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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: democracia

«Los jóvenes no creen en los partidos políticos», revela estudio de FESCOL

Un estudio de la Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia (Fescol) que se hizo en varios países de América Latina revela que los jóvenes en esta parte del mundo enfrentan problemas relacionados con la inseguridad, consumo de estupefacientes, acceso a un empleo digno y a educación superior.

La encuesta se hizo con un universo de 20 mil personas en América Latina, incluido Colombia con una muestra de 2000 jóvenes entrevistados, donde muchos de estos respondieron que, aunque creen en la democracia, no confían en los partidos políticos.

 

De acuerdo con la encuesta solo 20,1% manifiestan participar en discusiones políticas, pero a través de las redes sociales o blogs digitales. Un 13,6% aseguran estar en asuntos de voluntariado a de actividades través de organizaciones de la sociedad civil. Un 19,2% asegura que hicieron parte de alguna manifestación o protesta.

De todos los jóvenes encuestados tan solo un 24% estuvieron en procesos de recolección de firmas para apoyar procesos de revocatoria de mandato, consulta popular, presentación de proyectos de ley.

Esta población considera que la pobreza, el desempleo y la falta de acceso a derechos como la salud y la educación, son los problemas que deben enfrentar en mayor medida.

Descargue la encuesta completa:

Encuesta fescol by Confidencial Colombia

Miedo a la democracia

La reciente resistencia del empresariado colombiano a las reformas laborales propuestas por el Gobierno y su abierta celebración del hundimiento de la consulta popular en el Senado ponen en evidencia una interpretación preocupante del papel de los poderes establecidos en una democracia: una visión importada, elitista y ajena al contexto histórico y social del país.

Durante décadas, sectores económicos influyentes han adoptado sin matices la doctrina estadounidense del control contra mayoritario: esa idea, madisoniana en su origen, según la cual los jueces deben poner freno a las mayorías cuando estas amenazan el orden económico o los derechos individuales —entendidos casi exclusivamente como derechos de propiedad. En Estados Unidos, esta doctrina ha sido utilizada para blindar el capital frente al pueblo: contra sindicatos, contra regulaciones ambientales, contra leyes redistributivas.

 

Lo preocupante es que esta lógica, en un país como Colombia, se asume acríticamente por sectores empresariales que ignoran, o desprecian, la jurisprudencia de su propia Corte Constitucional. Esta ha desarrollado una interpretación distinta, más profunda y legítima del contenido de la Constitución: no como un muro de contención ante el cambio, sino como una herramienta para hacer posible una transformación pacífica de una sociedad profundamente desigual.

Desde las sentencia sobre la crisis humanitaria del desplazamiento forzado, hasta fallos que protegen a mujeres, pueblos indígenas, comunidades LGBTIQ+, o recicladores urbanos, la Corte ha puesto el acento no en el privilegio económico, sino en la protección de derechos fundamentales de quienes históricamente han estado al margen del contrato social.

Esa doctrina —acogida por académicos como Rodrigo Uprimny, Mauricio García Villegas y Manuel José Cepeda— sostiene que en Colombia el verdadero riesgo no es la dictadura de las mayorías, sino la persistencia de un orden oligárquico que impide el acceso equitativo a los derechos. En ese contexto, el juez constitucional y, desde luego el legislativo, deben ser actores comprometidos con la transformación y no garantes del statu quo.

Lamentablemente, buena parte del empresariado colombiano parece mirar hacia Washington y no hacia Bogotá, cuando se trata de definir su relación con la justicia y la democracia. En lugar de asumir el reto histórico de liderar una transición justa, prefieren invocar —selectivamente— el respeto al orden constitucional, siempre que ese orden sirva para impedir reformas sociales. De igual forma, los senadores pertenecientes a los partidos tradicionales que defienden los intereses de las élites y que conforman hoy la mayoría en el Congreso, no han tomado nota de que su rol no es conservar privilegios sino garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales, especialmente de quienes han sido históricamente excluidos.

Las democracias no se consolidan desde el miedo al cambio, sino desde la capacidad de dirigirlo. El empresariado tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de salir de esa zona de confort ideológico, vencer el miedo a la democracia y asumir su papel en la transformación que Colombia necesita. Porque si algo ha demostrado la historia reciente, es que sin equidad no hay estabilidad y sin transformación no hay paz duradera.

Clara López Obregón

El dilema de la socialdemocracia en Colombia

La socialdemocracia en Colombia, que ahora se hace llamar el “Centro”, debe resolver el dilema que la ha caracterizado en las últimas décadas. Debe decidir entre seguir profundizando y adaptándose a los preceptos neoliberales, lo que la acercaría aún más a la derecha neoconservadora; rescatar y mantener una línea liberal clásica, como si el mundo no estuviera cambiando; o reconstruirse a partir de una visión más comprometida con las transformaciones sociales. Este dilema político y ético se agrava por dos problemas estructurales que minan su credibilidad: la corrupción y el clientelismo, en un país profundamente afectado por el narcotráfico y la violencia armada.

Desde finales del siglo XX, sectores importantes de la socialdemocracia colombiana se rindieron definitivamente ante los postulados neoliberales, como la flexibilización laboral, la privatización de servicios públicos y la desregulación del mercado. En este proceso, el narcotráfico y la violencia armada se convirtieron en socios estratégicos, lo que les permitió competir electoralmente con fuerzas conservadoras, a un costo tan alto que desdibujó totalmente su papel en la construcción de un Estado de bienestar. La socialdemocracia que se autodenomina “Centro” debe definir con claridad de qué lado quiere estar: del lado de las políticas que contribuyen al empobrecimiento de las grandes mayorías o del lado de la justicia social.

 

La promoción de instituciones sólidas, el fortalecimiento de la democracia participativa, la descentralización y la igualdad de oportunidades son pilares compatibles con un modelo de crecimiento equitativo. Estos no riñen con los principios liberales clásicos de libertades económicas y derechos individuales. Sin embargo, el “Centro” debe manifestar y comprometerse con políticas redistributivas que garanticen la cohesión social y la protección de los más desfavorecidos si realmente quiere aportar a la construcción de un país en paz.

Más allá de la tensión ideológica no resuelta entre neoliberalismo y liberalismo, la socialdemocracia —al igual que la izquierda democrática— enfrenta una realidad corrosiva: la corrupción y el clientelismo, que en muchos casos están estrechamente ligados al narcotráfico y la violencia armada. Durante décadas, grupos ilegales han infiltrado y cooptado la política, financiando campañas y determinando el rumbo de gobiernos y legislaciones. El patrocinio de candidaturas por parte de empresas con intereses en mantener o apoderarse de lo público, los escándalos de corrupción en la contratación estatal y la infiltración de gobiernos locales han debilitado la credibilidad del Estado y sus instituciones.

De otro lado, el conflicto armado ha sido instrumentalizado por sectores políticos para justificar la militarización en detrimento de soluciones estructurales a la desigualdad y la pobreza. El “Centro” ha tenido dificultades para distanciarse de este juego de poder, lo que ha generado escepticismo sobre su capacidad real de transformación. Programas como la reforma agraria, la reforma a la salud, la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC y la reforma laboral han sido saboteados o aplicados de manera parcial debido a la presión de grupos de poder.

Para superar este dilema, el “Centro” debe redefinir su proyecto político, pensando más en las transformaciones que en la captación de votos. En lugar de seguir cediendo ante las recetas neoliberales o diluirse en un liberalismo sin rostro social, debe recuperar su esencia transformadora y conformar, junto con otros sectores declaradamente socialistas, un gran Frente Amplio que impida el regreso de viejas formas de gobierno excluyentes y militaristas.

Es fundamental fortalecer un enfoque integral frente a fenómenos como el narcotráfico, la violencia armada y la minería ilegal, que no se limite al uso de la fuerza, sino que aborde sus causas estructurales. Si la socialdemocracia quiere sobrevivir y recuperar su papel protagónico en la construcción de un país justo y equitativo, deberá asumir con valentía y sin ambigüedades los desafíos del presente social, político y económico. La ciudadanía espera respuestas concretas y un compromiso real con la justicia social y la paz.

Luis Emil Sanabria D.

El petrismo en crisis, la derecha en peleas y el país en la inmunda

Falta más de un año para las elecciones presidenciales, pero los políticos ya desempolvaron sus discursos, sus trinos incendiarios y sus promesas que nadie cree. Mientras Petro intenta sostener un legado que parece resbalarle entre los dedos y la derecha busca revivir con los mismos nombres de siempre, los colombianos seguimos preguntándonos si alguna vez veremos una opción distinta a repetir la misma historia. ¿Habrá un candidato que nos saque del ciclo eterno de decepciones? ¿O solo nos queda comprar crispetas y ver cómo se arma el circo electoral?

Falta más de un año para las elecciones presidenciales de nuestro país, y aunque el panorama político comienza aclararse un poco todavía está lleno de incertidumbres; Colombia atraviesa un momento crucial en su historia marcado por una polarización cada vez más evidente, retos económicos profundos y una necesidad urgente de justicia social.

 

En medio de este escenario, las figuras que surgen como posibles candidatos presidenciales para 2026 se enfrentan no solo a una batalla por la Casa de Nariño sino por definir el rumbo del país para la próxima década, pues por un lado se encuentra un legado diluido del presidente Gustavo Petro, una figura política que ha generado una polarización extrema en la sociedad colombiana cuyas propuestas, que en su momento parecían crear una salida esperanzadora para los colombianos, han encontrado serias dificultades para concretarse en un escenario político y social donde las tensiones entre su gobierno y sectores de la oposición son cada vez más intensas ¿debería continuar la senda del cambio que Petro promete, con todos los riesgos y polarizaciones que conlleva, o es hora de regresar a una propuesta más moderada?

Por otro lado, las propuestas más conservadoras que se resisten a morir como es el caso de German Vargas Lleras, y aunque no ha oficializado su candidatura, sus foros y visitas a lo largo del país muestran sus intenciones de promover no solo  la unidad entre distintos candidatos de oposición para presentar un candidato único que logre vencer al petrismo, sino  también la oportunidad para alinear su discurso conservador y pro-seguridad  desde una plataforma política centrada en la estabilidad y el orden, frente a un electorado que se siente frustrado por la violencia, la inseguridad y las dificultades económicas.

Junto a Vargas Lleras se suman nombres como Vicky Dávila, Miguel Uribe, David Luna, María Fernanda Cabal, los cuales resuenan en el sonajero del ambiente político nacional para liderar la derecha en Colombia en las próximas elecciones presidenciales del 2026, y quienes enfrentan un reto para posicionarse como una opción creíble y representativa frente a otros sectores diferentes a los tradicionalmente conservadores. Según esto pareciera a simple vista que las elecciones presidenciales de 2026 exigen de parte del electorado tanto madurez política en el sentido de superar las barreras polarizantes propuestas por la vieja fórmula Izquierda-Derecha, como una ruptura con el continuismo dipartidista sedimentado en la memoria histórica de la Nación incluso desde sus Mitos Fundacionales más arraigados.

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Sin embargo, debemos preguntarnos si el futuro del país se encuentra ligado actualmente a una oposición directa al proyecto político del gobierno actual, exactamente en un retorno a la política de Derecha que nos ha gobernado ya por varios años, con resultados nefastos tanto económicos como sociales. Finalmente, serán las coaliciones políticas independientes y los votos de opinión generados alrededor de propuestas concretas sobre problemáticas reales que afectan la calidad de vida de los ciudadanos actualmente en el país, las que guíen de una forma u otra a Colombia en su devenir histórico más cercano; así mismo un escenario donde el bipartidismo está lejos de ser una fuerza política legitima, el gran desafío para los candidatos será la construcción de coaliciones enfocadas desde una perspectiva más pluralista, donde se abra la puerta a nuevas alianzas y a la necesidad de contar con un discurso más inclusivo, capaz de abordar los problemas del país desde diversas perspectivas.

Por eso el voto independiente será clave en este 2026, pudiendo ser que aquellos electores que no se sienten representados ni por la izquierda ni por la derecha, pero que buscan propuestas coherentes para los problemas cotidianos de la gente, jueguen un papel determinante en la configuración de la próxima presidencia. Los candidatos que logren atraer a este sector tendrían mejores opciones para llegar a la presidencia.

Cesar Orlando Amaya Moreno

Un riesgo latente para nuestra débil democracia

Por décadas, Colombia ha experimentado prácticas políticas que reflejan los principios del fascismo, desde el falangismo de Laureano Gómez hasta las expresiones más recientes de autoritarismo, militarismo y exclusión social. La amenaza de la ultraderecha en el país, en consonancia con el ascenso en el mundo de corrientes políticas que reviven las peores épocas del nacizmo y el fascismo, ha agudizado una serie de tendencias que tienen como meta poner en jaque el Estado Social de Derecho, la diversidad cultural y la democracia.

Uno de los pilares más sobresalientes del neofascismo que se refuerzan con discursos amplificados desde algunos medios de comunicación, es la consolidación de una casta superior, una pequeña minoría criolla que se arroga el derecho a definir la estructura del poder y relega a las grandes mayorías empobrecidas, a los pueblos étnicos y las diversidades, a una existencia marginal. Esta minoría, que paradójicamente logra atraer a millones de seguidores, insiste desde su práctica y sus discursos en despojar de oportunidades y representación política efectiva a los marginados, para perpetuar la exclusión y la desigualdad, mientras demagógicamente acusan a los demás actores políticos de caotizar el país.

 

Esta visión de superioridad conlleva un segundo fenómeno alarmante, la negación de la diversidad cultural y social. Esta minoría mestiza ha promovido una visión monocultural de la sociedad, intentando homogeneizar las identidades bajo el prisma de un pensamiento único occidental. Esto no solo atenta contra la riqueza pluriétnica del país, sino que fomenta el rompimiento de las resistencias de los pueblos cuidadores del territorio, la desaparición de conocimientos ancestrales, cosmovisiones y formas de organización distintas.

El caudillismo populista, otro rasgo clave del neofascismo, que no vacila en romper los mínimos acuerdos del contrato social, que no tiene ningún reparo ético en aliarse con estructuras armadas paraestatales, con el narcotráfico y la ilegalidad,  se impone como una estrategia política que desmantela los principios democráticos. Odian el diálogo, la concertación, la transformación pacífica de conflictos, la justicia transicional y recurren al militarismo y a la represión como receta mágica. La concentración del poder en un liderazgo autoritario socava la soberanía popular y convierte las instituciones en meros instrumentos de su voluntad.

Desde principios de siglo, la administración estatal ha sido objeto de su estrategia de recentralización autoritaria, erosionando los principios de descentralización consagrados en la Constitución. Los gobiernos locales han sido debilitados y despojados de autonomía, mientras que el poder central acumula funciones que deben estar en manos de la ciudadanía y sus representantes territoriales. De allí su férrea oposición al acto legislativo 03 de 2024, a las reformas políticas que intentan fortalecer el poder soberano del pueblo y a la construcción de paz territorial. Que cunda el caos en lo Territorial, para justificar al Autoritarismo centralista y sus prácticas neofascistas, es su consigna.

Finalmente, el fomento del resentimiento y la división social ha sido utilizado como herramienta política. Medios masivos de comunicación han jugado un papel fundamental en la normalización de la discriminación y en la promoción de un individualismo exacerbado, donde la solidaridad desaparece y el «sálvese quien pueda» se convierte en regla de vida.

En este contexto, el desafío principal es defender la democracia y la diversidad ante las fuerzas que buscan homogenizar, excluir y perpetuar un modelo de sociedad injusto. El autoritarismo solo conduce al empobrecimiento de las mayorías y al estancamiento de las sociedades. Es imperativo que la ciudadanía reconozca estos signos de peligro y actúe en consecuencia, exigiendo paz, democracia a profundidad, inclusión y participación efectiva.

Luis Emil Sanabria D.

Seguimos advertidos

La democracia volvió a ser pateada. Ni la comprobación del robo de las elecciones, ni gran parte del rechazo político internacional, ni las protestas de sus ciudadanos alrededor del mundo, ni sus denunciados rasgos de dictador, ni la sistemática violación de derechos humanos y civiles contra sus opositores sirvieron para frenar la auto juramentación presidencial, por otros seis años del opresor Nicolás Maduro, lo que aumenta con el paso de los días la incertidumbre y la represión contra Venezuela y los venezolanos. Colombia debe seguir en alerta máxima.

La antidemocrática posesión sirvió para ratificar, según los analistas políticos, el autoritarismo sin precedentes por parte del tirano de Caracas, para seguir en el poder por encima de las exigencias de una gran mayoría de sus ciudadanos, quienes en esencia ponen o quitan a sus gobernantes con su sagrado voto en una verdadera, seria y respetada democracia. Infiero que durante los siguientes días, el pícaro con su sequito de alfiles seguirán mofándose de sus contrarios, la exigencia diplomática mundial y su más fuerte rival, la valiente mujer, María Corina Machado y su presidente electo, Edmundo González. Amanecerá y seguiremos viendo.

 

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No cabe duda que los hechos políticos sucedidos en el vecindario afectan directa e indirectamente a Colombia y los colombianos. Por un lado, analistas proyectan que la frontera entre las dos naciones volverá a ser escenario masivo de la entrada de miles sino de millones de venezolanos habidos de necesidades básicas como: empleo, vivienda, salud, comida y calidad de vida. Exigencia suplidas, seguramente por el Estado colombiano, es decir, con nuestros impuestos. Por el otro lado, se respira un ambiente tóxico entre gran parte del país por cómo el gobierno dictatorial puede influir para que el proyecto político del presidente, Gustavo Petro, siga el ejemplo buscando su reelección con una “triquiñuela” Constitucional. Debemos estar pilas!

Yo me temo lo peor en este último sentido porque el primer mandatario colombiano desde su campaña presidencial lanzó sendos mensajes a la prensa aclarando que, palabras más palabras menos, su programa de gobierno merecía por lo menos de cuatro mandatos presidenciales, es decir, unos 20 años, sin tener presente sus aires de atornillarse eternamente -como su camarada Maduro-, perfilando a uno de sus más cercanos familiares o en últimas poniendo a disposición del pueblo a la más arraigada o arraigado a su doctrina política. Este espinoso tema se matiza en los mensajes de Petro invitando tácitamente a un “movimiento constituyente popular, referendo u otro escenario revolucionario”, sentencia Fernando Carillo Flores en su reciente libro: Sin miedo.

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Precisamente esa sintomatología revolucionaria a la brava nos exige desde la categoría de ciudadanos ser observadores rigurosos de los mensajes y acciones de este y cualquier gobierno de turno con la mínima intención de cambiar las reglas constitucionales para llegar a la Casa de Nariño, lo que significaría empezar, como estamos observando en el vecino país, un largo y espinoso camino a ser encasillados en la barbarie del tal progresismo, izquierdismo, comunismo, socialismo o populismo enmascarado en entregar a diestra y siniestra grandes beneficios sociales y económicos para los más débiles de nuestra sociedad criolla. Mentira! Los colombianos somos testigos directos de los resultados gobiernistas de los dictadores.
Resumiendo, en nuestras conciencias electorales esta convertirnos en el régimen autoritario número 94, -según The Economist hoy hay 93 contra 73 democráticos en todo el mundo-, si es que hacemos caso omiso a las atrocidades humanitarias y de irrespeto contra los derechos fundamentales de los pueblos de Venezuela, Nicaragua y Cuba por citar los modelos “progres” más recientes en la región y, además, si seguimos comiendo cuento que la Democracia es un gusto particular de las altas esferas sociales y capitalistas. En esencia, el debilitamiento de las democracias en América Latina se debe a: “la mala política, los malos políticos y las malas política públicas originadas por los dos primeros”, describe Carrillo Flores en su libro. Verdades totales!

La clase política, en el caso colombiano, viniendo de cualquier extremo, partido o movimiento demuestra históricamente que sus decisiones están cercanas a sus intereses clientelistas, burocráticos, corruptos y populistas en aras de mantenerse en el poder de generación en generación, sin acaudalar planes y acciones concretas para sanear las necesidades sociales y económicas de sus electores y en general de los más de 50 millones de colombianos. Esto último debe ser el punto de partida para aquellos interesados en ser los próximos candidatos a senadores o presidentes, en el sentido de escuchar las exigencias de jóvenes, trabajadores de todos los sectores, empresarios, académicos, generadores de opinión, medios de comunicación para consolidar una verdadera democracia participativa.

Ni hombres de pueblo, ni salvadores de las clases obreras, ni caudillos, ni dictadores. “Sabemos que nadie se adueña del poder con la intención de cederlo”, dice, George Orwel.

Estamos advertidos…

Edgar Martínez Méndez

¿Democracia restringida? Mito o realidad

Mucho se habla de nuestro ideal sistema democrático y de su tradición en América Latina, pero poco se habla de lo injusto que este puede llegar a ser, y de cómo esta misma democracia, tantas veces aplaudida, posibilita que algunos sectores políticos impongan la dictadura de la exclusión o del sometimiento.

La afirmación de que el sistema electoral en Colombia para elegir congresistas, diputados/as, concejalas/es o integrantes de las Juntas Administradoras Locales, que utiliza mecanismos como la cifra repartidora y el umbral electoral, es restringido y antidemocrático, se basa en varios argumentos relacionados con la representación política y la exclusión de diversas fuerzas políticas minoritarias o que representan nuevas tendencias ideológicas en el proceso democrático.

 

Hace apenas unos días, en una reunión destacada tanto por la calidad de sus participantes como por la representatividad cuantitativa de estos, en la que intervinieron delegados y delegadas de partidos políticos pequeños pero profundamente comprometidos con ideales de cambio, justicia social, equidad y paz, quienes se identifican como Unitarios, surgió la discusión sobre la necesidad de una reforma política. Esta reforma debería mejorar la representación política y fortalecer la democracia directa.

Afloraron en el debate cuestionamientos sobre la llamada Cifra Repartidora. Desde su implementación en Colombia, este método de asignación de escaños ha favorecido a los partidos más grandes y establecidos, ya que tiende a distribuir las curules de manera que beneficia a las listas con mayor votación inicial. Así, la adopción de la Cifra Repartidora limita la representación de partidos más pequeños o emergentes, imponiendo dificultades para obtener una representación proporcional a su apoyo electoral.

Esto conduce a que muchas agrupaciones necesiten renunciar a los ideales que les dieron origen y someterse a las condiciones de agrupaciones más grandes, con quienes no siempre comparten la totalidad de los ejes programáticos. Se construyen lo que podemos llamar “falsos partidos”, cuya vocación fundamental es conseguir votos suficientes, aún a costa de renunciar a los intereses de sus afiliados.

En las elecciones legislativas de 2022, partidos como el Liberal obtuvieron un número de escaños significativamente alto en comparación con su porcentaje de votos debido a la cifra repartidora. Un análisis realizado por La Silla Vacía destacó que «la fórmula de la cifra repartidora tiende a concentrar los escaños en manos de partidos que ya tienen una base sólida de votantes, lo que dificulta el crecimiento de nuevas agrupaciones políticas

De otro lado, existe el llamado Umbral Electoral, que es un porcentaje mínimo de votos que un partido debe obtener para poder acceder a la asignación de escaños. Es bien sabido que en nuestro país, este umbral puede excluir a partidos pequeños y minoritarios de la representación legislativa, lo que puede limitar la diversidad política en el Congreso y reducir la capacidad de nuevas voces y movimientos para participar en el proceso legislativo. Partidos o agrupaciones política regionales, ambientalistas, animalistas, feministas, etc., ven limitadas sus opciones de tener una voz en el Congreso de la República.

En las elecciones legislativas de 2018, varios partidos pequeños, como el partido ASI (Alianza Social Independiente), no lograron superar el umbral del 3%, quedando fuera de la representación legislativa a pesar de tener un apoyo significativo en algunas regiones del país, lo que les obligó en las elecciones de 2022, entre otras consideraciones, a hacer parte de la Coalición Centro-Esperanza.

El uso de la cifra repartidora y el umbral ha llevado a una representación desproporcionada en el Congreso, donde el número de escaños no refleja con precisión la diversidad de opiniones y preferencias de los votantes. Esto a su vez, ha llevado a una percepción de que el sistema favorece a las élites políticas y limita la capacidad de cambio a través de las urnas. De allí la necesidad de que se estudie la posibilidad de abordar un reforma política que además reconozca la capacidad de las organizaciones sociales, comunitarias, étnicas y comunales de opinar políticamente y legislar en relación con sus intereses.

Al favorecer a los partidos más grandes, el sistema contribuye a la concentración del poder político, reduciendo la interlocución con el poder ejecutivo y el poder judicial, solo a los partidos mayoritarios, generando  vicios de manipulación, corrupción, imposición de mayorías, compra de votos conocida como ‘mermelada’ y otros vicios que corrompen la democracia. Estas falencias del sistema electoral trae como resultado un sistema político menos inclusivo y menos receptivo a las demandas de la ciudadanía, y unos partidos alejados de las sociedad y sus expresiones organizadas y no organizadas, ligados más a la acción y la componenda parlamentaria,

Cuando los votantes perciben que sus opciones políticas tienen pocas posibilidades de obtener representación debido a las barreras estructurales como el umbral, esto puede desincentivar la participación electoral y contribuir a la apatía política. Un estudio de la Universidad de los Andes reveló que «la percepción de que el voto por partidos pequeños es un ‘voto perdido’ desmotiva la participación ciudadana, especialmente entre los jóvenes y las poblaciones marginadas». Expresiones manipuladoras de la autonomía del electorado como el llamado al ‘voto útil’, limita que nuevas expresiones políticas puedan acceder a los espacios en donde se debaten las leyes y la normas.

Es necesario pensar en un mecanismo que combine la democracia directa, el poder del ciudadano constituyente y las Asambleas Populares, con la representación popular y política en los diferentes escenarios de deliberación, como el Senado, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos y las Juntas Administradoras Locales. Hay que buscar una fórmula que concilie el poder directo del constituyente primario con la enajenación del poder que se realiza cada cuatro años.

La necesidad de una reforma electoral que aborde estas preocupaciones es un tema recurrente en los debates políticos, con propuestas para disminuir el umbral y revisar el uso de la cifra repartidora para mejorar la representatividad y equidad del sistema electoral colombiano, de esta forma, también se haría más atractiva la ruta democrática, para aquellas personas que deciden abandonar la lucha insurgente y construir paz.

Luis Emil Sanabria D.

Demagogia anticorrupción

No voté por Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2018 y 2022. Voté en blanco. No voté por él por muchas razones, incluido que en 2010, luego de ser el candidato del Polo derrotado por Santos –el hombre de Uribe en esa elección–, Petro nos exigió que respaldáramos a Santos. Y como le rechazamos su desproporción, rompió con el Polo y, a punta de mentiras, se dedicó a hacerle daño.

Luego de dos años en la presidencia, he concluido que el gobierno de Petro resultó peor de lo que pensé, empezando porque ratificó el modelo económico neoliberal que está arruinando, entre muchos otros, a las fábricas de acero y a los ganaderos de la leche.

 

Por razones de espacio me centraré en la corrupción nacional, que no empezó hace dos años y no es de “manzanas podridas” sino un sistema nacional montado entre políticos, funcionarios públicos y negociantes privados. Tan maquiavélico que permite gobernar contra los colombianos y ganar y ganar elecciones, porque con la plata que se roban pagan los votos necesarios para vencer. ¿Y qué ha hecho Petro contra ese sistema de corrupción? Nada.

Sobre cómo financió Petro la campaña electoral, su hijo, Nicolás, explicó que Euclides Torres fue el gran financista en el Caribe y que “Laura Saravia se encargaba de ubicar a gente en cargos importantes, en sectores en los que Euclides tiene algún tipo de interés”. Y le ha ido muy bien. Porque en negocios de energías alternativas logró contratos por $180 mil millones y con la salud del magisterio –de la que los maestros carecen– coronó otro por $75 mil millones. ¿Cuántos más le dará el gobierno en los próximos años?

En su programa de gobierno, Petro prometió: “Lucha frontal contra la corrupción”, “reformar la justicia y los organismos de control”, “elección del Fiscal con total independencia del gobierno” y “reformar la Procuraduría y la Contraloría”. Y ahora, más cuentachistes. Porque no ha promovido ninguno de dichos cambios, sino que se ha dedicado a controlar esos organismos. Hasta la medianoche del 6 de agosto de 2022, estuvo Petro en persona cuadrando el acuerdo para el nuevo contralor, acuerdo que coronó con el Pacto Histórico y todos los partidos tradicionales.

Por la corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgos y las acusaciones de Olmedo López, la Fiscalía le abrió investigación al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quien Petro ha debido sacar del puesto. Y la “Fiscalía pone a la par a Olmedo López y a César Manrique en el caso Ungrd” (El Espectador, Agt.07.24), pero Petro tampoco le pide la renuncia a Manrique, aunque hay un agravante.

Porque en la alcaldía de Petro en Bogotá, a Manrique le estalló un escándalo de corrupción por la compra de cien motos eléctricas con sobreprecios, caso por el que la Fiscalía hoy le pide condena a la Corte Suprema de Justicia (Semana, Jun.12.24). Y Petro, como los peores políticos tradicionales colombianos, no reemplaza a Manrique porque, dice, no ha sido condenado.

País en el que se imponga que los funcionarios embadurnados con corrupción no pueden ser sacados de sus cargos por razones políticas, esperando que la Justicia falle, se pudrirá inexorablemente.

Cada día se confirma más que “el cambio” cierto en este gobierno es el de los petristas que han pasado a “vivir sabroso”.

Jorge Enrique Robledo

La democracia en los siglos XX y XXI y sus conflictos

Detrás de cada conflicto, siempre hay una causa. Una pretensión de justicia, de un mundo mejor. Un ideal consustancial que tiene la función de dar sentido y, en últimas, legitimidad. El fin, que justifica –o no- los medios, creyendo tendenciosamente que es posible separar estos de aquellos.

Causas las hay unas más nobles y loables que otras, algunas más bien instrumentales y oportunistas, ventajistas. Pero cuando una idea toma forma, cuando hace séquito y comienza a ser parte de la agenda pública de una sociedad, merece ser tramitada.

 

La democracia del siglo XX se consolidó alrededor de la representación política, bien con mecanismos institucionales a través de corporaciones públicas con mecanismos de elección popular, o bien mediante dispositivos de participación civil, “alternativas” frente a sistemas políticos que operan con lógicas selectivas de participación, sistemas excluyentes. Precisamente estas democracias cerradas fueron el caldo de cultivo que justificó y validó la vía armada y, por ahí derecho, la insurrección frente al Estado-Nación.

El asunto espinoso es que estas causas siempre reclaman la construcción narrativa de un sujeto desvalido a nombre del cual se reclama. Grupos organizados, alzados en armas, se reclaman como representantes legítimos “del pueblo”, de los “sin voz”, de la “voluntad popular” o incluso de “la sociedad civil”. Los esgrimen, instrumentalmente, para dotar de validez sus medios.

Pero la democracia que madura, llega al siglo XXI con la pregunta de ¿quién habla a nombre de los marginalizados? ¿y por qué?

La crisis de la representación política no solo encubre a las instituciones públicas y a los cargos de elección popular. Llega también a las organizaciones y movimientos sociales, y con especial contundencia a los grupos alzados en armas. La ciudadanía, actor cada vez más activo en la apertura democrática, no permite que se le utilice. Nos muestra lo difícil que es ahora mismo tomar la voz por los otros, y reclama una participación directa.

Siempre hay algo de grosero en comparar guerras, que debe ser compensado con la bondad que hay al comparar experiencias de construcción de paz. Tal sea el faro que guie el camino de estas líneas.

Santiago Sánchez Jiménez

Sociólogo-Antropólogo

Colombia transita hacia la democracia

El 1 de mayo se convirtió en una jornada donde Colombia reflejó su esencia más vibrante y diversa. Cientos de miles salieron a las calles en una manifestación multitudinaria que reafirma la vitalidad de una nación deseosa de cambios sustanciales. Este día, marcado por la paz y la festividad, ha mostrado una cara de Colombia que, a pesar de la densa cortina de desinformación, reconoce la urgencia de no permanecer estática.Se diferencia enormemente con otras manifestaciones promovidas por sectores conservadores y de derecha, donde ha predominado un tono más violento. Mientras las calles se llenaron el 1 de Mayo de reivindicaciones por los derechos fundamentales como la salud, la educación y las pensiones. Mientras tanto el discurso de la oposición al gobierno nacional parece teñido por intereses que buscan más preservar el statu quo y sembrar temor ante cualquier propuesta de reforma. Esta bifurcación en el espíritu público revela la profunda división sobre cómo debe avanzar el país.

Esta coyuntura coyuntura de marchas y divergencias que se expresan en las calles refleja también la posibilidad de construir una democracia que no le teme al conflicto, sino que lo abraza a través de la discusión pública. No se trata de tener una sociedad homogénea con pensamiento único, el pluralismo y la diversidad son fundamentales para consolidar una democracia madura y moderna
.
Este es un momento de transición crucial para el país, un periodo donde cada acción hacia el futuro está cargado de significado político y social. El papel de los medios de comunicación en este proceso es fundamental. Su responsabilidad radica en la promoción de una cultura del diálogo y la información veraz e imparcial. Si los medios caen en la tentación de tomar partido o renuncian al equilibrio la ciudadanía verá limitada su capacidad de comprender la diversidad de visiones que existen en este momento.

 

Las marchas recientes, por tanto, son el reflejo de una lucha más amplia en Colombia. Son el reflejo de una nación que, a pesar de las tensiones y diferencias, muestra un creciente interés con el debate público y la acción colectiva como medios para resolver sus conflictos y conquistar derechos. En este contexto de pluralismo democrático, el desafío será convertir estas expresiones de divergencia en pilares para una construcción común, asegurando que todos los sectores de la sociedad puedan tener voz y voto en la definición del futuro. A medida que Colombia camina por este sendero de debate, la esperanza reside en que la comprensión mutua y la tolerancia guíen al país hacia un futuro donde las diferencias no solo se toleren, sino que se celebren como fuentes de fuerza y renovación. El mayor cambio es construir un país verdaderamente democrático.

Juan Carlos Upegui

El juego de la democracia y la gobernabilidad

Muy lamentable que, en algunas ciudades y municipios, las plenarias de los recién posesionados concejos municipales, inicien sus laborales para los próximos cuatro años violando la Ley y la Constitución Política, y luego sin el más mínimo asomo de vergüenza, de arrepentimiento, o de querer rectificar su actuación, echan mano de todo tipo de leguleyadas, justificaciones o mentiras para mantener sus decisiones, sin importar el grave daño que le causan a la democracia y a la convivencia. En otros casos son algunos mandatarios departamentales y municipales, los que proponen sacar adelante programas, que demostraron no solo su ineficacia frente a la paz y la seguridad, sino que sirvieron de germen a capítulos oscuros de la vida nacional y regional ligadas al paramilitarismo y el narcotráfico, que hoy lamentablemente no hemos podido superar.

No se trata solo de un problema legal o jurídico o de unas palabras lanzadas al viento y que pueden catalogarse como simples expresiones populistas, el problema es más profundo y preocupante. Los concejos con sus “jugaditas” buscan excluir a la oposición política de decisiones trascendentales para la vida de las comunidades y para la gobernabilidad local, pues en los próximos meses se tiene que organizar la elección de la persona que dirigirá las personería en cada municipio o distrito, y esta transcendental responsabilidad recae en la mesa directiva de cada concejo, y por supuesto quienes no creen en la importancia de la democracia, los pesos y contrapesos que a ella alimentan, han excluido a la oposición, demostrando con estas acciones no solamente un profundo desprecio por la labor de dicha entidad encargada de velar por los derechos  humanos, por la transparencia de la administración municipal, los intereses propios de la comunidad y en general por salvaguardar el Estado Social de Derecho, sino también por la inclusión política como eje fundamental de la vida democrática.

 

Los concejos municipales y distritales, entre otras funciones importantes, tiene la responsabilidad al inicio de cada período cuatrienal de gobierno, de gestionar en los próximos cuatro meses el Plan de Desarrollo Municipal o Distrital, y en esa función la junta directiva tiene responsabilidades determinantes a la hora de controlar que los programas de gobierno se reflejen en dicho plan y que el presupuesto presentado para su ejecución, corresponda a las expectativas y a las propuestas que la comunidad exprese a través de los mecanismos de participación ciudadana dispuestos. No es solo en este caso, que las mayorías en el concejo se impusieron de forma totalitaria y excluyente, sino también, que sus actuaciones contrarias a la democracia y a la Ley, tiene repercusiones profundas para la vida social, política y económica. No es posible, que mientras la sociedad clama por la convivencia, el respeto a la ley, la seguridad, la paz y los derechos humanos, sus representantes, en una manifestación por lo menos irresponsable, envíen un mensaje de “todo vale”, todo se puede hacer en este país, inclusive violar la Ley y la Constitución.

No señoras y señores concejales que se juntaron, consciente o inconscientemente para violar la norma y la democracia, ese no es el camino que Colombia viene construyendo y que hará posible que el país se convierta en una sociedad moderna, alejada de la barbarie, de la violencia política, de la corrupción y el clientelismo. Este tipo de actitudes que evidencian un profundo desconocimiento de los valores que deben guiar un liderazgo político moderno y democrático, comprometido con el desarrollo, no solo demuestran la falta de valores éticos y ciudadanos que en general afectan a toda Colombia, sino la reproducción de comportamientos corruptos, que buscan beneficiar intereses privados.

Las y los concejales, deben realizar un esfuerzo mayor para enmendar las situaciones generadas a partir de los errores o las jugaditas señaladas, y avanzar, pensando siempre en el bien común, independientemente de los ideales políticos que los guíen. Las reglas de la democracia se hacen para que se pueda deliberar, controlar y construir, en un ambiente de respeto. Los partidos y coaliciones de gobierno tienen una gran responsabilidad, pues no solamente les corresponde cogobernar, sino también controlar a la administración y garantizar los derechos de la oposición; a los partidos o coaliciones de oposición, además de señalar y oponerse a todo lo que consideren lesiona los intereses de sus representados, les corresponde también controlar la ejecución administrativa, informar a la ciudadanía y velar por el porvenir y el desarrollo de la sociedad en su municipio o distrito.

De otro lado, a falta de creatividad que evidencia una añoranza a viejas formas de gobernar, recurriendo a rancias y fallidas recetas que condujeron al país por el despeñadero de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado y el surgimiento y fortalecimiento del fenómeno paramilitar que tanto dolor y daño ha causado, algunos gobernantes locales pretenden revivir estrategias guerreristas e ilegales, utilizando como pretexto y argumentación, falsos relatos que aprovechan la necesidad urgente y evidente, que tiene el país, de lograr mejores niveles de seguridad que garanticen la vida y la libertad de toda la sociedad. Señoras y señores gobernantes locales, la defensa de la vida requiere de nuevas estrategias que promuevan la democratización de la seguridad y pongan al centro el valor de la vida y la dignidad.

Los y las invito a explorar nuevas alternativas más audaces, pero apegadas a la Ley y al clamor popular de lograr la paz y la reconciliación. Es necesario construir y fortalecer estrategias que recuperen la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado y en la gobernabilidad local. Las tecnologías de la informática y las telecomunicaciones desarrolladas para fortalecer la participación ciudadana, ligadas a estrategias pedagógicas y comunicativas sobre cultura ciudadana, en donde los deberes y los valores ciudadanos, los derechos fundamentales, la reconciliación, el perdón, el reconocimiento y la inclusión sirvan de base fundamental para estructurar redes comunitarias que propendan por la vida en comunidad y la paz, integradas a programas sociales de superación del hambre y la pobreza, de acceso y permanencia en el sistema educativo, de salud mental y física, de vivienda y desarrollo rural,  entre otras consideraciones, pueden hacer posible que la gobernanza se acerque de otra forma a la vida cotidiana, que se le cierren los espacios a los grupos delincuenciales en ciudades y campos y que las confianzas entre la ciudadanía y de esta con el Estado, haga florecer a mediano y largo plazo, nuevas relaciones y redes de vida, que fortalezcan la seguridad y la convivencia.

De la comunidad organizada y no organizada, de la participación efectiva de la ciudadanía en la elaboración y seguimiento de los Planes de Desarrollo que deben incluír un capítulo específico en materia de paz, convivencia y seguridad, de la destinación real y efectiva de recursos económicos que garanticen que los programas y proyectos se ejecuten, dependerá en gran medida, que se logre un mejor vivir para todas y cada una de las personas, en cada rincón del país, en cada ciudad, centro poblado y corregimiento. La seguridad, la convivencia y la Paz territorial es también y fundamentalmente, responsabilidad de los gobiernos locales.

Luis Emil Sanabria D.

Todo cambia, para que la democracia siga en crisis

Por: juan camilo clavijo martín

Javier Milei dio un vuelco a la política de Argentina al convertirse este domingo en presidente electo del país con sus ideas libertarias y radicales.

 

El libertario antisistema Milei derrotó en las elecciones de este domingo a Sergio Massa, actual ministro de Economía, que reconoció la derrota antes incluso de que se conocieran los resultados oficiales. (BBC, noviembre 20, 2023)

Ya con el pasar de los días y con las emociones un poco más amainadas por el triunfo de Javier Milei el pasado 19 de noviembre en Argentina, es necesario analizar esta victoria en el contexto de extremismos de izquierda y derecha, tan de moda estos días en el mundo.  

Según IDEA International, se han producido deterioros en los cimientos mismos de la democracia, lo que revela debilidades en la credibilidad de los procesos electorales, en la capacidad de las legislaturas para actuar como controles de la extralimitación del ejecutivo y en el acceso igualitario de las personas a las instituciones de justicia. Esta debilidad institucional se ve agravada por la continua disminución de los derechos democráticos fundamentales, incluida la libertad de expresión, la libertad de asociación y reunión y la libertad de prensa. Ese deterioro ha afectado a todas las regiones del mundo y a una amplia gama de países con distintos niveles de desempeño democrático.

Con esto, se podría inferir que esta erosión de la democracia se da por el auge de los extremismos en el poder como Erdogan (Turquía), Orban (Hungría), Morawiecki (Polonia), Maduro (Venezuela), Ortega (Nicaragua), por el potencial regreso de Trump como presidente (EE. UU.), por el paso por las presidencias de Bolsonaro (Brasil) o Duterte (Filipinas), por los crecientes adeptos a partidos como Vox (España) y de Marine Le Pen (Francia), y por la creciente influencia china en el planeta, que van minando los derechos e instituciones.

Sin embargo, la creciente ola de estos movimientos también se puede explicar por el estado de ineficacia al que ha llegado a la democracia. Se ha convertido en un modelo incapaz de responder a retos como la desigualdad, la corrupción, el desempleo, la pobreza, la falta de educación, de salud, de vivienda, la perdida diaria de nuestra capacidad adquisitiva, o la crisis climática, y por el contrario ha entronado a las grandes corporaciones, los grandes capitales, y los políticos.

Como consecuencia, es un sistema que ha desilusionado a grandes masas, y son estas, quienes eligen los extremismos, creando un ciclo perverso de desilusión democrática – extremismo o extremismo – desilusión democrática. Podemos entender que el uno se alimenta del otro.

El fenómeno Milei, no es ajeno a este diagnóstico. La tasa de inflación de Argentina alcanzó el 138% anual en septiembre y sigue aumentando, con precios subiendo por encima del 12% en los dos meses más recientes. J.P. Morgan ha estimado que la inflación finalizará 2023 en un 210%, mientras que una encuesta de analistas del banco central pronostica un 180%. El 40% de los argentinos vive hoy en la pobreza, en comparación con alrededor del 25% al ​​comienzo de la crisis.  El león se presenta como una solución a este caos.

En medio esta discusión (ciclo: desilusión democrática – extremismo o extremismo – desilusión democrática), donde tomamos posiciones extremas solamente para rechazar un candidato, donde los argumentos quedaron fuera del debate, el voto se reduce a decisiones viscerales y a elegir al/la menos peor, con la elección de Milei, me encontré con una felicidad desbordada, confundiendo posición ideológica y revanchismo contra la izquierda, con el deseo de salvadores y caudillos. Del otro lado, había arengas que descalifican cualquier otra opción que no sea la de izquierda, y un desconocimiento absoluto de otras formas de gobierno, que pueden ser validas, e incluso eficaces (Leer: https://confidencialnoticias.com/opinion/la-izquierda-no-existe/2022/11/19/ ).

Para aquellos que comprometen sus palabras, discusiones, debates y energía, es mejor mirarse en un espejo y encontrar que aquellos a los que tanto critican son iguales a él/ella. Para la muestra, sienten en un salón a los seguidores de Gustavo Petro y los seguidores de Álvaro Uribe Vélez (Colombia). Comenzarán defendiendo los logros de sus respectivos gobiernos, para terminar, destilando rabia (¿o frustración?) y escupiendo acusaciones vacías los unos a los otros.

Lo anterior es el paso previo para elegir un extremismo (ciclo: desilusión democrática – extremismo o extremismo – desilusión democrática), y perfecto para seguir ahondando la crisis democrática analizada por IDEA International. Entonces es mejor pensar, reflexionar y analizar, antes de aumentar el tono de voz (ver quien grita más), y pasar a argumentos moderados, con fundamento, y siempre tratando de mirar la foto en perspectiva. Esto puede ser una forma para comenzar a salvar la democracia (o lo que es salvable de ella).

Para los que celebraban la victoria de Milei, y para quienes la frustración y la insensatez por la derrota, se ha convertido en desayuno, les comento que es probable que Milei no vaya a cumplir ni la mitad de sus propuestas:

  • Es imposible que vaya a cortar relaciones con el socio económico mas importante de Argentina, que es China, solo por su ambición de solo tener diplomacia con el mundo libre;
  • No sé qué tan factible sea acabar con el banco central en una economía tan grande y con tantos problemas macroeconómicos, como la argentina (los países sin banco central son en su mayoría, territorios pequeños e islas con muy baja población, con la excepción de Panamá. Los otros países son: Kiribati, Tuvalu, Micronesia, Andorra, Islas Marshall, Isla de Man, Mónaco, Nauru y Palaos);
  • No sé qué tan positiva sea la reacción de los ciudadanos cuando comiencen a cortar todos los subsidios, (por ejemplo, una familia de ingresos medios que viaja todos los días del conurbano bonaerense a la Ciudad de Buenos Aires a trabajar y paga al día sus recibos de luz, agua y gas, destina en promedio $22.000 pesos al mes, según los cuadros tarifarios vigentes en octubre de 2023. Al considerar que los dos adultos en edad activa suman un ingreso de poco más de $277.000 pesos (dos sueldos medios de $138.595 pesos al segundo trimestre según el INDEC), se destina un 7,9% al pago de servicios y transporte. Todos esos gastos tienen subsidios del Estado Nacional. Si se aplicara un plan de recortes tan extremo como propone Javier Milei, el monto promedio de gastos aumentaría a alrededor de $140.000 pesos y se llevaría el 50,5% del ingreso del hogar. Letra P, Eugenia Mazio, octubre 23 de 2023); y
  • No tiene mayorías en el congreso, entre otros.

Sobre las mayorías en el congreso, es una tendencia latinoamericana que presidentes que han llegado con grandes promesas de cambio como Boric (Chile), Petro (Colombia), Lasso (Ecuador) o Lula (Brasil), en el primer año logran crear coaliciones débiles, pero suficientes para ser optimistas, debido a que cuentan con un discurso conciliador. Sin embargo, una vez pasa la luna de miel entre ejecutivo y legislativo, las distancias entre ambas partes se hacen evidentes, y han llevado a parálisis legislativas como en Chile o Colombia, a las constantes reorganizaciones partidistas (Brasil), e incluso a la salida de presidentes (Ecuador).

Entonces, para la tranquilidad de unos no llegó la izquierda al poder, y para la tranquilidad de otros, no se harán las reformas prometidas. Lo que sí tenemos asegurado, es la profunda y continua depreciación de la democracia, porque la desigualdad, la corrupción, el desempleo, la pobreza, la falta de educación, de salud, de vivienda, la perdida diaria de nuestra capacidad adquisitiva, o la crisis climática, siguen al alza, además que el poder de las grandes corporaciones, los grandes capitales, y los políticos, seguirá aumentando.

No importa quien llegue a la presidencia, todo cambia, para que todo siga igual (Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. ¿Me explico?). Para que la democracia siga en crisis.

Pd: Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. ¿Me explico? Es el diálogo más inmortal de la novela El gatopardo (1958), cuando Fabrizio Corbera, príncipe de Salina, intenta evitar que su sobrino Tancredi se una a los hombres de Giuseppe Garibaldi y participe en su guerra, en la segunda mitad del siglo XIX.

La democracia representativa, una realidad

Por: Juan Camilo Castellanos M.

Al sentir de muchos, la democracia es una palabra que cada vez más pierde su valor, se ha vuelto un cliché, una utopia y para otros hasta un cuento chino, sin embargo, en Colombia por lo menos, la estamos viviendo como hace mucho no lo hacíamos, en su más clara presentación, aquella en donde los bandos dogmáticos sacan su artillería y ganan en unas, pierden en otras, ganan en un estadio, en unas urnas, otros ganan en el congreso y en otras urnas, o calles, el sistema de frenos y otra pesos se materializa y todas las ramas y centros de poder, sin lugar a dudas, están jugando el gran juego del poder.

 

Y es que la critica que se le hace a la democracia desde muchas latitudes, consiste en que se considera que no existe por que no hay libre elección, punto de inflexión para considerar que democracia no es que haya unas elecciones cada cierto periodo de tiempo, sino que en realidad sea una elección libre de los ciudadanos, que sea una real competencia entre diferentes y no entre elites y donde en realidad la ciudadania hiciera parte de esa elección.

Esa critica se adapta en realidad en muchos lugares del mundo, donde primero que todo, no hay libre elección, en segunda medida, no hay competencia real entre diferentes y en tercer lugar en muchos lugares la ciudadania no elige, pero para colmo de males en muchos otros lugares en el mundo ni siquiera hay elecciones, no hay partidos, no hay pluralidad ideológica en las distintas ramas del poder, ni permisión a cuestionamiento alguno a un régimen, todo lo contrario a lo que hoy es Colombia.

Ahora bien, cuando se evalúan estos elementos, su concurrencia o no, si se dan algunos, todos a la vez o no se da ninguno, entonces, en esa medida sabremos si hay o no democracia, es así como comúnmente se miden los “niveles”, de democracia que hay o no en un país, en un sistema en términos generales y en grandes mapas de importantes y encopetadas Organizaciones No Gubernamentales que hacen este tipo de valoraciones, se pintan los países en el mapa mundial de un color rojo o verde o amarallito, indicando así la salubridad o no del sistema democrático en un territorio y un tiempo determinado.

Como esto es así, viendo lo que esta semana hemos visto, a un presidente que dice ser el primero en la historia de izquierda en llegar al solio de Bolívar en Colombia, cosa que no es cierta, pues ya habían presidentes de izquierda en el país, llama la atención sobremanera verlo invitando a los “blanquitos” de los que despotricó en campaña, a la casa de huéspedes ilustres de la presidencia de la República en Cartagena, ni que decir de la invitación a tomar café en palacio a su némesis, Alvaro Uribe Vélez.

Son dos hechos que me hacen reflexionar y sentir que en Colombia sí hay democracia y mucha, y muy representativa, en buena hora el presidente por fin lo entiende, por fin hace alarde de lo que debe hacer un buen líder político, reconocer que si bien gana la elección y en virtud del mandato constitucional representa la unidad nacional, lleva consigo la vocería de unos sectores que lo eligieron, pero no a todos, que por mas que gane la presidencia el congreso también por mandato constitucional es quien si representa al pueblo y que ese congreso y cada uno de sus integrantes de manera individual o colectiva como integrantes de un partido también tienen un mandato popular y también representan visiones de país.

Eso mismo le ha pasado a la gran mayoría por no decir todos, los expresidentes de Colombia y no digo todos, por que no todos se han creido el cuentico que son presidentes con la vocería de todos los sectores, algunos como Barco, Lléras, Pastrana el viejo y Gavíria y más recientemente Santos, supieron leer esta realidad evidente más allá de lo académico a la “real politik”, en contraste otros como Samper, Pastrana hijo, Duque, Uribe Vélez y hasta ahora Petro no lo entendieron o por lo menos se hicieron los de la vista gorda.

Sí, ganan elecciones, pero no todos votaron por ellos, por lo tanto puede que asuman la vocería institucional, pero no la política, puede que ante su plan de Gobierno guste y las gentes voten por que ese plan se desarrolle, pero hay otro sector que no lo apoya activamente y en ese activismo fueron y votaron por otra visión, otro plan de Gobierno, pero hay muchos más a los que ni siquiera les importó lo que propuso uno u otro, simplemente no votaron y estos también tienen una actitud política a la que el líder debe interpretar y sobretodo, intentar conquistar.

Así que entender que por más que se gane, hay otras fuerzas políticas que se manifiestan de diferente forma y pueden terminar siendo absolutamente mayoritarias, hace necesario e imperioso que el buen político ya electo presidente, sepa entender y leer esos mensajes que como en nuestro actual caso se dio también en las urnas en las elecciones territoriales, por ello, el timonazo de Petro me parece acertado, sabe que Alvaro Uribe Vélez y el empresariado tienen otra agenda, tienen otros electores y con ellos hay que negociar.

Ojalá y los contendores no asuman esto como un acto de debilidad, sino como lo que es, un acto de democracia, un acto de anteponer los intereses particulares, que son validos y legítimos, pero son inferiores al interés de todo un país, creo que de manera hábil el presidente se juega una carta, tal vez la ultima, ante todos, para enviar el mensaje de la búsqueda de la concertación, abre la puerta para que esa democracia de la que despotricó pero que lo llevó al poder, se materialice y opere para desescalar una grave agresión política que tanto el bando de la izquierda como de la derecha han generado y que tienen los ánimos crispados en redes, estadios y calles.

Por el interés general Benjamin Herrera exclamó fondeado en el Winsconsin, “La Patria por encima de los partidos”, en buena hora ha llegado el momento en que los lideres máximos de los dogmatismos vigentes en nuestra patria digan “la patria por encima de los egos” y que en el futuro Colombia siga en la senda de la madurez política en donde tanto el electorado como la dirigencia aprenda, que se gana en democracia cuando la asumimos en su esencia, la representación de intereses, de visión del mundo, de sociedad y de país que por más que haya un ganador no se puede simplemente imponer sobre los vencidos.

La democracia del Hámster

La democracia colombiana es como un ratón corriendo en una rueda. A gran velocidad, formulamos y promovemos reformas políticas y cambios en los mecanismos electorales para llegar a lo mismo. Esta campaña está moviendo dinero como arroz, que vamos a pagar con nuestros impuestos y a costa de nuestro bienestar. Seguimos girando en la rueda, elección tras elección.

Cuanto más tóxica es la competencia política, más dinero se necesita para ganar; más alcaldes llegan endeudados, teniendo que recurrir a sus senadores y representantes para intentar intermediar algo de recursos que les ayuden a pagar sus deudas de campaña «sin que se note». Recientemente mis fuentes me indican que por lo menos 39 mil millones de pesos se están moviendo en la campaña del Cesar. Y así en La Guajira, El Chocó, Córdoba, Sucre, Norte de Santander y otros lugares. Más dinero en campaña significa más pobreza, menos ejecución y más precariedad democrática. Significa también mayor autoritarismo regional, más dependencia, más clientelismo y más crimen organizado involucrado en la política.

 

Pero tienen razón los críticos que señalan que se estigmatiza la política regional. Es cierto, la mayoría de las investigaciones se centran en los operadores políticos que están en las regiones, pero no es verdad que el centro político del país carezca de responsabilidad. Todo lo contrario, los dueños de los bolígrafos, que están en el centro del país, no pueden seguir haciéndose los de la vista gorda. Son ellos los que no otorgan ni avales ni apoyo a candidatos que puedan mejorar la democracia local, porque necesitan el dinero y los contratos. Por el contrario, más de una vez han favorecido a bandidos. Aunque la culpa penal sea individual, la responsabilidad es colectiva.

Aquí radica el asunto. Los operadores políticos a nivel individual o de grupo familiar son la base de nuestro sistema, no los partidos, no los grupos, no los conglomerados, no los consorcios. El operador político, cada cuatro años, busca el aval para presentarse, lo cual es más un requisito que una adscripción. Luego procede a buscar financiación a través de créditos, que en el caso del poderoso clan Char es otorgada por ellos mismos, o por otras financiadoras privadas, contratistas e incluso economías ilícitas.

Si tienen el dinero y la operación, fichas burocráticas y capital social en el centro, a este operador le van a llover ofertas. La alternatividad en la política local es excepcional, precisamente porque es extremadamente costoso montar una operación política, especialmente cuando no se es corrupto. La paradoja más triste es que termina siendo más eficiente el alcalde corrupto que tiene los recursos para acceder al mecanismo, que la alcaldía honesta a la que los ministros no le contestan el teléfono. Lo duro es que, cuanto más honesto sea el alcalde y menos conectado esté, menos le van a contestar. Pero sigamos con el operador del ejemplo.

Después de su elección, el operador político tiene dos tareas fundamentales: la primera, pagar la deuda de campaña, lo cual implica recolectar fondos a través de diversas vías, incluyendo la contribución de sus colaboradores y la manipulación de contratos públicos, así como la gestión de coimas con la participación de senadores y congresistas. La segunda tarea consiste en mantenerse relevante en la política nacional a través de sus contactos. Esto se traduce en la colocación de sus afines en los ministerios y la creación de una burocracia leal que les suministra información y facilita el cumplimiento de favores políticos. En esta dinámica, los beneficios son mutuos: «Hoy por ti, mañana por mí».

Los jefes de partido gestionan y administran ese capital político, con plena conciencia de quiénes son y cómo se hace la política, pues aceptar el mecanismo es la clave para mantenerse en el juego. Por eso, partidos como Cambio Radical,  el Partido Liberal, el Conservador, el Partido de la U, el MAIS, la Alianza Verde y la Liga de Gobernantes Anti-corrupción, no dejan de otorgar avales a grupos políticos, ya sean clanes o no, que pueden garantizar su éxito, sin tomar medidas para cambiar o cerrar este sistema, lo que demuestra que hablar de democracia interna en los partidos políticos colombianos equivale a blasfemar en una catedral.

A pesar de que se tiende a ver a las regiones como corruptas y al centro como menos corrupto, no debemos olvidar que el centro político del país acumula la mayor parte del poder y establece los términos de las negociaciones. La descentralización superficial que se implementó en 1991 nos ha hecho creer que los operadores políticos regionales son el epicentro de este sistema, cuando en realidad los líderes políticos nacionales han sacado un provecho significativo a un costo mínimo. Es comprensible que el control desde el centro sea más difícil, costoso e indeseable, pero para figuras como los Vargas, los Santos y los Pastrana, este mecanismo ha resultado excepcionalmente funcional. Ha llegado el momento de abrir un diálogo sobre esta cuestión.

Laura Bonilla