La conformación del Área Metropolitana del Oriente Antioqueño no es solo un debate administrativo, sino una maniobra política disfrazada de planeación. La propuesta de integrar municipios como Rionegro, La Ceja, El Retiro, La Unión, El Carmen de Viboral, El Santuario, Guarne y San Vicente Ferrer bajo una única autoridad se presenta como una solución a problemas de movilidad, ordenamiento territorial y servicios públicos. Sin embargo, en la práctica parece responder a intereses particulares que buscan concentrar poder y recursos en unos pocos actores políticos y económicos, entre ellos el actual gobernador.
Ahora, esta no es una idea nueva. En 2019, cuando Andrés Julián Rendón era alcalde de Rionegro, ya había intentado imponer esta figura en alianza con la bancada uribista del Congreso y el entonces gobernador Luis Pérez. Desde entonces, el objetivo ha sido claro y persistente, convertir a Rionegro en un centro de poder regional, subordinando al resto del Oriente Antioqueño a una lógica centralista.
Se argumenta que esta integración optimizaría la asignación de recursos y mejoraría la planificación territorial. No obstante, a diferencia del Valle de Aburrá, donde la conurbación es evidente, los municipios del Oriente Antioqueño conservan dinámicas autónomas y realidades socioeconómicas diversas, por lo que forzar una estructura metropolitana artificial ignora estas diferencias y pone en riesgo la identidad y el desarrollo propio de cada municipio.
Además, esta figura metropolitana abriría una puerta de consecuencias a Municipios como Corconá y San Francisco quienes dependen de Rionegro para acceder a servicios básicos, desataría un conflicto para definir competencias y articular la gestión en el borde urbano-rural de los nueve municipios, tal como ocurre en el Valle de Aburrá con el AMVA y Corantioquia.
Sumado a lo anterior, el impacto fiscal de esta decisión tampoco ha sido discutido con suficiente transparencia, teniendo en cuenta que la creación del Área Metropolitana implicaría nuevas cargas tributarias, como la sobretasa ambiental, afectando a una población que no ha sido consultada de manera efectiva. A demás, la exclusión de Marinilla del proyecto demuestra la falta de consenso, incluso entre los municipios más cercanos y desarrollados.
Por otro lado, la autonomía municipal también está en juego, pues bajo dicha figura, decisiones clave sobre ordenamiento territorial, movilidad y planeación quedarían en manos de una entidad supramunicipal, reduciendo la capacidad de gestión de las administraciones locales y aunque Rionegro ha renunciado al derecho de veto, su peso demográfico y fiscal lo convertiría en la autoridad predominante, generando una relación desigual con los demás municipios.
Más allá de los argumentos técnicos, la integración metropolitana profundizaría las desigualdades territoriales en el Oriente Antioqueño, mientras Rionegro y La Ceja continuarían acaparando inversión en infraestructura y servicios, municipios como Argelia, Nariño y Granada seguirían rezagados, lidiando con la falta de desarrollo y las secuelas del conflicto armado.
La imposición de nuevos tributos metropolitanos encarecería el costo de vida en municipios con menor capacidad económica, dificultando el acceso a servicios básicos y frenando su crecimiento. A esto se suma el riesgo de subordinación de los municipios más pequeños a las decisiones de Rionegro, consolidando un modelo de gobernanza desigual que beneficiaría a unos pocos en detrimento del equilibrio regional.
El Oriente Antioqueño no necesita una integración forzada, sino una planificación territorial que respete sus particularidades y garantice un desarrollo equilibrado, es fundamental abrir un debate técnico serio, escuchar todas las voces y priorizar el bienestar de la ciudadanía sobre los intereses políticos y económicos de unos pocos. Esperamos que la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes analice esta propuesta con rigor y evite que la supuesta integración termine siendo una imposición perjudicial para la región.
Alejandro Toro
