Por: Bibiana Bello
En medio de la emergencia de salud que se vive a escala mundial, países en vía de desarrollo como Colombia, se enfrentan con más dureza a los efectos negativos de esta. Dichos efectos dejan en evidencia la precaria realidad del sistema de salud colombiano, así como la pobre inversión en cuanto a investigación y ciencia en general. A su vez, la situación actual obliga al gobierno a tomar medidas inusuales que se espera cumplan criterios de prioridad e impacto. Sin embargo, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis del COVID-19, suscitan un nuevo debate ¿A quiénes realmente se busca beneficiar?
De las 243 medidas sancionadas por el presidente de la República, solo 7 van dirigidas al sistema de salud, mientras las agremiaciones de médicos insisten entre otras carencias en que no cuentan con los elementos de protección mínimos para atender la pandemia. Por un lado, el Ministerio de Trabajo, le tiró la pelota a las aseguradoras de riesgos laborales (ARL), quienes no han cumplido con la entrega de los elementos de bioseguridad, pero entre los anuncios y los comunicados del Ministerio de Salud, los entes de control, Procuraduría, Contraloría, y Fiscalía que amenazan con multar a dichas ARL, la situación continua y el personal de salud sigue trabajando con alto riesgo de contagio por exposición directa. Según el Instituto Nacional de Salud los focos de contaminación por COVID-19 entre el personal sanitario aumentan a diario, superando hoy los 300 casos.
Amparado en el Estado de emergencia social y económica el gobierno ha expedido decretos que no son contrarias al ordenamiento jurídico, pero que a toda costa buscan favorecer al sistema financiero, de los 14,8 billones de pesos anunciados por el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, para atender la emergencia, se estima que $7,5 irían a los bancos por medio del Fondo de Mitigación de Emergencias –FOME, mientras la capacidad instalada para atender a los pacientes positivos, se quedó en las alocuciones presidenciales diarias del jefe de estado y su gabinete ministerial.
El primer caso de COVID-19 se reportó en Colombia el 6 de marzo de 2020, desde entonces y hasta la fecha, los problemas históricos de desabastecimiento de insumos y la precaria infraestructura no ha cambiado en la mayoría de hospitales públicos del país. Tal es el caso del Hospital de San Rafael en Leticia, el centro médico de segundo nivel cuenta con 8 ventiladores, 5 camas de cuidados intermedios para atender una población de 77 mil habitantes, donde la tasa de contagio es la más alta de Colombia, allí el personal de salud renunció alegando falta de elementos de protección y garantías laborales.
Departamento Total de Camas UCI Número de Habitantes
Chocó 20 457,412
Putumayo 10 283,197
Arauca 4 239,503
Amazonas 0 76,056
Guainía 0 44,431
Epidemiólogos señalan que, a menor disponibilidad de camas hospitalarias, especialmente camas de cuidados intensivos aumentará la mortalidad a causa del virus, panorama poco alentador para Colombia, pero en especial para las comunidades rurales, pues es allí donde se hacen más evidentes estas falencias, y donde casos como el de Leticia se pueden repetir en otros departamentos, donde la precariedad en salud afecta principalmente a minorías étnicas y población ancestral. Y si en materia de inversión en salud, la efectividad de las medidas tomadas por Duque se queda corta, la ayuda humanitaria tampoco logra satisfacer las necesidades de la población vulnerable del país que se ve obligada a extender un trapo rojo en las ventanas de sus casas como señal de hambre, confinados esperando que la ayuda humanitaria prometida por el gobierno llegue a sus casas.
A la difícil realidad que viven los colombianos en medio de la crisis de salud, se suma el baño de sangre contra líderes y lideresas sociales en plena cuarentena, violencia que se ha ensañado contra el departamento del Cauca, según el Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 84 líderes sociales han sido asesinados en lo que va de año. De ellos, 31 desde la llegada del Coronavirus a Colombia. En menos de una semana, asesinaron a cinco líderes sociales en Mercaderes, Cauca, Uenseslao Guerrero era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Curacas, ubicada en el corregimiento de San Joaquín. El crimen de Guerrero se suma a la masacre de la familia Narváez Daza en la vereda El Vado. Allí pasando el aislamiento preventivo obligatorio fueron asesinados el presidente de la Junta de Acción Comunal, Álvaro Narváez, su esposa María Delia Daza, su hijo Cristian Narváez y su nieta Yeni Caterine López. Dichos asesinatos parecen no inmutar a la Fiscalía General de la Nación, que anunció con bombos y platillos la apertura de una investigación preliminar contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por presuntamente violar las normas de la cuarentena, entidad que por acción u omisión asiente la barbarie desatada en contra de reclamantes de tierras, indígenas, ambientalistas y firmantes de la paz, que representan solo cifras para un Estado indolente, que demuestra día a día el desprecio por la vida de la población rural que muere en un hospital sin infraestructura, sumido en la corrupción de sus gobernantes que en plena pandemia siguen haciendo fiesta con los recursos destinados para atender la emergencia, o asesinados por los grupos paramilitares (inexistentes para el gobierno), grupos armados que recorren a sus anchas los pueblos y veredas asesinando y dejando tirados en las casas a familias completas, colombianos que una vez más creyeron que la paz era posible.
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