Este 26 de marzo de 2022 el miedo y la guerra se tomaron Bogotá. Volvieron y se llevaron, como ocurre siempre, la vida de los más vulnerables y los más inocentes. La guerra siempre la pagan los que nunca la han declarado, los que viven entre el silencio del Estado y el ruido de las balas. Los nadies. Y hoy, nuevamente, vemos padres y madres cerrar los ojos de sus hijos para no volver a verlos. Los vemos recordar las voces y risas de Salomé Rangel y Daniel Duque; y oímos a sus amiguitos y amiguitas, a sus compañeritos y compañeritas de colegio, gritar por su memoria y pedir que a ellos, que a los niños y a las niñas, por favor no los maten.
Detrás de esta acción, cobarde como ninguna, se esconden problemas estructurales que tanto el gobierno nacional como la administración distrital han abordado incorrectamente, e incluso han negado. El desconocimiento de la grave situación que enfrenta la comunidad de Ciudad Bolívar, conduce a la toma de decisiones incorrectas que no conducirán a la solución integral del problema.
En primer lugar, es necesario señalar que las dinámicas violentas en Ciudad Bolívar no son nuevas. La localidad fue la tercera más violenta de Bogotá durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021. En el mismo sentido, la UPZ de Jerusalén, en donde se encuentra ubicado el barrio Arborizadora Alta, objeto del atentado, ocupó el décimo lugar en homicidios entre las 112 UPZ del Distrito. Sobre estas cifras, la Defensoría del Pueblo ha considerado que pueden guardar relación con la presencia y dinámicas de diversos grupos armados que hacen presencia directa o indirecta en la localidad.
De acuerdo con la Alerta Temprana 010-21 de la Defensoría del Pueblo, en Ciudad Bolívar hay estructuras del ELN, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, de las Águilas Negras, de Los Paisas, Los Orientales, Los Boyacos, Los Costeños, Los Obispos y facciones disidentes de las FARC-EP. Pese a la robusta contundencia con la que la Defensoría señala este hecho, la alcaldesa de Bogotá aseguró en días pasados que -según información que dijo obtener del gobierno nacional- en Bogotá no había “presencia física ni operación permanente de grupos armados del conflicto armado ni grupos residuales”. Nada más alejado de la realidad, y nada más errado para resolver un problema que negarlo. De hecho, la Defensoría ha sido tan precisa en su diagnóstico, que para el año 2018, mediante la Alerta Temprana de Inminencia 030-18 indicó que había un riesgo “en particular de quienes habitan los sectores: Arborizadora, Lucero, El Tesoro, Perdomo y Jerusalén”.
El desconocimiento del problema lleva tanto a la alcaldía distrital como a la presidencia de la República a enfocar la respuesta estatal exclusivamente en el aumento de capacidad militar y punitiva, haciendo caso omiso a las condiciones socioeconómicas que los grupos armados al margen de la ley aprovechan para imponer su control social por parte de la población.
La militarización que no resolvió la guerra en los campos colombianos no la resolverá en las localidades que requieren la presencia integral y articulada del Estado. No será la presencia de más armas lo que le permita a la juventud, a la niñez y a las mujeres de Ciudad Bolívar acceder a las oportunidades que los violentos pretenden cerrar.
No queremos ver a los niños y las niñas pedir a gritos por su vida; ni ver a sus amiguitos y amiguitas convertirse “en ángeles”. Queremos verlos soñar, reír, crecer. “Los niños no se matan”, gritaban los niños de Arborizadora Alta, mientras sostenían con sus manitas carteles con la cara de Daniel y Salomé. Los niños no se matan, ¿Cuándo los van a escuchar?
