El superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, dio a conocer este jueves algunos de las principales situaciones encontradas a la fecha por parte de los agentes interventores en tres de las EPS sobre las que se ordenó recientemente medida de intervención forzosa administrativa para administrar.
Leal Angarita explicó que lo reportado por cada uno de los agentes interventores robustece las decisiones tomadas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud respecto a cada una de las EPS aludidas, y revela parte de la realidad de cada una de estas EPS.
Estos son algunos de los temas reportados a partir de los informes preliminares y planes de trabajo presentados por cada agente interventor.
Respecto a la EPS Sanitas, el supersalud reveló que el interventor encontró gastos al cierre de la vigencia 2023 por 104.226 millones de pesos en operación de centros médicos. Al respecto, el Superintendente Nacional de Salud aclaró que ese tipo de inversiones las debe hacer la misma institución prestadora de servicios de salud (IPS) y no la EPS, sobre todo cuando esos centros médicos pertenecen al mismo conglomerado o grupo.
De acuerdo con Leal, “se estaban asumiendo gastos que no corresponden a las IPS a las cuales ya se les estaba pagando por la atención de pacientes”. El informe del interventor detalla también la firma de múltiples contratos sin una finalidad específica o algún tipo de beneficio para Sanitas.
El informe del interventor reveló que no se detallaba la distribución de la población afiliada en la red de servicios de salud, la oferta actual de servicios, la capacidad instalada de los prestadores, ni las brechas en la oferta de servicios. Dijo además, que se evidenció vacíos en el análisis de las condiciones sociales, económicas y de calidad de vida, la descripción de patologías de alto costo, los programas de intervención y la implementación de criterios para la priorización.
Por último, asegura que el interventor informó que Sanitas EPS firmó un contrato con una cláusula de exclusividad en favor de la contratista, que impide a la EPS el suministro, dispensación o abastecimiento de medicamentos a sus afiliados directamente o mediante otros proveedores, salvo que la contratista lo permitiera de forma transitoria.
No obstante, en el mismo contrato se definió la posibilidad de subcontratar con otros operadores. La operación del contrato, incluyendo la cesión del recaudo de copagos y cuotas moderadoras. Lo anterior conlleva a que la EPS Sanitas se encuentra limitada en su capacidad de operar y gestionar la distribución de medicamentos e insumos médicos.
En cuanto a los hallazgos en la Nueva EPS, asegura la entidad que en el acta de toma de posesión levantada y entregada al interventor por la Supersalud al momento de la toma de posesión de la EPS, se hallaron 12.645.762 registros de facturas radicadas en proceso de auditoría, por valor de más de 4,4 billones de pesos.
Estas obligaciones no fueron incluidas en los estados financieros que acumulan un valor de 5,7 billones, de acuerdo con lo encontrado por la firma contralora. La aparición de estos registros multiplica la deuda de esta EPS.
El interventor indicó que la EPS hacía pagos a los prestadores de servicios de salud; sin embargo, desconocía si estos estaban o no prestando verdaderamente la atención, puesto que no pedía reportes, especialmente en lo concerniente a la promoción y prevención en materia de salud.
