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La Fundación PARES ha documentado juiciosa y sistemáticamente la presencia e influencia de distintas violencias organizadas y también la afectación sobre la democracia y los derechos humanos que todas las olas de violencia han significado en el país. Producir y administrar la violencia con todo tipo de propósitos es el día a día de por lo menos 160 municipios en el país. En retrospectiva, resulta doloroso reconocer que, durante gran parte de nuestra historia democrática, hemos visto ir y venir oleadas y producciones de violencia, correlacionadas con momentos de reforma o cambio. Después de cada proceso de paz o reforma social, después de cada intento de democratización territorial tenemos el mismo drama. Basta mirar la composición de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) para entender cómo los comandantes de este grupo son una colcha de retazos de muchas guerras y traiciones.

Una parte de la violentología en el mundo sostiene que es la superposición entre avaricia y recursos la que produce violencia. Para el caso colombiano, voy a sostener que en el centro de nuestro drama está la perfidia de las élites. La perfidia, deslealtad o maldad extrema, en el Derecho Internacional Humanitario significa que una de las partes que negocia la paz lo hace con intención de romper esa promesa una vez el enemigo esté expuesto. Eso no es difícil de rastrear en nuestra historia macabra de magnicidios y homicidios de líderes y personas que han firmado acuerdos de paz. Solamente en el más reciente de nuestros procesos de paz ya van más de trescientas personas, muchas de ellas que estaban liderando exitosamente proyectos de reincorporación productiva en regiones donde no existían alternativas legales de desarrollo rural.

Ya nadie duda de que el caso de Jesús Santrich, que desembocó en la creación de la hoy llamada Segunda Marquetalia, fue un entrampamiento. Aún así, hay voces en la sociedad que defienden la creación de la trampa y la producción de incentivos perversos para que cualquier intento de paz que venga con algún tipo de reforma, fracase. Casi que, si reconstruimos uno por uno los grupos armados que hoy tienen influencia y poder, vamos a encontrar que parte de las élites en el gobierno de ese entonces promovieron una estrategia de “manos caídas” mientras se asesinaban líderes y lideresas a lo largo del territorio nacional. Todo con tal de no perder privilegios. Otro ejemplo: la hoy columna Dagoberto Ramos pasó de ser un grupo pequeño en el Cauca a controlar la vida de personas y comunidades en un corredor que conecta por lo menos cuatro departamentos. Las comunidades sí denunciaron, advirtieron hasta el cansancio lo que estaba sucediendo, gritaron, protestaron, salieron a las calles y quiénes recibieron la represión violenta fueron ellas, no el grupo armado. El presidente de ese entonces ni siquiera quiso recibir las denuncias. Prefirió ver la violencia crecer y silenciar las voces críticas, nacionales e internacionales que señalaban este mal camino.  Prefirió vender la idea de que el Estado Colombiano y él mismo eran unos incapaces, que dar una orden clara de protección de la vida.

Reconocer la perfidia es un primer paso a la paz total. Sí, hemos desarrollado una tradición de trampa e incentivos perversos y hemos lidiado con ella durante toda nuestra historia del conflicto armado. Este gobierno puede ser el primero en la historia que reconozca este comportamiento como sistemático y ese reconocimiento – contrario a debilitar las instituciones – puede restaurar la confianza para sentarse a dialogar y negociar.

Ahora, como lo he señalado en columnas anteriores, el reto más grande de la paz total ni siquiera son los grupos armados, son quienes demandan la violencia. La oferta va a existir en el momento en que un grupo político quiera eliminar violentamente a un competidor y busque quién lo haga, cuando se quiera silenciar a la organización social que denuncia o hace veeduría a la contratación pública o cuando la sociedad entre en un proceso de democratización social o económica. ¿Quiénes son esos patrocinadores en la sombra? ¿La idea de la paz total los beneficia? Les aseguro a las personas que me leen que, si este proceso resulta exitoso y el Estado logra competir con oferta y recursos al control social de la violencia, estas élites pérfidas pierden mucho más de lo que ganan. Probablemente hoy en día estén pensando en reaccionar creando nuevas fuerzas violentas que se opongan a cualquier reforma que les afecte. Siempre lo han hecho.

 

Laura Bonilla

heckika@gmail.com
Gerente para América Latina, Fundación Paz y Reconciliación

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