El caso Octopus Sarabia no es un escándalo aislado, son los tentáculos de un entramado de más de 50 eslabones criminales que vinculan a las altas esferas del Gobierno con el narcotráfico, el desvío de fondos públicos y los pactos con grupos armados. Los tentáculos de esta red no solo envuelven a la ahora canciller Laura Sarabia, sino que revelan una maquinaria sistemática de corrupción.

Al respecto tenemos dos preguntas centrales. La Primera: ¿Sarabia actúa sola?. Pareciera que detrás de todo está la actual canciller, pero si lo analizamos detenidamente,  Laura Sarabia es el nombre que más resuena, pero difícilmente actúa sola, aunque su historial abarca desde el caso de la niñera Marelbys Meza (donde buscaba recuperar una “platica” usando interceptaciones ilegales, polígrafo y concluye con  el suicidio del jefe de seguridad presidencial coronel Óscar Dávila) hasta el saqueo de Fiduprevisora y los contratos turbios de la UNGRD y FNA mediante por Grupo Bicentenario controlado por Sarabia. 

Sin embargo, al lado de ella hay muchos actores poderosos, empezando por  Nicolás Petro, hijo del presidente, investigado por el presunto lavado de dinero en su contubernio con el Hombre Marlboro. Los hermanos Benedetti, exdiplomáticos cuyos audios exponen negociaciones con mafias.  Ricardo Bonilla, exministro de hacienda. John Mauricio Marín,  nuevo rico, expresidente de Fiduprevisora al servicio de los políticos tradicionales. David Cure y Andrés Ávila (intermediarios de la salud). Aunque se suman muchos más que no cabrían en esta columna, les dejamos otros eslabones de peso pero que se conservan a la sobra de la justicia: Andrés Sarabia hermano de Laura Sarabia,  Jaime Ramírez Cobo  (el lobista presidencial que compró las reformas en el congreso) y su esposa Daniela Andrade,  la notaria 36 de Bogotá, quienes aperaban el «Grupo Bicentenario» como una gigantesca lavadora de recursos públicos. La exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz quien fue la mensajera de maletas por $3.000 millones. El exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia y DAPRE, Carlos Ramón González quien dio órdenes en el caso UNGRD, y un largo etc.    Aunque todos tienen un solo hilo conductor en común, y  el país aún se cuestiona si estos tentáculos podrían actuar aisladamente sin que Sarabia lo supiera en su calidad de directora de la presidencia. 

En consecuencia, la  segunda  pregunta sería: ¿Cuánto nos cuesta a los colombianos este pulpo corrupto?. Recordemos que esto se configura como  un delito que tiene víctimas y un costo concreto. Según Transparencia por Colombia, entre 2016 y 2022 se perdieron 21 Billones de pesos en actos de corrupción. Dinero que pudo engrandecer a Colombia salvando vidas en hospitales, educar a niños o reconstruyendo zonas devastadas por desastres naturales. 

Pero el daño más profundo es la burla de la democracia, cuando el narcotráfico financia campañas (como los $500 millones de «Papá Pitufo»).  Cuando la justicia se doblega al poder (magistrados al servicio presidencial, el silencio ante el «suicidio» del coronel Dávila), o Cuando funcionarios como Sarabia operan en la sombra mientras el país clama transparencia. 

Señora Canciller, su nombre está en demasiados eslabones de esta cadena delincuencial. Si usted cree en la «ética de lo público», como pregona el Gobierno Petro, rompa el pacto de silencio y dignifique al país con la verdad y la reparación, recuerde que la justicia cojea pero llega, y si no es en este, será en próximos gobiernos.

Luis Fernando Ulloa