórez Rivera representante sentenciado a 6 años y 6 meses de prisión y Darío Saravia Gómez condenado a purgar 7 años y 8 meses de prisión.

Escándalo de Emilio Martínez:

Se recuerda también el episodio que causó profundo alboroto mediático cuando el entonces presidente de la cámara de representantes Emilio Martínez, otorgó becas a 30 congresistas y asesores de los mismos, por valor de 165 millones de pesos. El Consejo de Estado lo despojó de su investidura al comprobar que además de lo anterior, le otorgó un millonario contrato al tercero de su lista a la Cámara de Representantes. Adicionalmente, el Alto Tribunal le ordena pagar 40 salarios mínimos mensuales legales, es decir más de 18 millones de pesos, y lo condenó a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de funciones públicas. Lo anterior como consecuencia de la conducta descuidada que tuvo como Presidente de la Cámara de Representantes en 1999, con respecto a dos contratos para la adquisición de papelería y formas continúas.

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Parapolítica:

Es el nombre con el que se le conoce al escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006 por la revelación de los vínculos de políticos con paramilitares, con posterioridad al proceso de desmovilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia.

La Corte Suprema de Justicia condenó en única instancia a un grupo de congresistas la mayoría integrantes de la coalición del Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Algunos de estos son:

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Yidispolítica:

Es el nombre que recibió el escándalo desatado en abril de 2008 a raíz de las declaraciones de la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina en las que admitió haber recibido ofrecimientos por parte de funcionarios del Gobierno de aquel entonces a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitió que Álvaro Uribe Vélez aspirara a un segundo mandato presidencial.

Yidis Medina fue condenada por estos hechos, lo mismo que los exparlamentarios Teodolindo Avendaño y Ómar Díaz Matéus. La Corte Suprema de Justicia le condenó además a 80 meses (6 años y 8 meses) de prisión a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, y a 60 meses (5 años) al exsecretario Alberto Velásquez.

Escándalo de las Notarías:

Este escándalo se dio luego de que se conociera de la entrega de notarías a cambio de favorecer la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. El hecho produjo las condenas en única instancia del exsuperintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute y del senador Alirio Villamizar.

Todos estos fallos en contra de quienes fueron señalados por cada uno de estos escándalos, algunos de los cuales tienen a sus protagonistas vivos, podrían ser revisados para con la idea de que sean impugnados si la llamada “Ley Arias” sobrevive a los debates que aún le faltan en el legislativo.

Carrusel de la Contratación

El mayor escándalo de corrupción en Bogotá se presentó durante la Alcaldía de Samuel Moreno Rojas, en donde sus protagonistas fueron el burgomaestre de ese entonces y su hermano Iván Moreno Rojas quien fungía como senador de la república. La Corte Suprema de Justicia le condenó a 14 años de prisión, mientras que sobre el exmandatario de la capital pesan tres condenas de manos de tres jueces de la república.