Frente a los últimos acontecimientos de corrupción en la contratación pública, es inevitable no quedar impresionado y no preguntarse las razones por las cuales sigue habiendo tantos escándalos, ¿acaso los corruptos tienen el método infalible para lograr sus cometidos? ¿O es la manera en la que se contrata la que termina favoreciendo a algunas empresas con escándalos de corrupción que se reencauchan o se camuflan para volver a contratar con el Estado?
Dichas preguntas nos parecen cruciales para poder atacar el problema y evitar que en el futuro el Estado siga haciendo contratos con personas sancionadas y con sentencias por la comisión de delitos.
No basta con indagar por los representantes legales de los Consorcios, las Uniones temporales y demás figuras que pueden contratar con el Estado, pues se debe hacer una indagación juiciosa, se debe levantar el velo para descubrir quiénes son los socios, es decir, quiénes son las personas que tienen la mayor capacidad de decisión. Una vez encontradas las personas, se debe realizar una búsqueda sobre su pasado, con el objetivo de determinar si tienen escándalos y si han cometido delitos durante la ejecución de contratos.
Frente a dicha indagación, vale la pena preguntarnos en el marco del escándalo de los cementerios en Bogotá ¿Y a los contratantes se les olvidó realizar esta investigación? ¿O simplemente no les interesaba hacerla?
El mes pasado, denuncié que Marcela Sofía Alíes Fuentes, dueña de la empresa con mayor participación, en el Consorcio San Marcos 2021, quienes le hacen interventoría a la concesión de cementerios en Bogotá, se encuentra pagando una condena de cuatro años y seis meses de prisión por los delitos de falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos y corrupción privada agravada sobre bienes del Estado, desde comienzos del 2020.
Marcela Sofía Alíes Fuentes no sólo tuvo la representación legal de la empresa Tecnologías y Consultorías Ambientales y de Gestión SAS (TECNICONSULTA SAS. NIT: 900.218.054-1), desde 2012 hasta mediados de 2019, sino que además es accionista mayoritaria desde el 15 de junio del 2017.
Además de lo anterior, la Fiscalía comprobó que TECNICONSULTA SAS, en cabeza Alíes Fuentes, participó en un entramado de corrupción a través del cual se apropió de por lo menos $ 4 mil millones de pesos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE), que fueron a parar a los bolsillos de Musa Besaile y otros políticos corruptos en 2017.
Es decir, el pasado de TECNICONSULTA SAS fundada en 2008 por dos familias de la costa atlántica: Galofre Amin y Castillo Baute, es bien turbio, pues estas personas estuvieron relacionadas con el escándalo del carrusel de contratación de Bogotá y con carteles de contratación en el norte del país.
Mauricio Galofre Amin, uno de sus fundadores, fue sentenciado en 2009 por la Corte Suprema de Justicia a 13 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en el pago de millonarios sobornos durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas. Tal es la cercanía de esta empresa con el carrusel de contratación y los Nule, que durante el 2009 y 2010, la empresa Ponce de León fue su dueña -con más del 90% de las acciones- de TECNICONSULTA SAS. Ponce de León es una de las empresas del Grupo Nule, involucradas en el escándalo del carrusel de contratación.
Hoy en día, TECNICONSULTA SAS está vinculada al menos a siete procesos de responsabilidad fiscal, que señalan la participación de esta empresa como interventora en la ejecución de varios contratos de obra sobre los que la Contraloría General de la República advierte un presunto detrimento patrimonial que asciende a más de $28 mil millones en distintos municipios y gobernaciones del país.
¿Cuál debe ser entonces el siguiente paso? Que los contratantes soliciten la nulidad de este contrato. No podemos permitir que a pesar de las condenas, tengamos que seguir permitiendo que personas corruptas sigan estando detrás de la ejecución de contratos con dineros sagrados de la ciudad.
