En lo que va corrido del presente año, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP ha emitido tres decisiones importantes en el caso 03, el cual se trata de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, o los mal llamados “falsos positivos”.
La primera, auto 033 del 12 de febrero (comunicado 019 de 18 de febrero), evaluó la magnitud de las ejecuciones extrajudiciales, explicitando que eran más de 6.000, y fijó la estrategia de judicialización de esos casos, como lo sostuve en mi columna “Los falsos positivos bajo el escrutinio de la JEP” del 8 de marzo de 2021.
La segunda, auto 125 del 2 de julio (comunicado 071 de 6 de julio), investigó los falsos positivos cometidos en la región de Catatumbo, nororiente del departamento de Norte de Santander. Atribuyó responsabilidad por 140 casos a 10 personas, incluyendo varios militares de alto rango, a un brigadier general, a dos coroneles y a dos tenientes coroneles, integrantes del Batallón de Infantería Santander y la Brigada Móvil 15.
En la tercera, auto 128 del 12 de abril (comunicado 077 el 15 del julio), la Sala de Conocimiento determinó los hechos y conductas del sub caso de la Costa Caribe sobre las prácticas ilegales militares del batallón La Popa, de Valledupar, ocurridas entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005. Acusó al coronel Publio Hernán Mejía, a su sucesor el coronel Juan Carlos Figueroa, y 13 militares más por 126 asesinatos y 120 desapariciones forzadas atribuidas.
En La Popa la JEP encontró dos patrones de ejecuciones extrajudiciales. En uno se justificó el asesinato de personas señaladas de pertenecer o auxiliar a las guerrillas o de ser bandidos, y se efectuó, en buena parte, en colaboración con grupos paramilitares o guías provenientes de estos grupos. En el otro, “algunos miembros de la unidad seleccionaron a ciudadanos en distintas situaciones de marginalidad económica y social para asesinarlos, desaparecerlos y presentarlos como supuestas bajas en combate”.
También documentó la JEP un daño “grave, diferenciado y desproporcionado” del que fueron víctimas los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entre los 127 asesinatos, 9 víctimas eran hombres kankuamos y 3 eran jóvenes wiwas; entre ellos, una niña de 13 años en estado de embarazo.
La estrategia de judicialización de la JEP ha sido de abajo hacia arriba. Empezó por los casos regionales, como el Catatumbo y la Costa Caribe en Valledupar, para establecer más tarde las responsabilidades nacionales.
Todas estas decisiones judiciales, que son de libre acceso[1], comparten las mismas virtudes. A través del contraste riguroso de diversas fuentes, versiones de desmovilizados y de exmilitares, testimonios de víctimas, informes de la Fiscalía y de organizaciones de la sociedad civil, y más, la JEP reconstruye, como no lo ha hecho ninguna entidad judicial previa, la magnitud de estos crímenes, sus impactos sobre las víctimas y sus familias, y las pruebas de responsabilidad de los imputados. Revela las dinámicas que alimentaron esos crímenes y los volvieron ataques sistemáticos contra la población, por lo que las califica de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
A raíz del primer auto, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, manifestó su apoyo a la JEP el fin de semana del 27 de febrero en Bogotá cuando se reunió con su presidente, Eduardo Cifuentes Muñoz, para hablar sobre el mecanismo.
El 31 de marzo se sumó al reconocimiento el reporte anual sobre derechos humanos de Estados Unidos, que destacó a la JEP por sus acciones eficaces “para responsabilizar a los autores de graves violaciones de los derechos humanos en conformidad con el derecho internacional”. Resaltó los avances obtenidos en el Caso 03 sobre “falsos positivos” cometidos por la Primera, Segunda, Cuarta y Séptima División del Ejército Nacional, haciendo referencia al auto 033.
El 11 de mayo el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el voto favorable de todos sus miembros, respaldó las sanciones propias que impondrá la JEP, y dispuso que la Misión de Verificación de la ONU apoyará el monitoreo del cumplimiento de las sanciones. El presidente de la JEP celebró la decisión y señaló que se abre un capítulo nuevo a nivel mundial, ya que valida la conexión de la justicia transicional con la justicia portadora de un alto componente restaurativo, sobre la base de que se trate de sanciones efectivas que integran tanto elementos restaurativos como elementos retributivos.
Posteriormente, el 2 de julio el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó nuevamente la decisión a la JEP y celebró sus avances en la judicialización de los asesinatos de jóvenes por integrantes del Ejército para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, dijo que es “un hito en el proceso de paz colombiano y un referente para la justicia transicional”.
Estos reconocimientos por parte de actores poderosos indican que la JEP consolida su credibilidad y legitimidad en el ambiente internacional. Pone carne a los huesos de las afirmaciones hechas desde el principio por oficiales colombianos echando flores al modelo colombiano de justicia transicional diseñado para los acuerdos de paz de 2016.
Ciertos actores colombianos no han recibido con tan buen ojo las decisiones de la JEP. La Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, ACORE aseguró el 6 de julio que la decisión de la JEP de imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad a oficiales y suboficiales del Ejército, incurre en el error de señalar a toda la institución de un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil”. Pero por el contrario, creemos que señalar con nombres y apellidos a los exmilitares responsables de crímenes evita la generalización de la acusación a todo el estamento militar.
El 18 de julio, Eduardo Cifuentes reiteró que La Sala estableció que los crímenes no eran cometidos de manera aislada y que las decisiones sobre los denominados “falsos positivos” dejan en evidencia el panorama que padecieron las personas que fueron víctimas de este flagelo.
Numerosos militares engañaron y mataron a sus víctimas. Son 6.402 casos de falsos positivos. Es bienvenido que la JEP avance en individualizar la responsabilidad de quienes cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, después de años en que otras instancias judiciales fallaron – si es que jamás intentaron verdaderamente.
Nota aparte: Por los autos de la JEP me queda fácil entender que del Ejército salgan sicarios y mercenarios que se venden por dinero y van al exterior a realizar actos que ofenden la conciencia de la humanidad.
[1] Los y las lectores pueden acceder al texto de los autos en la página web de la JEP acá.
