La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por su intervención en el direccionamiento irregular de dos contratos suscritos en diciembre de 2012 y octubre de 2013, durante el primer periodo en el que ejerció el cargo.
El exmandatario fue declarado responsable, en calidad de coautor, del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y deberá permanecer privado de la libertad en centro carcelario para hacer efectiva la pena que será conocida en los próximos días.
Los contratos tienen que ver con la dotación de mobiliario escolar, herramientas agropecuarias y material pedagógico para las instituciones y/o centros educativos del departamento de Arauca.
En el curso de la investigación liderada por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se estableció que, con los aportes a la conducta criminal del exgobernador y sus subalternos, fueron tramitados y celebrados desconociendo varios requisitos esenciales con la única intención de beneficiar a unos oferentes específicos.
La Policía Nacional en desarrollo de la Operación Agamenón ubicó una caleta con abundante material de guerra, entre ellos armas de fuego de largo alcance y munición de diferente calibre en zona rural de Cúcuta, Norte de Santander.
De acuerdo con información de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, el armamento incautado pertenece a la Subestructura Luis Orlando Padierna Peña, de la Central de Urabá- Clan del Golfo.
En el operativo se incautó (27) Fusiles; 4.000 Cartuchos de diferente calibre; 40 proveedores; 12 Fusiles FAL; 7 Fusiles AK-47; 7 Fusiles GALIL; 1 Fusil M4; 40 Proveedores; 3.000 cartuchos Calibre 5.56 y 1.000 cartuchos Calibre 7.62.
“Con este resultado, se logra neutralizar las rentas criminales por parte de la subestructura Luis Orlando Padierna Peña perteneciente a la Central de Urabá- Clan del Golfo, en la ciudad de Cúcuta y minimizar el riesgo de afectación contra la Fuerza Pública y población civil”, señaló el señor Brigadier General William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías presentó imputación de cargos en contra de Jhon Jairo Donado Pinto y Alcides Alberto Villazón Durán, por su participación en el robo a un carro de valores en el aeropuerto de Riohacha (La Guajira), el pasado 9 de abril.
El hurto quedó registrado cuando un grupo de hombres armados ingresaron a la pista del aeropuerto para apoderarse de al menos 12 tulas llenas de dinero que serían cargadas en un avión de Latam hacia Bogotá.
El hecho desató una persecución policial en la via que de Riohacha conduce a Santa Marta en donde estos delincuentes habrían incinerado con algunas bolsas de dinero en su interior, para luego obligar a otras personas a descender de un vehículo, en el cual huyeron.
Varias patrullas de la Policía Nacional siguieron el camino que, al parecer, tomaron dos vehículos, entre ellos el que había sido hurtado. En una trocha de la vía se encontró abandonado uno de los carros y kilómetros más adelante el segundo automotor.
Las autoridades ingresaron al lugar y capturaron a Villazón Durán quien estaba pagando prisión domiciliaria. Este delincuente tenía en su poder una bolsa de tela con billetes de diferentes denominaciones, dos chalecos antibalas, proveedores y munición.
En el operativo cayó también Donado Pinto quien portaba una pistola, un proveedor, cartuchos, una granada de aturdimiento, un bloqueador de señal y dos maletas cargadas con dinero.
La Superintendente de Industria y Comercio y ministra de Comercio (e), Cielo Rusinque denunció desde su cuenta de X que le acompañaban en la ciudad de Montería son atendidas en la Clínica del Rio, tras consumir un dulce que le habían regalado a la funcionaria y que al parecer contenía veneno.
«A estas personas les había regalado dos potes de dulce que me habían regalado y se me habían quedado entre el carro. Según me informan esta información la tiene ya la Policía y Fiscalía de Montería pues la sustancia encontrada fue veneno que habría sido incluido en los dulces que me regalaron», afirmó Rusinque en la red social.
La superindustria y Comercio entregó la información con el contenido de los frascos a la Fiscalía General de la Nación y la Policía para que inicien las investigaciones respectivas.
#DenunciaPublica, me confirma el escolta que me acompañó en Montería que se encuentran hospitalizadas 4 personas por envenenamiento en la Clínica del Rio en Montería. A estas personas les había regalado dos potes de dulce que me habían regalado y se me habían quedado entre el… pic.twitter.com/lMoFG6dvTf
— Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) April 20, 2025
En una acción investigativa articulada de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, con apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI – ICE), fueron identificados tres trabajadores de una empresa que presta servicios de transporte y logística en el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), que serían los encargados de ocultar clorhidrato de cocaína en los contendores que salían con destino a España.
Se trata de Huber Micolta Riascos, Edinson Viveros Angulo y Kevin Javier Reyes Victoria, quienes fueron capturados en diligencias realizadas de manera simultánea en Buenaventura y Candelaria (Valle del Cauca).
La Fiscalía les imputó carpos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Los tres deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Estas personas, al parecer, recibían los alijos en inmediaciones de la terminal marítima, se los adherían al cuerpo o escondían en compartimentos y, valiéndose de sus cargos, los ingresaban eludiendo los controles de seguridad. Posteriormente, los llevaban a los baños de la zona de atraque de las motonaves y allí los camuflaban en contenedores específicos.
De acuerdo con la Fiscalía, el 4 de febrero de 2024, estos tres trabajadores habrían facilitado la entrada de 26 kilogramos de clorhidrato de cocaína al puerto de Buenaventura, los cuales fueron encontrados en las papeleras de un baño.
En zona rural del municipio de Campo de la Cruz, al sur del departamento del Atlántico, fue hallado un cadáver de una persona, que las autoridades presumen, se encontraba desaparecida.
El hallazgo fue posible gracias a que un grupo de campesinos transitaban por el sector conocido como Caño Piedras, se toparon con el cuerpo, al parecer de un hombre que estaba prácticamente en osamenta, atado de los pies con una cabuya.
La Policía llegó al lugar una vez fue avisada, en compañía del personal de Medicina Legal y de la Fiscalía para hacer el respectivo levantamiento.
De acuerdo con la versión de personas que habitan en cercanías, se trataría de un hombre de unos 30 años reportado como desaparecido.
Una investigación de la Fiscalía General de la Nación, puso al descubierto a los señalados propietarios de empresas forestales que estarías dedicadas al almacenamiento de la madera extraída ilegalmente de los Parques Nacionales Naturales La Paya, Amacayacu y Río Pure, y su posterior venta a diferentes destinos nacionales y de Ecuador.
Se trata de Jesús Edgar Fernández de la Cruz, Neftalí Carvajal Carvajal, Juanito Guillermo Jurado Castillo, Rubén Darío Pantoja Nastascuas, Manuel Salvador Villa Rivera, Héctor Germán Tapias Realphe, Edison Alfonso Cuaical Taimal y José Luis Canacuán Valenzuela.
Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Ambientales y el Medio Ambiente les imputó el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, el cual no fue aceptado.
Los hoy procesados tendrían centros de acopio y de distribución en San Miguel (Putumayo) y Cumbal (Nariño). A estos puntos, al parecer, llegaba la madera obtenida en las áreas de reserva forestal, y se coordinaba la comercialización y envío a Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades capitales, y a Ecuador. De esta manera obtenían ganancias ilícitas mensuales que superaban los 350 millones de pesos.
Durante los operativos se encontraron 100 metros cúbicos de madera de especies protegidas. Además, se constató que los señalados propietarios de las empresas forestales disponían y trasladaban los productos sin tener los salvoconductos y ejercían la actividad sin estar registrados ante las autoridades ambientales.
En el proceso fueron judicializadas 11 personas que harían parte de este entramado delincuencial, entre ellas 6 funcionarios de Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño).
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a a Pablo Andrés Pachón Gómez, quien habría participado en el homicidio del empresario Hernán Roberto Franco, ocurrido el 21 de febrero de 2024, en inmediaciones del Parque de la 93 de la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá.
La investigación de la Fiscalía determina que este hombre y el sicario se encontraron previamente, y presuntamente se movilizaron juntos en un automóvil al lugar de los hechos para definir el paso a paso de la acción delictiva. Luego, se conectó en una llamada grupal para estar al tanto y orientar la ejecución del crimen; mientras que la persona armada que lo acompañaba descendió del carro, ingresó al parqueadero privado de un edificio y disparó contra la víctima.
Pachón Gómez fue acusado por los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ambas conductas agravadas.
Por este mismo hecho fue condenado a 20 años de prisión Jean Karlo Bermúdez, el hombre que conducía la motocicleta en la que intentó huir el sicario.
La Fiscalía imputó el delito de pornografía con personas menores de 18 años a un sujeto sn el barrio Los Mangos de El Carmen de Bolívar, cargo que no fue aceptado por el procesado.
al parecer, se aprovechó de la relación sentimental que sostenía con una joven, de 17 años, para grabar videos de su intimidad. Dicho material, presuntamente era publicado en páginas de contenido sexual explícito.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a este hombre en el barrio La Granja de Montería.
La joven pareja era una menor de 17 años. El juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento contra un hombre, de 22 años
La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Luis Manuel Herrera Brieva, por su posible responsabilidad en la tenencia ilícita y cautiverio de 28 animales silvestres y exóticos en un hotel de la ciudad de Santa Marta (Magdalena).
La acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación y unidades de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional permitió llegar al establecimiento de comercio, y constatar la presencia de 7 flamencos, 18 tortugas morrocoy, 2 loros cabeza amarilla y 1 guacamaya.
Los animales estaban en precarias condiciones de salud, de conservación y cuidado producto del encierro, por lo que fueron recuperados y entregados a la autoridad ambiental para su rehabilitación. Entre tanto, el responsable del inmueble fue capturado en situación de flagrancia y posteriormente imputado por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, cargo que no fue aceptado.
El flamenco rosado es una especie exótica, cuya población ha disminuido aceleradamente en Colombia. Entre tanto, las tortugas morrocoy y los loros cabeza amarilla están en peligro de extinción debido a la caza excesiva y la destrucción de su hábitat. Es por ello que la tenencia de este tipo de animales en cautividad representa un delito contra el medioambiente y puede estar gravemente penado por las autoridades de cada país. En Santa Marta, la tenencia de animales exóticos sin los permisos necesarios se considera un delito y es por ello que los flamencos encontrados en las instalaciones de este hotel fueron decomisados de inmediato por la Policía Ambiental y funcionarios de Corpamag.
El operativo de Santa Marta y los flamencos
El operativo se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de estas aves en las áreas comunes del establecimiento, donde eran exhibidas como atracción turística. Según las autoridades, el hotel no contaba con los permisos de tenencia requeridos por ley, lo que configura un delito ambiental contemplado en el Código Penal colombiano.
Los flamencos rosados (Phoenicopterus ruber) son aves migratorias que normalmente habitan en las zonas costeras y humedales salobres de la región Caribe. Su captura y tenencia ilegal no solo pone en riesgo a los ejemplares individuales, sino que contribuye al declive poblacional de la especie, considerada vulnerable en el territorio colombiano.
«La extracción de fauna silvestre de su hábitat natural representa uno de los mayores riesgos para la biodiversidad de nuestro país», explicó la bióloga Marina Ramírez, especialista en conservación. «Los animales silvestres no son mascotas ni elementos decorativos. Cada especie cumple una función ecológica vital en su ecosistema natural».
Las sanciones por este tipo de infracciones pueden incluir multas que oscilan entre los 50 y 5.000 salarios mínimos legales vigentes, además de penas privativas de libertad que pueden alcanzar hasta los 9 años de prisión en los casos más graves, según lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y el artículo 328 del Código Penal.
Los ejemplares decomisados fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Corpamag, donde recibieron atención veterinaria especializada. Los expertos determinaron que los flamencos presentaban signos de estrés, desnutrición y problemas en las patas debido a las condiciones inadecuadas de cautiverio.
«El proceso de rehabilitación de estas aves es complejo y costoso», señaló el veterinario Carlos Mendoza, responsable del CAV. «Requieren una dieta específica rica en carotenoides para mantener su característico color rosado, además de espacios amplios con agua poco profunda donde puedan alimentarse naturalmente».
Las autoridades ambientales hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de tenencia ilegal de fauna silvestre. «La protección de nuestra biodiversidad es responsabilidad de todos», afirmó el director de Corpamag, destacando la importancia de la participación ciudadana en estos casos.
Este incidente pone de manifiesto la persistencia del tráfico ilegal de especies en Colombia, un negocio que mueve millones de dólares anualmente y que representa la tercera actividad ilícita más lucrativa después del tráfico de drogas y armas, según estimaciones de las Naciones Unidas.
Expertos en conservación señalan que la demanda turística de experiencias «exóticas» sigue siendo un motor para este tipo de prácticas ilegales. «Es fundamental educar tanto a turistas como a operadores sobre el impacto negativo de estas actividades», afirmó Ramírez. «El verdadero ecoturismo debe basarse en la observación responsable de las especies en su hábitat natural, no en su cautiverio».
La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que estudie la posibilidad de abrir investigación a la senadora, Martha Peralta, por presunto interés indebido en la firma de un contrato millonario para la recuperación de Riohacha, La Guajira.
La investigación está relacionada con el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). Los documentos enviados a la Corte señalan a la senadora del Pacto Histórico de negociar contratos en la entidad a cambio de sus votos para apoyar las iniciativas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.
«Peralta Epieyú, en conjunto con los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla, habrían direccionado un contrato de $2.170 millones, firmado el 25 de octubre de 2023, para la contratación de maquinaria amarilla con la empresa Inversiones IRL SAS», señala la Fiscalía.
Al parecer, en este hecho también estarían implicados el senador Julio Elías Chagüi y el exministro del Interior y excongresista, Luis Fernando Velasco.
Una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres presuntos integrantes de la subestructura Nicolás Antonio Durango Reyes del Clan del Golfo, quienes estarían involucrados en la desaparición de un rector de un colegio en Cartagena.
Arnaldo José Carriazo Villamil, alias Naldo; su compañera sentimental Yessica Paola Suárez Torres; y su suegra Karelis María Torres Polo, quienes trabajaban en el predio de propiedad del desaparecido y que, durante ese tiempo, en compañía de su pareja y su suegra, habría recolectado información para la organización criminal.
Los hechos ocurrieron al salir de su vivienda ubicada en el barrio San Fernando hasta una finca de su propiedad en Clemencia (Bolívar). Se presume que al llegar al lugar lo esperaban integrantes del ‘Clan del Golfo’ quienes se lo llevaron con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se conozca de su paradero.
Un operativo de la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la agencia estadounidense DEA permitió identificar a una red criminal señalada de extraer contenedores del puerto de Barranquilla (Atlántico), cargarlos con diversas cantidades de clorhidrato de cocaína e ingresarlos nuevamente a la terminal marítima para que salieran con destino a Francia y Países Bajos.
Los operativos se dieron en Barranquilla Soledad y Sabanagrande (Atlántico), y Santa Marta (Magdalena), en donde fueron capturados ocho de los presuntos integrantes de la organización ilegal, entre ellos trabajadores de una empresa logística y de operación portuaria.
Los procesados no aceptaron el cargo y recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Los afectados con la decisión son: Jesús David Almeira Pérez, Wilson Mena Elles, Emerson Deyvis Vergel Guevara, Grace Yiretd Márquez Pérez, Ismael Antonio Cera Rivera, Jesús Manuel Manajerrés Ramírez, Marlos Mauricio Marimon Mendoza y Wanderley Alberto Gallardo Llanos.
Los capturados cumplían diferentes roles delictivos al interior de la operación para facilitar el traslado de los contenedores a zonas periféricas de Barranquilla, donde eran contaminados con estupefacientes. Durante la ejecución de todo este proceso de investigación se incautaron un poco más de una tonelada de clorhidrato de cocaína.
La justicia condenó a 6 años de prisión a 11 médicos que obtuvieron irregularmente títulos profesionales de una universidad de Brasil, que los acredita como especialistas en cirugía plástica y estética.
El juez penal del Circuito de Bogotá los encontró responsables de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
La investigación de la Fiscalía demostró que estas personas aportaron documentación falsa para acceder a la convalidación de sus títulos ante el Ministerio de Educación Nacional. Aportaron certificados de estudios, el histórico escolar que reportaba 2.616 horas cursadas y el texto que relacionaba el cumplimiento de horas de prácticas en hospitales, entre otros.
En el curso de la investigación se estableció que los médicos no cumplieron con el requisito de cuatro años de presencialidad que exigía la universidad, y estuvieron en ese país por cortos periodos, de 51 y 95 días máximo.
Los condenados Víctor Manuel Jaramillo Torres, Javier Locano Botero y Rodolfo Albeiro López Zapata fueron sentenciados a 6 años y 6 meses de prisión, y al pago de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por su parte, Giovanni Cortés Montealegre, Marco Antonio Vergara Calero, Gerardo Rojas Gómez, Alfredo Rodríguez Figueroa, María Mónica Martínez Martínez, Rubén Darío Arciniegas Martínez, Juan Fernando Abadía Silva y Henry Diego Fernando Ortiz Silva fueron condenados a 7 años de prisión. Todos fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas por 5 años.
Una denuncia cursa en la Fiscalía y otra en la Procuraduría en contra del alcalde de Neiva, German Casagua Bonilla, y de varios de sus funcionarios por presuntos hechos de corrupción en contratos del PAE, que van desde presunto tráfico de influencias, celebración indebida de contrato, y un posible conflicto de interés, hasta distintos tipos de faltas contempladas en el código penal y disciplinario.
“Hemos presentado todas las denuncias pertinentes, actuó como abogado litigante de VEERJURIDICA, entidad sin animo de lucro que represento como su presidente, se trata de un contrato superior a lo 18 mil millones de pesos, que le fue entregado a empresas sancionadas que al parecer presuntamente falsificaron documentos para hacerse al multimillonario contrato; Comercializadora Disfruver S.A.S hace parte de la unión temporal Ut Propae Neiva 2025 . Quien logró hacerse al negocio gracias a la alianza que se hizo con la cuestionada empresa misma terminó sumando puntos gracias a los documentos espurias que se habrían presentado”. dijo Kevin Oliver keep, abogado denunciante.
El demandante recordó en su comunicado de prensa que «el proceso del PAE de Neiva se dio por bolsa mercantil, motivo por el cual las empresas que se presentaran no podían registrar multas en el pasado dado que es un requisito jurídico y en efecto la unión temporal tiene un integrante que incumple esta situación es de pleno conocimiento y la administración la omitió. Incluso se presentó un certificado de inexistencia de sanciones que presuntamente fue alterado, dado que la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la resolución 71584 del 9-12- 2019 sancionó por violación del régimen de la libre competencia a la empresa en mención».
Confidencial Noticias trató de comunicarse con el mandatario local, pero al cierre de la nota no fue posible establecer contrato.
