Por: Luis Emil Sanabria D.
El pasado jueves, un hecho doloroso que cobró la vida de un joven que, al parecer acababa de hurtar una bicicleta, nos sacudió el alma y despertó en la ciudadanía bogotana, las más profundas pasiones. Y no era para menos, ya que un grupo de vecinos, momentáneamente poseídos por la ira y el desapego por la vida, arremetieron contra la humanidad de una persona, arrastrándole desnudo por las calles, hasta causarle la muerte a golpes y puñaladas. Se convirtieron de la noche a la mañana en asesinos.
No fue justicia lo que se aplicó, fue un linchamiento público, una de las más bajas demostraciones de crueldad del ser humano. Pero más allá de la noticia, qué hay detrás de esta manifestación de violencia feroz, que hace que las personas seguramente sin antecedentes judiciales reaccionen de esta forma frente a un caso de delincuencia común. ¿Qué lógica o qué cúmulo de condiciones se reunieron para que ocurriera este lamentable suceso?
Algunos se han apresurado a manifestar que esta fue la respuesta lógica a la falta de aplicación de justicia por parte del Estado, o a la debilidad de las leyes que en lugar de castigar al delincuente, se le premia o se mantiene en la impunidad; otros y otras, han señalado que lo sucedido se debió a la falta de una política de seguridad eficaz, que debe ser aplicada por la policía, y a renglón seguido, proponen la necesidad de aumentar del pie de fuerza policial, de mejorar su capacidad investigativa y llenar de cámaras la ciudad. Muy pocos hablaron de ir a la solución de las causas estructurales que motivan estas conductas.
Más que señalar a los delincuentes, a los victimarios, a la justicia y a la policía, para obtener audiencia política electoral, deberíamos abrir un debate sincero, sin prejuicios y sin perjuicio, sobre la política de convivencia y seguridad en una ciudad tan grande y cosmopolita como Bogotá. Por supuesto que la ineficacia de los planes de seguridad y las instituciones policiales y judiciales, al perseguir el delito y aplicar justicia, son determinantes; sin embargo, hay que explorar otras causas dentro de los círculos complejos que alimentan las violencias urbanas, la generación de delincuencias y las condiciones que hacen que, un ciudadano/a se convierta en victimario, y que, en el caso de Bogotá nos lleva a tener una de las tasas de asesinatos mas alta, en relación con algunas ciudades de américa latina.
Para el 2022 se reportó en Bogotá, la tasa de homicidios más baja en los últimos años, 12,8 por cada 100 mil habitantes, lo que representó aproximadamente 1010 homicidios; sin embargo, esta tasa sigue siendo alta, en comparación con las tasas de homicidios de ciudades como Quito (6,29 por cada 100.000 hab.) o Buenos Aires (2,86 por cada 100.000 hab.). Disminuir en un futuro próximo, la tasa de homicidios de Bogotá, a niveles cercanos al 7,0 por cada 100.000 habitantes, y a mediano y largo plazo, por lo menos a 3,0 homicidios por cada 100.000 habitantes, debería ser un acuerdo social, político y económico de todas y todos los que habitamos esta ciudad.
Qué deberíamos hacer para lograr estas metas, que no son irracionales, ni propias de una mente enferma, más, si tenemos en cuenta que esta ciudad alimenta y recibe (al igual que otras ciudades), la carga funesta de un conflicto armado y en cuyo territorio inevitablemente se reproducen prácticas violentas políticas y sociales. Una ciudad que, entre otras cosas exporta y hereda, dolores y venganzas, una capital que reproduce la segregación, la estigmatización y el racismo.
Por supuesto, ante la crisis señalada, es necesario una estrategia de choque que tiene que ver primero con el fortalecimiento del pie de fuerza de la policía, no solo en la cantidad que se necesita, con sus apoyos logísticos, tecnológicos y de inteligencia adecuados, si no especialmente en calidad. Necesitamos agentes de policía que reconozcan, respeten, promuevan y vivan los Derechos Humanos, agentes capacitados para impulsar la convivencia, para apoyar la transformación pacífica de los conflictos cotidianos, y en valores como la solidaridad y la honestidad. Necesitamos una institución en cuyo interior se respeten los derechos fundamentales de sus integrantes, que no tolere el acoso laboral o la violencia sexual, que las ordenes no estén mediadas por “favores” sexuales o materiales, que los turnos o los traslados no afecten la convivencia y el amor familiar. Una institución en la que todos y todas sus funcionarias, puedan aspirar a dirigirla, y en la que la ciudadanía confíe.
Otro componente imprescindible de una política de convivencia, seguridad y paz, sería rodear los esfuerzos de Paz Total y diálogos con todos los actores armados, que adelanta el Gobierno Nacional, ya que, en Bogotá estos grupos, no solamente se proveen de pertrechos (botas, uniformes, etc.), armas (fusiles, pistolas, etc.) y municiones, sino que también, enrolan o reclutan combatientes, y hacen presencia militar, política y económica. En el caso del llamado Clan del Golfo, se reconoce que existe desde hace varios años, coordinación con bandas criminales como Los Pascuales, Los Pereiranos, el Tren de Aragua, Los Boyacos, Los Paisas, o Los Sayayines, y cuyas estructuras, no se desmontarán solo haciendo uso de la fuerza o la inteligencia, sino también, apoyando las políticas nacionales de sometimiento a la justicia, a través de diálogos socio-jurídicos. Así, podremos pensar en la disminución real del fenómeno del microtráfico y consumo de sustancias psicoactivas.
Será necesario, un ambicioso programa a mediano y largo plazo, para la superación de la pobreza (36% de la población) y la pobreza extrema (9,5% de la población) que obliga a que aproximadamente 752.000 habitantes de la ciudad, reciban la noche con solo una o dos raciones de comida. Hay que fortalecer el sistema educativo público, mejorando su pertinencia en relación con la vocación económica de la ciudad, las localidades y las exigencias internacionales y nacionales relacionadas con las tecnologías de la informática y las comunicaciones, y el dominio de una segunda lengua universal, como el inglés. Se debe promover un programa solidario y comunitario de microfinanzas, para romper los círculos esclavizadores del gota a gota, e implementar un plan de apoyos reales a las economías cooperativas, populares y solidarias, y a las Pyme y Mini Pyme.
Finalmente, entre otros componentes, será necesario renunciar a las estrategias fallidas que, alimentan la idea del enemigo interno, que propenden por la privatización de la seguridad y la vinculación de civiles a los llamados Frentes de Seguridad, y avanzar hacia una estrategia que combine el fortalecimiento de la Cultura Ciudadana, en relación con los valores, la democracia, los derechos y los deberes, la convivencia y la transformación pacífica de conflictos; la consolidación de los comités de convivencia de las Juntas de Acción Comunal y los Consejos de Administración de Propiedad Horizontal, que sean apoyo fundamental para prevenir la violencia intrafamiliar mediante acciones pedagógicas y comunicativas; y la conformación de comités de Derechos Humanos, solidaridad y cuidados en los entornos escolares y las instituciones para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, la vinculación de jóvenes a las bandas delincuenciales, los atracos, la violencia sexual, la violencia estatal y política, y demás manifestaciones de violencia urbana.
La paz, la convivencia y la seguridad, van de la mano con el goce pleno de los derechos humanos; intentar promover acciones aisladas, o implementar solo programas represivos o persuasivos, reiterando acciones ineficaces que han generado más problemas, sin intentar cambiar las causas estructurales que hacen que la sociedad genere altos niveles de violencia física, verbal o psicológica, es una actitud demencial que no nos llevará a ninguna solución duradera.
