La Fiscalía imputó cargos a Samuel Zuleta Márquez, investigado por su presunta responsabilidad en el asesinato de Francisco Luis Correa Galeano. Los hechos se presentaron el pasado 2 de enero en una celda del pabellón 32 de la cárcel La Picota, ubicada en el sur de la capital del país.
La investigación pudo establecer que que el crimen ocurrió al interior de una celda donde departían el presunto agresor, la víctima y otros internos. Allí, Zuleta Márquez, en lo que sería un hecho de intolerancia, habría herido a Correa Galeano en el tórax con un arma cortopunzante, causándole la muerte.
Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó al procesado el delito de homicidio agravado, cargo que fue aceptado.
Una juez penal de conocimiento falló en contra de Luis Humberto Trejos Riascos, alias Pinchao; el ciudadano venezolano Elbix José David Malpica Rosales, y Luis Alberto Gil Ballesteros, alias Rolo o PH, quienens aceptaron mediante preacuerdo su responsabilidad en el crimen del líder indígena Moisés López Enríquez, ocurrido el 11 de febrero de 2023, en Sapuyes (Nariño).
La togada emitió condena emitió condena en su contra por los delitos de homicidio agravado; hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
La investigación estableció que Malpica Rosales y Gil Ballesteros fueron sentenciados a 18 años y 2 meses de prisión; mientras que Trejos Riascos recibió una pena de 17 años y 8 meses de prisión.
En el curso de la investigaciónse estableció que la víctima se movilizaba junto a otras personas a un cabildo indígena ubicado en Ipiales (Nariño). En el camino fue interceptada por hombres armados que le propinaron varios disparos, les robaron las pertenencias a los acompañantes y los intimidaron para que no alertaran a las autoridades.
Las pruebas permitieron conocer que alias Pinchao ordenó la acción criminal y trasladó en un vehículo a los atacantes. De otra parte, ‘Rolo’ y Malpica Rosales se encargaron de bajar al líder social de la camioneta en la que se transportaba y agredirlo con armas de fuego.
Moisés Marcos López Enríquez era representante legal del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y, en 2021, se había desempeñado como gobernador del Resguardo Gran Mallama.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exalcalde de la población de Becerril, Cecar, Juan Francisco Rojas Hinojosa; la exsecretaria de Obras Públicas del municipio, Isabel Cristina León Peñaranda; y el contratista Raúl Alfonso Cardozo Nuncira por irregularidades en el proceso de contratación y en la ejecución de las obras de construcción del sistema de alcantarillado.
Las personas implicadas deberán enfrentar cargos por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Los cargos no fueron aceptados.
Los hechos investigados iniciaron con la celebración de un contrato en enero de 2017, en el que la Alcaldía de Becerril adjudicó el proyecto de construcción del sistema de alcantarillado sanitario en diferentes sectores del casco urbano, por un valor cercano a los 4.000 millones de pesos.
La Fiscalía estableció que el entonces mandatario y la exfuncionaria habrían direccionado el proceso contractual para favorecer a un contratista específico, y modificado varios ítems para autorizar el desembolso parcial de dinero por avances de obra.
De esta manera, fueron pagados algo más de 1.449 millones de pesos por concepto del cambio total de la tubería. En las verificaciones se constató que sólo fue instalada el 75% de la red, por lo que esta actividad inconclusa generó un detrimento patrimonial superior a los 269 millones de pesos. Asimismo, se detectaron pagos por 142 millones de pesos por excavaciones que no se adelantaron. En total, fueron entregados 411’236.063 de pesos al contratista por acciones no ejecutadas.
De otra parte, fueron identificadas anomalías como incumplimiento de múltiples parámetros del Reglamento del Sector del Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), como las normas técnicas de las tuberías y los muros, y los trámites ante las empresas de servicios públicos para el funcionamiento de la estación de bombeo.
En la actualidad, el contrato lleva más de 60 meses suspendido, y el sistema de alcantarillado está inoperante
Nathalia Carolina Vargas Salcedo recibió imputación de cargos por su posible participación en el crimen del ciudadano ecuatoriano Javier Alejandro Vásquez Chacón, ocurrido el pasado 22 de diciembre de 2024, en Medellín (Antioquia).
La procesada no aceptó cargos y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario. De acuerdo con la investigación, la mujer, de nacionalidad venezolana, habría contactado a la víctima a través de una aplicación y concretado una cita en un bar ubicado en la Avenida Las Palmas.
Videos de cámaras de seguridad y las evidencias obtenidas indican que Vargas Salcedo llegó al lugar en compañía de otra persona y compartió con el ciudadano ecuatoriano hasta la madrugada. Juntos salieron del sitio y tomaron un vehículo particular rumbo a un hotel. Al llegar al establecimiento el ciudadano ecuatoriano estaba inconsciente, producto de una sustancia que presuntamente le suministraron. En ese sentido, fue trasladado con ayuda a una habitación.
En este punto, y aprovechando el estado en el que se encontraba, le fueron sustraídas tarjetas crédito y débito, con las cuales se realizaron transacciones virtuales y compras en un centro comercial por más de 12 millones de pesos. El cuerpo de la víctima fue encontrado en el alojamiento horas después con signos de estrangulamiento.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a una red integrada por personas que creaban empresas de papel en Cali, Tuluá, Sevilla y Palmira (Valle del Cauca) para simular afiliaciones fraudulentas de trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social, para acceder a subsidios y otros beneficios monetarios que ofrecía el Gobierno nacional para conjurar la emergencia económica y social por el Covid – 19.
Estas personas son señaladas de simular actividades económicas en sectores como vigilancia, aseo, construcción, servicios temporales y cooperativas; e inducir a trabajadores independientes para que firmaran documentos falsos que no reflejaban su realidad laboral.
En algunas oportunidades los empleados se acercaban voluntariamente para que les fueran liquidados los aportes a seguridad social a un menor valor de lo que en realidad debían cotizar.
Un juez de control de garantías y les imputó los delitos de fraude a subvenciones, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Los cargos no fueron aceptados por los procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
Las autoridades en Bucaramanga investigan la muerte de Brandon Lemarr Maddox, un ciudadano estadounidense de 43 años, de quien se desconoce la causa de su fallecimiento.
Todo comenzó en el momento en que se recibe una llamada con información de una persona que podría encontrarse sin vida al interior de un apartamento en el Edificio Nuevo Ricaurte en la capital del departamento de Santander.
El cuerpo fue llevado a la clínica más cercana en donde trataron de reanimarlo, sin embargo el personal de la salud que atendió el caso no obtuvo el éxito esperado.
De acuerdo con la versión de la esposa, el ciudadano norteamericano sufría de hipertensión y diabetis, sin embargo los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación trabaja para confirmar la versión entregada.
La fiscalía general de la Nación imputó cargos a 10 presuntos integrantes de la organización delincuencial ‘Los del Sur’, que sería la responsable de legalizar a través de diferentes operaciones comerciales dineros producto del envío de clorhidrato de cocaína a destinos internacionales.
En los operativos de captura cayeron ocho personas que harían parte de la red, entre ellas una funcionaria de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); identificada como Julie Matilde Duarte Reatiga. En los procedimientos realizados en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y San Vicente de Chucurí (Santander), y San Vicente del Caguán (Caquetá), se incautaron celulares, armas de fuego y 160 millones de pesos.
Adicionalmente, fueron notificados en centro carcelario Enrique Bautista Reatiga, alias Poporro, el señalado cabecilla de la estructura que fue deportado recientemente de México; y Jhoan Vitalino Ruíz.
Estas personas enfrentarán cargos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Por disposición del juez de control de garantías, tres de los recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, cinco permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia y dos más seguirán vinculados a la investigación
La fiscalía general de la Nación imputó cargos a los integrantes de una red delictiva dedicada a enviar de manera masiva correos electrónicos con software maliciosos, que copiaban información personal y financiera que las víctimas almacenaban en sus computadores o celulares.
Estos ciberdelincuentes fueron capturados en Medellín (Antioquia) y Valledupar (Cesar). Durante el proceso de seguimiento y captura se incautaron 40 dispositivos electrónicos, 4 memorias USB, 2 discos duros, 6 simcards y 6 routers.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos presentó a estas personas ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir, uso de software malicioso, suplantación de página web, acceso abusivo a un sistema informático y hurto por medio de un sistema informático.
Esta organización ilegal, al parecer, remitía correos electrónicos a nombre de dependencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de diferentes secretarías municipales de tránsito y de movilidad, entre otras autoridades. Los mensajes contenían un RAT o troyano, un virus capaz de controlar los computadores y equipos, y que permitía tener acceso remoto a los archivos e información personal de los usuarios que abrían las comunicaciones recibidas creyendo que eran auténticas. Con los datos obtenidos de manera ilegal se habrían realizado hurtos y otros hechos fraudulentos
Fueron presentados ante un juez de garantías10 integrantes y exintegrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y a 6 privados de la libertad que serían los responsables del tráfico de estupefacientes y otras conductas ilícitas en la cárcel de mediana seguridad El Diamante, en Girardot (Cundinamarca).
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, estas personas harían parte de una red delictiva conocida como ‘Los Patios’. En esta organización criminal los funcionarios del INPEC involucrados permitían el ingreso al establecimiento carcelario de sustancias ilícitas, celulares, licores, cigarrillos, alimentos, elementos de aseo y otros artículos prohibidos por el reglamento penitenciario. Adicionalmente, son señalados de autorizar visitas y la entrada de particulares en horarios no permitidos.
Los presos que hacían parte de esta red recibían los estupefacientes y demás objetos, y se encargaban de la comercialización al interior de la carcel.
Estas personas fueron imputadas, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, por los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de estupefacientes; cohecho, prevaricato y favorecimiento para fuga de presos.
La Fiscalía General de la Nación embargo y secuestro sobre 12 inmuebles urbanos y 3 rurales que pertenecerían a un mayor en retiro de la Policía Nacional, implicado en actos de corrupción que permitieron el envío de clorhidrato de cocaína a Europa.
Los bienes afectados, representados en apartamentos, parqueaderos y lotes, están avaluados preliminarmente en 2.800 millones de pesos. Fueron ocupados en diligencias realizadas por la Dijin de la Policía Nacional en Ibagué (Tolima) y Barranquilla (Atlántico).
Los activos harían parte del patrimonio ilícito del exoficial, quien estuvo a cargo de los grupos de control y vigilancia en los puertos de la Costa Atlántica, y habría facilitado la salida de cargamentos de estupefacientes a diferentes destinos internacionales.
El oficial retirado de la Policía deberá enfrentar cargos por delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público.
La Fiscalía imputó cargos a 10 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Renacer’, entre ellos al concejal de Puerto López (Meta), Carlos Orlando Heredia Leal, y al exinspector de policía, Carlos Gilberto Romero Parrado, como presuntos responsables de desplazamientos y usurpación de tierras en el oriente del país.
Estas personas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento forzado, desplazamiento forzado, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada; y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, ‘Renacer’ desplazaba a los dueños de fincas en Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán (Meta). Posteriormente, el concejal Heredia Leal y el exinspector Enrique Osorio, al parecer, facilitaban los trámites administrativos para que los predios pasaran a manos de terceros, quienes los vendían como propios a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
En otras ocasiones las propiedades habrían sido utilizadas para actividades delictivas relacionadas con narcotráfico y tráfico de armas. Hasta el momento han sido acreditados tres eventos delictivos que involucran a igual número de fincas.
La Fiscalía General de la Nación identificó a una red delictiva señalada de sacrificar reses, caballos y asnos para vender la carne en municipios de Boyacá y Cundinamarca, y a proveedores de programas públicos.
En diligencias realizadas de manera conjunta con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional fueron capturados ocho de los presuntos integrantes de esta red. Un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir, maltrato animal, contaminación ambiental, y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.
La estructura delincuencial, al parecer, disponía de animales enfermos y en malas condiciones, sin contar con los permisos de ley y en medio de condiciones precarias de salubridad. Esto generaba afectaciones al suelo y a las fuentes hídricas por el vertimiento de residuos de esta actividad.
La carne obtenida sería embalada y trasladada sin mantener la cadena de frío y de conservación a bodegas de Cota (Cundinamarca) y Bogotá. Desde allí, a través de un intermediario, presuntamente era vendida y distribuida a proveedores del Plan de Alimentación Escolar (PAE), centros carcelarios, plazas de mercado y establecimientos de comercio.
Por estos hechos deberán responder ante la justicia las siguientes personas: Cristian Mauricio Martínez Gaviria, Óscar Armando Valbuena Sánchez, Saúl Humberto Pinilla García, John Anderson Pineda Ortegón, sería trabajador de una de las bodegas; Gildardo; Antonio Isaza Herrera, señalado intermediario; Yuber Molina Roberto, Luis Alfonso Pecue Machado y Soledad Quintero Lozano.
La Fiscalía General de la Nación identificó al sargento viceprimero José Arturo Cavarique Acosta, el sargento segundo Jhorman Francisco Torres Parra y el suboficial José Arturo López Astudillo como responsables del apoderamiento de munición de uso privativo de las Fuerzas Armadas, que posteriormente era comercializada a estructuras del ‘Clan del Golfo’ y de las disidencias de las Farc que tienen injerencia criminal en el oriente y suroccidente del país.
Estos militares en el desempeño de sus funciones habrían extraído de varios batallones del país, cartuchos para fusil; e ingresado de manera abusiva a los sistemas misionales del Ejército Nacional para alterar información y evitar que fuera detectado el faltante de munición.
De esta manera, al parecer, se apropiaban de hasta 40.000 cartuchos mensualmente, y a cambio recibían consignaciones a cuentas personales y transferencias de dinero a billeteras virtuales. Las evidencias recopiladas por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) indican que el material era entregado a contactos externos que se encargaban de embalarlo y enviarlo entre baterías de carros y buses de servicio de transporte interdepartamental a Cauca, Arauca, entre otros departamentos.
Los uniformados fueron capturados y tendrán que responder por los cargos de concierto para delinquir; tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas; peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos, violación de datos personales, y acceso abusivo a un sistema informático.
El representante a la Cámara por la curul de negritudes, Miguel Abraham Polo Polo, fue llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia por el delito de injuria.
El caso tiene que ver con unos señalamientos que hizo al director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, a quien responsabilizó de financiar a la Primera Línea.
“Gustavo Bolívar es el político más despreciable de Colombia por mucho, una persona que carga en su espalda dos suicidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel y luego no les pagó, y por cuenta de eso los jóvenes, endeudados con el banco, se quitaron la vida. Un ser humano como él, que financió la primera línea que quemó a Bogotá en el paro y mató bebés en ambulancias por los bloqueos, degolló jóvenes, violó y asesinó policías, no debería ser ni siquiera candidato a una alcaldía. Y ahora ataca a la oposición y a los medios de comunicación. Le exigimos al ‘narconovelista’ que pare sus agresiones y retire su perversa candidatura”, escribió el representante en su cuenta de X.
Al no llegar a un acuerdo durante la audiencia de conciliación la Fiscalía siguió adelante con el proceso y hoy le llamó a juicio ante la Corte Suprema de Justicia, en donde deberá probar lo dicho en su momento.
La Policía Nacional de Colombia recapturó a Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, quien es considerado como el «Pablo Escobar de Bucaramanga.
El operativo en el que cayó este delincuente se presentó en la vereda el Noral del municipio Copacabana, norte del área metropolitana de Medellín. En el operativo también fueron capturadas otras dos personas. Alias “Pichi”, se encontraba armado con la pistola marca Five Seven, calibre 9 milímetros, 4 proveedores y 99 cartuchos.
Camargo Ríos se fugó de su vivienda en donde se encontraba en prisión domiciliaria cuando se enteró de que sería trasladado a la a la cárcel La Paz de Itagüí. Fue condenado por delitos de narcotráfico, homicidio agravado, tráfico de armas, concierto para delinquir y extorsión.
