El año anterior estábamos advirtiendo de los riesgos de manejar a Ecopetrol sin la experiencia requerida en una empresa que está expuesta al mundo de las grandes inversiones con riesgo petrolero (con dineros públicos), sin expertos en su junta directiva; en Ecopetrol: riesgos por manejo no petrolero dábamos cuenta de la errada política de hacer inversiones de riesgo con deuda como se hacen en ese sector en el mundo, y cómo, el origen de ello era la poca experiencia de sus directivos en la gerencia de este tipo de negocios (y cómo, no solo bastaba solo la parte técnica).
Ahora, la circunstancia va más allá. Con la puesta en práctica del presidente Petro de nombrar en los cargos directivos de las entidades del Estado, considerados técnicos, a personas sin el debido perfil, el péndulo se ha ido hasta el extremo (ver nueva junta de Ecopetrol). No era que no se estuviera violando el principio básico del perfil adecuado en los gobiernos anteriores, puesto que precisamente de lo que se advertía en el artículo aludido era la práctica de nombrar amigos personales del presidente con perfil de alto cargo directivo, pero en otros sectores, y cómo ello no era suficiente experiencia pare el caso de Ecopetrol; pero al menos tenían experiencia en gestión empresarial.
Esta la circunstancia ahora es más protuberante porque venimos arrastrando un error estructural que explicamos en el artículo Autosuficiencia del petróleo no se logrará por más exploración o fracking, 2022: la OCDE recomendó “evitar” la mala influencia gubernamental en las empresas industriales del Estado, por lo que se eliminó en 2004 la participación de los ministros en su junta directiva, en especial el de economía. Tal recomendación tiene sentido en una empresa normal cuya misión es generar utilidades después de haber producido y vendido bienes o servicios. No es el caso de Ecopetrol por su relación estrecha con la economía nacional, dado que ésta depende en una importante proporción de aquella, por lo que no se podía seguir a rajatabla la recomendación de la OCDE, bien intencionada, pero que aplica a casos genéricos de Empresas de Propiedad del Estado y no a una que es parte íntima del manejo económico y fiscal del país. Así se dio paso al manejo politiquero y amiguero que le han dado, lo contrario a lo que intentaba proteger la recomendación de la OCDE. De todas maneras, se han conservado en la junta personas con perfil de tecnócratas, que podrían apuntar al buen manejo de la economía nacional pero no necesariamente al de la empresa.
Se suponía que el Gobierno, representando al mayor accionista, presentaba y elegía para su junta directiva a prohombres con enormes conocimientos en el negocio y a toda prueba. La realidad que hemos visto es al revés: ni conocimiento del negocio ni de economía (ver: Con el pecado y sin el género: junta de Ecopetrol, 2021). El petrolero es un negocio de mucho cuidado, no solo por las complejidades tecnológicas y de los mercados, sino porque es de grandes números, y cualquier riesgo materializado va contra enormes cifras de recursos públicos (lo hemos sufrido recientemente con los casos en Perú, Brasil, USA; ver Suárez, 2022).
Había que ir más allá, con una comprensión más estratégica de las dos funciones que deberían estar encadenadas, pero no revueltas: una, la del manejo económico y fiscal del país, y dos, la función empresarial de Ecopetrol, en ese orden. Las decisiones estratégicas de política económica y energética del país deben tomarse en el Gobierno y delimitar de paso, la cancha de juego en que la empresa debe moverse y desarrollar su negocio. Por su parte, la función empresarial no tiene por qué ser interferida por el Gobierno una vez definida la política económica y energética, y la debe desarrollar la empresa autónomamente en su sector siguiendo los lineamientos de la OCDE.
Y si en los Gobiernos anteriores este revuelto era muy inconveniente, al menos se suponía que el Gobierno quería que Ecopetrol siguiera estando en el negocio petrolero. Ahora es más inconveniente. Una empresa energética pareciera ser la mejor definición acomodable a esa que se transforme en productora de energías limpias. Hasta ahí podría haber un buen planteamiento, porque allí llegarán las petroleras del mañana en forma obligada cuando el planeta haga crisis y a la fuerza nos veamos todos enfrentados con seriedad al cabio climático. Pero ponerle la misión de hacer la transformación necesaria es una labor para las políticas públicas y no para el desempeño empresarial.
Esto lo explicamos en detalle en la parte final de Autosuficiencia del petróleo no se logrará por más exploración o fracking, 2022, con un ejemplo relativamente fácil de entender: antes de cualquier otro asunto que represente enormes inversiones, como todas en este sector, la mayor rentabilidad social la alcanzaremos con la racionalización del consumo de combustibles fósiles (también aplica con la racionalización del consumo de energía en general). Esta no debe ser la misión para la empresa que produce lo que se debe racionalizar porque se configuran objetivos contrarios en una misma definición empresarial; para verlo mejor, uno dice que “debería haber menor producción” y el otro dice que “debería haber mayor producción”, y ambas frases terminando en “para lograr mejores resultados empresariales”. Apuntan a misiones diferentes, en conflicto.
En lo social se requieren expertos en economía, sociología y políticas públicas, para que diseñen la política pública, y sobre todo la implementen desde el Gobierno Nacional. Mientras que en la empresa se requieren expertos en manejo de mercados de energéticos (para no dejarlo solo en petroleros, que son muy especializados), en producción y en su gestión administrativa. De la revisión de los perfiles de la junta se puede observar que no apuntan a estos propósitos (ver nueva junta de Ecopetrol). Es decir, peor aún que lo que preocupaba un año atrás, sin expertos al menos en gestión empresarial, sino expertos en política, seguramente con los sesgos propios de este Gobierno.
Si el Gobierno tiene su mira puesta en las acciones para de verdad aportar a la lucha contra el cambio climático mundial, debería empezar por la gestión de la demanda de energía en el país, lo cual es bien conocido en la UPME y que expusimos en Racionalizar antes que decrecer, 2022. Pero esta tarea no debe ser de Ecopetrol. Como tampoco hay necesidad de afectar fuertemente las finanzas públicas para aportar en forma significativa a la reducción global de efectos del cambio climático, dado nuestro minúsculo impacto relativo al mundo. Las prioridades en ese sentido en el país son bien conocidas: reducir la deforestación y controlar la conversión de esas tierras a pastos de ganadería intensiva, racionalizar el consumo energético en todos los sectores, pero especialmente en el de transporte e industrial.
Como política de transición debiésemos eso sí, ajustar las metas y los esfuerzos para lograr carbono neutralidad, como están haciendo los países líderes en materia de cambio climático (Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, Costa Rica, Nueva Zelanda) y no aspirar a carbón cero de una sola vez, con el riesgo de sacrificar las finanzas públicas en forma grave, y por ende las metas de desarrollo y bienestar social que afectarían muy negativamente a la población.
Rafael Fonseca Zarate
