Una investigación de la Fiscalía General de la Nación, puso al descubierto a los señalados propietarios de empresas forestales que estarías dedicadas al almacenamiento de la madera extraída ilegalmente de los Parques Nacionales Naturales La Paya, Amacayacu y Río Pure, y su posterior venta a diferentes destinos nacionales y de Ecuador.
Se trata de Jesús Edgar Fernández de la Cruz, Neftalí Carvajal Carvajal, Juanito Guillermo Jurado Castillo, Rubén Darío Pantoja Nastascuas, Manuel Salvador Villa Rivera, Héctor Germán Tapias Realphe, Edison Alfonso Cuaical Taimal y José Luis Canacuán Valenzuela.
Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Ambientales y el Medio Ambiente les imputó el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, el cual no fue aceptado.
Los hoy procesados tendrían centros de acopio y de distribución en San Miguel (Putumayo) y Cumbal (Nariño). A estos puntos, al parecer, llegaba la madera obtenida en las áreas de reserva forestal, y se coordinaba la comercialización y envío a Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades capitales, y a Ecuador. De esta manera obtenían ganancias ilícitas mensuales que superaban los 350 millones de pesos.
Durante los operativos se encontraron 100 metros cúbicos de madera de especies protegidas. Además, se constató que los señalados propietarios de las empresas forestales disponían y trasladaban los productos sin tener los salvoconductos y ejercían la actividad sin estar registrados ante las autoridades ambientales.
En el proceso fueron judicializadas 11 personas que harían parte de este entramado delincuencial, entre ellas 6 funcionarios de Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño).
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a a Pablo Andrés Pachón Gómez, quien habría participado en el homicidio del empresario Hernán Roberto Franco, ocurrido el 21 de febrero de 2024, en inmediaciones del Parque de la 93 de la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá.
La investigación de la Fiscalía determina que este hombre y el sicario se encontraron previamente, y presuntamente se movilizaron juntos en un automóvil al lugar de los hechos para definir el paso a paso de la acción delictiva. Luego, se conectó en una llamada grupal para estar al tanto y orientar la ejecución del crimen; mientras que la persona armada que lo acompañaba descendió del carro, ingresó al parqueadero privado de un edificio y disparó contra la víctima.
Pachón Gómez fue acusado por los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ambas conductas agravadas.
Por este mismo hecho fue condenado a 20 años de prisión Jean Karlo Bermúdez, el hombre que conducía la motocicleta en la que intentó huir el sicario.
La Fiscalía imputó el delito de pornografía con personas menores de 18 años a un sujeto sn el barrio Los Mangos de El Carmen de Bolívar, cargo que no fue aceptado por el procesado.
al parecer, se aprovechó de la relación sentimental que sostenía con una joven, de 17 años, para grabar videos de su intimidad. Dicho material, presuntamente era publicado en páginas de contenido sexual explícito.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a este hombre en el barrio La Granja de Montería.
La joven pareja era una menor de 17 años. El juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento contra un hombre, de 22 años
La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Luis Manuel Herrera Brieva, por su posible responsabilidad en la tenencia ilícita y cautiverio de 28 animales silvestres y exóticos en un hotel de la ciudad de Santa Marta (Magdalena).
La acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación y unidades de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional permitió llegar al establecimiento de comercio, y constatar la presencia de 7 flamencos, 18 tortugas morrocoy, 2 loros cabeza amarilla y 1 guacamaya.
Los animales estaban en precarias condiciones de salud, de conservación y cuidado producto del encierro, por lo que fueron recuperados y entregados a la autoridad ambiental para su rehabilitación. Entre tanto, el responsable del inmueble fue capturado en situación de flagrancia y posteriormente imputado por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, cargo que no fue aceptado.
El flamenco rosado es una especie exótica, cuya población ha disminuido aceleradamente en Colombia. Entre tanto, las tortugas morrocoy y los loros cabeza amarilla están en peligro de extinción debido a la caza excesiva y la destrucción de su hábitat. Es por ello que la tenencia de este tipo de animales en cautividad representa un delito contra el medioambiente y puede estar gravemente penado por las autoridades de cada país. En Santa Marta, la tenencia de animales exóticos sin los permisos necesarios se considera un delito y es por ello que los flamencos encontrados en las instalaciones de este hotel fueron decomisados de inmediato por la Policía Ambiental y funcionarios de Corpamag.
El operativo de Santa Marta y los flamencos
El operativo se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de estas aves en las áreas comunes del establecimiento, donde eran exhibidas como atracción turística. Según las autoridades, el hotel no contaba con los permisos de tenencia requeridos por ley, lo que configura un delito ambiental contemplado en el Código Penal colombiano.
Los flamencos rosados (Phoenicopterus ruber) son aves migratorias que normalmente habitan en las zonas costeras y humedales salobres de la región Caribe. Su captura y tenencia ilegal no solo pone en riesgo a los ejemplares individuales, sino que contribuye al declive poblacional de la especie, considerada vulnerable en el territorio colombiano.
«La extracción de fauna silvestre de su hábitat natural representa uno de los mayores riesgos para la biodiversidad de nuestro país», explicó la bióloga Marina Ramírez, especialista en conservación. «Los animales silvestres no son mascotas ni elementos decorativos. Cada especie cumple una función ecológica vital en su ecosistema natural».
Las sanciones por este tipo de infracciones pueden incluir multas que oscilan entre los 50 y 5.000 salarios mínimos legales vigentes, además de penas privativas de libertad que pueden alcanzar hasta los 9 años de prisión en los casos más graves, según lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y el artículo 328 del Código Penal.
Los ejemplares decomisados fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Corpamag, donde recibieron atención veterinaria especializada. Los expertos determinaron que los flamencos presentaban signos de estrés, desnutrición y problemas en las patas debido a las condiciones inadecuadas de cautiverio.
«El proceso de rehabilitación de estas aves es complejo y costoso», señaló el veterinario Carlos Mendoza, responsable del CAV. «Requieren una dieta específica rica en carotenoides para mantener su característico color rosado, además de espacios amplios con agua poco profunda donde puedan alimentarse naturalmente».
Las autoridades ambientales hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de tenencia ilegal de fauna silvestre. «La protección de nuestra biodiversidad es responsabilidad de todos», afirmó el director de Corpamag, destacando la importancia de la participación ciudadana en estos casos.
Este incidente pone de manifiesto la persistencia del tráfico ilegal de especies en Colombia, un negocio que mueve millones de dólares anualmente y que representa la tercera actividad ilícita más lucrativa después del tráfico de drogas y armas, según estimaciones de las Naciones Unidas.
Expertos en conservación señalan que la demanda turística de experiencias «exóticas» sigue siendo un motor para este tipo de prácticas ilegales. «Es fundamental educar tanto a turistas como a operadores sobre el impacto negativo de estas actividades», afirmó Ramírez. «El verdadero ecoturismo debe basarse en la observación responsable de las especies en su hábitat natural, no en su cautiverio».
La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que estudie la posibilidad de abrir investigación a la senadora, Martha Peralta, por presunto interés indebido en la firma de un contrato millonario para la recuperación de Riohacha, La Guajira.
La investigación está relacionada con el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). Los documentos enviados a la Corte señalan a la senadora del Pacto Histórico de negociar contratos en la entidad a cambio de sus votos para apoyar las iniciativas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.
«Peralta Epieyú, en conjunto con los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla, habrían direccionado un contrato de $2.170 millones, firmado el 25 de octubre de 2023, para la contratación de maquinaria amarilla con la empresa Inversiones IRL SAS», señala la Fiscalía.
Al parecer, en este hecho también estarían implicados el senador Julio Elías Chagüi y el exministro del Interior y excongresista, Luis Fernando Velasco.
Una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres presuntos integrantes de la subestructura Nicolás Antonio Durango Reyes del Clan del Golfo, quienes estarían involucrados en la desaparición de un rector de un colegio en Cartagena.
Arnaldo José Carriazo Villamil, alias Naldo; su compañera sentimental Yessica Paola Suárez Torres; y su suegra Karelis María Torres Polo, quienes trabajaban en el predio de propiedad del desaparecido y que, durante ese tiempo, en compañía de su pareja y su suegra, habría recolectado información para la organización criminal.
Los hechos ocurrieron al salir de su vivienda ubicada en el barrio San Fernando hasta una finca de su propiedad en Clemencia (Bolívar). Se presume que al llegar al lugar lo esperaban integrantes del ‘Clan del Golfo’ quienes se lo llevaron con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se conozca de su paradero.
Un operativo de la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la agencia estadounidense DEA permitió identificar a una red criminal señalada de extraer contenedores del puerto de Barranquilla (Atlántico), cargarlos con diversas cantidades de clorhidrato de cocaína e ingresarlos nuevamente a la terminal marítima para que salieran con destino a Francia y Países Bajos.
Los operativos se dieron en Barranquilla Soledad y Sabanagrande (Atlántico), y Santa Marta (Magdalena), en donde fueron capturados ocho de los presuntos integrantes de la organización ilegal, entre ellos trabajadores de una empresa logística y de operación portuaria.
Los procesados no aceptaron el cargo y recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Los afectados con la decisión son: Jesús David Almeira Pérez, Wilson Mena Elles, Emerson Deyvis Vergel Guevara, Grace Yiretd Márquez Pérez, Ismael Antonio Cera Rivera, Jesús Manuel Manajerrés Ramírez, Marlos Mauricio Marimon Mendoza y Wanderley Alberto Gallardo Llanos.
Los capturados cumplían diferentes roles delictivos al interior de la operación para facilitar el traslado de los contenedores a zonas periféricas de Barranquilla, donde eran contaminados con estupefacientes. Durante la ejecución de todo este proceso de investigación se incautaron un poco más de una tonelada de clorhidrato de cocaína.
La justicia condenó a 6 años de prisión a 11 médicos que obtuvieron irregularmente títulos profesionales de una universidad de Brasil, que los acredita como especialistas en cirugía plástica y estética.
El juez penal del Circuito de Bogotá los encontró responsables de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
La investigación de la Fiscalía demostró que estas personas aportaron documentación falsa para acceder a la convalidación de sus títulos ante el Ministerio de Educación Nacional. Aportaron certificados de estudios, el histórico escolar que reportaba 2.616 horas cursadas y el texto que relacionaba el cumplimiento de horas de prácticas en hospitales, entre otros.
En el curso de la investigación se estableció que los médicos no cumplieron con el requisito de cuatro años de presencialidad que exigía la universidad, y estuvieron en ese país por cortos periodos, de 51 y 95 días máximo.
Los condenados Víctor Manuel Jaramillo Torres, Javier Locano Botero y Rodolfo Albeiro López Zapata fueron sentenciados a 6 años y 6 meses de prisión, y al pago de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por su parte, Giovanni Cortés Montealegre, Marco Antonio Vergara Calero, Gerardo Rojas Gómez, Alfredo Rodríguez Figueroa, María Mónica Martínez Martínez, Rubén Darío Arciniegas Martínez, Juan Fernando Abadía Silva y Henry Diego Fernando Ortiz Silva fueron condenados a 7 años de prisión. Todos fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas por 5 años.
Una denuncia cursa en la Fiscalía y otra en la Procuraduría en contra del alcalde de Neiva, German Casagua Bonilla, y de varios de sus funcionarios por presuntos hechos de corrupción en contratos del PAE, que van desde presunto tráfico de influencias, celebración indebida de contrato, y un posible conflicto de interés, hasta distintos tipos de faltas contempladas en el código penal y disciplinario.
“Hemos presentado todas las denuncias pertinentes, actuó como abogado litigante de VEERJURIDICA, entidad sin animo de lucro que represento como su presidente, se trata de un contrato superior a lo 18 mil millones de pesos, que le fue entregado a empresas sancionadas que al parecer presuntamente falsificaron documentos para hacerse al multimillonario contrato; Comercializadora Disfruver S.A.S hace parte de la unión temporal Ut Propae Neiva 2025 . Quien logró hacerse al negocio gracias a la alianza que se hizo con la cuestionada empresa misma terminó sumando puntos gracias a los documentos espurias que se habrían presentado”. dijo Kevin Oliver keep, abogado denunciante.
El demandante recordó en su comunicado de prensa que «el proceso del PAE de Neiva se dio por bolsa mercantil, motivo por el cual las empresas que se presentaran no podían registrar multas en el pasado dado que es un requisito jurídico y en efecto la unión temporal tiene un integrante que incumple esta situación es de pleno conocimiento y la administración la omitió. Incluso se presentó un certificado de inexistencia de sanciones que presuntamente fue alterado, dado que la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la resolución 71584 del 9-12- 2019 sancionó por violación del régimen de la libre competencia a la empresa en mención».
Confidencial Noticias trató de comunicarse con el mandatario local, pero al cierre de la nota no fue posible establecer contrato.
El concejal de Pereira Nelson Pulido hizo un llamado a los órganos de control y a las autoridades judiciales para que realicen una revisión profunda y rigurosa a la manera en como se contrató la construcción de la vía Los Colibríes en el período 2020 – 2023.
Por estos hechos fue capturado el exalcalde, Carlos Alberto Maya López, por las presuntas irregularidades en la construcción de la obra. La investigación incluyó también al exsecretario de Infraestructura, Milton Hurtado.
La obra estimada en más de $ 20.000.000.000 fue declarada inconclusa, sin que el contratista Alberto Rojas Prieto reconociera su responsabilidad.
El concejal Pulido hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que continúe analizando detalladamente los importantes recursos que, según la información, podrían haberse desviado en la ejecución de la obra. El cabildante pide además al senador del Partido Liberal, Juan Pablo Gallo, ser sincero con la ciudadanía y decir si está relacionado con este asunto.
“Es necesario que se investiguen las responsabilidades en estos hechos, para garantizar la transparencia y el correcto manejo de los recursos públicos», puntualiza.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias ante la Fiscalía para que investigue al fiscal Gabriel Jaimes por presuntas irregularidades relacionadas con un proceso durante su paso por la Procuraduría General de la Nación en el año 2010.
El caso tiene que ver con un concepto que Gabriel Jaime emitió dentro del proceso judicial que se le seguía a Guiomar Patricia Riveros, por contratar con el Hospital Militar en 2010 cuando se encontraba inhabilitada para hacerlo.
El entonces procurador delegado para el Ministerio Público en Asuntos Penales, Gabriel Jaimes Durán, expidió un concepto favorable asegurando que Riveros no estaba inhabilitada para contratar.
La justicia falló en contra de Guiomar Patricia Riveros, produciendo además compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la actuación de Gabriel Jaimes Durán en dicho caso. Lo anterior, puesto que, no se explica qué tenía que estar haciendo el procurador Jaimes certificando aspirantes a contratista si en ese momento ocupaba el cargo de delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
“Conforme ha sido constatado en estas diligencias, quien fungía como procurador segundo delegado para la Casación Penal, Gabriel Ramón Jaimes Durán, expidió un documento consignando afirmaciones carentes de veracidad, invocando por lo demás la referida condición de servidor público de la Procuraduría sin poder certificador sobre la ausencia de antecedentes disciplinarios, o penales y en todo caso impeditivos para contratar, a favor de Guiomar Patricia Riveros Gaitán”, dice el documento remitido al ente investigador.
A través de su cuenta en la red social X, el presidente de la república, Gustavo Petro, pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar todo el entramado de corrupción de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’ desde los primeros hechos y no únicamente durante su período de gobierno.
El primer mandatario hizo la solicitud, luego de conocer un informe divulgado por Caracol Noticias donde se revelan algunos altos miembros de la Policía Nacional con el llamado zar del contrabando.
Por ahora Diego Marín no es más fuerte que el estado mismo Pero ha logrado cosas, la mayor: que la investigación en la fiscalía arranque con hechos del 2023, muy perverso por tanto, cuando su historia delictiva probada arranca desde hace 38 años. pic.twitter.com/QCiCDBY94K
En dicha revelación se habla de una filtración a temas de inteligencia y contrainteligencia que se le seguía a la organización criminal de Papá Pitufo, que dio al traste durante varios años con el seguimiento de las autoridades al contrabandista más grande que ha tenido el país.
La Fiscalía imputó a Duber Cruz Ruíz los delitos de homicidio, hurto calificado, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas, por su posible participación en el ataque armado en el que murió el líder social y comunitario Josué Castellanos Pérez, el 5 de marzo de 2024, en la vereda Santa Helena, en Tame (Arauca).
Cruz Ruiz es señalado junto a otros integrantes del autodenominado frente Martín Villa de las disidencias de las Farc, de haber ingresado al lugar en el que se realizaba una reunión de rectores y docentes de los colegios de la zona, desarmando al personal de protección que acompañaba a la víctima, que participaba del encuentro. Cuando el líder trató de escapar fue alcanzado y ultimado a tiros.
También fueron judicializados Maycoll Isnardo Enciso Bejarano y Esneider Camilo Carvajal Ocampo, quienes permanecen privados de la libertad en establecimiento carcelario.
Crimen de líder social en Cesar
El 5 de junio de 2023, el líder social Eglis Ediner Escorcia Carranza se movilizaba como pasajero en una motocicleta por una vía de Bosconia (Cesar), cuando fue abordado por una mujer que le disparó. En medio de la agresión intentó resguardarse; sin embargo, la atacante lo persiguió y le causó la muerte.
Las actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía permitieron establecer que Ángela Marieth de La Paz Doria Bracho, alias Pocahontas, sería la responsable de la acción sicarial. En ese sentido, fue imputada por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados.
Enderson Jesús Torres Nova fue judicializado por ser el principal sospechoso en el atentado con una granada en el barrio San Bernardo de Bogotá.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación pudo establecer que Torres Nova es el presunto responsable de lanzar una granada que dejó dos personas heridas y un perro muerto, el pasado 23 de febrero, en el sector de San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.
El hombre, de nacionalidad venezolana, fue presentado ante un juez de control de garantías e imputado por los delitos de terrorismo; tentativa de homicidio; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y maltrato animal agravado.
Los cargos no fueron aceptados por el procesado, que deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal especializado de la Seccional Bogotá dan cuenta de que Torres Nova haría parte de una red delictiva que sostiene una disputa violenta por el control de las actividades de narcomenudeo en el sector de San Bernardo.
Un juez penal de conocimiento condenó a 10 años y 7 meses de prisión a Brayan Schneider Campo Pillimué por el delito de acto sexual violento, del cual fue víctima una niña de 12 años, el 28 de diciembre de 2018, en Candelaria (Valle del Cauca).
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el hombre, aprovechando la cercanía que tenía con la familia de la menor de edad, se la llevó a un inmueble del corregimiento Villagorgona y la agredió sexualmente.
A este sujeto se le atribuye haberle causado la muerte a la menor de edad, luego de engañarla y convencerla de ingresar a un establecimiento de venta de venta de alimentos y artículos para animales, que era de su propiedad. Los elementos materiales de prueba indican que envolvió el cuerpo en costales y lo trasladó a un cañadulzal, donde lo dejó abandonado.
El sentenciado no recibirá ningún beneficio y deberá cumplir la pena en centro penitenciario.
