Esta semana la Corte Constitucional dio un paso fundamental para fortalecer la libertad de los colombianos: declaró inconstitucional el mecanismo de bloqueo que algunos departamentos usaban arbitrariamente para impedir el ingreso a su territorio de aguardientes de licoreras diferentes a las suyas. Gana el libre mercado, la posibilidad de elección de los ciudadanos y el recaudo de más recursos para salud, educación y deporte.

Bogotá, la capital de todos los colombianos, ha sido uno de los territorios más afectados por la forma como hasta hoy ha estado operando el monopolio rentístico de licores destilados en Colombia. Les explico en pocas líneas: el art. 16 de la Ley 1816 de 2016 establece que Bogotá recibirá el 10.5% del impuesto al consumo “de licores, vinos, aperitivos y similares, y de la participación de licores destilados que se cause” de lo consumido en la Capital y en Cundinamarca.

Listo, explicación hecha. Ahora: ¡¿solo el 10.5%?! Así lo establece la ley, a pesar de que es evidente que Bogotá representa más que ese porcentaje en el mercado del departamento. Algunos dirán “¿cómo que evidente, concejal? Denos la cifra exacta”. ¡No puedo! Y por una sencilla razón: la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC) no nos han querido dar el dato de cuál es la participación de Bogotá en el mercado del departamento y de la ciudad, asegurando que no tienen la información sino solo los distribuidores. ¿Cómo no la van a tener? No la dan porque saben que Bogotá está siendo víctima de injusticia desde la ley. La ciudad ni siquiera tiene un miembro en la Junta Directiva de la ELC para participar en las principales decisiones de aquella empresa que ejerce directamente el monopolio de producción de licores en Bogotá y Cundinamarca. A Bogotá le llegan menos recursos de los que le deberían corresponder a pesar de su participación en el mercado.

Tampoco hay que ser ciegos o tercos. Reconocemos las razones por las cuáles se creó el monopolio rentístico de licores destilados: recaudar recursos que garanticen financiación de proyectos que aseguren intereses públicos de las poblaciones. Pero eso no nos impide decir que tenemos en Colombia una figura anacrónica que viola la autonomía territorial y el derecho a la libertad económica, y que podría cumplir su objetivo de generar recursos con otros mecanismos (como tributación) sin afectar la autonomía de las entidades territoriales, los mercados y los consumidores.

Por eso nos alegra la decisión de la Corte, porque es una determinación con la que todos ganan: los consumidores, la libre competencia, la innovación e, incluso, los departamentos que ahora compitiendo pueden generar más recursos para sus propios territorios. Sabemos que con la decisión de esta semana de la Corte una importante restricción se terminó y Colombia llegará a ser un solo mercado de licores.

El monopolio rentístico de licores destilados (que sigue vigente en el país) no se implementó para beneficiar a las licoreras departamentales sino, como ya lo mencioné, para recaudar recursos para la financiación de proyectos de interés público. El art. 28 de la Ley 1816/16 (salvaguardas a los aguardientes) afectó gravemente la libertad económica, la libre elección de consumidores y las rentas que dejaron de percibir los departamentos y Bogotá por el bloqueo de ciertos aguardientes a sus territorios. Esto no va más.

¡Llegó la hora de la libre elección! La lucha sigue para que Bogotá recupere su autonomía territorial y reciba más recursos del monopolio rentístico, mucho más que el injusto e injustificado 10.5% de lo que recibimos de los recursos generados entre todo Cundinamarca y la ciudad. Estén pendientes porque pronto conocerán nuestra demanda contra la Ley 1816/16 para fortalecer la autonomía territorial de Bogotá y lograr mayores recursos para la ciudad.

Juan David Quintero