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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Diego Cancino

¡Le dimos un golpe al autoritarismo! No más abusos con la figura de traslados por protección

Le hemos puesto una talanquera al autoritarismo y al abuso policial.  Hace apenas unos días la Corte Constitucional falló a favor de la demanda en contra del uso arbitrario de la figura de los traslados por protección (TPP) que interpusimos hace un año con el actual ministro de defensa Iván Velázquez. Esto es sin duda un triunfo para los derechos humanos.

Los TPT son una figura que faculta a la Policía Nacional para detener temporalmente a personas para proteger su vida o la de terceros. El gobierno de Iván Duque -mediante la expedición de la Ley 2197 de 2022- modificó esta figura, eliminó las garantías del debido proceso y alteró las causales de los traslados por protección, haciéndolas ambiguas y carentes de elementos objetivos, permitiendo así la interpretación subjetiva y arbitraria de la Policía en la aplicación de esta figura.

Según la Corte Suprema de Justicia y la CIDH, la figura de los TPP fue usada de manera indiscriminada y arbitraria por parte de la Policía Nacional para reprimir la protesta. De acuerdo con cifras de la Personería de Bogotá, se reportaron 446 TTP realizados en sitios no permitidos, entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021. El 57% de estos se realizaron en la localidad de Kennedy, en donde la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas.

Por eso con el propósito de detener estas arbitrariedades demandamos la modificación que el gobierno de Iván Duque había realizado sobre esta figura. Solicitamos que las causales debían tener garantías para evitar la arbitrariedad en su aplicación y que se restablecieran las garantías del debido proceso.

La Corte Constitucional nos dio la razón. De ahora en adelante la aplicación de la medida de los TPP será constitucional siempre y cuando i) en el informe del TPP el policía que aplica la medida indique expresamente la causal invocada para el traslado y las razones por las cuales los hechos que dieron lugar a la medida se ajustan a la causal; y ii) la persona sujeta al traslado, quien debe ser informada de la medida que le están imponiendo, pueda solicitar la cesación del procedimiento al superior jerárquico que haya recibido el informe.

De esta manera se blinda el procedimiento del TPP para que las graves violaciones a los derechos humanos, que se amparaban en esta figura, cesen en el país. Esto es un golpe al autoritarismo y un triunfo para la garantía de los derechos humanos, la libertad personal y la protesta. Hemos dado un paso fundamental para evitar el abuso policial y las violaciones a los derechos humanos.

Exigimos una protección coherente del humedal Jaboque

Desde el 27 de marzo la comunidad ha observado cómo la CAR ha intervenido el humedal Jaboque con maquinaria pesada y dragas que han destruido el ecosistema. Esta intervención la están realizando en el marco del proyecto de “adecuación hidro geomorfológica de las áreas multifuncionales en la cuenca media del río Bogotá».

La CAR y la Secretaría de Ambiente afirman que la obra que denuncia la comunidad no se está ejecutando dentro del área delimitada del humedal Jaboque y que, en consecuencia, no está enmarcada dentro de los procesos de licenciamiento ambiental. Es decir que, no cuenta con un plan de manejo ambiental, búsqueda y rescate de fauna silvestre.

Por ende, la intervención actual de la CAR no ha tenido en cuenta los impactos de un dragado masivo en el ecosistema y en la biodiversidad, afectando especies en peligro de extinción como la Tingua Bogotana, la cual es objeto de especial protección. Además, la CAR tiene proyectado implementar una especie no nativa en la zona para filtrar el agua, lo cual ahondaría el daño.

Se trata de un proyecto localizado en áreas de amortiguación del río Bogotá y de jurisdicción de la CAR. Sin embargo, según información de acceso público, el polígono sobre el cual se proyecta toda la obra (no solo la intervención actual) incluye una parte de la Reserva Distrital del Humedal (RDH) Jaboque, de acuerdo con la delimitación que se establece en el Decreto 555 de 2021.

Ante la persistencia de la comunidad, el 29 de marzo la CAR ordenó suspender las obras, sin embargo, la maquinaria pesada continúa en el lugar y el estado en el que quedó el ecosistema tras la intervención de las obras puede profundizar el daño si no se toman acciones de restauración inmediatas.

Como ya lo hemos denunciado, las intervenciones de la CAR en diversos cuerpos de agua no se hacen con perspectiva ecosistémica, ni incorporan el estado de diversos tipos y grados de amenaza a especies endémicas. No se puede permitir que se autoricen obras en las inmediaciones del Humedal Jaboque hasta que no se contemple el cuidado y preservación de la Estructura Ecológica Principal – EPP.

Esto último implica garantizar que quienes conocen el territorio y tienen conocimiento técnico hagan veeduría sobre todo tipo de intervención en el humedal. Además, es imperante que exista coordinación entre las autoridades nacionales y territoriales en torno a la protección integral del humedal Jaboque.

No es admisible que la administración se excuse por no tener competencia, cuando es evidente la afectación ecosistémica que está generando la obra. Hay asuntos que le competen directamente a la administración distrital como, por ejemplo, la modificación de tratamiento de aguas residuales y el control de las conexiones erradas de los canales fluviales que llegan a los humedales.

En esta semana de reflexión, hago un llamado de coherencia a la administración. Ustedes son quienes ejecutan, quienes deben garantizar la responsabilidad ambiental y la democracia participativa y deliberativa en torno al cuidado de la naturaleza. Urge reconstruir las bases de la administración de la ciudad, entender que la afectación a la EEP es toda acción urbanística que le implica un conflicto a la naturaleza. No podemos seguir viendo los espacios de protección ambiental como entidades independientes que no están conectadas ¡Hago un llamado a la coherencia con la naturaleza!

 

 

 

 

Estado laico

Desde la década de 1990 Colombia avanzó enormemente hacia la constitución de un Estado laico, aunque es clave reconocer que para los años 20 del siglo pasado, ya el país adoptaba “un rostro más moderno (…) más secular”[1]. Durante este periodo fueron proferidas las sentencias T-403/92, C-586/93, y C-350/94, formalizando el estado laico en el país.

En la primera sentencia, la Corte señala -entre otros asuntos- que “no hay república pluralista donde se niegue la diversidad o se imponga la intolerancia; tampoco será posible la participación democrática y pluralista, cuando una concepción o credo oficial desde el poder restringe los derechos y libertades cuya protección corresponde precisamente a la autoridad”[2]. En síntesis, la Corte Constitucional argumenta en esta sentencia que el estado laico surge no de una decisión expresa del constituyente, sino de su decisión de igualar las distintas religiones.

La segunda sentencia caracteriza a Colombia como una nación que se encuentra en medio de un “tránsito de un Estado confesional a un estado laico y pluralista en materia de confesiones religiosas”[3].

La tercera sentencia señaló con contundencia que “los sentimientos religiosos de la población son un interés jurídico protegido en el constitucionalismo colombiano, a pesar del carácter laico del Estado colombiano”[4].

Lamentablemente hoy, casi 30 años después de estos importantes avances en materia de secularización del estado y de la garantía del respeto por las distintas expresiones de fe que hay en el país, desde la dirección de la Policía Nacional retumban los ruidosos pasos que sin pausa camina hacia el pasado el Director de esta institución, Henry Sanabria. En una reciente entrevista con Semana, Sanabria se mostró orgulloso de defender posiciones que ponen en peligro la dignidad que la carta magna le ordena proteger.

El Director Sanabria no vaciló al estigmatizar a la comunidad LGBTI de la Policía Nacional, al atribuir los elevados niveles de VIH que hay dentro de la institución a la comunidad, tras considerar que quizás dentro de esta comunidad “no hay de pronto esa educación”. ¿Se refería acaso a la educación sexual? Es imposible saberlo, considerando que, acto seguido, expresó que se encontraba en contra del uso del condón por considerarlo “un método abortivo”.

Además, el nuevo Director de la institución expresó, nada más ni nada menos que en medio de las conmemoraciones del día de la Mujer Trabajadora, que “una mujer discreta es un regalo del señor” y que no hay mayor encanto que “una mujer modesta”. Dicho encanto, además, “alegra a su esposo y si es sensata, lo hace prosperar”.

Estas declaraciones, basadas en las creencias religiosas del General, dan cuenta de la necesidad de tener en la dirección de las instituciones del país a funcionarios que representen el espíritu de la constitución de 1991, noción que no aparece en las declaraciones públicas del Director Sanabria.

La Policía no puede estar fundada en el fanatismo, la Policía no es el Santo Oficio; esa institución que juzgaba, criminalizaba y satanizaba a las personas por pensar y ser diferentes ya no existe. Las hogueras de la edad media no pueden persistir.  Estamos en un estado laico y nuestro gran reto es construir ciudadanía amplia y diversa donde los conflictos se tramitan de manera no violenta y donde el fanatismo, el dogmatismo y el fideísmo no atraviesen esas relaciones, más aún en una institución que debe garantizar la vida, los derechos humanos, la convivencia y no caer en discursos que incrementan la discriminación, la guerra, el sectarismo y el dogmatismo.

Un gobierno del cambio, que pretende avanzar hacia la realización de la constitución, no se puede permitir en la dirección de la policía a nadie que no ofrezca total y absoluta garantía a los derechos de las minorías, las libertades sexuales y los derechos de las mujeres, a quienes se les debe dejar de imponer un deber ser, sobre todo uno asociado a la pasividad como principal característica. Es la hora de una policía que promueva y proteja la libertad de ser y de amar y que cuide la vida, alejándose de los prejuicios y las posiciones que contradicen la ciencia y señalan a comunidades que enfrentan todo tipo violencias basados en los estereotipos que el Director Sanabria reproduce.

Diego Cancino

Concejal de Bogotá

 

[1] Arias Trujillo, Ricardo. Historia de Colombia Contemporánea (1920-2010).

[2] Renán Rodríguez William, 2020. El estado laico en Colombia: un análisis de sus orígenes. Universidad Externado de Colombia.

[3] Ibídem

[4] Ibídem

Contigo cambiamos la Policía

¿Para que existe la policía?

Según la Constitución Colombiana de 1991: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. En este sentido la policía, para cumplir su función constitucional de defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, debería desarrollarse como una institución de naturaleza civil que defienda la vida, en lugar de ser una institución de carácter militar, para no llevar el conflicto a niveles de negación de la vida de los individuos que se confrontan.

Los conflictos en la sociedad

El filósofo colombiano Estanislao Zuleta dijo alguna vez que una sociedad mejor, no es una sociedad sin conflictos, no una sociedad que puede vivir a pesar de los conflictos, sino más bien una sociedad que puede vivir gracias a los conflictos, siendo una sociedad madura aquella que es capaz de tener mejores conflictos sin llegar a la violencia.

En este sentido quienes hoy le apostamos a construir una mejor institución de policía, queremos construir desde el conflicto, no negarlo, haciendo de la policía un símbolo de la democracia, capaz de aportar en la construcción de una sociedad como laboratorio de paz a través de la diferencia. Una policía que sea capaz de cambiar tanquetas y piedras por talleres donde el diálogo sea la herramienta para construir acuerdos, y cuando no sea posible el acuerdo, reconocernos y respetarnos en nuestras diferencias.

Una sociedad madura debe encontrar en el conflicto y el diálogo una herramienta de transformación, con reglas para detectar que se puede aprender de cada quien. Debemos ser capaces de transformar los conflictos de manera no violenta y no tener miedo al conflicto, ya que de las tensiones nace la fuerza para construir una sociedad mejor. El conflicto sin violencia debe ser capaz de hacer públicos los diálogos sociales, ya que, si todo se hace público, se puede dar garantía a los principios de transparencia y publicidad.

Se deben reconocer las posturas diferentes, ya que, si reconocemos y respetamos las diferencias, podemos construir relaciones sociales con una mayor garantía de las libertadas individuales y de las libertades colectivas, mayor igualdad de género y derechos para las minorías sociales.

La resolución es diferente a la transformación del conflicto. Le apostamos más a la trasformación no violenta de los conflictos antes que a su finalización, reconocer el conflicto y construir a partir de él. Creemos en un diálogo social centrado en las interacciones generadas y no solo en lo que se dice. No buscamos evitar el conflicto y aceptamos que no siempre va a haber un acuerdo entre las partes involucradas en un conflicto social, sin embargo, también creemos en avanzar de alguna manera. Abordamos la crisis como oportunidad y experimentamos para avanzar.

El hurto, la violencia y la violación de los derechos humanos, hacen parte de la conflictividad social, una conflictividad que debe ser transformada por medio de generación de oportunidades, desarrollo de capacidades y los cambios culturales, pero también por medio del cumplimiento de la ley, en la que la policía debería tener un papel vinculado en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Consideramos que las relaciones sociales deben ser asumidas no solo desde el conflicto, sino también desde la cooperación y el apoyo mutuo. Para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos, la regulación legal por parte de la policía, debe ir acompañada de la autorregulación considerada desde cada individuo y la mutua regulación como fundamento de la cultura ciudadana.

Abusos policiales frente a las protestas sociales

La actuación de la fuerza pública ante la protesta social ha sido objeto de agudas controversias desde el Paro Nacional de noviembre de 2019, y en el estallido social a partir del 28 de abril de 2021, que registró amplia cobertura geográfica y mayor duración temporal. Investigadores y ciudadanos concuerdan en su apreciación sobre el excesivo nivel de represión y el alto número de víctimas entre los manifestantes, hechos ocurridos sin parangón en las protestas recientes de cualquier otra parte del mundo.

Según el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional son innumerables las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de la Policía Nacional, en especial, del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Estamos ante una aguda crisis social sin soluciones inmediatas para responder de manera adecuada al descontento de la ciudadanía. A la policía nacional le ha correspondido enfrentar una situación límite y sin precedentes en la historia reciente del país y los abusos policiales en el marco de la protesta ciudadana han pasado a constituirse en uno de los puntos más urgentes en la agenda pública.

A este respecto, La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe del año 2021, reporta denuncias de 63 muertes ocurridas durante las movilizaciones masivas en ese año, El 76% de las muertes se debieron a heridas de bala. La información recopilada y analizada por la Oficina encontró “motivos razonables” para aseverar que al menos 28 de las muertes fueron obra de agentes de la policía y que un mínimo de diez de ellas serían responsabilidad de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional. En consecuencia, se instó al gobierno de Colombia para definir reformas profundas sobre la manera en que “las autoridades policiales gestionan las protestas y controlan el orden público para evitar más muertes y lesiones de la población civil que ejerce su libertad de expresión, participación y asamblea”.

Asambleas populares de reforma a la policía

Con el objetivo central de construir una institución de policía que sea garante de la paz, los derechos humanos y las libertades individuales y colectivas el pasado 25 de marzo de 2023 hemos comenzado a realizar la primera de cinco asambleas populares de reforma a la policía, en las que desarrollaremos unas dinámicas de taller como espacio de transformación mutua y símbolo de la democracia, porque se buscará profundizar las diferencias y explotar sus potencialidades. El propósito es que cambiemos tanquetas y piedras por talleres. Talleres con reglas que nos permiten construir colectivamente el reconocimiento y sentar la actitud pedagógica de aprender, enseñar y detectar quién puede aprender qué de quién. Así mismo proponemos como punto de partida que la policía como institución debería ser un taller constante en el cual la ciudadanía pueda manifestar su opinión, denunciar delitos, reportar abusos y solicitar ayuda cuando esta sea necesaria. Necesitamos llegar a múltiples posibilidades emergentes, no necesariamente a un gran acuerdo.

Las Asambleas Populares serán espacios de diálogo plural y constructivo entre la ciudadanía, con presencia de las instituciones y actores relevantes, guiados por el ánimo de reconocer al otro, en el marco de la búsqueda de sentar las bases de una Reforma a la Policía. En cada asamblea se desarrollarán uno o dos temas. La primera asamblea fue desarrollada en torno al desmonte del ESMAD y los lineamientos para una nueva fuerza antidisturbios. En las siguientes asambleas se ha propuesto desarrollar los temas de reparación a víctimas de la policía, mujeres, violencia policial y enfoque de género, ascensos, profesionalización, condiciones socioeconómicas y derechos laborales de la policía, doctrina y cambio cultural, traslados por protección, justicia DDHH y veeduría.

Las asambleas populares se proponen construir una acción colectiva para dar apertura a encuentros regionales que permitan sumar, reconocer, actuar y multiplicar en torno a la Reforma Popular a la Policía para la paz. Esta acción colectiva que se propone nace de la conversación, es decir que se trata de un sentido compartido.

En la primera Asamblea Popular de Reforma a la Policía realizada en la localidad de Kennedy el pasado sábado 25 de marzo del 2023, se llevó a cabo una amplia deliberación en mesas de trabajo sobre el desmonte del ESMAD y la necesidad de crear una nueva fuerza antimotines. Los asistentes plantearon un sin número de opiniones y propuestas entre las cuales podemos mencionar las siguientes:  Actuaciones del ESMAD caracterizadas por delitos, amenazas, sevicia, violencia, abuso de poder y ejecuciones extrajudiciales. No estamos de acuerdo con que el ESMAD use violencia excesiva contra los manifestantes de las protestas. Hay muchas personas que han sufrido graves lesiones oculares por recibir impactos de proyectiles de gases lacrimógenos. El ESMAD fue creado para acompañar las protestas, lo que hacen ahora es infiltrar las marchas para iniciar la violencia y justificar una respuesta violenta por parte de la policía contra los manifestantes. La transformación de la policía depende de todos y de nuestro comportamiento. La educación en cultura ciudadana debe hacer parte importante de la transformación de la policía.

En las próximas Asambleas Populares por la Reforma a la Policía se buscará garantizar la participación amplia de diferentes sectores y expresiones sociales de la ciudadanía, entre ellas organizaciones de campesinos, indígenas, afros, mujeres, estudiantes, defensoras de derechos humanos, jóvenes, ambientalistas, comunidades LGBTI, iniciativas de paz, iglesias, gremios, empresariado, académicos, y víctimas de casos de violencia policial. Se convocará también al gobierno nacional y distrital, de manera tal que el proceso cuente con su presencia permanente.

Las próximas asambleas se realizarán en las siguientes fechas: 15 de abril, 13 de mayo, 27 de mayo y 10 de junio.

Las grandes mentiras de claudia sobre el Corredor Verde

El pasado 12 de marzo de 2023, la alcaldesa Claudia López nos explicó a los bogotanos durante casi media hora en todos los medios de comunicación en qué consistiría la obra del Transmilenio por la Séptima; acción que a todas luces parece loable porque hay muchos lugares sobre el gran proyecto que a la fecha, generan mucha incertidumbre. Sin embargo, a pesar de la esperanza que me generó este momento al inicio, la perplejidad fue el sentimiento que se apoderó de mí luego de terminar la extensa intervención, pues pude constatar que a la mandataria, como ya es costumbre, no le importa mentirle a la ciudadanía mirándola a los ojos.

Claudia López apela a la emoción y esperanzas de los bogotanos, cuando dice que el Corredor Verde es un sueño de ciudad. Sin embargo, debemos estar atentos, sus palabras no están alineadas con la verdad y debemos abrir bien los ojos porque a pesar de que estemos cansados y pidamos a gritos un cambio, no necesariamente tiene que ser el que propone y quiere que suceda a toda costa la mandataria.

En primer lugar, la mandataria advirtió que con el Corredor Verde, los usuarios del transporte público se van a demorar la mitad del tiempo que se demoran en la actualidad, en sus palabras “La Usaquén popular va a pasar de gastar una hora y media a Chapinero y al centro, a gastar 40 minutos”.  Las personas no se van a transportar más rápido, esto no es lo que argumenta el director del IDU[1], el argumento es muy diferente y es que el modelo de movilidad indica que el número de pasajeros se reduce, al pasar de 14.000 a 12.000 por hora sentido entre las calle 26 y 100, y que de la 100 hacia el norte son 18.000 pasajeros por hora sentido. Si se reduce el número de pasajeros, todas las personas que hoy se transportaban, no van a poder hacerlo con el nuevo corredor, se nos quedan por fuera 2000. Por lo cual no es cierto afirmar que todas las personas que hoy se transportan, se transportarán en menos tiempo.

En segundo lugar, López afirmó que van a darle un carril exclusivo (uno de ida y otro de vuelta) a los buses eléctricos y que habrá carriles exclusivos para los carros particulares. Esto es falso parcialmente porque de la 92 a la 26 (hacia sur) se elimina el carril para carro particular, es decir, los tres carriles no se mantienen en toda la séptima de la 200 a la calle 26. Por favor alcaldesa, no haga afirmaciones generales, explíquele bien a la ciudadanía.

En tercer lugar, López advirtió que ya no habría embudo porque se aumentan los carriles y se quitarían los trancones de la entrada a Bogotá. Esto es falso porque los carros particulares que van de la 200 a la 92 deben ahí subir hacia la circunvalar por una vía que sólo tiene un carril generando otro embudo.

Y en cuarto y último lugar, la alcaldesa propone varias soluciones para descongestionar, la  primera, es hacer un deprimido en la 100 para que los carros pasen derecho sin semáforo o la segunda, es hacer en la 92 un puente de dos carriles para tomar la circunvalar sin semáforos, los cuales totalmente falso porque este puente sólo tendría un carril, según los planos publicados en la página web porque se observa que dicho puente tiene 5 metros de ancho. Aparte ¿Cómo promete que la obra va a durar tan poco tiempo cuando todo depende de la construcción de deprimidos y puente que puede durar hasta 10 años en construirse?

Alcaldesa no le mienta más a la ciudadanía, exigimos que por una vez en su mandato, diga la verdad.

[1] https://www.eltiempo.com/amp/bogota/corredor-verde-carrera-septima-asi-sera-el-proyecto-disenado-723530

La crisis ambiental en Bogotá: más allá de la Alerta Ambiental

En días recientes la Administración Distrital anunció estado de Alerta Ambiental en la ciudad debido a un aumento en los niveles de contaminación del aire provocado por altas concentraciones de material particulado en varios sectores al sur de la ciudad.

Según lo informado por la Secretaría Distrital de Ambiente, basados en los reportes de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Fontibón experimentaron altos niveles de contaminación que si no eran controlados podrían generar enormes daños en la salud de las personas, particularmente enfermedades y complicaciones respiratorias a adultos mayores y personas con preexistencias cardiacas.

Por tales efectos nocivos sobre la salud, la Administración invitó a la ciudadanía a reducir el uso del carro particular y a usar tapabocas, así mismo suspendió temporalmente la medida de pico y placa “solidario”, entre otras medidas preventivas y de mitigación para controlar el aumento de los niveles de contaminación del aire.

Sin embargo, más allá de esta alerta que tuvimos recientemente en la ciudad y que afortunadamente se superó, el problema de la contaminación del aire es un problema estructural que debemos atender de manera urgente.

Según las investigaciones de la organización ambientalista internacional Greenpeace en Bogotá hay una posible subestimación de los niveles de contaminación por parte de las autoridades ambientales de la ciudad.

Para esta organización Bogotá supera en un 150% los niveles de contaminación de aire aceptados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y afirman que en caso de que Bogotá estuviera cumpliendo las directrices de la OMS sobre material particulado, la cantidad de fallecimientos prematuros producidos por contaminación del aire en la ciudad se reduciría en un 64%, salvando al menos 2.200 vidas al año[1].

La situación es dramática, esta organización además calcula que en el año 2021 la tasa de mortalidad atribuible a la exposición a material particulado en Bogotá fue de 41 muertes por 100 mil habitantes. Es decir, las muertes por contaminación del aire en Bogotá son casi 3 veces más altas que las muertes violentas.

Bogotá necesita acciones contundentes para salvaguardar la vida y la Administración ha sido inferior a ese mandato.

En la actualidad, el sistema de transporte masivo de la ciudad, basado en los buses de Transmilenio, es altamente contaminante. En el componente troncal apenas el 10% de la flota es híbrida y en el componente zonal apenas el 8% de la flota es eléctrica.

La decisión de la Administración de Claudia López de profundizar el Transmilenio como el modo de transporte estructurante de la ciudad y darles la espalda a los modos férreos es una decisión en contravía de la salud ambiental de la ciudad, y entonces en contra de la vida.

La ciudad debe apostarle definitivamente a reducir la influencia del Transmilenio como sistema estructurante y aumentar de forma definitiva las flotas de buses cero emisiones.

El Acuerdo 790 de 2020 aprobado en el Concejo va orientado a ese sentido, en este documento se establece que la Administración adoptará medidas urgentes para sustituir el uso de combustibles fósiles en los sistemas de transporte de la ciudad, buscando el tránsito definitivo a un transporte público cero emisiones. Es un mandato inaplazable implementar ese Acuerdo.

Además, la ciudad debe apostarle a medidas pedagógicas para hacer más eficiente el uso del carro particular, el cual no solo produce enormes niveles de congestión sino enormes problemas de contaminación. Por eso hemos propuesto construir un acuerdo de ciudad para implementar el “día del carro compartido”, una acción colectiva que envía un mensaje contundente para cambiar las prácticas de movilidad de la ciudad.

En Bogotá se debe defender la vida y se deben tomar acciones definitivas para transformar las condiciones y la calidad del aire que se respira en la ciudad. ¡Vamos por eso!

 

[1]La carga de la contaminación del aire en Bogotá, Colombia 2021 (greenpeace.org)

Diego Cancino propone un tranvía para la Carrera Séptima

El concejal de Bogotá por la Alianza Verde y posible aspirante a la Alcaldía de Bogotá, Diego Cancino, en entrevista para El Sonajero de Confidencial Colombia ratificó su lucha porque la Policía otorgue un trato digno a los ciudadanos en los momentos de fuerte tensión como una protesta social, por ejemplo.

“Cuando uno ve que están torturando muchachos en el Portal de Las Américas a la 1 de la mañana; cuando uno recibe denuncias de violencia sexual; cuando desaparecen un muchacho y este aparece a las tres semanas muerto en el CAI de Las Américas, uno dice esto es absolutamente inadmisible y es por esto que se requiere una gran reforma a la Policía”, afirmó.

Cancino dice que la Policía es el referente pedagógico de una ciudad y que necesita ser enaltecida porque sus miembros son formadores de ciudadanos y es por esto que no puede ni debe desviar sus funciones.

El cabildante se reafirma en su oposición a la manera como quedo aprobada la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca porque según él, junto a esto debió reformarse a la Corporación Autónoma Regional Bogotá – Cundinamarca.

Dice además que lo que se construirá en la Carrera Séptima es un “TransMilenio pintado de verde” y que sobre esta vía se debe pensar en un Tranvía.

Explicó también su oposición a la construcción de un metro elevado sobre la Avenida Caracas porque para él, de esta manera se hace un metro para que sirva de alimentador del TransMilenio.

¡Justicia para Duván Villegas y para todas las víctimas de violencia policial!

Duván Villegas es una víctima de violencia policial por hechos cometidos durante las protestas del 2019. Mientras Duván protestaba por la situación social del país, afirma que llegó un grupo de Policías en moto, con uniforme y en casco, quienes sin mediar palabras dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar. Duván corrió, pero un proyectil lo alcanzó, atravesando su cuerpo y comprometiendo su médula espinal y columna, lo que actualmente le impide caminar y hace que sufra unos dolores insoportables que comprometen seriamente su calidad de vida.

A la fecha existe un proceso activo en etapa de indagación ante la Fiscalía, sin embargo, el caso no ha avanzado porque no se ha individualizado al presunto responsable de la tentativa de homicidio. Duván señala que han desaparecido pruebas claves y que han intentado archivar su caso al menos dos veces.  Existen videos que aportarían a la individualización del responsable, como el que se mostró la semana pasada en Noticias Uno, pero Duván no tiene muchas esperanzas.

Él y su familia han recibido amenazas por parte de la Policía Nacional, no han recibido ningún tipo de apoyo del Estado y no confía en que el caso avance en la Fiscalía. Por ahora, su única esperanza es poder recibir un tratamiento médico que le ayude a recuperar su movilidad.

Duván es una de las tantas víctimas de violencia policial que se enfrentan a maniobras dilatorias en sus procesos penales y disciplinarios, que se sienten amenazados por la Policía, que han sido víctimas de persecuciones y hostigamientos y que se enfrentan a un Estado que los desconoce.

Son múltiples las formas en las que el Estado los sigue victimizando. La CIDH en su informe de verificación a las violaciones cometidas durante las protestas del 2021 ha indicado que el Estado no ha implementado ninguna medida de cumplimiento dirigida a reparar a las víctimas y familiares.

En Bogotá, el Concejo de Bogotá les negó a las víctimas de violencia policial la posibilidad de recibir atención integral por parte del Distrito ¡Infame, indolente e inmoral hundir un proyecto para atender víctimas! Personas torturadas, mutiladas, lesionadas y víctimas abusadas sexualmente, seguirán sin atención integral por parte del Distrito y el Estado ¿Tan rápido olvidaron la masacre del 9S y 10S, y las violaciones cometidas en los paros nacionales?

Esta iniciativa había sido apoyada por MOCAO, organización de víctimas de lesiones oculares ocasionadas por el abuso en el uso de la fuerza por parte del ESMAD y la Policía Nacional. Lesiones que son constitutivas de tortura y trato cruel e inhumano, al ser intencionales o infringir un padecimiento físico -sin intención deliberada- a través del uso ilegitimo de la fuerza y cuya sistematicidad permite identificar un mensaje que rechaza y desestimula el derecho a protestar[1].

De conformidad con el informe “Represión en la Mira”[2], el uso indiscriminado de armas y proyectiles de menor letalidad han sido los objetos utilizados para ocasionar estas lesiones:

Proyectiles u objetos usados en casos de lesiones oculares en el 2021

Proyectil u objeto Cantidad de casos
Gases lacrimógenos 23
Balas de goma 9
Granadas aturdidoras 4
Tanqueta anti disturbios 1
Cartucho de salva 1
Objeto pequeño no identificado 1
Total 39

Tomado de: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (2023). Represión en la mira. Lesiones oculares en el marco de las protestas en Colombia, SIAP de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas.

Esto quiere decir que la reforma a la Policía debe recaer necesariamente sobre el uso ilegítimo de la fuerza y reconocer que estas conductas son violatorias a los DDHH y deben ser investigadas por la justicia ordinaria.

Como lo he dicho públicamente, no podemos aceptar que en las investigaciones de violaciones a los DDHH por parte de la Fuerza Pública lo común sea la impunidad. Desde la calle, desde el pensamiento colectivo, desde la acción seguiré trabajando para aportar a la construcción de una Reforma Popular a la Policía.

¡Que la impunidad no nos venza! Si quieres ayudar a Duván y a su familia, me puedes escribir al correo [email protected]

Diego Cancino

Concejal de Bogotá 

 

[1] Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (2023). Represión en la mira. Lesiones oculares en el marco de las protestas en Colombia, pp. 53-59.

[2] Ibídem, pp. 41

¡La séptima se respeta!

La administración distrital en cabeza de la alcaldesa Claudia López ha anunciado en diversas ocasiones su intención de construir lo que ella considera un “corredor verde” por la carrera séptima. El corredor es en realidad un Transmilenio por la séptima. Transmilenio que en campaña dijo la alcaldesa que no iba a construir, fue una promesa que la ayudó a llegar a ser burgomaestre.

Atrás quedaron los días en los que la entonces precandidata le decía a la prensa y a la ciudad que “para pensar en esto hay que tener lógica, no es que uno por caprichoso o por negociante (…) se tira la plata en una vía en la que hay 15 mil pasajeros hora sentido y deja esperando cincuenta años más a dos millones y medio de colombianos”.

Lo cierto es que hoy la alcaldesa pretende, desoyendo a numerosos expertos, expertas, vecinos y ciudadanía, hacer exactamente aquello a lo que se oponía cuando, megáfono en mano, le exigía a Peñalosa respetar la séptima. Se van a gastar 2.9 billones de pesos que el Concejo autorizó para tal fin, en una decisión lamentable a la que me opuse.

En medio de su terco proceder, la mandataria elimina en su proyecto de “corredor verde” el tráfico mixto desde la calle 93 hasta la calle 32 en el sentido norte – sur. Decisión que a juicio del arquitecto y urbanista Mario Noriega obedece a un único motivo: para que Transmilenio quepa.

Por lo anterior y tal como hizo Claudia López en el 2019, los vecinos y vecinas de la séptima decidieron organizarse y rechazar el proyecto que bloquea 230 barrios y que carece de respaldo ciudadano. Es por eso que se dieron cita el pasado martes 21 de febrero en el Museo Chicó para expresar su descontento con el proyecto y pedir que, en lugar de imponer un capricho, se construya colectivamente una alternativa de transporte para este corredor vial.

Ante la petición de diálogo, la alcaldesa respondió de manera autoritaria y negando la democracia deliberativa. La policía y las bombas aturdidoras fueron la comitiva de diálogo de la mandataria, que ahora reprime a la gente y sus reclamos no violentos y legítimos.

Es hora de que en Bogotá, se respete el derecho a la protesta pacífica y al disenso; basta de violentar a quienes piden espacios para discutir y lograr acuerdos de ciudad. Basta de que sea la amenaza, el miedo y la represión, la constante que retrata el pánico que en la alcaldía sienten hacia la crítica o la contradicción.

El periodo de gobierno termina y lamentablemente se destiñe cada vez más una administración que ha sido incoherente y déspota

El metro subterráneo es legal

Si hablamos del contrato de concesión, debemos advertir que éste fue adjudicado al concesionario APCA Transmimetro, compuesto por 2 firmas chinas, a través de una licitación pública internacional que solo recibió 2 ofertas. Dicho contrato fue suscrito el 27 de noviembre de 2019 entre la EMB y el Concesionario. Y el 20 de octubre de 2020, las partes y el interventor suscribieron el acta de inicio de contrato.

En contratación estatal existen dos restricciones que deben tenerse en cuenta:

  • Prohibición de modificar el objeto del contrato: La Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado que cualquier modificación del objeto del contrato implica la celebración de un nuevo convenio y no de uno adicional, el cual opera solamente cuando la modificación se refiere al valor y al plazo del negocio originalmente celebrado[1].
  • Limites presupuestales a la adición: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, no podrá incrementarse el valor de los contratos estatales sino hasta en un monto total del 50%. El ministro Reyes ha indicado que una de las condiciones para la toma final de la decisión sobre la modificación del contrato incluye el análisis de esa restricción presupuestal.

La tesis que queremos defender es que SÍ es viable modificar, ya sea de común acuerdo o unilateralmente este contrato de concesión, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

El artículo 5 de la Ley 336 de 1993 define que el transporte público “implica la prelación del interés general sobre el particular” (Negrilla fuera de texto). Si cambian las condiciones “en forma tal que afecte gravemente dicha prestación, independientemente de su previsibilidad, deben mutar las obligaciones del contrato”[2]. En ese sentido, la posibilidad de modificar los contratos estatales es una forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los demás elementos de este. Es decir, dicha posibilidad permite el cumplimiento de los fines generales del Estado.

Ahora, vale la pena preguntarnos ¿de qué manera puede hacerse dicha modificación? En primer lugar, las partes pueden modificar el contrato de común acuerdo, mediante una cláusula en el contrato o cada vez que fuere necesario. Sin embargo, esta modificación debe responder a los principios de la contratación estatal. Y en segundo lugar, puede realizarse una modificación unilateral, (artículo 16 de la Ley 80 de 1993) si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo.

Teniendo en cuenta esta última parte, la administración debe anticiparse a un resultado posiblemente dañino que puede llegar a suceder más adelante en el tiempo. Esto implica una labor de planeación y de prevención necesaria para que la modificación del contrato evite el hecho dañino que se anticipa.

La Corte Constitucional indicó que “la modificación debe obedecer a una causa real y cierta, autorizada por ley, sustentada y aprobada, y acorde a los fines estatales que sirven a la contratación estatal[3]. Es decir que la modificación no sería arbitraria, sino que impone al Estado garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a su cargo.

Por último, debemos afirmar que la construcción del metro elevado va a generar un gran impacto en la productividad de la ciudad y en la calidad de vida de las personas: la construcción del viaducto va a generar interminables trancones, largas caminatas a los ciudadanos para acceder a los buses y desvíos del tráfico mixto por sectores residenciales durante los más de seis años que tardará, en el mejor escenario, la construcción del metro y la reconstrucción de la troncal Caracas[4].

Un trabajo de investigación reciente sobre los impactos urbanos del proyecto de metro elevado de Bogotá[5] presenta las graves afectaciones sobre el servicio público de transporte que generará la fase de construcción del metro elevado: conflictos vehiculares, desvíos más largos, mayores tiempos de desplazamiento, riesgos de accidentalidad de vehículos, respuestas tardías de vehículos en casos de emergencia

Además, que es muy difícil el manejo del tránsito mientras dura la obra, ya que ha planeado construir encima de una de las vías más transitada de Bogotá, con la troncal neurálgica del sistema Transmilenio[6].

Por último, debemos concluir que los argumentos dan cuenta de que la posibilidad se encuentra amparada en el derecho colombiano y que la fuerza del argumento lo da la ley misma no la boca de quien la pronuncia.

 

[1] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 05001233100020020356301 (39143), Sep. 07/18.

[2] Ibidem.

[3] Corte Constitucional, C 300 de 2012, M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

[4] Estamos a tiempo para corregir la chambonada del metro (noticiasrcn.com)

[5] Forero (2021). Impacto urbano del proyecto metro de Bogotá en la localidad de Puente Aranda, Bogotá, Tramo estación 8 y estación 9. Trabajo final de Master. Universidad Politécnica de Cataluya.

[6] Petro y López discuten la posibilidad de hacer subterránea una parte de la primera línea del metro de Bogotá | EL PAÍS América Colombia (elpais.com)

El metro elevado de Peñalosa: una trampa para Bogotá

Nos han metido en un falso dilema: que si metro elevado o que si metro subterráneo. Es claro que un metro subterráneo siempre será la mejor opción para las zonas céntricas de la ciudad, eso es una evidencia indiscutible expresada en todos los sistemas de metros exitosos del mundo. Pero el problema real va más allá:

Lo que realmente está en juego hoy es si construimos un alimentador elevado de Transmilenio, que perpetúa este perjudicial modelo de transporte, o si transitamos definitivamente a un modelo multimodal, basado en una red de metros subterráneos que articulen toda la ciudad de forma eficiente y sostenible.

La primera línea del metro elevado que concibió Peñalosa y ejecutará Claudia López viene envenenada: al mismo tiempo que se construyan los 24 kilómetros de la primera línea, se construirán 57 km de nuevas troncales de Transmilenio (Carrera 7ma, Avenida 68, Avenida Ciudad de Cali y Calle 13) para asegurar la hegemonía del Transmilenio como elemento estructurante del transporte de Bogotá.

Y si a los 57 kilómetros de nuevas troncales le sumamos los 113 de kilómetros de troncales existentes estamos hablando de 170 kilómetros de Transmilenio esparcidas por toda la ciudad, versus una línea de metro elevado de 24 kilómetros.

Pero no solo eso. Mantener la hegemonía del Transmilenio nos va a costar un insostenible problema de movilidad a futuro en el corredor oriental de la ciudad: el Transmilenio por la 7ma eliminará el tráfico mixto (carros particulares, taxis, ambulancias, buses escolares) de sur a norte y la primera línea del Metro entroncada en la troncal de Transmilenio de la Caracas eliminará totalmente el tráfico mixto entre la calle 22 y Los Héroes.

Esto es sumamente preocupante teniendo en cuenta que el corredor oriental desde el centro hasta la zona empresarial concentra la mayor afluencia de viajes en la ciudad y que los mayores afectados con la eliminación del tráfico mixto son las poblaciones más empobrecidas (pues la mayor parte del parque automotor de la ciudad pertenece a estratos 1, 2 y 3).

Pero estamos a tiempo de salir de esa trampa. La ciudad está ante una gran oportunidad de girar hacia un sistema de transporte multimodal en donde Transmilenio no sea el centro, sino apenas una parte articulada a un verdadero sistema multimodal donde el metro subterráneo juega un papel fundamental.

Por eso hoy me la juego totalmente por un metro subterráneo robusto que tenga la capacidad de transportar la demanda de transporte del borde oriental de la ciudad y que libere el espacio en la superficie para profundizar otros modos de transporte.

Vamos por el metro subterráneo ya.

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¡Justicia para Santiago Murillo y su familia!

Santiago Murillo era un joven de 19 años que el 1 de mayo de 2021 a las 8:45 pm, a menos de dos cuadras de su casa y en medio de las protestas, recibió un disparo en el pecho que le quitó la vida. Una víctima fatal que se suma a las cifras de las masivas violaciones a DDHH que se cometieron por la Policía Nacional y que han sido reconocidas por la CIDH, la ONU, e incluso por el Estado colombiano. El problema es que, como en la mayoría de los casos, no se ha garantizado la justicia y las víctimas se han quedado en cifras.

Cifras que desconocen el sufrimiento de las familias que se enfrentan a un sistema judicial ineficiente. Números que no reparan, que se sobreponen a la memoria de las víctimas y que excluyen a las familias que se enfrentan a la estigmatización y a un Estado que no las reconoce. Según un informe que revelamos el año pasado, la mayor parte de las violaciones que se registraron durante las protestas siguen impunes. Al menos en un 61,1% de los casos que reporta la Fiscalía General de la Nación no se han identificado los presuntos responsables[1].

Aunque el proceso se encuentra en etapa de juicio y está identificado el presunto responsable, el Mayor de la Policía Jorge Mario Molano Bedoya, desde septiembre de 2021, los padres de Santiago están esperando que se realice la audiencia de juicio. Sin embargo, las maniobras dilatorias para suspenderla han sido tantas y la ineficiencia de sistema judicial colombiano es tan mayúscula, que el pasado 31 de enero el Mayor Molano quedó en libertad por vencimiento de términos. En este caso hay doble penalidad, por el asesinato de Santiago y porque fue cometido por un policía cuya función es cuidar la vida y no eliminarla.

La CIDH, en su informe de verificación de cumplimiento a las recomendaciones que hizo con ocasión a las protestas del 2021, le sigue haciendo el llamado al Estado colombiano para que refuerce las acciones de investigación de carácter disciplinario y penal. A la fecha, el Estado no ha implementado ninguna medida de cumplimiento dirigida a reparar a las víctimas y familiares.

Detrás de estas cifras hay madres, como la de Santiago, que luchan incansablemente porque se garantice la justicia y no las vamos a dejar solas. Exigimos justicia por Santiago y por su familia, no podemos permitir que la impunidad nos venza. No podemos aceptar que mientras la Fiscalía muestra avances en la investigación de agresiones hacia miembros de la Policía, en las investigaciones de hechos en los que civiles fueron asesinados durante el Paro Nacional lo común sea la impunidad.

Diego Cancino

Concejal de Bogotá

[1] Diego Cancino (2022), Informe “Resistir a la Impunidad”.

 

 

El Partido Verde se respeta

Según el artículo 5 de los Estatutos del Partido, el respeto a la vida, la paz, la no violencia, democracia participativa y deliberativa, construcción colectiva, la responsabilidad ambiental y sustentabilidad, los recursos públicos son sagrados, son principios que el partido adopta en su organización y funcionamiento. Entonces, uno supondría lógicamente que los miembros y todos aquellos que se dicen militantes, deberían seguir y defender estas máximas en su comportamiento y a la hora de ejercer cualquier cargo público.

Sin embargo, la alcaldesa Claudia López ha vulnerado dichos principios de manera abierta durante toda su gestión:

  1. López niega que haya habido desaparecidos durante el Paro, lo cual manda un mensaje erróneo a la ciudadanía y no insta a las Instituciones a investigar lo ocurrido. ¡Es gravísimo! porque durante el paro sí hubo desapariciones forzadas bajo la figura de los traslados por protección, por ejemplo, y además, la familia de Duván Barros estuvo buscándolo durante un mes hasta que le confirmaron que estaba muerto.
  2. López negó que el Portal Américas fuera un lugar en donde había habido retenciones ilegales y torturas. Mientras el secretario de gobierno de la época negó también la realidad, el gerente de Transmilenio admitió que hubo portales en los que personas “fueron conducidas al interior de las instalaciones del centro de control por parte del ESMAD” y que hubo hechos de maltrato “presuntamente ocurridos dentro del Portal Américas que son materia de investigación por parte de la Fiscalía”. En este tipo de declaraciones se deja claro que lo primordial no es el respeto por la vida, sino salir a decir cualquier cosa para quedar bien. Esto no es propio de alguien que se dice del Partido Verde. La vida NO fue sagrada para la alcaldesa al dar esas declaraciones. Esta administración consideró que la juventud a la que se le negaron sus derechos, la que fue asesinada y reprimida por alzar la voz, era poco más que una “horda violenta”. Y lo peor es que fue este gobierno, que se dice verde, el que negó que esos horribles hechos hubieran ocurrido cuando los denunciamos.
  3. El POT no tuvo participación, sólo se socializó.
  4. La alcaldesa movilizó todas las instituciones de Bogotá para que rechazaran la propuesta del ministro de Justicia que consiste en sustituir la pena de prisión por la prisión domiciliaria y la prestación de servicios de utilidad pública. El proyecto busca evitar el hacinamiento carcelario, la reincidencia y avanzar en la resocialización. A la alcaldesa no le importa la vida de la población carcelaria evidentemente, está pensando en la popularidad que tiene el hecho de irse en contra de la propuesta y qué tanto ésta la puede favorecer a futuro. De nuevo se interponen sus objetivos personales frente a los de los bogotanos.
  5. Los recursos sagrados de la ciudad se han estado usando para financiar operadores de Transmilenio que anualmente reportan ganancias multimillonarias.
  6. Los recursos sagrados fueron usados presuntamente para financiar coimas de funcionarios en la UAESP, según el testimonio de un empresario corrupto que habló para la revista Cambio;
  7. Nuestros recursos también fueron despilfarrados en negocios mal estructurados en la ETB con el expresidente que antes que dar la cara y responder nuestras denuncias, renunció para seguir enriqueciendo multinacionales.

No permitamos que los principios de nuestro partido sigan siendo vulnerados, ya bastante daño se le ha hecho a Bogotá. ¡No lo permitamos más! La alcaldesa debe asumir sus decisiones y darse cuenta que está en el lugar equivocado. Alcaldesa váyase de nuestro partido.

Diego Cancino

¡Recuperemos el verde!

La administración de Claudia López en Bogotá ha representado un enorme retroceso para los principios que el Partido Verde defiende y por los cuales ha sido acompañado por la ciudadanía. La incoherencia del actual gobierno de la capital entre lo prometido en campaña y lo ejecutado es abismal, y se aleja a todas luces de la razón de ser del partido.

En primer lugar, en Bogotá se dejó de respetar el principal principio del partido verde: la vida es sagrada. Esta administración consideró que la juventud a la que se le negaron sus derechos, la que fue asesinada y reprimida por alzar la voz, era poco más que una “horda violenta”. Por poco dicen que se merecían su suerte. Fue bajo esta administración que los jóvenes fueron encerrados en cuartos de Transmilenio para ser torturados. Nunca más una ciudad donde opere de facto la pena de muerte.

Y lo peor es que fue este gobierno, que se dice verde, el que negó que esos horribles hechos hubieran ocurrido cuando los denunciamos. Mientras el secretario de gobierno de la época -uno de tenis- negó la realidad, el gerente de Transmilenio admitió que hubo portales en los que personas “fueron conducidas al interior de las instalaciones del centro de control por parte del ESMAD” y que hubo hechos de maltrato “presuntamente ocurridos dentro del Portal Américas que son materia de investigación por parte de la Fiscalía”[1].

En segundo término, es necesario recuperar una premisa que parece haber sido olvidada por la administración actual: los recursos públicos son sagrados. No son para financiar operadores de Transmilenio que anualmente reportan ganancias multimillonarias; no son para financiar coimas de funcionarios, como habría ocurrido en la UAESP según el testimonio de un empresario corrupto que habló para la revista Cambio[2]; no son para ser despilfarrados en negocios mal estructurados como ocurrió en la ETB con el expresidente que antes que dar la cara y responder nuestras denuncias, renunció para seguir enriqueciendo multinacionales, mientras la ETB reportaba pérdidas por más de medio billón de pesos.

En tercer lugar, contrario a lo que promueve el partido verde, la actual alcaldía no muestra coherencia alguna entre medios y fines. Por eso prometió acabar Transmilenio por la séptima, para terminar cambiándole el nombre en un negocio de casi tres billones de pesos en el que sabemos quiénes pierden pero no quiénes ganan. Por eso incumplió su promesa de proteger el humedal Tibabuyes y hasta reprimió con el ESMAD a quienes le pedían cumplir la palabra pactada[3].

Finalmente, esta administración dejó a un lado uno de los principales legados de Antanas Mockus: la democracia deliberativa, que debe ser eje del diseño y la ejecución de la política pública. En su lugar, la alcaldesa abrazó el autoritarismo y le dio la espalda a los jóvenes que reclamaban diálogo; así como ignoró a la ciudadanía que exigía una Región Metropolitana que no estuviera al servicio de los constructores y los negociantes de la tierra, sino una que cuidara la vida y dignificara la producción; para expresar esos desacuerdos, cada ciudadano tenía dos minutos y medio, y a eso este gobierno, que se disfrazó de verde, le dice diálogo ciudadano. Lo mismo ocurrió en la discusión del POT y ocurre hoy con la imposición del corredor verde por la carrera séptima.

Por ello le pido a mi partido, al verde que cuida la vida y que supo llenar de esperanza a los colombianos y colombianas que se pronuncie; rechacemos el marchitamiento de nuestros principios, hoy encarnados en la alcaldía de Bogotá. Sólo así volveremos a ser una verdadera alternativa para la ciudadanía. Sólo así garantizamos que ninguna ambición personal esté por encima del colectivo y que quienes instrumentalizan al verde den un paso al costado. ¡Recuperemos el verde!

[1] Respuesta a derechos de petición con radicados 2021ER18017, 2021ER18364 y 2021ER19228.

[2] https://cambiocolombia.com/pais/piden-renuncia-de-la-directora-de-la-uaesp-por-irregularidades-en-cementerios-distritales

[3] https://www.las2orillas.co/la-ultima-incoherencia-de-claudia-lopez-meterle-cemento-al-humedal-tibabuyes/

Comunidad de Kennedy encartada con predios abandonados de Empresa Metro

El concejal de Bogotá, Diego Cancino denunció que la Empresa Metro ha comprado innumerables predios que ha dejado abandonados y convertidos en focos de inseguridad e insalubridad, sin que avance ninguna obra.

“Estos terrenos que compraron y demolieron están a la deriva en los territorios. Compraron las casas, hicieron las demoliciones pero las obras no arrancan; al contrario, estos predios se han convertido en botaderos de basura, vertederos de escombros, baños públicos, nidos de ratas y focos de inseguridad”, dijo Cancino.

El concejal aseguró que la improvisación de la Empresa Metro se nota en el desorden que conlleva demoler, dejar los terrenos abandonados y no avanzar efectivamente en las construcciones, lo que implica una serie de problemas para las comunidades.

Líderes de Kennedy aseguran que los puntos críticos en esta práctica son: además de la inseguridad y las basuras, los cierres viales que afectan el comercio y las dinámicas de los barrios: “Prácticamente estamos incomunicados, no entran taxis, ni ningún tipo de vehículos”, dijeron

Miembros de las juntas de acción comunal aseguran que han oficiado múltiples quejas a la Empresa Metro y no han obtenido ninguna respuesta.

¿Cuál era el afán de comprar predios y demoler si no era para empezar las obras?, se pregunta el concejal Diego Cancino.

Llamado al Acueducto de Bogotá

Vecinos aseguran que llevan casi un año con un problema de traslado de redes de acueducto desde la Avenida Boyacá hasta la Avenida Villavicencio donde han hecho obras de manera intermitente, los trabajadores vienen y van, tapan y destapan y la obra no avanza. Tienen la avenida totalmente deteriorada. De tres carriles que tiene la Avenida Primero de Mayo de sentido norte – sur, sólo sirve uno, lo que trae muchas dificultades en la movilidad.