Homicidios, hurtos, extorsiones, intentos de secuestro, entre otros delitos, hacen parte del alarmante panorama que padecemos a diario en Bogotá. Combatir la criminalidad y la delincuencia en las calles es el “caballito de batalla” del alcalde Carlos Fernando Galán y de su equipo de gobierno.
Según la más reciente encuesta de Invamer el principal problema que dice tener la ciudadanía es la inseguridad, con un 56,5 por ciento. Como era de esperarse, ante esta realidad, la aprobación de Galán, que ya completa seis meses en el cargo, tuvo una fuerte caída al 47 por ciento; perdió 12 puntos de aceptación entre abril y junio. Sin duda, las acciones en seguridad no son suficientes para un amplio sector de la población y para algunos carecen de carácter.
En ese sentido, también soy de los que considero que las decisiones deben ser contundentes y sin titubeos, pues Galán prometió que Bogotá caminaría segura y eso no está ocurriendo. Además, no se entiende cómo el alcalde pretende obtener resultados diferentes a los del último cuatrienio si sigue gobernando con la gente de la exalcaldesa Claudia López. A ella le quedó grande la ciudad y la seguridad ni se diga. Una de las consecuencias es que durante su periodo tuvimos la aterradora cifra de más de 620.000 víctimas de hurto en diferentes modalidades.
Es evidente que Galán recibió una “papa caliente”. En lo que va de este 2024 los casos de extorsión incrementaron en comparación con el año anterior, así como los delitos sexuales y las lesiones personales. Sin embargo, aunque ocho delitos de alto impacto sí han tenido reducciones, en medio del caos que afrontamos es poco notorio y la ciudadanía lo que espera es poder transitar en paz de una vez por todas.
Además de los temas de seguridad, el alcalde debe actuar con mayor contundencia en problemáticas que van de la mano, como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público. Seguimos teniendo, ante la mirada apacible del Distrito, bandas delincuenciales que se nutren de este negocio. Y aún más preocupante, se han apoderado de parques y entornos escolares. Prácticamente, los jíbaros desplazaron de estos lugares a las familias, que ya ni se asoman por miedo a la inseguridad o por el peligro que representa que niños, niñas y adolescentes puedan caer en el abismo de las drogas.
En este aspecto hay que reconocer que la Administración de Galán falló al decir que emitiría un decreto para establecer lugares libres de drogas, esto nunca pasó y las intenciones por hacerlo al parecer son cada vez menores. Así las cosas, se debe recordar que está vigente el decreto 825 de 2019 y éste tiene que cumplirse con mayor determinación.
Galán y su gabinete le deben cumplir a la ciudad. Es imperativo incorporar con eficacia las metas trazadas en el Plan Distrital de Desarrollo, que también corresponden a las voces ciudadanas que participaron de su construcción por medio de las mesas de trabajo que se realizaron durante varias semanas.
La tecnología tiene que ser aliada. El mantenimiento de cámaras y la interconexión entre los sistemas de videovigilancia del sistema de transporte con el C4 son aspectos clave a incorporar, pues contribuirían a la desarticulación de bandas dedicadas al hurto.
En Bogotá no puede seguir pasando que, sumado a que escasean cámaras de videovigilancia, nos damos “el lujo” de tener más de 1.400 fuera de servicio, como se evidenciaba en el primer trimestre de este año.
Ya van seis meses de la era Galán y su gobernabilidad debe mantenerse, para ello, el factor seguridad será la vara con la que será medido.
