Hay preguntas que incomodan porque obligan a mirar sin maquillaje el verdadero conflicto político de Colombia. Una de ellas es esta: ¿por qué cuando el Estado decide mejorarle la vida a la mayoría, aparecen de inmediato tutelas, demandas, “excepciones de inconstitucionalidad” y todo el repertorio jurídico para frenar el cambio? No es una discusión técnica. Es una disputa de poder. Y, sobre todo, es una disputa por quién paga y quién se beneficia.

El aumento del salario mínimo decretado para 2026 desató una “cascada” de acciones judiciales. Gremios y particulares han buscado tumbar el decreto por distintas vías, incluyendo demandas de nulidad y tutelas que pretendían suspender sus efectos. Un expresidente de la Corte Constitucional, quien en su momento se ganó más de $45 millones de salario, pidiendo acabar con un ingreso mínimo vital que está consignado en el Artículo 53 de la Constitución y que es un derecho adquirido de los trabajadores. El director de un gremio dedicado al comercio pidiendo que los hogares tengan menos ingresos y por ende gasten menos, cuando el país tiene el Índice de Confianza del Consumidor más alto de los últimos doce años.

Cuando al trabajador se le reconoce un ingreso más digno, la reacción no es preguntarse cómo mejorar la productividad o cómo reducir la informalidad con protección social; la reacción es correr a los estrados para mantener el modelo de siempre, el que depende de mano de obra barata y de familias que viven con el agua al cuello.

Y como si no fuera suficiente, esta semana se hizo explícita otra cara del mismo fenómeno: el pulso de algunos poderes regionales contra el Gobierno Nacional por el decreto de emergencia económica que ajustó impuestos al consumo —entre ellos, los del licor— y definió mecanismos de transferencia de recursos. Gobernadores y alcaldes de capitales anunciaron que no aplicarían el decreto, que acudirían a acciones judiciales y que, incluso, presentarían tutelas individuales. En ese bloque de resistencia aparece, con nombre propio, el gobernador de Antioquia como uno de los primeros en oponerse a cumplir el decreto. ¿Qué significa esto en la práctica? Que cuando se trata de garantizar caja pública para decisiones nacionales en un contexto extraordinario, la prioridad de ciertas élites territoriales no es cooperar para proteger a la gente, sino paralizar al Ejecutivo y convertir la política social en un campo minado.

Lo más llamativo es que esta ofensiva no ocurre en medio de un colapso económico, como pretenden venderla. Ocurre mientras los indicadores —los que tanto citan cuando les conviene— muestran una mejoría tangible para el país y, sobre todo, para millones de hogares.

En pobreza, por ejemplo, las cifras oficiales son contundentes: en 2024 la pobreza monetaria se ubicó en 31,8%, una reducción de 2,8 puntos porcentuales frente a 2023; y la pobreza monetaria extrema cayó a 11,7%. No son porcentajes abstractos: el propio balance institucional indica que alrededor de 1,2 millones de personas salieron de la pobreza monetaria y 420 mil dejaron atrás la pobreza extrema. Y si ampliamos el lente a la pobreza multidimensional, también hay reducción: 11,5% en 2024, por debajo del 12,1% de 2023.

En empleo, el panorama también desmiente el catastrofismo. El desempleo bajó a 8,2% en octubre de 2025 y siguió cayendo: en noviembre de 2025 se ubicó en 7,0%, según el DANE. Son cifras históricas, las más bajas de los últimos veinte años, que muestran una tendencia favorable del mercado laboral y un mayor dinamismo de la economía real.

En crecimiento, lo mismo: Colombia cerró 2024 con expansión económica (PIB) y en 2025 la actividad aceleró, con un crecimiento de 3,6% interanual en el tercer trimestre y 2,8% en lo corrido de 2025 frente al mismo periodo del año anterior, según reportes del DANE. Incluso el PIB departamental preliminar muestra un aumento a nivel nacional en 2024.

El mundo reconoce la solidez de la economía colombiana. The Economist publicó su balance de desempeño económico de 2025 y ubicó a Colombia como la cuarta economía con mejor desempeño dentro de las evaluadas. Que un medio económico global ponga a Colombia en ese lugar no es un premio de simpatía: es una fotografía de resultados.

Entonces, repitamos la pregunta: si bajan la pobreza y el desempleo, si el PIB crece y la economía mejora su posición internacional, ¿por qué la obsesión de sabotear todo lo que redistribuya bienestar? Porque lo que está en juego no es “la economía” en abstracto; es la distribución del poder económico. Un salario mínimo con enfoque vital, una política social con impacto medible, y decisiones fiscales para sostener al Estado social no son neutrales: tocan privilegios. Reducen márgenes construidos sobre precariedad. Obligan a que la rentabilidad no dependa de pagar salarios de hambre. Y eso, para quienes han gobernado desde el “sálvese quien pueda”, es inadmisible.

Colombia tiene que decidir si acepta esa extorsión política permanente o si defiende, sin complejos, un principio básico: las decisiones públicas deben proteger primero a quienes menos tienen. El debate jurídico es legítimo; lo ilegítimo es usarlo como garrote para impedir que la mayoría viva mejor. Y Antioquia —que sabe lo que cuesta ganarse el sustento— no puede ser arrastrada a una cruzada donde la “autonomía” se usa como excusa para bloquear recursos, y donde la “responsabilidad fiscal” sólo aparece cuando se trata de negar derechos.

Cuando un país mejora y aun así intentan tumbar el salario de la gente y sabotear medidas extraordinarias para sostener al Estado, la pregunta deja de ser retórica: ¿por qué la clase política odia tanto a los pobres?

Alejandro Toro