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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Fiscalía

Carlos Fernando Galán anuncia la llegada de más policías a Bogotá

Desde el Portal Las Américas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en compañía del secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, la directora de Fiscalías seccional Bogotá, Leonor Merchán, y del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá Gral. José Daniel Gualdron, presentó un balance de la seguridad en la capital del país.

El mandatario local Inicio su intervención afirmando “El mensaje que le queremos dar a todos es que somos conscientes de la problemática de seguridad que está viviendo la ciudad y estamos trabajando con una estrategia que de resultados pero que requiere ajustes permanentes”.

 

Galán Pachón informó que en el marco de la ‘Operación Bogotá, patrullan las calles de la capital cerca de 700 uniformados que buscan brindar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos. “Este será un esfuerzo sostenido que se va a mantener para fortalecer las capacidades de la Policía Metropolitana, y articularse con la fiscalía general de la Nación”, manifestó el burgomaestre.

Este pie de fuerza fue distribuido en puntos neurálgicos donde se han detectado focos delincuenciales y se hará especial énfasis en la lucha contra la extorsión, plan baliza en vías públicas, tomas masivas, operativos contra el hurto en el sistema de transporte público, así como patrullajes aéreos tanto del helicóptero Halcón, como de seis drones que operaran en toda la capital.

Confirmó además que en las próximos días se sumarán 100 uniformados más que fortalecerán el trabajo contra el hurto y el homicidio en  puntos estratégicos de la ciudad. “Son policías que van a fortalecer un grupo especial para poder enfrentar de manera efectiva la andanada de acciones delincuenciales en algunos puntos de Bogotá”.

En su informe el Gral. Guadrón, dio a conocer que el fin de semana se realizó un trabajo específico en ocho estaciones y 60 microterritorios, donde se notó un aumento significativo de homicidios y de otros delitos.

“Realizamos en las últimas horas 13 diligencias de allanamiento, en las que se realizaron 10 capturas por tráfico de estupefacientes, por hurto, porte ilegal de armas, homicidio, e igualmente se incautaron armas de fuego y sustancias psicoactivas.  Llevamos a hoy 3.790 capturados, de los cuales 780 son por orden judicial y el resto en flagrancia; estamos capturando en promedio 83 personas diarias; y atendiendo 5.600 motivos que requieren a la Policía, diariamente”, afirmó el alto oficial. 

También resaltó el apoyo de dos helicópteros más que están realizando labores de patrullaje en horas y sectores determinados como por ejemplo la Avenida Circunvalar, la NQS, la Avenida de las Américas, Chapinero y Usaquén. Así mismo como la entrada en funcionamiento de seis drones con sus tripulaciones que entran a apoyar la tarea de informar oportunamente a las patrullas de reacción.

El Cartel de los más buscados en Bogotá

Se trata de 25 personas que tienen una o más órdenes de capturas vigentes por delitos relacionados con el hurto, extorsión, y homicidio. “Son 25 actores criminales dedicados al homicidio, al hurto y al tráfico de estupefacientes. Estas personas ya tienen orden de captura.

La directora seccional de Fiscalías señaló que se han judicializado alrededor de 700 personas que tenían orden de captura vigente. “La disminución del homicidio doloso nos ha permitido avanzar y esclarecer un 32 % de los casos, con más de 90 personas vinculadas formalmente a un proceso”, finalizó la funcionaria.

“Se obedece, pero no se cumple”

Con motivo de la elección de fiscal general de la Nación ha aflorado la vieja regla feudal española del “se obedece, pero no se cumple”. Quienes quieren ver consolidada la prolongación del mandato de Francisco Barbosa en su vicefiscal, hoy la fiscal encargada Marta Mancera, replican una y otra vez que la independencia de la Corte Suprema de Justicia implica que no tiene fecha límite para cumplir con ese deber constitucional. Se equivocan por doble partida.

De una parte, porque la Constitución de 1991 erigió a Colombia en un Estado social de derecho que se caracteriza, a diferencia del anterior, por procurar la realización efectiva de los derechos y por supeditar las formas y ritualidades al contenido sustancial del derecho. Al ser la Constitución “norma de normas”, su contenido todo debe leerse en la aplicación de cada una de sus disposiciones. En consecuencia, la ausencia de una fecha límite expresa no corresponde a una licencia para no ejercer oportunamente la atribución constitucional de elegir fiscal general. En clave de interpretación constitucional, la fecha límite es el último día del periodo del fiscal general que la Corte tiene el deber de reemplazar. El encargo diseñado para suplir ausencias como la renuncia, muerte o enfermedad, sustancial y estrictamente hablando, no cabe cuando vence el periodo del titular. De lo contrario, por omisión inconstitucional del deber de elegir, se está propiciando que quien ocupe esa dignidad sea la persona designada por el fiscal saliente y no la elegida por la Corte Suprema de Justicia como ordena la Constitución.

 

Habiendo sido entregada la terna por el presidente de la República desde agosto de 2023, la Corte Suprema no puede excusarse en la independencia judicial para dilatar la obligación de dotar al país de una fiscal general de su elección. El ejercicio autónomo de sus funciones judiciales y administrativas, como es el acto de elección, debe atenerse estrictamente a sus atribuciones que incluyen, en el caso que nos ocupa, atender los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que regentan la función administrativa (Art. 209 Const. Pol). No es otro el llamado constitucional que a ejercer las competencias autónomas de cada poder, a la luz del principio superior de la “colaboración armónica” y cumplir con fidelidad los fines del Estado y de cada uno de los órganos establecidos por la Constitución.

De otra parte, como consecuencia de no haber elegido fiscal en tiempo, a partir del 13 de febrero encabeza la entidad la vicefiscal Martha Mancera, cuando acaba de ser denunciada penalmente por el colectivo Control Ciudadano Colombia, dirigido por el penalista Elmer Montaña. La delación por omisión de denuncia y favorecimiento se basa en los hechos dados a conocer por la Revista Raya y el periodista Daniel Coronel, quienes han divulgado documentación interna de la Fiscalía General de la Nación que documenta presuntas relaciones del director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Buenaventura con el narcotráfico, sobre las que tendría conocimiento la fiscal Mancera en ejercicio de su cargo.

En contraste con esta situación y su potencial para afectar la necesaria credibilidad de la fiscalía, la terna de mujeres presentada por el presidente Gustavo Petro contiene los nombres de tres de profesionales de reconocida integridad e idoneidad que, a diferencia del Fiscal Barbosa, no ostentan relación de amistad alguna con el presidente que las ternó. La Corte debe meditar muy bien si prolonga por meses y meses el encargo de la fiscal nombrada por el fiscal saliente. La aplicación de la fórmula de obedecer la Constitución, sin acatar su profundo contenido institucionalizador de ejercicio reglado y limitado del poder -de todos los poderes- sería una grave afrenta a la democracia.

Clara López

A prisión hombre que traficaba ketamina

Mauricio Geovanny Vallejo Tobar fue puesto en prisión, tras ser capturado por su presunta participación en el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, durante hechos ocurridos el 8 de febrero de 2024.

La captura de este sujeto se dio durante un retén de la Policía Nacional, cuando se movilizaba en un vehículo, junto a dos mujeres, por el sector de Pedregal Imues, zona rural de Pasto.

 

Durante la revisión del automotor, los agentes de la Policía hallaron una caja con 49 frascos de color café que contenía Ketamina, un anestésico de uso veterinario, utilizado por sus potencialidades alucinógenas, y $20.000.000 en efectivo.

La Ketamina es considerada como una sustancia depresora que genera dependencia, además de sus usos en animales es destinada por estructuras criminales para producir Tucibi (2CB) o cocaína rosada.

La CIDH pide elegir pronto a un fiscal y a aconseja a Petro calmarse

La Comisión Interamericana de derechos humanos, CIDH, hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que c finalice el proceso de elección del fiscal general, y decida el nombre de la persona que reemplazará a Francisco Barbosa, quien culminó su periodo este 12 de febrero.

La CIDH considera que la falta de designación de un fiscal podría llevar a debilitar el sistema de justicia colombiano, «La Fiscalía General de la Nación, al tener el monopolio de la acción penal, juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y en la preservación de la democracia y del Estado de derecho en Colombia. La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía», señala la CIDH».

 

Así mismo, el tribunal internacional pidió al presidente de la república, Gustavo Petro, brindar las garantías que se requieren para el proceso se lleve a cabo con total tranquilidad.

«A través del Poder Ejecutivo, se brindarán todas las garantías y condiciones necesarias para que la Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus funciones, elijan a la persona titular de la Fiscalía General de la Nación bajo los preceptos de imparcialidad e institucionalidad», señaló.

Fiscalía niega seguimientos a Ramiro Bejarano por el caso Álvaro Gómez

El abogado, columnista de El Espectador, y ex director del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Ramiro Bejarano, afirmó a través de su más reciente columna de opinión, que habría sido víctima de seguimientos e investigaciones por parte de la Fiscalía desde octubre del 2020 hasta agosto de 2022, esto en el marco de la investigación por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado en 1995.

Además, afirmó Bejarano en su publicación “Una alevosa, persistente y prolongada pesquisa en mi contra, sin que se sepa el delito por el que en secreto fui investigado, durante buena parte del período de Iván Duque y el de Barbosa como fiscal”. Aseguró el abogado valle caucano.

 

Adicionalmente en la misma columna de opinión Bejarano publicó el nombre de cerca de diez funcionarios de la Fiscalía que según él, fueron los encargados de estar “detrás de él” sin cumplir con la obligación legal de notificarle.

Por su parte el ente investigador en un comunicado de prensa entregado a los medios de comunicación negó categóricamente algún tipo de seguimientos. “Es falso que la Fiscalía General de la Nación a través de su Policía Judicial haya realizado algún tipo de labor investigativa como escuchas o seguimientos en contra del señor Ramiro Bejarano Guzmán”.

En otro de los apartes del comunicado asegura la Fiscalía que “Una de las líneas investigativas del proceso que indaga la Fiscalía es la presunta participación de integrantes de la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el crimen. Es importante resaltar que, para la época de los hechos, el señor Ramiro Bejarano fungía como director del DAS”.

En el tercer punto del comunicado se afirma que “Entre las actividades investigativas adelantadas con total apego al ordenamiento jurídico, se expidieron órdenes a policía judicial para recaudar evidencia física y material probatorio. En ese sentido, se adelantó una inspección a las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), para recolectar documentos de archivo del antiguo DAS”.

Concluyó el comunicado que la Fiscalía que sus actuaciones están acorde con el artículo 250 de la Constitución Nacional.

Cárcel para alias Ministra

Javier Mondragón Gonzáles, alias ministra, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de libertad en centro carcelario, tras la decisión de un juez que aceptó la imputación de cargos solicitada por la Fiscalía.

Alias Ministra, presunto cabecilla de la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del ‘Clan del Golfo’, que tiene injerencia criminal en los Llanos Orientales.

 

Esta persona fue capturada en diligencia realizada de manera conjunta con la DIJIN de la Policía Nacional en inmediaciones de Guamal (Meta).

Sería el encargado de promover homicidios selectivos y el cobro de extorsiones a arroceros, comerciantes, ganaderos y transportadores, en medio de amenazas de muerte y de ataques a sus bienes.  Los elementos de prueba dan cuenta de que los dineros obtenidos ilegalmente eran destinados a pagar la nómina de la estructura ilegal, adquirir armas y otros elementos para el componente armado.

Asimismo, estaría involucrado en la logística y transporte de los cargamentos de cocaína y marihuana que salían de Meta a zona de frontera con Venezuela.

A Colombia la salvarán las instituciones

La estabilidad política, social, económica e institucional se ven amenazadas cuando un presidente alienta la movilización popular con discursos de odio. Y más grave aún cuando lo hace para presionar a las Cortes, desafiando así la Constitución y las Leyes que él mismo juró proteger.

Desde 1945, la separación de poderes fue una realidad en Colombia, y desde entonces el poder público está dividido en tres ramas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Un paso necesario para prevenir la concentración y el abuso de poder en cualquiera de estas tres esferas, evitando así las decisiones políticas autoritarias que pudieran tener graves consecuencias para el país. Esta división, aunque imperfecta, no solo es por definición, un rasgo distintivo de un país democrático y un Estado Constitucional, como el nuestro, si no también es una estructura que protege las libertades y los derechos de los ciudadanos de posibles actos de arbitrariedad.

 

En varias ocasiones, los mensajes difundidos por el presidente del Gobierno del Cambio a través de sus redes sociales han desafiado esta división de poderes y han promovido de manera irresponsable manifestaciones en las calles sin considerar las posibles consecuencias de tales convocatorias. La última semana no fue la excepción. Las disputas con el Fiscal General de la Nación y su deseo de contar con una fiscal alineada con su postura política, llevaron nuevamente a que el presidente convocara y respaldara nuevas protestas, esta vez con el objetivo de presionar a la Corte Suprema de Justicia para que eligiera rápidamente. Ante la falta de consenso para la elección de la nueva fiscal, los manifestantes que apoyaban al presidente bloquearon el acceso al Palacio de Justicia, comprometiendo no solo el derecho a la libre locomoción de quienes se encontraban en esta sede judicial, sino también generando una situación de tensión que amenazó la integridad del sistema democrático y el respeto por la independencia del poder judicial. Aunque la situación se resolvió el mismo día, evocó inevitablemente la toma del Palacio de Justicia que hizo el M-19 en 1985, un hecho que hoy en día representa una herida profunda en la memoria colectiva de los colombianos.

Como es costumbre, el presidente culpó a otros y no asumió su responsabilidad en una situación, que no solo generó incertidumbre política, sino que también envió señales negativas a ciudadanos e inversores por igual. Las consecuencias podrían ser profundas, tanto a corto como a largo plazo en materia de crecimiento económico y empleo, la atmósfera de duda resultante puede desalentar la inversión en el país, promover la fuga de capitales, socavar la confianza de consumidores y empresarios, y aumentar el costo del capital para las empresas, ya que las primas de riesgo serán más altas para compensar la creciente incertidumbre en nuestro país. Algo que ya pasó en Venezuela y Turquía, donde la independencia judicial ha sido puesta en duda y parece estar confeccionada a la medida de la rama ejecutiva.

En medio del dolor que ha marcado a nuestro país esta semana, recae sobre nosotros la responsabilidad y el deber de alzar la voz en defensa de la democracia, de las instituciones y del equilibrio entre las tres esferas del poder público, pero también de la estabilidad económica y del empleo de los más de 25 millones de colombianos que formamos parte de la fuerza laboral. Mantengo la confianza en la fortaleza de la democracia colombiana y estoy convencida de que, así como las instituciones han salvado a Colombia de las malas decisiones de este último año y medio, seguirán siendo la salvaguarda del país frente a un cambio que solo nos perjudica.

Encuentre aquí más columnas de opinión de Sandra Forero

¡La soberanía es popular!

El pueblo, constituyente primario, se pronuncia en las urnas y en las calles. En las urnas votamos por un cambio y en las calles lo exigimos.

Desde las primeras marchas contra el entonces presidente Iván Duque, millones de colombianos mostramos que queríamos un cambio. Las reformas de 2021, que golpeaban la canasta básica familiar, encendieron el estallido social que, en 2022, con el cual propiciamos el cambio en las urnas.

 

Todo cambio tiene  obstáculos en el camino. Para unos, el cambio es inaceptable y es mejor que las cosas se queden tal como están; para otros, el cambio va muy lento y lo quieren de inmediato. Y en los extremos de ambas posiciones surgen fanatismos que hacen mucho daño.

Pero en la presente coyuntura, la inconformidad, impaciencia y malestar no es con la Corte Suprema de Justicia, sino con la Vicefiscal Mancera, que es la perpetuación del nefasto Francisco Barbosa, de lejos el peor Fiscal General en la historia de Colombia, no sólo por los resultados nulos de su gestión en materia de asesinatos de líderes sociales y excombatientes firmantes de los acuerdos de paz, sino por la descarada politización del ente acusador. Y esa situación no puede seguir igual.

El hecho que la Fiscalía General de la Nación quede en manos de una persona denunciada en varios medios de comunicación, tradicionales y alternativos, por el tema de los “narcofiscales”, resulta impresentable. Esto no puede pasar.

Lo mínimo que esperamos de la Corte Suprema de Justicia es que cumplan con su deber constitucional, pero también que no dejen a la Fiscalía en manos de una persona señalada de encubrir criminales. Ese no es el cambio que queremos; es tener más de lo mismo, pero peor.

Encuentre aquí más columnas de opinión de Alejandro Toro

El primero que debe calmarse es Petro

Dice el viejo y conocido refrán, tantas veces va el cántaro al agua hasta que se rompe, y es precisamente lo que sucedió en Bogotá en la manifestación convocada por Fecode para exigir una pronta elección de quien será el reemplazo de Francisco Barbosa en la Fiscalía General de la Nación, el cántaro se rompió.

La batalla campal que se presentó en el ingreso a las instalaciones del Palacio de Justicia pudo convertirse en una segunda toma al Palacio de Justicia, situación que hubiese puesto en jaque al mismo presidente de la república quien a través de sus trinos se ha encargado de instigar y encender los ánimos.

 

Estoy de acuerdo en que la Corte Suprema de Justicia no debe ni puede demorar la elección del nuevo fiscal general de la Nación, que en este caso podría ser una mujer, pero también estoy de acuerdo con este proceso debe hacerse en medio de un escenario tranquilo y no en un marco de ataques y enfrentamientos desde otros poderes, en este caso, del Ejecutivo.

El presidente de la república debe saber que una manifestación puede salirse de control y que es por esto que no es prudente acudir a la presión popular para lograr determinado objetivo porque una protesta o manifestación puede salirse de control por la exaltación de los ánimos.

El primero que debe calmarse es el presidente de la república, y además, debe ser el primero que en acudir a la prudencia y a olvidar los desahogos por las redes sociales. Ha llegado el momento en que Gustavo Petro deje el activismo político y se dedique a actuar como el jefe de Estado que es, porque llamar a una protesta ciudadana para presionar a la Corte Suprema de Justicia para que elija fiscal de forma rápida no es el camino adecuado.

Lo único que se consiguió con esa protesta fue exaltar más los ánimos y en medio de la crispación las cosas se salen de control.  Es hora de que el presidente Gustavo Petro pare la llamadera a la protesta ciudadana porque es él quien va a salir perjudicado.

Sería bueno además de que el Pacto Histórico y el mismo presidente Gustavo Petro pidan disculpas al país por los hechos que sucedieron ayer en medio de la protesta, porque si bien es cierto que el primer mandatario y su coalición política no convocaron de manera tajante a acompañar la marcha de Fecode, también es cierto que sí la apoyaron, y políticamente son los responsables.

Estoy de acuerdo en la Corte Suprema de Justicia, debe elegir un fiscal general de la Nación con prontitud si en realidad quiere ayudar a calmar los ánimos, pero, qué pena, no es con marchas en las calles como se puede conseguir este objetivo, porque quien más pierde con manifestaciones violentas, es el presidente de la república, Gustavo Petro.

Encuentre aquí más columnas de opinión de Óscar Sevillano

Fiscalía pone tras las rejas abusadores de niños en Medellín

En la ciudad de Medellín, un juez condenó a una pareja de esposos que abusaban y explotaban sexualmente de sus hijos menores de edad, en hechos acaecidos en la capital antioqueña y el municipio de Bello.

Los condenados accedían carnalmente a sus hijos, con edades entre los 3 y 7 años, y los obligaban a ver como tenían relaciones sexuales, para después realizarles tocamientos de carácter sexual. Así lo determinó la investigación adelantada por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), estos hechos ocurrieron entre los años 2014 y 2017.

 

Durante la investigación se logró demostrar los vejámenes a los que la madre sometía a sus hijos, como era obligarlos a estar desnudos, golpearlos, y negarles alimentos por varios días.

Según el fiscal de Caivas, se pudo demostrar que la madre tenía encuentros sexuales con otros adultos y al finalizar los mismos daba su autorización para que sus hijas fueran abusadas sexualmente o se les realizaran tocamientos a cambio de dinero. Hechos que se realizaban en casas y locales comerciales en Medellín y Bello Antioquia.

La mujer detenida fue sentenciada a 22 años de cárcel, mientras que su pareja fue condenado a 210 meses de prisión. Los delitos que se les imputaron fueron los de acceso carnal violento agravado, acto sexual violento agravado, proxenetismo con menor de 18 años agravado y violencia intrafamiliar agravada.

En esta misma investigación se logró la captura de dos hombres, uno hombre de 69 años, y una mujer de 31 acusados de actos sexuales con menor de edad. Hechos estos, bajo el beneplácito de la madre de los niños. }

Los investigados fueron detenidos por la Policía Nacional, llevados ante la Fiscalía, dónde no aceptaron los cargos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.

Corte Suprema de Justicia sigue sin elegir fiscal

En una nueva jornada de votación no hubo consenso por parte de los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para elegir el reemplazo de Francisco Barbosa como Fiscal general, periodo que vence el próximo 12 de febrero.

Después de dos rondas de votación, ninguna de las tres ternadas por el presidente Petro, logro los 16 votos necesarios por parte de los magistrados.

 

Así lo dio a conocer el presidente de la alta corporación, el magistrado Gerson Chaverra en un comunicado a la opinión pública:

“Sesionamos en condiciones de normalidad. Adelantamos la ronda de votación para la elección de la nueva fiscal general de la Nación, hicimos dos rondas de votaciones y el resultado final es que ninguna de las candidatas por el momento sacó los votos requeridos para ser elegida la nueva fiscal general de la Nación, que conforme a nuestro reglamento se requiere una mayoría de 16 votos”

El 22 de febrero es la fecha establecida para la próxima Sala Plena de la Corte Suprema, en la que se espera que los magistrados logren elegir entre Ángela María Buitrago, Amelia Pérez o Luz Adriana Camargo las tres candidatas a reemplazar a Barbosa en la dirección del ente investigativo.

También se conoció que antes de iniciar la votación, el fiscal saliente Francisco Barbosa, presentó un detallado informe sobre su labor en estos cuatro años al frente de la Fiscalía. Al no lograrse unanimidad en la elección, se espera que, al terminar el actual periodo en la dirección del ente acusador, empiece un periodo de interinidad en dicho organismo.

Al conocerse el resultado negativo en la elección de la nueva fiscal, por parte Corte Suprema de Justicia los ánimos de los manifestantes que marcharon hoy exigiendo celeridad en este proceso, se caldearon, al punto de intentar ingresar por la fuerza a las instalaciones del alto tribunal, y generando enfrentamientos con la fuerza pública.

La Policía se encuentra tras la pista de «Las Tomaseras»

La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía identificó y priorizó cinco localidades: Chapinero, Kennedy, Suba, Teusaquillo y Engativá, quepresentan mayor afluencia de personas que departen en establecimientos nocturnos y de venta de bebidas alcohólicas.

De acuerdo a las actividades investigativas, se logró evidenciar el papel fundamental que tienen las mujeres que integran estructuras delincuenciales, quienes a través de redes sociales Facebook y Thinder contactan a sus víctimas, seleccionado en su mayoría hombres de nacionalidad extranjera, ganando su confianza y posteriormente suministrándoles sustancias como Benzodiazepina y Clonazepam en las bebidas, para dejarlos en estado de indefensión y poder hurtarles sus pertenencias (dinero, tarjetas de crédito, documentos, vehículos y dispositivos móviles entre otros).

 

Durante el año 2023 se presentaron 2.018 casos de hurto mediante la utilización de sustancias tóxicas, siendo Chapinero la de mayor denuncia por este flagelo con un 18% del total de estos casos. Asimismo, la mayoría de las víctimas son hombres, representando el 78% de los hechos que generalmente transcurren en horas de la madrugada.

La Policía identificó a ocho personas que integran un cartel inmerso en diferentes casos de hurto bajo esta modalidad, e invita a la ciudadanía a aportar información que permita la individualización, identificación y judicialización. Habrá pagos por la información suministrada.

Así misma entrega las siguientes recomendaciones a la ciudadanía para evitar ser víctimas de estos delincuentes cuando frecuente discotecas, bares o restaurantes:

  • Asegúrese que el licor sea destapado en la mesa
  • Durante la noche no es recomendable recibir tragos de personas que acabe de conocer.
  • No descuide su bebida, vigile que personas externas no se acerquen a su mesa mientras baila.
  • No permita que los vendedores de acerquen a su mesa con pretexto de ofrecer algún tipo de producto que deba consumir u oler.
  • Los delincuentes que operan con sustancias facilitadores de delitos (escopolamina, medicamentos hipnóticos, sedantes etc) trabajan organizadamente y utilizan mujeres como anzuelo para llegas a las víctimas, esta modalidad se conoce como ‘Las Tomaceras’.

Fiscalía con Martha Mancera, “Pacho Malo” y el narcotráfico

En estos últimos días hemos visto bastante tensión entre la elección del nuevo fiscal por parte de la Corte Suprema de Justicia, quien no se decide aún cual será el remplazo del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

Mientras ellos llevan su curso en el análisis del sucesor, la próxima en llegar de manera temporal será vicefiscal Martha Mancera, quien de acuerdo a las últimas investigaciones dadas por la revista Raya y Daniel Coronel, no sería tan mansa en el actuar contra las mafias del narcotráfico pacifico en el puerto de buenaventura.

En el año 2021, fue asesinado en el cauca Mario Fernando Herrera Aparicio, un Agente del CTI que trabajaba de manera encubierta infiltrando organizaciones criminales. El, laboraba con otros dos miembros, Pablo Bolaños y Fabio Gonzales.

A la velación fueron el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa y la Vicefiscal, Martha Mancera, y en la funeraria los dos agentes les informaron que tenían varios descubrimientos reveladores.

En una grabación revelada por la revista Raya y RTVC, el Fiscal General, Francisco Barbosa les menciona: “Yo sé el trabajo que ustedes hacen y se lo manifesté al presidente, al ministro de defensa, a las fuerzas militares, a todos los actores que llamaron a dar la solidaridad… cuenten con la institución, cuenten con nosotros, cuenten con la señora vicefiscal , con el director seccional….”

En otra grabación, también revelada, la vicefiscal Mancera menciona:

Martha Mancera: No, después de los videos, quiero saber un poco, después de los videos ¿Cuántas veces Mario había entrado? Incluso, no hizo el video, el que hizo el video fuiste tú, Pablo. Y volvieron otra vez a ingresar con la fuente, poque iban como moscas a sacar un cargamento.
Pablo Bolaños: Exacto.
Martha Mancera: Eso era lo que ustedes iban hacer, perfecto.
Fabio Gonzales: Que iba para marinilla a empatarse con el resto.

Esto es parte de la información e indicios claros de que el jefe del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez, conocido como Pacho, estaba involucrado en el narcotráfico y el tráfico de armas.

Esta información la dejaron en su momento en un informe oficial, pues no contaban que al día siguiente los visitó Víctor Forero, jefe de investigaciones de la fiscalía delegada para la seguridad territorial, y le pidió al agente Fabio Gonzales que modificara su investigación y que no mencionara a Pacho, pobre el muchacho.
Este fin de semana se conoció, que dos días antes del asesinato de Mario Fernando Herrera Aparicio, él, elaboró un informe detallado para la Fiscalía general de la Nación sobre su última misión como agente encubierto. Según el documento, el director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, es alias “Pacho” o “Pacho Malo”.

El agente de acuerdo a su investigación, mencionó que “Pacho” era el encargado de liderar la contaminación de los buques en el puerto del Pacífico para llevar cocaína a Centroamérica, Guatemala y México, y a Europa, España y Francia. “El precio de cada kilo de cocaína oscila entre 8 y 9 millones de pesos la montada en los containers y se trabaja con un mínimo de 40 kilos y hasta 300 kilos aproximadamente”.

En noviembre del año pasado, la vicefiscal Martha mancera dio dos declaraciones, que quedaron grabadas para dos medios de comunicación; una para Revista semana y otra para Daniel Coronell en la W radio, en la que afirmaba que no era su deber abrir una investigación contra Francisco Javier Martínez Ardila, alias “Pacho”, ya que eran los agentes Bolaños y González los que tenían la obligación de denunciar y de hacer un informe oficial que, según la vicefiscal, no realizaron.

Hasta ese momento no se sabía del lugar y origen del informe que de acuerdo a los investigadores no solo se presentó y lo conoció la vicefiscal Mancera, sino también el mismo Fiscal General de la nación, Francisco Barbosa, en el viaje realizado y mencionado en el audio anterior, lo que desmiente completamente las afirmaciones de la vicefiscal.

Ambos funcionarios aseguraron que le entregaron a la vicefiscal las pruebas contra Martínez, pero que esta no dio la orden de investigar el caso.

Aun así la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que fue archivada la investigación en contra de la vicefiscal Martha Mancera, decisión que cobija a Luisa Obando, delegada para la Seguridad Territorial en el ente acusador, el pasado 26 de enero.

No es la única investigación de la vicefiscal, de acuerdo con el portal Casamacondo, también reposan dos denuncias radicadas en octubre de 2016 contra Martha Mancera por, presuntamente, recibir dinero para liberar una mercancía de contrabando incautada en Buenaventura y avaluada en diecisiete mil millones de pesos. Mancera, quien debía velar por la destrucción de la mercancía que ilegalmente entraba al puerto de Buenaventura, cambió todos los procedimientos para sacar del camino a la incómoda fiscal anticontrabando, Magda Melissa Quiroz Ramírez. Según las denuncias, los involucrados, desde fiscales hasta agentes de la policía fiscal y aduanera, se repartieron mil millones de pesos. 

Aun no se sabe que pueda pasar con la corrupción y el narcotráfico que pueden presentar algunos miembros de la fiscalía. Mientras eso sigue su curso, el próximo 13 de febrero si no hay luz verde por la corte suprema de justicia, la nueva fiscal general de la Nación, será Martha Mancera.

Encuentre aquí más columnas de opinión de Iván Santisteban

 

La Corte y Francisco Barbosa

Es cierto que la Corte Suprema de Justicia no tiene un límite de tiempo para elegir al reemplazo del actual fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, pero también es cierto que no puede tampoco dilatar la decisión, prologando de paso una interinidad que no le sirve en nada la estabilidad institucional.

Creo necesaria la pronta elección de quien asumirá el cargo, en este caso, una de las tres mujeres ternadas por el presidente, Gustavo Petro, porque no solo evita una interinidad indefinida, sino que, además elimina la posibilidad de que el fiscal saliente, Francisco Barbosa, maneje los hilos de la entidad a través de su actual subalterna, la vicefiscal, Marta Mancera.

 

Sería fatal que la Corte Suprema de Justicia se preste al juego de Francisco Barbosa porque es evidente que le gustaría dejar a su vicefiscal ocupando el cargo de fiscal general por tiempo indefinido vaya uno a saber si con la intención de seguir dirigiendo la entidad a la distancia y de paso influir en las decisiones que se tomen.

Lo anterior lo digo por la seguridad con la que Barbosa da por hecho que Mancera será su reemplazo, lo que hace que uno se pregunte, sí existe algún acuerdo por debajo de la mesa entre el fiscal saliente y la Corte Suprema de Justicia para demorar la elección.

Tan seguro está Barbosa de lo que podría pasar luego de su salida de la Fiscalía, que, durante su visita a los Estados Unidos, presentó a su vicefiscal como su próxima sucesora, lo que además deja la duda de, sí existe un acuerdo entre el fiscal saliente y la posible fiscal (e), especialmente por casos como el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en donde Barbosa parece interesado en archivarlo, mientras ha puesto el acelerador en los procesos que de una u otra manera ponen en jaque la legitimidad del gobierno Petro.

A esto es a lo que la Corte Suprema de Justicia no debe prestarse porque la investigación judicial es un trabajo bastante delicado como para que siga convertido en la base para una eventual campaña política a la presidencia por parte de quien hoy dirige esta labor.

La Fiscalía General de la Nación no puede ni debe seguir actuando como un partido de oposición. Su dignidad como institución debe recuperarse y esto no se va a conseguir con base en una fiscalía interina indeterminada, además, pero con la sospecha de que podría ser manejada a la distancia por Francisco Barbosa.

Encuentre aquí más columnas de opinión de Oscar Sevillano