Por: Rafael Fonseca Zárate* y Jorge Enrique Montoya**
En una muy elaborada síntesis de la numerosa y variada información existente en medios, que preparamos para describir el enredo del edificio Aquarela, no se puede menos que sentir desesperanza por la forma absurda en que líos jurídicos y actos por fuera de normas, obstruyen el desarrollo ordenado y adecuado de un país mínimamente organizado. Este artículo es como un viaje a conocer una cadena de errores, problemas, desidia, probables actos de corrupción, de muchos actores directos e indirectos por acción u omisión que muestra una completa caricatura de la forma en que nos manejamos los colombianos. Así no habrá chance de que podamos salir de la pobreza, tener prosperidad y competir en el mundo actual. He aquí esta desalentadora síntesis.
Aunque no hay ninguna mención diferente a que los Promotores (la constructora, los inversionistas) del proyecto obtuvieron la licencia de construcción haciendo el proceso dispuesto, no dejamos de preguntarnos ¿por qué no midieron suficientemente el enorme riesgo jurídico?
Claramente sí lo sabían, porque adelantaron un derecho de petición ante el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) que sirvió para la expedición de la licencia, en el que se determinó que el proyecto no estaba dentro del área de influencia del Castillo San Felipe, en contravía de estar expresamente mencionado en los documentos del Consejo de Monumentos Nacionales. No deja de sorprender este imperdonable error de un organismo como el IPCC que debería ser el primer bastión de defensa del patrimonio histórico de la ciudad.
Hoy los Promotores a lo único que pueden apostar es a tener un buen pleito, cuando han debido tener un buen negocio. ¡Ah! y a salir bien librados del proceso en Fiscalía que cobija también al curador urbano. Cualquiera que va a hacer enormes inversiones como ésta tiene que medir bien los riesgos, en este caso jurídicos, y actuar en consecuencia. Ahí hay una importante reflexión para el sector.
Por el lado de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) hay una verdadera endemia a lo largo y ancho del territorio nacional a juzgar por los nefastos resultados observados, sin olvidar los casos de manipulación fraudulenta para efectos de corrupción, a la cual, el Gobierno Nacional (de aquí para atrás hasta 1991) no ha intervenido oportunamente y ayudado a formular adecuadamente estos vitales planes, permitiendo que el desorden sea caldo de cultivo perfecto para toda serie de enredos y corrupción.
El caso de Cartagena es aberrante. Aumenta el riesgo de hacer negocios inmobiliarios y deja los trámites llenos de vacíos e interpretaciones que propicia cualquier tipo de corrupción, grande o pequeña, en todos sus pasos. Los Concejos y Alcaldes que ha tenido Cartagena son culpables de falta de diligencia en tener un POT actualizado claro y ajustado a lo que requiere la ciudad. Ningún cartagenero debería necesitar que la UNESCO le recordara, y menos le impusiera, cuidar la joya de monumentos que tienen.
No menos significativo es el hecho que las Altas Cortes hubieran tomado seis años para definir una acción de nulidad sobre modificaciones al POT o haber dispuesto suspensiones parciales, que entrabó una buena parte de la situación: un típico problema de la falta de operatividad y funcionalidad de la justicia que nos ahoga en todos los aspectos de la vida cotidiana.
Grave el error de la Secretaría de Planeación (en 2013), que dejó un boquete al no hacer claridad suficiente sobre las áreas de Vivienda de Interés Social (VIS) en una de sus circulares, que permitió la interpretación que llevó a la expedición de la controvertida licencia. Surge una necesaria reflexión sobre la calidad de los estudios jurídicos y de posibles consecuencias de los documentos que expiden las entidades municipales.
Gran parte del meollo del asunto recae en el Curador Urbano 1 que expidió la licencia basándose en su propia y al parecer, errada interpretación sobre la Circular de la Secretaría de Planeación, y que ahora, en lugar de un trabajo próspero tiene que enfrentar un proceso en Fiscalía por urbanización ilegal y prevaricato por acción. No dejamos de preguntarnos si ésta también podría ser otra endemia que sufra el país, ya que, basados en el poder que tienen estos servidores públicos (por delegación del Estado) de interpretar el marco legal correspondiente puedan determinar errores contra el ordenamiento debido del territorio, involuntarios o también voluntarios que son propicios para la corrupción. La resolución de este caso será reveladora al respecto.
Volviendo a la constructora, no hay forma de explicar por qué no honraron el compromiso de construir lo determinado en la licencia de construcción, y construyeron más allá del paramento aprobado, robando unos centímetros al espacio público, como si no fuera un asunto grave. Hoy día enfrentan uno de los problemas más claros sobre la restitución inmediata, lo cual implica la demolición de esa parte construida que podría también implicar estructuralmente a toda la edificación.
Y no es el único aspecto. También está el detalle que se ha revelado sobre que lo construido es diferente a lo aprobado, lo cual les deja a las puertas de una demolición por este motivo. Nuevamente, ¿cuál es el análisis de riesgos que hacen los promotores? ¿O es que esto corresponde a una práctica normal en la construcción (que genera enorme inseguridad para los futuros moradores)? Lamentablemente es otro síntoma, parte de un ya innumerable listado de nuestra cultura de corrupción, que no solo debe hacer referencia a los grandes robos al Estado, sino que comprende también todas estas aparentemente “pequeñas” corrupciones.
En el caso del Ministerio de Cultura no se puede evitar preguntarse por qué ha habido una especie de parsimonia en la proactividad requerida para proteger los monumentos históricos. La resolución del Ministerio reglamentando el centro histórico ampliado al Castillo salió en 2017 y el Plan Especial de Gestión y Protección (PEMP) para el Recinto Amurallado y el Castillo de San Felipe fue aprobado por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural apenas en 2018, absolutamente tarde si se tiene en cuenta que la UNESCO había solicitado acciones desde 2014.
No se debe perder de vista que en cualquier mal día que por esto la ciudad puede dejar de ser calificada como patrimonio histórico de la humanidad, riesgo que, para nuestro conocimiento no ha sido juiciosamente evaluado, y menos en la misma Cartagena; es relativamente fácil prever los enormes daños reputacionales para el país y consecuente caída de los ingresos del turismo del que gozan los cartageneros, todos, en forma directa o indirecta. Más claro no puede estar.
Pecó la Procuraduría también por actuar a destiempo. Su solicitud del estudio (adicional) al Ministerio de Cultura se puede interpretar como una salida al problema, al mejor estilo de los torcidos colombianos que es buscando otros problemas, no directamente incidentales en el caso, por los cuales se pueda frenar el proyecto y finalmente demolerlo. Y ahí entra el trabajo de perito de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) contratada por el Ministerio de Cultura para que encontrara otros motivos, diferentes al objeto de su trabajo ministerial, y así poder interponer otros recursos a la construcción del edificio. Los abogados echaron mano de los ingenieros para un problema de abogados, como son la mayor parte de los problemas fundamentales en Colombia.
La SCI encontró en sus estudios que el edificio diseñado y licenciado no cumplía con aspectos del Código de Construcciones Sismo Resistentes, que es una ley, y se supo que lo construido no era igual a lo presentado en la licencia aprobada, grave falla ya comentada. La promotora alegó un cambio en el tipo de suelos según nuevos estudios, a lo que la SCI por fuera de alcance, también evaluó encontrando el mismo problema. El procurador, en una de sus múltiples declaraciones, mencionó se trataba de “evitar una tragedia”, lo que potenció el show en los medios, especialmente el de los periodistas radiales, que se fascinan, o que saben que fascinan a sus oyentes, con pugilismo de micrófono, al cual, lamentablemente contagiaron a los ingenieros.
Por eso la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB) salió, en una sorprendente acción a muto propio, con un estudio en el que se dedica a darle patadas a su mamá gremial, desatendiendo una y otra vez las advertencias que el estudio de perito que hizo la SCI era referido a los hechos jurídicos, es decir, las licencias y a los documentos legales, y no a hechos y actuaciones por fuera de los mismos, a demostrar que el edificio no se iba a caer para “evitar el pánico”, pero que a la postre servía para defender a los promotores. Solo aparentemente, porque en su trabajo voluntario también aportaron pruebas en contra de los promotores, en el caso que se configura por no construir lo que está licenciado.
Última mención para el falso regionalismo, que con la consabida dicotomía trata de embobar desprevenidos, denigrando de los cachacos que tanto aman a la ciudad y que con su turismo e inversiones llevan prosperidad a sus moradores: parafraseando el artículo del cartagenísimo Basile de estos días, ¿qué regionalismo podría ser aquel que permite la destrucción de su propio y hermoso patrimonio en la bella Cartagena?
* Consultor en Competitividad
** Consultor en Contratación y Planeación de Proyectos
