Toma paramilitar en Colombia, pesé a las múltiples advertencias de la Defensoría del Pueblo
Bibiana Bello
El pasado 31 de diciembre a las siete de la noche mientras el Presidente de la República Iván Duque, presentaba a los colombianos con cierto orgullo los logros obtenidos en su administración y mencionaba en su alocución “En 2019 tuvimos grandes avances en materia de seguridad”, la población afrocolombiana e indígena de Bojayá, enfrentaba una de las peores incursiones paramilitares en sus territorios, cerca de 300 hombres armados pertenecientes a las estructuras de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidos también como Clan del Golfo copaba el corregimiento de Pogue, en la zona rural de Bojayá.
¿Cómo logró transitar y llegar hasta el municipio de Bojayá una tropa de paramilitares? ¿Dónde estaba el Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza de Tarea Conjunta TITAN? ¿No encontraron a su paso los paramilitares ningún tipo de retén?. Esas fueron las primeras preguntas que vinieron a mi mente, puesto que recientemente había hecho el cubrimiento de una de las últimas protestas pacíficas adelantadas en el marco del Paro Nacional, allí frente al Centro de Memoria Paz y Reconciliación, en la calle 26 en Bogotá, el despliegue de hombres de la Policía y miembros del ESMAD, llamaron mi atención por el número significativo de uniformados que superaba incluso al número de protestantes.
Pero la respuesta es obvia, así como no llegan los servicios básicos al departamento de Chocó, ni las ofertas sociales que deberían garantizar el acceso a la salud, educación y vivienda de la población, el control geográfico que se supone asume el Estado en todo el territorio nacional por medio de la fuerza pública tampoco llega al pacifico colombiano, poniendo en riesgo una vez más a la población más vulnerable, a los sobrevivientes de una de las más cruentas masacres del conflicto colombiano, la masacre de Bojayá, perpetrada por la hoy extinta guerrilla de las FARC que en medio de los enfrentamientos con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el 2 de Mayo de 2002, lanzaron una pipeta contra la iglesia de Bellavista en el corazón del municipio dejando un doloroso número de víctimas civiles: 119 muertos, 98 heridos y cientos de desplazados. Pasados 17 años el municipio que pidió a gritos el fin de la guerra y que de manera masiva votó sí a la paz en Plebiscito refrendatorio del Acuerdo firmado en 2016, quedo nuevamente confinada, bajo el terror de los grupos armados que se disputan el control de las economías ilícitas de la región.
Crónica de una tragedia anunciada…
La primera alerta temprana de inminencia emitida por la Defensoría del Pueblo fue hecha en el mes de Enero de 2018, luego vinieron nuevas misivas, el 9 de Abril del 2019, el Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret, se dirigió a la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, en el documento de 17 páginas el Defensor detalló uno a uno los riesgos inminentes que enfrentaba la población, la situación de confinamiento y riesgo de desplazamiento que afrontaban las comunidades de Villa Hermosa, Egoroquera, Playita, Unión Baquiazá, Unión Cuití, Mesopotamia, Boca de Opogadó, Pogue, Napipí, pertenecientes al municipios de Bojayá, Departamento del Chocó. Alertas tempranas que fueron y siguen siendo desatendidas por el gobierno nacional, pesé a los múltiples llamados aún no se han implementado las medidas urgentes de prevención de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que insta la Defensoría del Pueblo, tampoco se han activado los mecanismos de protección a favor de la población civil que reside en los resguardos indígenas y en los corregimientos.
La demora en la respuesta por parte del Estado tal y como ocurrió en el 2002 se repitió, solo dos días después de la denuncia por medio de comunicados y redes sociales que avisó sobre la presencia de los paramilitares en Bojayá, realizada por la ONG Comunidad Interclesial de Justicia y Paz, el Ejército hizo presencia en el lugar, después de sobrevuelos en el municipio y sin el mínimo de sonrojo el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, manifestó a la prensa “Al parecer, los hombres ya se habían ido, porque no tuvimos ningún combate”. Sin embargo la población que teme porque se repita la tragedia de una masacre declara que no existieron patrullajes permanentes a lo largo de los ríos, señalan que los miembros de la Fuerza Pública llegaron y permanecieron en la cabecera municipal durante dos horas y que hoy pasada una semana los paramilitares vestidos de civiles se camuflan entre la población urbana y caminan como si nada a lado de los pocos militares que aún permanecen en la zona.
Las órdenes impartidas por los miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), se mantienen, la población civil se ve obligada a continuar con los equipos de comunicación apagados. A la presencia paramilitar se suma la expansión del frente de resistencia Cimarrón del Ejército de Liberación Nacional (ELN) entonces, sitiados y estigmatizados como colaboradores de un bando y otro, así sobrevive la población afrocolombiana, campesina e indígena de la subregión del Atrato Medio que se resiste a callar. Los paramilitares ejercen el control, imponen normas de comportamiento, horarios de circulación, cobran extorsiones a los comerciantes y transportadores, patrullan de día y de noche, realizan incursiones a los resguardos indígenas, retienen y desaparecen personas, además lideran un plan de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en las riberas de los ríos Opogadó, Napipí, Bojayá y la Sub-cuenca del río Cuía, mientras el Estado con su inoperancia parece ser cómplice de los grupos armados que se han instalado en el territorio.
Pero el asedio lo viven estas y muchas otras comunidades del Chocó, la tragedia empezaría en el 2016, poco después de la desmovilización de los frentes de las FARC que operaban allí. El ELN destinó frentes para apoderarse de los espacios dejados por las FARC, de esta manera esperaban dominar el tráfico de droga y el comercio ilegal de oro. Después de instalarse el ELN, llegaron las AGC que empezaron a incursionar con ejércitos de hombres armados y uniformados, como en los peores años del auge del paramilitarismo en los ochenta, sin dios ni ley, empezaron a transitar por el Urabá hasta atravesar las selvas chocoanas. La última alerta temprana emitida por la Defensoría fue el 21 de octubre del 2019, el organismo advirtió nuevamente que 2.250 habitantes de las comunidades negras e indígenas del municipio de Bojayá, estaban confinadas debido a la inminente confrontación armada entre el ELN y las AGC, enfrentamientos que se han vuelto el pan de cada día y que suponen el peor riesgo para la población civil que ha quedado inerme en medio del fuego cruzado.
La situación que se vive en el municipio chocoano, convierte a Bojayá en una bomba de tiempo real, la esperanza de que llegue la inversión social del Estado se desvanece con el paso de los años, la comunidad que se dedica a la pesca, agricultura y la ganadería como medios de subsistencia no ha vuelto a salir por las amenazas de muerte provenientes de los paramilitares, los dos actores armados presentes en el territorio han instalado minas antipersonales en las zonas de cobertura telefónica para evitar las comunicaciones en la región, además de minar los caminos, la recolección de plantas para la elaboración de medicina ancestral también se ha suspendido por el temor que tienen las comunidades de pisar una mina antipersona, la escasa presencia institucional en la zona rural ha llevado a desplazamientos masivos e individuales. Pero el abandono institucional al que han sometido a Bojayá no es nuevo, solo basta con repasar las cifras reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en el Censo Nacional del 2005, solo el 2,3% de las viviendas en Bojaýa contaban con conexión a Energía Eléctrica, el 0,0% contaba con conexión a Gas Natural, solo el 1,3% de la población residente alcanzó el nivel superior de estudio y postgrado, el 36,2%, alcanzó el nivel básica primaria; el 16,1% logró cursar la secundaria, situación que no ha cambiado pasados 15 años, en 2018 la tasa de incidencia de pobreza multidimensional más alta se presentó en la región Pacífica con 33,3%, la comunidad residente de Bojayá en su mayoría continúa sin agua potable, el servicio de energía es nulo y la generación de empleos o proyectos para vincular a los jóvenes no existe.
Hoy los cerca de 600 pobladores del caserío de Pogue, situado en una de las márgenes del río Bojayá, continúan confinados y temen volver a ser los protagonistas de una nueva tragedia, mientras el recién nombrado general del Ejército Nacional de Colombia Eduardo Zapateiro sobrevuela Bojayá y anuncia que está escuchando a la comunidad, como si los hechos no hablaran por si solos.
El inminente riesgo de que ocurra una nueva masacre en la zona crece minuto a minuto, el líder social que perdió 32 familiares en la masacre del 2 de mayo de 2002, ganador en 2017 del Premio Pluralismo Global por reivindicar los derechos y la lucha de las víctimas del conflicto, Leyner Palacios fue amenazado de muerte por los paramilitares, Palacios aseveró en una entrevista con Efe que el llamado que hacían al Gobierno las comunidades de Bojayá es a que retome los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, diálogos suspendidos en septiembre de 2018 por el Presidente Iván Duque, que ha condenado al olvido y a la barbarie a las comunidades que le apostaron a la construcción de la paz, esas comunidades actualmente se debaten entre las amenazas de muerte y el hostigamiento de los paramilitares de las AGC y los guerrilleros del ELN. Al actuar de Duque se suman las declaraciones indolentes del Ministro del Interior encargado, Daniel Palacios, quien afirmo que en Bojayá se vive en un estado de “absoluta tranquilidad”, restándole valor a la grave crisis humanitaria y la sistemática violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que afrontan las comunidades afros e indígenas, le exigen una vez más al Estado que llegue a ocupar los espacios dejados por las FARC, que cumpla el Acuerdo de paz, demandan no solo la presencia efectiva del Estado en accionar militar sino en el cumplimiento de la deuda histórica que en materia de inversión social le deben a Bojayá.
Los líderes sociales que se encuentran amenazados claman para que la Defensoría del Pueblo, organizaciones sociales y representantes de la iglesia católica no los dejen solos y nos conminan a quienes estamos en el oficio de periodistas la misión de advertir y hacer responsable al Estado colombiano de lo que suceda en Bojayá por las disputas entre grupos armados, el pequeño pueblo colombiano que pasó a la historia por avalar con 95, 78% el silenciamiento de los fusiles, pesé a haber vivido en carne propia los horrores de la guerra, merece vivir en paz.
