Durante la más reciente sesión de la Comisión de Paz del Congreso de la República, realizada de manera virtual, el senador Roy Barreras mostró su preocupación por la demora en la expedición de decreto presidencial que dé solución inmediata al hacinamiento carcelario, para evitar contagio masivo del COVID 19.
“Es imposible que en este momento se diga que no existe un solo caso de Covid en las cárceles colombianas, cuando hay más de 120 mil reclusos que viven hacinados y recibían visitas de sus familiares, además de 14 mil guardias que circulan diariamente, cuando realmente no se han hecho las pruebas suficientes. El riesgo si existe y no se puede negar”, enfatizó Barreras.
Al respecto el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa aseguró en medio de una declaración, que cualquier salida de las cárceles tiene que enmarcarse en dinámicas humanitarias, donde esas personas tengan la garantía de su mínimo vital y por lo menos un servicio de salud. La propuesta de la fiscalía sobre que poblaciones deben salir, madres gestantes, personas enfermas y al mismo tiempo personas que hayan cometido delitos con penas inferiores a cinco años de prisión. Esas personas saldrían a centro de reclusión temporal o a sus casas siempre y cuando ese mínimo vital se les garantice”.
El senador Barreras contestó que, “La parte más clara y el mecanismo más rápido para ejecutar estas decisiones es la vía administrativa, a través de medidas del INPEC, para no involucrar engorrosos procedimientos judiciales cuando ese aparato judicial también está hoy en confinamiento. Los primeros prisioneros que deben recobrar su libertad son las madres cabeza de hogar, prisioneras embarazadas y gestantes, reclusos mayores de edad y con graves enfermedades, personas que tengan delitos de menor gravedad, e internos que estén a punto de cumplir su pena. Todos ellos pueden salir por decisiones administrativas vía INPEC rápidamente”.
El debate contó la participación de del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, el Director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, el Contralor General Felipe Córdoba, Alberto Brunori de ONU, el Director del Inpec, General Norberto Mujica, y asociaciones de abogados penalistas y familiares de reclusos.
