La Corte Suprema de Justicia abrió investigación previa en contra del embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras.
El máximo tribunal de la justicia en Colombia indaga si hay mérito para abrir investigación formal en contra del diplomático y excongresistas por las declaraciones del ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, quien asegura que hizo parte del grupo de políticos que recomendaron personas en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Según el abogado, Gustavo Salazar, Barreras habría ayudado a proteger al contrabandista Diego Marín, alias “Papá Pitufo”.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al representante a la cámara, Miguel Polo Polo, por el delito de hostigamiento agravado.
El congresista por las negritudes irá a juicio por asuntos relacionados con discriminación política. La Corte Suprema de Justicia encontró que Polo Polo «promovió e instigó actos orientados a causar daño a exmiembros del movimiento M-19 y al presidente Gustavo Petro.
Aunque su defensa aún puede apelar la decisión, si esta se mantiene, el caso será remitido a la Sala de Primera Instancia, encargada de determinar si Polo Polo es responsable del delito en contra del jefe de Estado y los exintegrantes de la extinta guerrilla.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, llamó a juicio al nuevo jefe de gabinete del Gobierno Nacional, Armando Benedetti, por su presunta participación en el caso de corrupción en Fonade durante la presidencia de Juan Manuel Santos.
El caso tiene que ver con las presuntas irregularidades en la asignación de contratos en Fonade en el período de Juan Manuel Santos.
Benedetti fue mencionado por el señor, Jorge Iván Henao, quien fue asesor de la gerencia de Fonade, quien advirtió que este habría incidido para que se entregara un contrato de 1.000 millones de pesos a la empresa Certicámara.
En el proceso también estaría involucrada su exasesora, Elsy Pinzón Barrera, quien habría actuado de manera irregular siguiendo las órdenes de Benedetti para la adjudicación del contrato número 2017865, fechado el 1 de agosto de 2017, cuyo valor ascendía a 1.065 millones de pesos colombianos.
El magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro. fue elegido como presidente del máximo tribunal de la justicia en Colombia. Viene de ser vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia durante el período de Gerson Chaverra.
Es abogado de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia, máster en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante (España), y profesor de Derecho Constitucional, Procesal Civil y Romano en varias universidades del país.
Fue presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. Asimismo, ha sido juez promiscuo Municipal, promiscuo de Circuito y Civil del Circuito, magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y magistrado titular de los tribunales superiores de Medellín y Villavicencio.
El representante a la Cámara por la curul de negritudes, Miguel Abraham Polo Polo, fue llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia por el delito de injuria.
El caso tiene que ver con unos señalamientos que hizo al director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, a quien responsabilizó de financiar a la Primera Línea.
“Gustavo Bolívar es el político más despreciable de Colombia por mucho, una persona que carga en su espalda dos suicidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel y luego no les pagó, y por cuenta de eso los jóvenes, endeudados con el banco, se quitaron la vida. Un ser humano como él, que financió la primera línea que quemó a Bogotá en el paro y mató bebés en ambulancias por los bloqueos, degolló jóvenes, violó y asesinó policías, no debería ser ni siquiera candidato a una alcaldía. Y ahora ataca a la oposición y a los medios de comunicación. Le exigimos al ‘narconovelista’ que pare sus agresiones y retire su perversa candidatura”, escribió el representante en su cuenta de X.
Al no llegar a un acuerdo durante la audiencia de conciliación la Fiscalía siguió adelante con el proceso y hoy le llamó a juicio ante la Corte Suprema de Justicia, en donde deberá probar lo dicho en su momento.
La Corte Suprema de Justicia rechazó la condecoración que pretendía otorgar el gobierno del presidente, Gustavo Petro, en la Orden Nacional al Mérito en el grado Cruz de Plata.
La confirmación de la no aceptación del reconocimiento se hizo a través de una carta firmada por el presidente del máximo tribunal de la Justicia en Colombia, magistrado Gerson Chaverra Castro.
El presidente Gustavo Petro ha sostenido fuertes controversias con la justicia en Colombia por cuenta de los procesos que están a la espera de una decisión y que tienen que ver con temas de su campaña presidencial.
La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia de la investigación que cursa en contra de Julián Camilo Forero, asesor del senador, José Vicente Carreño.
El funcionario fue capturado luego de que el ente investigador encontrara serios indicios de un supuesto soborno al subdirector de la Policía, general Nicolás Zapata, a cambio de favorecerlo en un contrato de 120.000 millones de pesos.
Al parecer, de acuerdo a lo establecido en la investigación judicial, el congresista habría influido para que se le concediera una cita a su asesor con el alto oficial. Este reporte deberá ser estudiado por la magistrada Cristina Lombana, quien dentro de sus facultades determinará si la evidencia es suficiente para abrirle una investigación formal a José Vicente Carreño.
El caso tiene que ver con el supuesto ofrecimiento que habría hecho el asesor de Carreño a cambio de que él favoreciera a una unión temporal específica en el proceso de licitación pública que buscaba definir al proveedor que se haría cargo de la póliza grupal de amparo para los integrantes de la propia institución.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió al embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz, por un caso de supuesto narcotráfico.
El entonces representante a la cámara por el partido Alianza Verde, León Fredy Muñoz, fue detenido con 146 gramos de cocaína en el Aeropuerto José María Córdoba de Rionegro, Antioquia. Dos años después, investigadores de la Fiscalía informaron que en la maleta había otra bolsa con otros 200 gramos de cocaína.
En medio de su defensa Muñoz aseguró que no es consumidor de sustancias ilícitas y que la droga fue camuflada en su equipaje parte de un «montaje» de la estructura de los Suárez Mira, que hace política en Bello, Antioquia, con quien sostiene una fuerte disputa política.
Por este hecho, la fiscal delegada Marlenne Orjuela pidió su condena por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Estos congresistas son: Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
De acuerdo con pruebas documentales en manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, estos congresistas miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD.
Dice la Corte que «los aforados habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD, en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar)».
La investigación preliminar permitió evidenciar que, en los últimos dieciocho días del periodo de sesiones del año pasado, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, en la CICP se emitieron trece de los dieciocho conceptos que, en total, el Ministerio de Hacienda presentó a consideración de los miembros de esa comisión durante el 2023.
En esta indagación se encuentra además el senador Julio Elías Chagüi Flórez. En su caso, la Sala consideró que las supuestas irregularidades de las que se lo señala corresponden a situaciones distintas a las que se investigan en este momento.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra de los cexpresidentes de Senado y Cámara de Representantes, Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas respectivamente.
Los congresistas deberán enfrentar cargos por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros, relacionados con el escándalo de corrupción en el supuesto recibimiento de dineros de manos del exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla.
Los congresistas, Name Vásquez y Calle Aguas habrían intervenido en estos procesos contractuales, recibiendo presuntamente pagos en efectivo por parte del entonces subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla Álvarez, según las versiones que se han entregado a la justicia, «por acelerar los trámites de aprobación en Senado y Cámara de algunos proyectos del Gobierno Nacional.
De acuerdo con las versiones entregadas a la justicia, estos dineros se habrían utilizado en las campañas regionales de candidatos de las redes políticos de ambos congresistas.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia cerró la investigación en contra de la excongresista del Partido Conservador, Aída Merlano, quien fue señalada de haber financiado la campaña a la Cámara de Representantes de Mauricio Salazar.
El alto tribunal no encontró las pruebas suficientes que demostraran elementos constitutivos del delito de corrupción al sufragante.
Merlano aseguró que entregó dinero para fines ilícitos a una campaña a la Cámara de Representantes, en este caso, la de Mauricio Salazar, a través de Irma Noreña Arboleda, quien fue candidata en las elecciones de 2022. A su vez, Mauricio Salazar se defendió diciendo que el dinero fue entregado a otros candidatos locales muy diferentes a él y que estos no tenían nada que ver con su campaña.
la Sala decidió emitir un auto inhibitorio, descartando la apertura de un proceso penal.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro; la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, se dieron cita en el Salón de la Constitución del Senado de la República para radicar un proyecto de reforma que busca reducir la impunidad, garantizar una justicia penal más pronta y eficaz que se ajuste a las necesidades de los ciudadanos y asegurar en todo momento los derechos de las víctimas.
El proyecto retoma el espíritu original del sistema penal colombiano, creado en 2004 para potenciar las actuaciones a través de la justicia premial, pero que ha ido sufriendo modificaciones aumentando las restricciones a figuras como los preacuerdos y principios de oportunidad, valiosas alternativas para la terminación anticipada de los procesos.
La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia proponen ajustes como el levantamiento de restricciones a mecanismos procesales implementados por la Ley 906 de 2004, la concesión de beneficios por allanamientos y preacuerdos, y la aplicación del principio de oportunidad de manera eficiente.
El articulado plantea elementos como:
La extinción de la acción penal por la reparación integral a las víctimas.
Aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía desde el momento de la indagación.
La posibilidad de que las personas capturadas en situación de flagrancia puedan recibir beneficios por allanamiento de cargos en similares condiciones que aquellos que no han sido aprehendidos en flagrancia.
Procedimiento de allanamientos y preacuerdos para todos los delitos.
La Corte Suprema de Justicia condenó a Jorge Carlos Barraza Farak, exgobernador de Sucre, a seis años y medio de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo.
De acuerdo con el fallo, el exmandatario local fue hallado responsable de firmar varios contratos irregulares para la dotación de material escolar entre 2010 y 2011, con valores que superaban los $700 millones cada uno.
En la sentencia la Corte Suprema de Justicia negó la posibilidad de prisión domiciliaria, ordenando su captura inmediata para cumplir la sentencia en un centro carcelario.
La Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia ratificó las sentencias emitidas contra exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez por la compra de votos a favor del cambio en la Constitución que permitiera la reelección del entonces primer mandatario.
La sentencia de última instancia cobija a los exministros, Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacios y Alberto Echeverry, quienes ofrecieron prebendas a los excongresistas Teodolindo Avendaño y Yidis Medina.
El escándalo se conoció con el nombre de la ‘Yidispolitica‘ y puso entredicho la aprobación de la reelección presidencial, lo que aumentó la tensión que existía en el momento entre el presidente Álvaro Uribe y las altas cortes.
La Corte Suprema de Justicia eligió como su candidato al cargo de procurador general de la Nación al exsenador vargasllerista, Germán Varón Cotrino.
El ahora candidato a jefe del Ministerio Público fue representante a la cámara y senador por el Partido Cambio Radical. Al igual que el también aspirante a la Procuraduría General de la Nación, Luis Felipe Henao, es cercano al exvicepresidente y exministro del Interior, Germán Vargas Lleras.
Germán Varón fue secretario General de Corabastos; secretario General de la Personería de Bogotá. En el 2002 llegó a la Cámara de Representantes de donde saltó al Senado de la República. Ahora le corresponde al presidente Gustavo Petro elegir a su candidato para completar la terna.
