Parlamento brasileño aprueba ley que restringe el reconocimiento de reservas indígenas
El Parlamento de Brasil ha aprobado este martes una ley que restringe el reconocimiento de nuevas reservas indígenas, medida que ha sido criticada por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y por las propias comunidades indígenas.
Los parlamentarios han aprobado –con 283 votos a favor y 155 en contra– el texto básico del proyecto de ley que establece la fecha de promulgación de la Constitución, octubre de 1988, como plazo para la demarcación de los territorios indígenas. Solamente las áreas que fueron ocupadas por estos pueblos antes de esa fecha tendrán reconocidas las reservas.
Según el texto, es necesario constatar que las tierras tradicionalmente ocupadas eran permanentemente habitadas, utilizadas para actividades productivas y necesarias para la preservación de los recursos ambientales. Si no se cumplen estos requisitos antes de la fecha de promulgación de la Constitución, el área no será reconocida como «tradicionalmente ocupada».
Este proyecto, que pasa ahora al Senado, también autoriza la siembra de cultivos transgénicos en tierras indígenas, prohíbe la expansión de áreas demarcadas y determina que los procesos de deslinde que no han concluido deben sujetarse a las nuevas reglas, informa Agencia Brasil.
EL GOBIERNO DICE QUE LA MEDIDA ES UN «GENOCIDIO LEGISLADO»
El Ministerio de los Pueblos Indígenas ha criticado la aprobación del texto por parte de los parlamentarios brasileños, sosteniendo que esta medida es un «genocidio legislado».
«Representa un genocidio legislado porque afecta directamente a los pueblos indígenas aislados, autorizando el acceso deliberado a los territorios donde viven personas que aún no han tenido ningún contacto con la sociedad, ni siquiera con otros pueblos indígenas», denuncia la cartera ministerial.
Asimismo, han indicado que «le corresponde al Estado brasileño actuar para la protección de los territorios de los pueblos indígenas donde habitan estos pueblos».
La titular de este ministerio, Sonia Guajajara, ha indicado en sus redes sociales tras la aprobación del texto que seguirá «luchando por la vida»: «Aún en el Senado, dialogaremos para evitar negociar nuestras vidas a cambio de lucro y destrucción», ha aseverado.
«Seguimos movilizados y unidos, porque sabemos que nuestra fuerza está en la unión y determinación para preservar nuestras tierras y garantizar el futuro de las próximas generaciones», ha manifestado.
MANIFESTACIONES DE PUEBLOS INDÍGENAS
La jornada ha estado marcada por las manifestaciones de pueblos indígenas, que han bloqueado carreteras en protesta por el proyecto, en las que la Policía Militar ha utilizado gases lacrimógenos y mangueras de agua contra los manifestantes.
«Retirarse para nosotros no es una opción. Vamos a resistir, vamos a tomar posición, y si intentan recuperar alguna tierra indígena, tienen que entender que nos van a tener que quitar la vida», ha declarado Thiago Karai Djekupe, líder de la tierra Jaraguá, a Agencia Brasil.
«El territorio es lo que somos. Si tenemos que resistir, si tenemos que luchar, si tenemos que caer para que otros sigan luchando, lo haremos. (…) Independientemente de cualquier amenaza a nuestras vidas, son más de 500 años de esta violencia, más de 500 años de esta ignorancia y no será en esta generación en la que nos dobleguemos», ha agregado Djekupe.
El vicepresidente de la Asociación Hutukara Yanomami, Dario Kopenawa Yanomami, ha denunciado que los pueblos indígenas están en una situación muy complicada con la aprobación del texto, lo que abre la posibilidad de una «masacre».
«Es una situación muy grave. Es una irresponsabilidad del Congreso. (…) Para los indígenas, esta medida es la muerte. Una masacre, un genocidio, con violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, y debilitará mucho los territorios que ya han sido demarcados», ha denunciado, según recoge ‘Folha de S.Paulo’.
En este sentido, ha indicado que su «esperanza» es que se pronuncie el Tribunal Supremo para que dictamine si esta medida es legal o no, ya que asevera que es un proyecto inconstitucional.
Los movimientos indígenas denuncian que en 1988 sus territorios ya habían sido blanco de siglos de violencia y destrucción de pueblos, por lo que entienden que las tierras que son derecho de los pueblos no deben estar delimitadas por fecha.
