El problema fiscal
Colombia atraviesa un momento económico de alto riesgo: el déficit fiscal es el principal obstáculo para la estabilidad de largo plazo. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025, el déficit del Gobierno Central cerrará este año cerca del 7,1 % del PIB, por encima del 5,1 % proyectado este mismo año y muy lejos de la meta de converger al 3 % antes de 2027. En términos prácticos, esto significa que el Estado gasta más de $129 billones anuales por encima de sus ingresos y que, si el ajuste no se hace ordenadamente, terminará imponiéndose por la fuerza de los mercados. La deuda pública ya supera el 61 % del PIB, mientras los intereses representan el 17% del presupuesto nacional, casi lo mismo que todo el gasto en educación.
El problema no es solo de caja, sino de credibilidad fiscal. En 2019, por cada peso que entraba por impuestos, el Gobierno destinaba 12 centavos a intereses; hoy son 28 centavos, una cifra que se duplicó en solo cinco años. La combinación de bajo crecimiento económico (1,6 % en 2024) y gasto inflexible configura una trampa de deuda peligrosa. El Banco de la República ha advertido que el déficit en cuenta corriente, aunque ha mejorado a 2,3 % del PIB, no puede absorber un deterioro fiscal adicional sin presionar el tipo de cambio.
A esta fragilidad macroeconómica se suma una debilidad institucional y política. El Gobierno ha intentado financiar su expansión del gasto mediante aumentos tributarios que no se materializan o que desincentivan la inversión privada. La reforma tributaria de 2022, que prometía recaudar 1,7 % adicional del PIB, apenas logró el 0,6 %, mientras la inversión extranjera directa cayó 15,2% en el último año.
El resultado es un país que recauda menos, gasta más y confía en que el precio del petróleo lo salve. Pero Ecopetrol enfrenta una menor producción (de 780.000 a 725.000 barriles diarios) y menores ingresos por exportación. Sin esa renta, el déficit estructural se agrava. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles acumula pasivos por $8 billones. En contraste, el gasto público creció 9,5% real, impulsado por el aumento de la nómina estatal.
La solución no pasa por discursos ideológicos, sino por recuperar la disciplina fiscal y fomentar el crecimiento económico sostenible. Chile, con deuda del 37 % del PIB, redujo su déficit del 6 % al 2,5 % en dos años gracias a disciplina presupuestal. Colombia podría seguir un camino similar si adopta un plan integral que incluya: reactivar la inversión, priorizar proyectos con retorno económico y social verificable, revisar esquemas de subsidios y restablecer la confianza en las reglas de juego. La mayoría del gasto parecería ir a nóminas de activistas que no juegan ninguna función en el estado sino en función de la victoria del Pacto Histórico en las elecciones.
El déficit fiscal no es solo un problema contable: es también un reflejo ético del Estado. Un país que gasta más de lo que produce termina hipotecando su futuro. Vivir del endeudamiento es, en el fondo, sembrar promesas con dinero prestado, una práctica que tarde o temprano pasa factura. Colombia no puede seguir financiando promesas con deuda; debe volver a financiar esperanzas con crecimiento, productividad y confianza. Ahora no se ve, pero los problemas llegarán.
