«Educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única» (frase atribuida a Albert Einstein) que no necesita mayor argumentación, debido a que prácticamente todos hemos experimentado en algún momento de la vida la efectividad de lo que significa. Pero parece no tener cabida en la lucha contra la corrupción.
Esta semana salió el informe de Transparencia por Colombia de lo sucedido entre 2016 a 2022 en materia de corrupción (Así se movió la corrupción en Colombia entre 2016 y 2022! Radiografía de los Hechos de Corrupción en Colombia) que elaboraron con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Para quienes prefieren escuchar, la presentación de Roberto Pombo en su podcast es muy buena (¿es posible acabar con la corrupción?). Pero también hay menciones en casi todos los medios. El del Espectador recuerda los números clave que citaré aquí (Entre 2016 y 2022 se perdieron $21,28 billones por corrupción en Colombia).
Con las cifras publicadas se puede estimar que el 15% de la contratación del Estado se va en corrupción. Señala que de los 1.243 hechos de corrupción el 32.26% ocurrieron en el Gobierno Nacional, el 28.48% en las Alcaldías y el 11.56% en las Gobernaciones; visto desde los sectores, el 21% en Defensa, 10% en Judicial, 9% en Educación, 8% en Vivienda, 8% en Salud y 7% en Transporte. Pero, hay que señalar, que estos % están referidos al número de hechos y no a los montos; es muy posible que cambie el ordenamiento en tipos de entidades y sectores si se hace por los montos, subiendo el % de las Alcaldías, donde se sabe que el flagelo es de proporciones enormes.
En el podcast de Pombo se añade un dato que hemos escuchado desde hace años: la Auditora de la Nación estima en 50 billones anuales el problema de la corrupción en el país; la primera vez que se dijo lo hizo la Contraloría, hace unos años. Esta cifra es mucho más grande a la del informe, lo que da indicios de que el problema pueda ser más grande, sin quitarle ninguna credibilidad al importante trabajo que hace Transparencia y su aliado universitario, basado en casos publicados; seguramente faltan muchos que no se saben ni están publicados.
Las propuestas de solución para el gravísimo problema de la corrupción en la contratación pública (aunque es en todos los sectores, en todo el país) han apuntado al castigo a través del endurecimiento de la ley y mayores penas; aun así, hasta el momento, no se ha mellado en nada y su tendencia sigue creciente, muy creciente.
La conclusión que expone Pombo en su análisis es un poco paradójica: solo se requiere que haya voluntad política para arreglar el problema. Fácil conceptualmente, pero como sabemos, toda reforma que conduzca a este tipo de solución pasa por el Congreso, es decir, por los políticos, muchos de los que muy lamentablemente han estado envueltos en los escándalos de corrupción en la contratación pública, y que por lo tanto va a ser difícil, sino imposible, que exista esa voluntad política. No les conviene, aunque sea una traición a sus electores y al país, puesto que priorizan su bolsillo ilícitamente. “Entrampados” como dice el entrevistado Humberto de la Calle ante esta situación.
Como no se puede cambiar lo necesario en la ley entonces hay que endurecer las penas. Las propuestas normalmente están orientadas a combatir la corrupción con el castigo, con aumentar los castigos, pero no incluyen la prevención como eje central. En artículos anteriores hemos explicado cómo, si el ejecutivo quisiera, podía reparar una vena rota, prohibiendo que los recursos públicos se ejecuten sin cumplir lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 en los convenios interadministrativos por medio de los cuales las Alcaldías y Gobernaciones ejecutan recursos del Gobierno central (pero con régimen privado, saltándose en la práctica la citada ley sin el debido control) (La estrategia anticorrupción que sí serviría).
Portarse bien por decreto
Un intento de prevención en el Gobierno es el tipo de documento, como el del Ministerio de Vivienda, llamado el CODIGO DE INTEGRIDAD al estilo de un procedimiento (de manual de calidad) que tiene por objeto lograr su adecuada implementación e interiorización y cuya fuente es el Departamento de la Función Pública (DAFP). Hay dos curiosidades en este documento: la primera, es que se pretende lograr un comportamiento ético de los funcionarios “por decreto”, lo cual resulta, cuando menos, ingenuo, y lo segundo, es que además este procedimiento no establece el requisito de que los jefes den ejemplo. Los jefes, son por supuesto, el presidente, los ministros, los directores, etcétera; sin tratar de invalidar ni menospreciar el esfuerzo de Función Pública, es como si el Código estuviera orientado a que los funcionarios intermedios y bajos en las estructuras organizacionales de las entidades públicas se portaran bien pese a que sus jefes no tengan que comportarse de manera íntegra, y dar ejemplo.
Lo que tristemente sí da ejemplo en nuestro país, todos los días, es la impunidad (el secretario de la Transparencia de la Presidencia recordaba (2023) que el 96% de los casos en Colombia termina impune). En Colombia los corruptos se salen con la suya y son muy pocos los casos que se descubren, y menos los que llegan a ser castigados, y prácticamente ninguno en el que se logran recuperar los recursos públicos robados.
Sin salida
Estamos en una sin salida. No habrá voluntad política mientras no haya políticos íntegros en el ejecutivo y en el congreso; y la precaria educación política de nuestros electores no permite elegirlos bien en las elecciones. ¿Qué nos queda? Primero, evidenciar la corrupción por todos los medios posibles, desde denunciarla hasta hacer estudios para mostrarla, y llenar a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, que aunque contaminadas por el mismo mal, no puedan tener excusas para no saber de los cientos de casos que suceden; segundo, comportarnos decididamente con integridad en nuestra vida cotidiana e influir positivamente en nuestro círculo de relacionados a través del propio ejemplo, comprendiendo bien lo que precisa el filósofo Hegel: “El Estado es la expresión moral de un pueblo; si el espíritu de un pueblo ha alcanzado un grado superior entonces el Estado y sus gobernantes serán virtuosos; si el pueblo posee una moral escasa, el Estado será corrupto”; tercero y en la misma línea, educarnos políticamente y educar a nuestros relacionados recordándole a cada ciudadano quejoso la acertada frase (del discutible político teórico conservador Joseph de Maistre): “cada nación tiene el gobierno que se merece” y más allá, el corolario que le sacó André Malraux a la frase anterior: “no es que cada nación tiene el gobierno que se merece, sino que la gente tiene los gobernantes que se le parecen”. No sobra aclarar que la corrupción no ha sido exclusiva en este Gobierno.
