El modelo de la Justicia Especial para la Paz, JEP, no busca una justicia retributiva como en la ordinaria, a través de juicios adversariales, sino una justicia restaurativa que se caracteriza por un proceso dialógico que involucra a las víctimas y las resignifica. Este proceso centrado en las víctimas tiene como componente esencial la verdad, a cambio de la renuncia a la persecución penal, amnistías, indultos y libertades transitorias. Estos beneficios han atraído a muchos pretendientes que buscan utilizar a la JEP para obtener su libertad y eludir las penas impuestas por la justicia ordinaria. Sin embargo, quienes no muestran el compromiso necesario con la verdad, están quedando afuera.
La JEP permite que, además de excombatientes y miembros de la Fuerza Pública, agentes del Estado y terceros civiles que hayan tenido relación con el conflicto armado, incluyendo empresarios, paramilitares y parapolíticos cuyos vínculos con la guerra son evidentes, puedan someterse a la jurisdicción. Esto lo diferencia del proceso de la Ley 975 de Justicia y Paz que amparó solamente a los paramilitares desmovilizados.
Muchas de esas personas, con procesos en la justicia ordinaria, pensaron que podían llegar a la JEP, dar cualquier versión y así obtener estos beneficios. Pero no es así. El estándar es claro: la verdad que cuenten tiene que ir más allá de la dicha ante la justicia ordinaria. Para los terceros que tenían procesos penales, uno de los requisitos es formular una propuesta de verdad, reparación y no repetición que dé cuenta de lo que aportarían si son aceptados.
Evitar que haya “colados” en la JEP no ha sido tarea fácil. De casi 700 solicitudes de estas personas, el tribunal ha aceptado 143, en su mayoría políticos o empresarios que financiaron o colaboraron con grupos ilegales. Ese grupo representa apenas el 1,1 por ciento de los 13.092 comparecientes de la JEP.
La JEP ha tenido que estudiar casos cuya falta de relación con el conflicto es evidente. Hasta 2020 la Sala de Amnistía e Indulto negó 3.736 solicitudes de personas que intentaban “colarse” para librarse de sus condenas en la justicia ordinaria. Varias eran por delitos como inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, homicidios en riñas o secuestros extorsivos de delincuencia común. En los casos como el del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas y su hermano Iván Moreno Rojas, que pretendían entrar a la JEP por los hechos de corrupción del cartel de la contratación, la JEP les dijo no en primera y segunda instancia.
En otros casos, ha faltado el compromiso con la verdad. Sobre la situación del exsenador cordobés Musa Basile Fayad, procesado por parapolítica y por el cartel de la toga, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que sus aportes a la verdad no fueron relevantes y denotaban falta de seriedad y de compromiso. Por eso le sacó de la JEP el 27 de julio de 2021 y alertó a la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y el Consejo de Estado para que reactiven su competencia.
La misma Sala de Definición le dijo adiós al sometimiento de la empresaria del chance y parapolítica Emilce López “La Gata”. Según la resolución de la Sala, la decisión se debía en parte a que ella ostentó una clara posición de dominio y poder dentro de la estructura paramilitar, y la JEP no tiene competencia sobre los miembros de los grupos armados ilegales distintos a las FARC. A la vez la Sala señaló la falta de aportes nuevos de “La Gata”, pues en su sentir, no se visualiza un proyecto que tenga por objetivo superar el umbral de verdad que ha sido dilucidado en la jurisdicción penal ordinaria.
En esa misma línea argumental, en febrero de este año la Sala de Definición negó el sometimiento del exalcalde de Magangué Jorge Luis Alfonso López, hijo de “La Gata”, al concluir que hizo parte activa de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Sobre su propuesta de verdad, los magistrados encontraron que era una promesa genérica, vaga e imprecisa que no exhibía un aporte serio. Denotaba su falta de voluntad para aportar a la verdad plena y reparar a sus víctimas.
Como escribí la semana pasada, caso contrario es el del exgobernador de Sucre y exembajador en Chile, Salvador Arana Sus, condenado a 40 años de prisión por su participación en el asesinato de Eudaldo Díaz Salgado, sus lazos con la parapolítica y sus vínculos ilegales con las AUC. En enero, la JEP le negó la posibilidad de salir de prisión y le advirtió, que si no se comprometía con la verdad, lo expulsaría. Tras la advertencia, el exmandatario formuló una propuesta de verdad en la que prendió el ventilador: vinculó a casi 30 políticos, empresarios, policías y hasta rectores de universidades a quienes señaló de tener vínculos con paramilitares.
Moraleja: el triunfo para las victimas es, él que no dice la verdad y no cumple los compromisos se va de la JEP.
