La apuesta política que está detrás del presupuesto de Bogotá aprobado por la mayoría del Concejo 2024 pone como prioridad a Transmilenio, por encima de temas fundamentales para la vida de los bogotanos, como los derechos, la salud, la educación y la seguridad.
Para el 2024 el presupuesto total de ingresos del Distrito asciende a $33.2 billones, de los cuales $26.3 billones son presupuesto de inversión (el 79.4%), $4.6 billones son presupuesto de funcionamiento (el 14%) y $2.1 billones corresponden al pago de servicio de deuda (6.5%).
Del presupuesto de inversión del Distrito, la mayor parte está orientado al sector de movilidad con $7.3 billones (28%). En ese sector el rubro más alto es el de la transferencia al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), con $3 billones.
Lo anterior no ha sido un secreto para nadie, pues desde el inicio de esta administración se apostó porque el mayor nivel de inversión de la ciudad se concentrara en el sector movilidad, para el cual se está solicitando actualmente $14.8 billones de pesos, de los cuales va para Transmilenio la enorme suma de $10.2 billones de pesos.
El presupuesto para Transmilenio ha crecido aceleradamente durante las últimas dos administraciones (Peñaloza y López), pasando de $1.3 billones en 2017 a $10.2 billones en 2024. Es decir, el presupuesto en 2024 para TM es casi 8 veces más de lo que fue en 2017.
Para 2024 la Empresa Transmilenio sería la entidad con el presupuesto de inversión más alto de Bogotá, ocupa casi el 30% del total del presupuesto de la ciudad. Este presupuesto es casi 3 veces el presupuesto del sector salud; es casi de 6 veces el presupuesto del sector de integración social; es más de 10 veces el presupuesto del sector cultura.
Lo anterior, es una expresión de la apuesta política de los últimos 2 gobiernos de la ciudad: invertir de forma intensiva en el sistema de transporte de la ciudad, el cual está estructurado sobre el Transmilenio, y en consecuencia renunciar a intensificar la inversión en los sectores sociales claves.
Esa cantidad exorbitante de dinero se ha debido, entre otras razones, al gran déficit del Sistema Integrado de Transporte Público desde el 2012 y que se profundizó en 2020 por la pandemia. Lo peor de todo es que por más plata que se apruebe en el presupuesto, por más que se aumenten las tarifas a los usuarios, el déficit no parece disminuir. Las razones para que el déficit continúe agudizándose son las siguientes: 1) los costos operativos siguen en aumento haciendo que el costo-beneficio del Sistema sea cada vez menos eficiente y 2) la remuneración de los operadores privados aumentó enormemente, incrementando los costos del Sistema.
Las proyecciones frente al déficit son muy desesperanzadoras pues el déficit aumentará de forma extraordinaria en los próximos años. La empresa Transmilenio proyecta que entre 2023 y 2033 el valor acumulado del Fondo de Estabilización Tarifaria, que es el fondo que cubre el déficit financiero del Sistema de Transporte Público de Bogotá, será de $47.8 billones.
Entonces vale la pena preguntarnos, si el déficit de Transmilenio tiende a agudizarse, sin tener proyecciones que nos indiquen que el sistema en algún momento va a alcanzar el equilibrio, ¿Por qué seguir invirtiendo tantos billones de pesos en él cuando ni siquiera es un sistema de transporte digno para los bogotanos?
Bogotá tiene que pensar en una solución que ataque el problema de déficit estructural de Transmilenio. Esta será una tarea que, sin duda alguna, le queda al nuevo alcalde Carlos Fernando Galán. La garantía de los derechos fundamentales de los bogotanos debe ser la prioridad y no los intereses particulares de unos cuántos empresarios.
