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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Álvaro Uribe

Álvaro Uribe compareció ante la Fiscalía para hablar de masacres en Antioquia

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe se presentó este lunes de forma voluntaria ante la Fiscalía para rebatir las acusaciones del paramilitar Salvatore Mancuso sobre su conocimiento de la masacre de El Aro en 1997.

En la audiencia estuvieron presentes los abogados del expresidente, quien solicitó hace una semana comparecer de forma voluntaria tras negar que el dinero procedente de negocios ilícitos por parte de los grupos militares colombianos estuviese destinado a sufragar sus actos de campaña durante su etapa como gobernador de Antioquia.

Uribe dio detalles así ante la Fiscalía para rebatir las acusaciones que Mancuso realizó durante varias de sus comparecencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El expresidente aseguró el pasado 14 de noviembre en la red social X que nunca se reunió ni habló con el paramilitar colombiano. «Este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo sabía del Aro», resaltó.

Mancuso, antiguo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y quien fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de El Aro, fue incluido bajo la jurisdicción de la JEP después de sus declaraciones sobre el conflicto armado.

El paramilitar, que se encuentra desde hace dos años en un centro de retención en Estados Unidos –país en el que cumplió una pena por narcotráfico– no llegó a cumplir la pena por la masacre debido al mecanismo Ley de Justicia y Paz, promovido por Uribe.

En la masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997, fueron asesinadas 15 personas, mientras que un número indeterminado tuvo que abandonar sus hogares. Uribe fue gobernador de Antioquia entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1997.

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Fiscalía citó a Uribe para rendir versión libre

Las declaraciones ante la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) sobre la masacre de El Aro del exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, motivaron la defensa del expresidente Álvaro Uribe, que pidió rendir versión libre al respecto y la Fiscalía este jueves lo citó para llevar a cabo esta diligencia.

«Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia citó a diligencia de versión libre al expresidente Álvaro Uribe Vélez, como parte de la indagación que se sigue por la denominada masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997; y el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en febrero de 1998″, explicó la Fiscalía en un comunicado.

La fecha elegida por el ente acusador para que Uribe pueda rendir versión libre será el próximo lunes 27 de noviembre atendiendo la petición del exmandatario.

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Los acuerdos a los que Petro y Uribe llegaron en reunión

A tres fueron los acuerdos sobre la reforma a la salud a los que llegó el presidente Gustavo Petro en su reunión con el expresidente Álvaro Uribe en este miércoles en el Palacio de Nariño.

Los acuerdos sobre los que trataron fueron: preparar muchas más personas en ciencias de la salud; impedir que el clientelismo tome hospitales públicos; y reconocer la pertinencia de un sistema de salud preventivo.

Guillermo Jaramillo, ministro de Salud que estuvo presente en la reunión enfatizó sobre la posibilidad de lo de presupuestos máximos para reforzar el servicio en ítems como medicamentos, equipos, nuevas tecnologías.

“Yo creo que sí se puede llegar a acuerdos. Nosotros ya tenemos ese estudio, porque la intención del Gobierno era hacer eso. Y tenemos la oportunidad de hacerlo”, dijo Jaramillo.

Por el momento, el gobierno nacional espera estudiar un documento que durante la reunión presentó el expresidente Uribe con respecto a la reforma a la salud.

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*Foto: petro.presidencia.gov.co

Las voces de los congresistas sobre reunión de Petro y Uribe

Para este miércoles 22 de noviembre en la tarde, el presidente de Colombia Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe tienen citada una reunión con el fin de discutir sobre la reforma a la salud.

Varios congresistas de diferentes bancadas han reaccionado al encuentro entre los dos líderes políticos más importantes del país con opiniones encontradas.

«Presidente no solo la derecha, sino también desde la centroizquierda, solicitamos una concertación para la Reforma a la Salud. El proyecto actual se percibe como nocivo para el país», dijo el representante a la Cámara del Partido Liberal, Juan Carlos Losada.

Losada y otros 11 compañeros que se denominan independientes al gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, pidieron un espacio similar al que tendrá la representación de la derecha con Álvaro Uribe.

Cambio Radical también exigió una negociación diferente con respecto a la Reforma a la Salud e incluso desde el Centro Democrático critican el encuentro entre Petro y Uribe. «Hay indignación nacional con Petro, un ‘tinto’ con él es darles la espalda a los colombianos», dijo el exsenador del Centro Democrático, Ernesto Macías.

Según este panorama. Gustavo Petro deberá ser más flexible y reunirse con más sectores si quiere sacar adelante la reforma a la salud.

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Uribe pide dar versión libre para defenderse por afirmaciones de Mancuso

Desde que la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) acogió a Salvatore Mancuso como sujeto incorporado de la fuerza pública para su aporte a la paz del país, el expresidente Álvaro Uribe se ha venido defendiendo y este lunes pidió dar versión libre para defenderse de las declaraciones del exjefe paramilitar.

«He pedido a los doctores Jaime Granados, Jaime Lombana y Juan Felipe Amaya que soliciten a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación, me reciban versión libre sobre paramilitarismo y las declaraciones de Salvatore Mancuso», escribió Uribe en su cuenta de X.

Salvatore Mancuso en sus declaraciones ha venido sosteniendo que cuando era gobernador de Antioquia él sabía plenamente de la masacre de El Aro para 1997.

Entre otras afirmaciones, el exjefe paramilitar ha hablado de los nexos que Álvaro Uribe con grupos paramilitares durante su gobernación y presidencia. Ante esto, el líder del Centro Democrático pidió dar una versión libre al respecto.

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Uribe y Petro tendrán una nueva cita

El expresidente Álvaro Uribe confirmó desde su cuenta de X su próximo encuentro con el presidente de la república, Gustavo Petro, para conversar sobre el proyecto de reforma a la salud que hace trámite en el legislativo.

La cita entre estos dos personajes de la política colombiana se da luego de una invitación del presidente Gustavo Petro al Centro Democrático para conocer las razones por las cuales se oponen al proyecto y tratar de encontrar puntos en común qu permitan desempantanar el trámite que hoy se encuentra en la plenaria de la Cámara de Representantes.

En las últimas sesiones citadas en la Corporación para discutir y votar el articulado, las bancadas de Cambio Radical y el Centro Democrático se han retirado del recinto deshaciendo el quorum.

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Uribe, ¿siguiendo los pasos de Pinochet y otros dictadores?

La “jurisdicción universal” es uno de los principios de aplicación de extraterritorialidad de la ley que le confiere la competencia a un Estado para que juzgue y sancione al autor de un delito, cualquiera sea el lugar en que se cometió y cualquiera sea la nacionalidad de su autor o víctima. Este principio procede en materia penal y es referido, especialmente a crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio con el fin de evitar la impunidad.

Cobijado bajo este principio, en 1998 el juez español Baltasar acusó a Augusto Pinochet por 94 denuncias de tortura a ciudadanos españoles durante la dictadura chilena. Pinochet, que se encontraba en Londres en ese momento, fue considerado por la Cámara de los Lores como una persona que podía ser juzgado y que no gozaba de impunidad. El arresto contra el dictador se produjo en Londres y en marzo de 2000 fue enviado a Santiago de Chile para que rindiera cuenta de alrededor de 300 cargos criminales en su contra. Con este principio jurídico, además de Augusto Pinochet, han sido investigados y llamados a rendir cuentas otros dictadores como Efraín Ríos Montt en Guatemala y Hissène Habré en Chad.

El pasado jueves 9 de noviembre, utilizando el principio de jurisdicción universal, 11 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, presentados como bajas en combate (mal llamados falsos positivos),  presentaron una denuncia en Buenos Aires contra Álvaro Uribe Vélez. Argentina tiene la particularidad de reconocer la “jurisdicción universal” como principio constitucional. La denuncia, que fue acompañada por organizaciones de defensa de los derechos humanos como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), abarca desde la posesión de Uribe en agosto de 2002, hasta diciembre de 2008, periodo en que se presentaron 6402 ejecuciones extrajudiciales, según lo estable la Justicia Especial para la Paz.

La dramática realidad sobre la impunidad en Colombia de las 6402 víctimas de falsos positivos en la que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no ha adelantado investigaciones profundas sobre el tema y los pocos esfuerzos de la JEP que no han llamado a expresidentes para que se pronuncien sobre el tema fueron alicientes suficientes para que el principio de “jurisdicción universal” empezara a operar en el caso de Álvaro Uribe Vélez. En la querella se detalla que estos abyectos actos se dieron en el marco de la política de Seguridad Democrática en el que se presionó a las tropas para mostrar resultados, que llevaron a que varios integrantes del ejercito ejecutaran civiles y los hicieran pasar como bajas dadas en combate para obtener pagos especiales y reconocimiento militar.

Es la primera vez que un presidente colombiano será indagado por la presunta responsabilidad de crímenes de lesa humanidad. Uribe, en su defensa, publicó en su cuenta de X un twitt un mensaje en el que señala que su gobierno investigó los “falsos positivos” en 2003 y que esas denuncias “le costaba creerlas”; además, dijo que en julio de 2006 generó un acuerdo en el que fuera la Fiscalía y no la Justicia Penal Militar, quien investigara los “falsos positivos”. Sin embargo, los crímenes se cometieron durante su gobierno, él los conoció y no adelantó las investigaciones del caso, al punto que todavía siguen impunes. Álvaro Uribe, como jefe de las fuerzas militares entre 2002 y 2010, tiene responsabilidad de mando en la comisión de estos delitos de lesa humanidad y es la justicia internacional (debido a que la colombiana a dilatado las investigaciones) la que determinará, inequívocamente, el destino del exmandatario. 

Maylor Caicedo

Condenan a Bernardo Moreno por la compra de votos a congresistas para favorecer la reelección de Álvaro Uribe

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Bernardo Moreno Villegas por el delito de ofrecimiento de dádivas para que congresistas apoyarán el cambio de la Constitución para dar vía libre a la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El fallo ordena la captura de Moreno Villegas una vez la sentencia quede en firme. El exdirector de la Dirección Administrativa de la Presidencia (DAPRE) deberá pagar una multa de 39.579 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 82 meses y 7 días, y le fue negada la prisión domiciliaria. 

La sentencia hace referencia al pago de dádivas a la exrepresentante a la cámara, Yidis Medina, para que esta cambiara su voto en la Comisión Primera de la Cámara para que el Acto Legislativo fuera aprobado y así se permitiera la reelección presidencial.

Gracias a este voto, personas cercanas a Yidis Medina fueron nombradas en cargos públicos en la Red de Solidaridad Social (RSS), en Etesa, el Sena, y en notarías.

Operación Orión y responsabilidad de mando

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia publicada el pasado 20 de octubre, responsabilizó a Colombia por la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina ocurrida en Medellín el 30 de noviembre de 2002, en el marco de la llamada Operación Orión. Con esta sentencia son 29 las sanciones que la Corte ha proferido contra Colombia desde 1994, cuando el alto tribunal falló el caso “Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia”.

El Estado reconoció que en la Operación Orión existió un “contexto de relacionamiento entre agentes estatales y grupos paramilitares” y que la desaparición de la víctima se realizó por “actividades delictivas bajo el conocimiento de la fuerza pública”. Existió, al tiempo, falta de diligencia en la investigación penal, así como “respuestas inadecuadas” por parte del Estado que “pusieron en riesgo a la señora Luz Eni[th] Franco y a los hermanos de Arles Edisson Guzmán”.

La Operación tuvo como antecedente el Decreto No. 1837 de 11 de agosto de 2002 que declaró el “estado de conmoción interior”, instaurado por el presidente Álvaro Uribe Vélez, recién posesionado en el cargo. En este contexto y con el objetivo de retomar el control territorial de la comuna 13 de Medellín, en la madrugada del 16 de octubre de 2002 inició la Operación Orión, la cual se prorrogó hasta el 22 de octubre. Según describió el propio Estado colombiano, la Operación fue considerada “[la] acción armada de mayor envergadura que ha tenido lugar en un territorio urbano y en el marco del conflicto armado en el país” y fue concertada entre el Ejército Nacional y el Bloque Cacique Nutibara (BCN); contó, también, con la participación de uniformados del ejército, la policía, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial de la Fiscalía.

En el marco de Orión se presentaron “desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, atentados contra la vida y la integridad personal, amenazas de muerte, y desplazamientos de los habitantes de la Comuna 13”. Finalizada la Operación, que tenía como objetivo debilitar las organizaciones guerrilleras, el BCN se volvió hegemónico en la Comuna 13 en connivencia de agentes estatales que apoyaron su posicionamiento. Al dominio de dicho grupo le siguieron “expulsiones, desplazamientos y desapariciones forzadas, y se presentó un alto número de inhumaciones clandestinas, específicamente en los sectores de “La Arenera” y “La Escombrera”.

A la desaparición del señor Guzmán Medina se suman alrededor de 100 personas más a las que no se les encuentra paradero. Se presume que fueron asesinadas y enterradas en “La Escombrera” y “La Arenera”. Estas zonas, ubicadas en la Comuna 13, tienen una superficie aproximada de 75 hectáreas y han sido destinadas a la extracción de materiales de construcción, depósito de desechos y actividades de minería; pero también fueron señaladas como sitios de inhumación de personas víctimas de desaparición forzada por parte del BCN de las AUC.

En 2009 se iniciaron una serie de labores para la búsqueda de personas desaparecidas en el sector de “La Escombrera”. En 2011, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) ordenó la clausura definitiva y prohibió la recepción de escombros y tierras en los predios propiedad de Escombros Solidos Adecuados Ltda en “La Escombrera”. Desde 2015 se creó el Plan de Búsqueda de Desaparecidos de la Comuna 13 por parte de la Fiscalía y con las versiones de algunos paramilitares, antiguos integrantes del BCN, se determinaron 3 polígonos donde posiblemente se encontrarían cuerpos de las personas desaparecidas. En 2021 se creó el “Plan de Intervención de La Escombrera, medida restaurativa con enfoque territorial”, el cual cuenta con el apoyo de la Alcaldía, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de búsqueda de Personas Desaparecidas. En noviembre de 2022 se realizaron nuevas excavaciones y se encontraron fragmentos óseos, los cuales fueron entregados a Medicina Legal para su estudio y determinar si pertenecen a un cuerpo humano. No se tiene certeza del tiempo que pueda transcurrir para identificar los restos óseos con el ADN entregado por los familiares de los desaparecidos.

Es una tragedia nacional la que trajo consigo la Operación Orión, especialmente, las personas que, paramilitares del BCN en connivencia con agentes del Estado colombiano, fueron desaparecidas y enterradas en La Escombrera y La Arenera. Orión fue diseñada, entre otros, por el entonces comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, Mario Montoya y el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general (r) Leonardo Gallego y son ellos quienes le deben aclarar a la justicia colombiana el papel jugado por las fuerzas armadas en estos hechos victimizantes.

Al igual que en el caso de los 6402 asesinatos extrajudiciales (Falsos Positivos), la operación Orión se diseñó y ejecutó cuando Álvaro Uribe Vélez era el presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La justicia colombiana debe analizar su “responsabilidad de mando”, pues tenía mando efectivo sobre la Fuerza Pública, era quien estaba en cabeza del Estado en el momento en que se diseñó la Operación y, aunque tuvo la información disponible sobre estos crímenes, no tomó medidas para evitarlos y castigar los responsables, generando un manto de impunidad.

¿Qué más hay que esperar?”: Iván Cepeda sobre caso Uribe

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, considera que no es lógico seguir dando vueltas al caso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe por la supuesta compra de testigos.

«Se acabó el tiempo; llevamos cinco decisiones judiciales«, dijo el congresista.

Cepeda pide a la defensa de Álvaro Uribe Vélez no continuar dilatando el proceso con argucias jurídicas y permitir que el caso judicial siga su curso normal.

El senador de izquierda se pronunció, luego de conocer la decisión del Tribunal Superior de Bogotá,, quien decidió no precluir los delito de soborno el de fraude procesal que enfrenta el expresidente Uribe.

Álvaro Uribe confirma que será llamado a juicio

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe aseguró este jueves que las autoridades del país le han negado archivar el proceso que tiene abierto por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, por lo que irá a juicio.

Uribe ha realizado el anuncio en declaraciones ante la prensa, aunque la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de negar la preclusión a su favor será anunciada este viernes, cuando está citado. «Indudablemente la recibo con enorme preocupación», ha declarado.

«Yo he defendido mi reputación con ardentía, pero no se de sobornar testigos ni engañar a la Corte, toda información que se recogía se mandaba de buena fe a la Corte para que la examinara en ejercicio de su competencia, pero lo que dijeron es que yo enviaba esa información a la Corte para engañarla», sostuvo.

Además, ha subrayado que ninguno de los testigos ha podido «desvirtuar» su versión: «Simplemente pedí que se verificarán las informaciones que me llegaban a mí», ha indicado, al tiempo que ha denunciado que el proceso «empezó con vicios».

Tras la noticia, el también expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022) ha rechazado la decisión de la corte y ha mostrado su solidaridad con el exmandatario: «La honorabilidad y la verdad triunfarán», ha declarado.

El caso comenzó en 2012 cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, asegurando que este había recorrido las cárceles del país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia.

Sin embargo, tras la aportación de pruebas, ha habido versiones que indican que los abogados del expresidente buscaban manipular a testigos para que apuntaran a Cepeda, por lo que este último pasó de acusado a víctima, al contrario que Uribe, demandante, que se convirtió en investigado.

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El Pacto del Sindicato del que habla Zulema Jattin

En el año 2006, el país supo que un grupo de congresistas estaban aliados con las extintas autodefensas de Colombia, pero no se alcanzó a imaginar la dimensión que el fenómeno tomó ni la manera en cómo este se incrustó en las regiones donde se tejieron este tipo de pactos y mucho menos que estos tenían la intención no solo de que se planificaran y se implementaran políticas públicas a favor del paramilitarismo sino además, capturar las finanzas públicas en municipios y departamentos donde tenían origen estas alianzas.

Más de 50 congresistas del momento fueron puestos en prisión por este delito, lo mismo sucedió con un nutrido grupo de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados de las diferentes asambleas departamentales.

Se supo además que el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue capturado por el paramilitarismo y que uno de los subdirectores y directores durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (Jorge Noguera y José Miguel Narváez) eran fichas del grupo armado ilegal.

Diferentes pactos se tejieron entre congresistas y paramilitares, pero también con políticos locales, uno de ellos, el de Sindicato.

De este pacto se vino a conocer en 2007 cuando Salvatore Mancuso contó que, durante las elecciones regionales del año 2003, un grupo de seis políticos liderados por Zulema Jattin, Julio Manzur, Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda denominado como ‘El Sindicato’ lo buscaron para pedirle su apoyo y así derrotar electoralmente a Juan Manuel López Cabrales quien apoyaba a Libardo López, para ese entonces candidato a la Gobernación de Córdoba.

El Sindicato apoyaba al candidato a la Gobernación de Córdoba, Juan Carlos Aldana.

¿Qué tiene que ver Álvaro Uribe Vélez?

En las declaraciones que hizo la excongresista, Zulema Jattin, ante la Justicia Especial Para la Paz (JEP), reveló que tras ser vetada por Salvatore Mancuso en municipios como Tierralta, acudió ante el entonces presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, para comentarle su preocupación por el accionar de los “paras” en Córdoba, y su intervención en la campaña electoral por alcaldías y gobernación, ante lo cual el entonces primer mandatario le respondió que “si no tenía pruebas, se abstuviera de denunciarlo”.

Orientó mi conversación a que si yo no tenía una prueba diferente a mi testimonio o a los testimonios de mi hermano o de William Salleg (colaborador de los “paras”), que no iba a corroborar nada lo que yo dijese en ese momento, pues era preferible que no pusiera la denuncia, y eso era más que una advertencia, digamos, era una sugerencia respetuosa, pero a la que yo en ese momento le iba a hacer total caso”.

Ante esta revelación, el expresidente Álvaro Uribe negó tal conversación y anunció demanda penal por calumnia.

¿Quién es Zulema Jattin?

Zulema Jattin es hija del excongresista Francisco Jattin Safar, vinculado al Proceso 8.000 durante el Gobierno de Ernesto Samper.

Fue concejal del municipio de Lorica, Córdoba. Llegó a la Cámara de Representantes en el periodo legislativo en 1998. Contrajo matrimonio con el senador fallecido, Luis Humberto Gómez Gallo, a quien también se le condenó por vínculos con los paramilitares.

Luego de ser elegida como senadora de la república, Zulema Jattin, fue detenida por orden de la Corte Suprema de Justicia por parapolítica, que le condena por este delito.

 

 

 

 

 

 

Uribe ataca a Santos y lo señala de coordinar sobornos de Odebrecht

En la mañana de este lunes festivo 21 de agosto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez contraatacó contra Juan Manuel Santos relacionándolo con el escándalo de sobornos de Odebrecht en la campaña presidencial de 2014.

El líder del Centro Democrático inició hablando de cómo Andrés Gallego adjudicó los contratos de la Ruta del Sol a Grupo Aval e hizo una retrospectiva recordando que el viceministro Gabriel García recibió el soborno y aclaró cómo llegó a ese cargo recomendado por la Cámara de Comercio de Cartagena.

«Pertenecía a una familia de superiores valores Morales y ánimos. Lo localicé en Madrid, negó. Al poco tiempo estaba en la cárcel», relató Uribe.

También recordó que el candidato que apoyó en 2014, Óscar Iván Zuluaga, fue imputado recientemente por el escándalo de Odebrecht también. Después de ello comenzó a atacar a Santos en su video publicado en su cuenta de X (Twitter).

«El expresidente Pastrana y yo recibimos una información de un colombiano, Carlos Plata, y de una persona vinculada a la DEA y a la CIA sobre la investigación que autoridades internacionales hicieron de pagos a Odebrecht. La información que nos dieron la publicamos salió exacta con destinatarios, beneficiarios, cuantías de pesos y centavos. Dijeron que todo había sido coordinado por Juan Manuel Santos», explicó Uribe

Uribe explica que pidió pruebas al respecto y que le respondieron que en caso de obtenerlas se caía el establecimiento. También dice que le preguntó al respecto a Jaime Granados y que él no negó ni confirmó la entrada  de ese dinero. Sobre el final, el expresidente cerró el video lanzando pullas a la paz que Santos alcanzó con las FARC-EP.

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Diego Cadena se mantendrá inhabilitado por 6 años

Este viernes la W Radio dio a conocer que sobre el abogado Diego Cadena se mantendrá una sanción de 6 años de inhabilidad, que le impuso la Comisión del Valle.

Según la información difundida la Sala Plena de la Comisión de Disciplina Judicial votó la ponencia presentada por la presidenta Magda Victoria Acosta. Esta pedía dejar la sanción que la Comisión Del Valle le impuso a Diego Cadena.

El resultado final de la votación fue de 5-1 para determinar que Diego Cadena no iba a ser absuelto en la sanción que contrajo por sobornos a testigos. La magistrada Diana Vélez había expuesto que uno de dichos testigos -Carlos Enrique Vélez- había mentido como argumento para retirar la sanción.

Vale la pena recordar que en primera pnstancia, la Comisión del Valle falló argumentando que se comprobó con pagos de recibos el soborno auspiciado por Cadena en el caso de Álvaro Uribe contra Iván Cepeda. Por otra parte, él tiene otra sanción independiente por sobornos de tres años.

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Final con ‘toque, toque’ de política y populismo

La final del fútbol colombiano evidenció que la política permea todo a su alrededor. Claudia López y Daniel Quintero, alcaldes de Bogotá y Medellín exigiendo la retransmisión del partido en lugares masivos por tratarse de un tema de interés público y Álvaro Uribe Vélez reunido con el crack colombiano, James Rodríguez, deja en claro como el deporte de pasiones y multitudes se convierte en el oportuno vehículo para repotenciar a las ‘figuras’ de la cosa política criolla. Esto va más allá de gambetas, goles y campeonatos.

¿James, el nuevo fichaje del Centro Democrático? Parodiaron en las redes sociales con la repentina visita del jugador a la finca El Ubérrimo. Una jugada estratégica para ser tendencia en medios digitales, despertar emociones y promover la imagen del Partido Político de su líder, Álvaro Uribe, quien adelanta una agenda de correrías por varias regiones, lo que infiere arar el terreno para las elecciones de octubre en las que se eligen gobernaciones, asambleas, alcaldes, concejos y ediles. James y Uribe, la delantera perfecta para posicionar cualquier proyecto.

Mover pasiones y emociones por medio de voces de exfutbolistas apoyando ideologías, partidos o movimientos e incluso figuras políticas en el ámbito nacional e internacional es uno de los motores del nacionalismo, y varios Gobiernos han sabido aprovecharlo. “Hace un año el Tino Asprilla escribió en su cuenta de Twitter: Apoyar a Uribe es un acto de responsabilidad social. Y recientemente Eduardo Pimentel, dueño del Chicó Fútbol Club, dijo: “No contrato mamertos, solo uribistas”, reseñó Revista Semana en una de sus ediciones digitales.

Y si de jugadas estratégicas en aras de levantar imagen y popularidad hablamos, los alcaldes de Bogotá y Medellín son los cracks para aprovechar las mínimas oportunidades originadas alrededor de cualquier tema especialmente si está en medio el joven, el beneficio tácito para él y su importancia como nicho electoral de la izquierda en campañas políticas. Un equipo bogotano y uno paisa, con los seguidores más robustos en cantidad en el rentado colombiano fueron la disculpa para exigir la retransmisión de la final. Lograron su cometido con gritos, amenazas y un discurso conciliador ad-portas del partido y el clamor pasional del hincha. Les metieron un golazo a todas las autoridades del fútbol.

Estos dos alcaldes, que están seriamente cuestionados por sus resultados en la administración y gestión de las dos ciudades capitales más importantes de la Colombia eufórica por la política ideológica y el fútbol regional, tienen según la última encuesta de             Invamer, sendas desfavorabilidades en rojo (Claudia López, aprobación del 33%, Daniel Quintero, aprobación del 36%), siendo este último el alcalde más impopular de Medellín desde 1994. Con estos saldos en rojo es apenas obvio suponer un contragolpe mediático para sintonizarse con la opinión pública y sus más cercanos seguidores. Recuerden que estás dos figuras públicas buscarán campaña presidencial en años bien cercanos. ¡Que salga el diablo y escoja!

“Algunos filósofos y escritores parecen haber acertado al decir que todo es político, o por lo menos que todo es atravesado por ella. Por supuesto, el fútbol no puede ser la excepción, y aunque a veces no sea tan explícito, detrás de un partido pueden moverse muchos intereses o poderes”, recalca el artículo citado arriba. En Colombia, el politiquero, el populista, el político profesional, el político corrupto, incluso el político barrial olfatea como perro de caza las oportunidades para alcanzar los mejores réditos, o mejor, como dijo en su cuenta de Twitter, el conocido periodista deportivo, César Augusto Londoño: “siempre las autoridades haciendo populismo con el fútbol”, en referencia a las exigencias de los alcaldes de Bogotá y Medellín.

Dicho todo lo anterior y como todo un amante en bruto del fútbol nacional e internacional, lo más sano para esta industria es tratar al máximo de alejar a los hinchas, directivos, clubes y jugadores en actividad de cualquier acercamiento con todos los partidos, movimientos y figuras políticas para generar en gran parte un verdadero “juego limpio”. Los gobiernos, en cambio, deben empezar a generar verdaderas políticas públicas para canalizar por medio de una ley la transmisión de uno o dos partidos en cada fecha del rentado nacional en la televisión estatal como sucede en Argentina y otros países, para lograr un equilibrio con los consumidores y los dueños del negocio.

Edgar Martínez Méndez Es Asesor, Estratega, Periodista, Reportero, Redactor Y Especialista En Diversas Formas De Comunicar.

@EdgarMMDircom