Hace 27 años sucedió uno de los episodios más trágicos de la historia del departamento de Antioquia y del país. El 27 de octubre de 1997 incursionó un grupo de aproximadamente 150 paramilitares miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá al corregimiento de El Aro, en el municipio de Ituango, donde actuando como jueces y verdugos torturaron y asesinaron a 12 personas, desplazaron a otras de 1.472, quemaron 42 de 60 casas que tenía el pueblo, se robaron 1.200 reses de los campesinos y secuestraron a los que les ayudaron a llevar el ganado.
Tanta atrocidad, justificada por un supuesto apoyo de los habitantes de El Aro a grupos guerrilleros, fue cometida con el beneplácito de la Gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez según las afirmaciones del exparamilitar Salvatore Mancuso y del misteriosamente asesinado exparamilitar Francisco Enrique Villalba Hernández.
Por omisión y participación en la Masacre de El Aro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en el 2006 al Estado Colombiano a proveer justicia, a reparar a la víctimas en lo económico, lo psicológico y lo social y en general a tomar medidas para resarcir el daño causado a la comunidad de El Aro. No obstante, el Estado ha fallado en su tarea de reparación.
Por eso es histórico lo sucedido esta semana con la Agencia Nacional de Tierra. Este jueves se les entregó a 35 familias víctimas de lo ocurrido hace 27 años el título de propiedad de 809 hectáreas para que se puedan dedicar a trabajar su tierra, a cultivar maíz, arroz, plátano y fríjol, a tener las reses que les fueron robadas por los paramilitares, en fin, a poder dedicarse a vivir luego de la tragedia.
Es histórico porque ningún otro Gobierno había ido nunca a El Aro a entregar títulos de propiedad de la tierra para las víctimas de la masacre. Tal como lo dijo Tulio Mejía, líder comunitario del corregimiento, la importancia de la visita del Gobierno se da porque la mayoría de quienes viven en El Aro no cuentan con título de la tierra en la que viven, lo que dificulta que lleguen los proyectos productivos al territorio.
Es histórico porque desde el 2006 el Estado Colombiano tiene la obligación de reparar a las víctimas de la masacre por una providencia de la CIDH, han pasado tres gobiernos desde entonces y ninguno se había preocupado en asegurar que las víctimas pudieran gozar el derecho de ser las dueñas legales de la tierra en la que viven, de poder reclamar propiedad sobre una tierra de la que fueron expulsados de forma vil y con la presunta complacencia de una Gobernación de Antioquia en cabeza de Álvaro Uribe.
Ahora esperamos que con los títulos de propiedad entregados lleguen todas las entidades del Gobierno del Cambio con la oferta institucional para las víctimas, para que la tierra recibida se traduzca en soberanía alimentaria y dignidad.
