El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado este martes la absolución por parte del Tribunal Superior de Bogotá del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, que ha tumbado así la condena a doce años de arresto domiciliario impuesta en primera instancia.
«Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia», ha manifestado a través de su perfil en la red social X, donde ha sostenido que el tribunal «repite la historia».
En este sentido, ha denunciado que el Tribunal Superior de Bogotá ha contradicho al Supremo al considerar que la interceptación del teléfono de Uribe como prueba fue ilícita y vulneró su derecho a la intimidad. «Afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad», ha criticado.
Petro ha vinculado lo ocurrido con la coyuntura internacional, asegurado que su homólogo estadounidense, Donald Trump, «aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia», en el marco de la nueva crisis diplomática entre Bogotá y Washington con motivo de la lucha contra el narcotráfico.
El jefe de Estado colombiano ha añadido que en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes «ya buscan el golpe de Estado» y ha afirmado que entre los promotores de esa iniciativa estarían «los que están metidos en el desfalco del Fomag», en relación con la polémica por el sistema de salud del profesorado.
Finalmente, ha convocado a una movilización ciudadana para este viernes en la plaza Bolívar de Bogotá, donde, tal y como ha afirmado, comenzará la recolecta de firmas del llamado poder constituyente: «Ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo», ha concluido.
Duque considera que se hizo justicia
Por su parte, el predecesor de Petro, Iván Duque (2018-2022), ha asegurado que «se ha hecho justicia» y que «la inocencia que Uribe ha probado a lo largo de su vida, y luego de tantas infamias, ha prevalecido». Por ello, ha felicitado a Uribe, a su equipo legal y a su familia «por esta gran victoria de la democracia y del imperio de la ley».
«Su gallardía, honestidad, patriotismo y compromiso con la legalidad han derrotado a tantos malquerientes que pretendieron castigar su batalla contra el crimen. El tribunal derrotó todas las irregularidades del proceso con transparencia y rigor», ha expresado el ex jefe de Estado colombiano.
Por otro lado, Juan Manuel Santos, que dirigió el país antes que Duque y después que Uribe, entre 2010 y 2018, se ha limitado a subrayar que la decisión del tribunal «debe ser recibida con respeto». «Los fallos de la justicia se acatan siempre, no según la conveniencia ni el cálculo político. La independencia judicial es la base de una democracia sólida», ha zanjado.
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El juez Manuel Antonio Merchán del Tribunal Superior de Bogotá ha declarado inocente al expresidente y exsenador, y ha cargado contra el primer fallo, alegando que presentaba deficiencias estructurales en la valoración de las pruebas, así como errores metodológicos y falta de rigor lógico en el análisis de testimonios y documentos.
Uribe se convirtió el 1 de agosto en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente. Además de la condena a doce años de arresto domiciliario, la jueza impuso una multa de más de 3.444 millones de pesos, equivalente a 2.420 salarios mínimos (alrededor de 720.700 euros).
El origen de la causa se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por haber intentado comprar en las cárceles del país falsos testimonios en su contra sobre su relación con el nacimiento del paramilitarismo en Antioquia. Sin embargo, todo dio un vuelco cuando varias personas acreditaron lo contrario.
