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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: CIDH

Alerta de la CIDH salud del exvicepresidente ecuatoriano preso, Jorge Glas

La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) ha alertado este martes sobre la salud del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, que se encuentra en la prisión de La Roca, Guayaquil, por un caso de corrupción después de que la Policía ecuatoriana le detuviera en abril de 2024 en la Embajada de México en Quito tras recibir asilo político.

El organismo, que ha analizado la «situación de riesgo» del exvicepresidente desde su detención y, especialmente, tras visitarle en octubre de 2024, ha advertido que su salud mental «atraviesa por un estado de especial gravedad, pese a las atenciones médicas brindadas por el Estado».

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También ha señalado que «tanto sus condicones de detención como los eventos de violencia que se han presentado en el centro penitenciario donde se encuentra actualmente, impactarían en el deterioro de su salud mental e integridad física».

La CIDH ha decidido ampliar las medidas cautelares «a efecto de que se tome en cuenta el derecho a la salud de Glas, tanto física como mental, así como los protocolos de evaluaciones médicas hospitalarias y los tratamientos médicos adecuados, según se requiera y se establezca con los dictámenes médicos al respecto».

Asimismo, ha pedido que se mejoren las condiciones de detención de Glas, «que deben permitir además del cumplimento de estándares interamericanos que los tratamientos médicos de salud física y mental sean los adecuados».

Por su parte, el Gobierno mexicano ha informado de que ha «tomado nota» de la resolución de la CIDH «mediante la cual da seguimiento y amplía las medidas cautelares que emitió en 2019 a favor de (…) Glas, a fin de proteger su vida e integridad personal».

A través del Ministerio de Exteriores de México, ha recordado que, de conformidad con el Derecho Internacional, le otorgó asilo político el 5 de abril de 2024 y, «esa misma noche», Glas «fue sustraído ilegalmente de la Embajada de México en Quito, donde se encontraba bajo resguardo».

México ha reiterado su llamamiento «a que se protejan la vida, integridad personal y derechos fundamentales de Glas, en tanto se le otorga el salvoconducto que permita al Estado mexicano brindarle la protección internacional que conforme a Derecho Internacional le corresponde».

La Policía de Ecuador ingresó en la Embajada mexicana en Quito, donde se alojaba el exvicepresidente alegando temor por su seguridad. México había confirmado poco antes de la operación policial que le brindaría asilo político. Ecuador acusa a Glas de un supuesto delito de malversación de caudales públicos por los trabajos de reconstrucción de la provincia de Manabí tras el paso de un terremoto que dejó más de 670 muertos en 2016.

Denuncian a Venezuela por terrorismo de Estado

La relatora de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela Gloria De Mees ha denunciado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la existencia de «terrorismo de Estado» «antes, durante y después» de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela.

De Mees ha comparecido este viernes ante la OEA para presentar el informe «Venezuela: Graves violaciones de los derechos humanos», publicado el pasado 7 de enero y que recoge evidencias de que el Gobierno de Venezuela llevó a cabo una estrategia represiva en el contexto electoral.

«El control de las instituciones destinadas a promover y proteger los derechos humanos y la democracia, unido a la corrupción a gran escala para el cobro de rentas legales e ilegales, ha garantizado la impunidad de las fuerzas de seguridad. Estas acciones han comprometido la gobernanza y han afectado significativamente al disfrute de los derechos humanos», ha explicado De Mees.

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El informe acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de «al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes».

Además, asegura que Maduro maniobró para «impedir la participación política de la oposición» e «implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder».

El secretario general de la OEA, Luis Almagro ha pedido a los países miembros solidaridad ante la «crisis» en Venezuela. «Tenemos que mostrar solidaridad ante el ataque de la libertad de expresión, ante la persecución de niños y adolescentes, y las víctimas de tortura», ha planteado.

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Delegaciones como las de Uruguay han denunciado al «dictador» Maduro. Mientras, Perú ha apoyado al candidato presidencial opositor Edmundo González reconocido como «presidente electo».

Esta sesión de la OEA estaba inicialmente prevista para el 15 de enero, pero un error procesal en la entrega de documentación a las delegaciones de cada país obligó a retrasar la sesión. Un total de 14 delegaciones han firmado una declaración conjunta para rechazar la de Nicolás Maduro por «carecer de legitimidad democrática» por falta de «pruebas verificables de integridad electoral».

Tras la presentación, la Plataforma Unitaria Democrática opositora venezolana ha agradecido esta presentación y ha reafirmado su «lucha legítima por el respeto a la soberanía popular de los venezolanos que nos expresamos mediante el voto al elegir pacíficamente un cambio».

Igualmente han agradecido las «firmes posiciones de países aliados de la causa por la libertad y la democracia de nuestro país» en la sesión de la OEA. «La petición de libertad de todos los presos políticos y el respeto a la soberanía popular expresada a través del voto el pasado 28J, donde los venezolanos elegimos a Edmundo González «como presidente de Venezuela».

Venezuela no pertenece formalmente a la OEA desde el 27 de abril de 2019, tras denunciar la supeditación de esta organización a la política de Estados Unidos.

Pacto Histórico presentó un informe a funcionarios de la CIDH, insistiendo en la «ruptura institucional»

Durante la mañana de este miércoles 17 de abril, se realizó un encuentro entre los representantes de la CIDH que se encuentran por estos días en el país y los congresistas de distintas regiones del país, quienes advirtieron principalmente por las recientes actuaciones de la Procuraduría General.

Tras el encuentro que duró un poco más de media hora el representante Toro aseguró: “hemos denunciado la persecución de la Procuraduría y algunas Cortes a personas que pueden ser candidatos a la presidencia (…) la persecución ha sido consecutiva durante los últimos años.

El documento que recibió la CIDH por parte de los parlamentarios habla específicamente de los casos de Daniel Quintero, Carlos Caicedo y Camilo Romero, “se ha utilizado la Procuraduría con fines políticos”, concluyó el representante Toro.

Dentro del informe que publique la CIDH tras su visita a Colombia estará la conclusión de organismo sombre este encuentro.

La CIDH pide elegir pronto a un fiscal y a aconseja a Petro calmarse

La Comisión Interamericana de derechos humanos, CIDH, hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que c finalice el proceso de elección del fiscal general, y decida el nombre de la persona que reemplazará a Francisco Barbosa, quien culminó su periodo este 12 de febrero.

La CIDH considera que la falta de designación de un fiscal podría llevar a debilitar el sistema de justicia colombiano, «La Fiscalía General de la Nación, al tener el monopolio de la acción penal, juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y en la preservación de la democracia y del Estado de derecho en Colombia. La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía», señala la CIDH».

Así mismo, el tribunal internacional pidió al presidente de la república, Gustavo Petro, brindar las garantías que se requieren para el proceso se lleve a cabo con total tranquilidad.

«A través del Poder Ejecutivo, se brindarán todas las garantías y condiciones necesarias para que la Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus funciones, elijan a la persona titular de la Fiscalía General de la Nación bajo los preceptos de imparcialidad e institucionalidad», señaló.

CIDH rechaza inhabilitaciones de opositores en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado este miércoles las recientes inhabilitaciones dictadas por el Tribunal Supremo de Venezuela contra políticos opositores, como la candidata presidencial María Corina Machado, y ha alertado de que estas maniobras «son propias de regímenes autoritarios».

El organismo ha emitido un comunicado en el que advierte de que este tipo de decisiones no hacen más que contribuir a «un ambiente de persecución» que desalienta la participación ciudadana, y alimentan un patrón de detenciones arbitrarias de opositores y sindicalistas y de proyectos legislativos que obstaculizan las asociaciones civiles.

«Al apartar de la contienda electoral a reconocidos dirigentes de la oposición se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que éste ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno», ha apuntado la CIDH.

En este contexto, el organismo interamericano ha recalcado que, «de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado», ningún órgano administrativo tiene capacidad de restringir los derechos políticos a través de sanciones de inhabilitación o destitución, sino que estas sanciones tan solo pueden ser impuestas por la Justicia.

Así, la CIDH ha recordado que cualquier Estado debe «garantizar la participación política en condiciones de igualdad» y, en el caso de Venezuela, ha señalado que «es crucial el levantamiento de inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación ciudadana».

«La CIDH llama a adoptar, con urgencia, medidas para restablecer la separación e independencia del sistema judicial y demás poderes públicos. Sólo así se podrá reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas», ha concluido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Tribunal Supremo de Venezuela ratificó el pasado viernes la inhabilitación durante 15 años de Machado, por lo que no podrá ocupar cargos públicos ni presentarse a las elecciones presidenciales de este año. La opositora acusó al Gobierno de intentar acabar con los acuerdos de Barbados, que planteaban unas elecciones libres.Copiar al portapapeles

CIDH supervisará cumplimiento de sentencias contra el Estado colombiano

Con motivo del 162° Período de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, que se efectuará del 9 al 13 de octubre, el organismo fue invitado por el Estado de Colombia para tres audiencias públicas de Casos Contenciosos y audiencias de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias.

En cuanto a las sentencias se destacan la agresión a la periodista Jineth Bedoya en 2000, la desaparición forzada de Víctor Manuel Isaza Uribe en 1987; o varias masacres como la de Ituango (La Granja y El Aro, en 1996 y 97) y la Vereda La Esperanza en 1996; y el desplazamiento de las Comunidades Afrodescendientes de la Cuenca del Río Cacarica en 1997.

“No es acabando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como progresamos, es fortaleciéndolo, ampliándolo, como lograremos sociedades libres, sociedades alrededor del derecho y la libertad y la justicia, por tanto, sociedades en paz”, dijo el presidente Petro al respecto.

Adicionalmente, la CIDH estudiará los casos de Brasil, Chile y Guatemala. Para las sesiones estarán presentes el presidente de la Corte, juez Ricardo Pérez Manrique; el vicepresidente, Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot (México), y la secretaria general adjunta, Romina Sijniensky (Argentina).

Vale la pena resaltar que la ceremonia de instalación será el lunes 9 de octubre de 2023 a las 10 de la mañana, en el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

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*Foto: petro.presidencia.gov.co

Fiscal solicita medidas cautelares de protección para ante la CIDH

El fiscal General, Francisco Barbosa, radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una solicitud de medidas cautelares a su favor y de su núcleo familiar,con el fin de que se le garanticen los derechos a la vida, honra, integridad personal y dignidad.

Las personas que estarían con estas medidas en el caso de que sean otorgadas son: Francisco Roberto Delgado Barbosa; fiscal general de la nación, Walfa Constanza Téllez Duarte; esposa del Fiscal y Sofía Barbosa Téllez; hija del Fiscal.

En el documento de 150 páginas radicado se incluye  la investigación y los informes de inteligencia militar que advierten sobre un posible atentado por parte del Ejército de Liberación Nacional, y además que esta guerrilla estaría capacitando personal en Venezuela.

.El decreto de medidas cautelares solicitadas es de carácter de extrema urgencia, por la gravedad de las  amenazas y una posible vulneración a los derechos a la vida e integridad personal.

 

Informe de la CIDH es rechazado por Boluarte

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha rechazado las conclusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha establecido que se cometieron «graves violaciones» de los Derechos Humanos durante las protestas contra la presidenta en diciembre de 2022.

Boluarte ha afirmado que en Perú son «respetuosos de las libertades fundamentales incluida la protestas pacifica que está consagrada en nuestra Constitución», reiterando que el Estado valora y se adhiere a los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos.

En dicho informe, ha afirmado durante una rueda de prensa, hay cuestionamientos «que no compartimos pero respetamos». «Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas», ha añadido.

Además, ha destacado que la CIDH reconoció que el Estado «tiene un marco legal que protege el derecho a la protesta y regula el uso excepcional de la fuerza con estándares internacionales».

También ha señalado que las recomendaciones que propone la CIDH –que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para investigar estos hechos y compensar de manera completa a las víctimas– son medidas que ya ha puesto en marcha su Gobierno.

«Se creó una Comisión multisectorial que tiene a su cargo la atención integral de los deudos y heridos que sufrieron heridas de gravedad», ha sentenciado Boluarte.

El informe de la CIDH ha analizado los episodios de violencia y represión policial que se cometieron durante las protestas que tuvieron lugar entre el 7 de diciembre –el mismo día en el que el expresidente Pedro Castillo fue destituido y apresado– y el 23 de enero, especialmente en las ciudades de Ayacucho y Puno.

La represión de las movilizaciones dejó cerca de 60 personas muertas, entre ellas un policía, casi mil heridos y decenas de detenidos.

CIDH condena al Estado Colombiano por exterminio de la UP

La Corte Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH) condenó a Colombia por el exterminio de la Unión Patriótica (UP).

“La CIDH declaró que Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 20 años como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido y sus integrantes”, afirmó Ricardo C. Pérez, presidente de la CIDH.

El organismo de justicia internacional otorgó al Estado colombiano un plazo de dos años para abrir las investigaciones que corresponden a cada caso y determinar quienes son los responsables del exterminio.

¿Qué mecanismos acordaron Gobierno y la CIDH en el marco de la protesta social 2020 y 2021?

Foto: Europapress.

El Gobierno Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron la creación de un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones presentadas por este organismo en un informe sobre los hechos ocurridos durante la protesta social en Colombia, entre los años 2020 y 2021.

Así se decidió este viernes en el marco de una reunión del Presidente Gustavo Petro, en la Casa de Nariño, con la Presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, y el Relator para Colombia de la CIDH, Joel Hernández García.

Al respecto se refirió la Viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Laura Gil, quien en declaración a medios de comunicación indicó que “hemos acordado en esta reunión montar un mecanismo de seguimiento institucionalizado con la CIDH, el Gobierno, con la participación de la sociedad civil para el seguimiento de cada una de estas recomendaciones”.

En el mismo contexto, la Viceministra sostuvo: “La razón por la cual hacemos esto es porque creemos que las recomendaciones que nos dejan los órganos internacionales de derechos humanos tienen el potencial para producir cambios estructurales, que nos permitan garantizar la no repetición”.

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Sobre el particular, la Presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, explicó que en el citado informe la Comisión “reconoce los hechos concretos del estallido, pero las causas estructurales y, sobre todo, este seguimiento de recomendaciones implica abordar la situación, garantizar el derecho a la protesta, el respeto a la interseccionalidad, el rechazo que se tiene que dar a la judicialización de la protesta”.

Cooperación técnica de la CIDH

En tal sentido, Mantilla aseguró que “la Comisión Interamericana ofrece esta cooperación técnica y saludamos mucho poder contar con este mecanismo, que como bien dice la Vicecanciller, además de esta Comisión Interamericana contará con la participación también y el aporte sobre todo de la sociedad civil”.

A su turno, el relator de la CIDH para Colombia, Joel Hernández García, resaltó la cooperación del Presidente Petro con el organismo interamericano.

“Quiero expresarles el enorme beneplácito que nos da haber tenido esta reunión con el Presidente de la República, con la Viceministra. Ha sido una reunión sumamente importante, porque se ha puesto de manifiesto la vocación de cooperación del Presidente Petro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Por último, subrayó que el mecanismo conjunto de seguimiento “va a permitir a la Comisión acompañar los esfuerzos nacionales en poder garantizar el derecho a la protesta social”, y precisó que “ha sido realmente una oportunidad única, pocas veces vista, de un nivel de cooperación tan estrecho”.

CIDH lanza alerta por impunidad en Colombia por casos de violencia policíal

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por la impunidad de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad en Colombia ante las protestas y la detención arbitraria de personas a las que luego no se les concede la libertad provisional.

La CIDH ha presentado un informe de seguimiento a 28 de las 41 medidas que recomendó implantar a las autoridades colombianas tras su visita a Colombia de 2021, durante los graves disturbios en el marco del paro nacional contra el Gobierno del entonces presidente Iván Duque. De éstas, tres tienen un cumplimiento parcial avanzado; 14, un cumplimiento parcial y 11 aún no tienen ningún nivel de cumplimiento.

Así, reconoce avances en la reforma de la Policía y la transformación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), pero destaca que pese a la intención declarada del Gobierno estos cuerpos siguen dependiendo en la práctica del Ministerio de Defensa.

La CIDH expresa además su inquietud por que las investigaciones por abuso policial se mantienen en un considerable escenario de impunidad a pesar de la apertura de numerosos expedientes.

«La gran mayoría de casos abiertos continúan en etapas previas de indagación de los hechos. Asimismo, la CIDH nota que el Estado no ha adoptado medidas para proveer y coordinar programas de reparación integral y oportuna a las víctimas en los términos de las recomendaciones», señala el informe.

Asimismo, expresaron su preocupación por información recibida sobre la «persistencia» de situaciones de violencia durante las manifestaciones posteriores al paro de 2021.

En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, la CIDH advierte de que se puede utilizar para «reprimir actos de protesta y desincentivar la participación ciudadana a través del poder punitivo» por lo que solicitaron prevenir la «aplicación arbitraria» de dicha norma.

La CIDH resalta además el nulo avance en la aprobación de una ley estatutaria que regule y fije los límites frente a la protesta, tal como también lo ordenó la Corte Suprema de Justicia colombiana, y en la recomendación de armamento no letal en el control de manifestaciones.

El organismo panamericano pide además revisar la situación de las personas que fueron «detenidas arbitrariamente» en el marco de las protestas y revisar la posibilidad de que puedan obtener libertad condicional durante sus procesos judiciales.

El texto destaca que han pactado con el  presidente, Gustavo Petro, implantar un mecanismo de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de dichas recomendaciones.

Roy Barreras acude a la CIDH

Por considerar que con la filtración de videos de reuniones privadas de los directivos de la campaña presidencial del Pacto Histórico, el senador Roy Barreras acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se ordene la protección de sus derechos a la honra, dignidad, integridad personal, intimidad y libertad de expresión.

. “Para estos efectos reitero la solicitud de que se inste al Estado adoptar de manera urgente las medidas necesarias para que cesen los actos de espionaje y violación a la intimidad y privacidad de la información que vulnera además mi derecho a la libertad de expresión, teniendo en cuenta que lo que menciono en reuniones privadas lo usan mis contradictores para calumniarme”, explicó Barreras.

En la petición al organismo internacional, el congresista pide porque se inste al Estado colombiano para que investigue y sancione, con la eficiencia requeridas para el caso, a los responsables de los actos de espionaje y violación de comunicaciones cometidas en mi contra.

 

Daniel Quintero pide medida cautelar a la CIDH para volver a su cargo

El alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero Calle,  visitó este lunes 23 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar una medida cautelar que le indique al Estado Colombiano que debe reintegrarlo a sus funciones como máxima autoridad municipal.

Durante su visita a la CIDH, el alcalde sostuvo una reunión con Joel Hernández, relator de la CIDH para Colombia; Tania Renom, secretaria ejecutiva, María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta; y Fernanda Dos Anjos, coordinadora de medidas cautelares.

El alcalde manifestó que hay expectativas “…sobre las decisiones que tome la CIDH, pero ya el día viernes hicieron observaciones al gobierno colombiano porque observan con preocupación lo que viene pasando en el país. En Colombia hay un riesgo gigante de que se rompa la democracia, un gobierno al que se le ha agotado el camino democrático hoy está recurriendo a todas las estrategias inconstitucionales y violatorias del derecho internacional para atornillarse en el poder”.

Allí, recordando las advertencias que ya había hecho ante el mismo organismo internacional el 24 de febrero de este año relacionadas con las amenazas existentes contra sus derechos políticos, el mandatario local reiteró que el Estado Colombiano debe garantizar el equilibrio en sus decisiones en procesos administrativos o judiciales y que en cuemplimiento de la sentencia de la CIDH en el caso Petro, no se puede permitir que una autoridad administrativa intervenga para sancionar a un funcionario elegido por voto popular.

“Hay que entender que no se trata de un alcalde, se trata de la democracia. Mañana llega otro Presidente, nombra un Procurador y saca el 30% o 40% de los alcaldes porque no les cae bien. Si nosotros permitimos eso hoy, dejamos una puerta abierta que nos va a costar un tiempo cerrar“, dijo el alcalde Quintero.

En esta ocasión, el mandatario expuso los hechos que demostrarían lo inconstitucional de la suspensión que se le impuso hace casi dos semanas cuando la procuradora Cabello, ex ministra del gobierno del presidente Iván Duque, lo apartó de su cargo como alcalde de Medellín de forma sesgada y sin un debido proceso. Además, alertó sobre la afectación en los últimos días de los frenos del carro en el que se transporta a su esposa y gestora social de Medellín, Diana Osorio, luego de una revisión técnico mecánica.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitó una medida cautelar contra la suspensión y una posible destitución y otra para la protección de la vida de su familia con la conservación del esquema de seguridad. Adicionalmente, pidió especial atención sobre las elecciones del próximo 29 de mayo en Colombia y entregó a la CIDH información sobre amenazas contra la vida de los candidatos Gustavo Petro y Francia Márquez.

Luego de ser escuchado en la CIDH, el alcalde señaló que también buscarán ser escuchados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH, para que conozca la situación particular y general del caso.

Los detalles de la nueva investigación de la CIDH contra Colombia por ‘falsos positivos’

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha abierto una nueva investigación contra Colombia en el marco de los ‘falsos positivos’ por tardar en emitir una sentencia contra los autores de las ejecuciones extrajudiciales de tres jóvenes en el país.

La CIDH ha informado de una investigación contra Colombia por la violación de los derechos de tres jóvenes: los hermanos Wiflredo Alarcon y Fernando Acevedo, y Darwin Riascos, quienes fueron presentados como «bajas en combate» con disparos a quemarropa, durante los llamados ‘falso positivos’ por parte del Ejército en la región del Yopal.

Así, la comisión ha denunciado que «no se ha declarado sentencia alguna contra los autores materiales o intelectuales» de la ejecución extrajudicial de los tres jóvenes.

«Los cadáveres fueron notificados por los soldados como si hubiesen sido los de tres delincuentes que se dirigían en ese momento a cometer el delito de secuestro contra el propietario de una finca de esa zona. Los militares reportaron y declararon formalmente que los tres sujetos fallecidos les habían disparado primero a ellos, y que entonces habían respondido con sus propios fusiles al ataque», ha señalado CIDH.

La CIDH ha decidido iniciar la investigación porque, después de 17 años de estos hechos, «el proceso iniciado por sus muertes sigue inconcluso y suspendido, sin que se haya juzgado o determinado una justa sanción contra todos los responsables, ni mucho menos indagado sobre los posibles responsables intelectuales del crimen dentro de la cadena de mando militar y civil».

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia cifró en febrero en 6.402 los ‘falsos positivos’ –civiles asesinados por militares para ser presentados como guerrilleros abatidos– ocurridos en el país latinoamericano desde 1988, un recuento que excede en 4.154 los reconocidos por la Fiscalía.

Así se desprende de la investigación interna de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, conocido como Caso 03 y cuyo nombre técnico es ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’.

El junio de 2018, la JEP recibió el expediente de la Fiscalía, donde se contabilizaban 2.248 víctimas de ‘falsos positivos’ entre 1988 y 2014. La investigación del tribunal de paz, que se ha extendido durante dos años, eleva esa cifra hasta los 6.402 y, además, las ejecuciones extrajudiciales habrían ocurrido en un período temporal más corto, entre 2002 y 2008 –los primeros seis años de mandato de Álvaro Uribe–, según los datos recogidos por la prensa colombiana.