Para iniciar el año nuevo, siempre es prudente y necesario echar una mirada al año que termina y revisar lo que, como sociedad y como personas, hubiéramos podido hacer, cambiar, mejorar y fortalecer, para ser felices en nuestro querido país. Este año que termina bajo un gobierno progresista, resultado de la mezcla de liberalismo, socialdemocracia, izquierda socialista y comunista, precisamente por su empeño en realizar cambios sustanciales, y sin ánimo de copar todos los componentes de este, me atreveré a opinar, en especial sobre aquellos temas que guardan relación directa con la construcción de paz y la superación del conflicto armado.
Este gobierno se propuso romper con viejas tradiciones de administración y de formas de hacer política, instalar nuevas maneras de hacer las cosas, y aprender sobre la marcha, reduciendo errores y fortaleciendo aciertos, despertando resistencias y oposiciones internas y externas, lo que seguramente le impidió cumplir algunas metas previstas en materia desarrollo social y económico; situación apenas lógica, si se tiene en cuenta que no hay mucho que aprender si se trata de eliminar de raíz fenómenos culturales, políticos y económicos como la corrupción, el todo vale o el narcotráfico, que lograron durante decenas de años permear, consolidarse y naturalizarse en la administración pública y en la vida cotidiana.
Resultados planeados para el primer año de gobierno y que hacen parte del paquete de transformaciones que harán posible la Paz, no fueron obtenidos en su totalidad, aunque hubo importantes avances a nivel del legislativo, en especial los relacionados con las reformas a la salud, la educación y laboral, que deberán culminar satisfactoriamente en las próximas legislaturas. Es necesario tener en cuenta que estos logros no dependían exclusivamente de la capacidad del Gobierno Nacional y del Pacto Histórico, ya que los poderes existentes y construidos bajo otras políticas sociales y económicas, no se dispusieron a ceder parte de sus intereses, beneficios o privilegios, la mayoría de estos obtenidos y sostenidos bajo prácticas corruptas que se establecieron como necesarias, o como si algunos sectores de la sociedad estuvieran designados a ser los únicos beneficiarios del desarrollo y el crecimiento económicos.
Tendrán que mejorarse los canales de construcción de consensos políticos y sociales, ceder en algunos componentes y proyectar a futuro nuevos cambios, para que en el Senado y en la sociedad, se logren los acuerdos necesarios para, aprobar los proyectos de Ley y se avance hasta donde sea posible, haciendo que las reformas sean una realidad que beneficie a toda la población. Seguramente programas como Jóvenes en Paz y Matrícula Cero, que se implementarán desde inicios del 2024, fortalecerán los valores, los compromisos y los deberes de la juventud en la construcción de una sociedad equitativa, democrática y profundamente pacífica.
Se avanzó como nunca antes, en el proceso de adjudicación de tierras de forma colectiva e individual, en reconocimiento de derechos territoriales a población afrodescendiente, a comunidades indígenas y a organizaciones campesinas. Esa tarea represada y señalada como improcedente por importantes sectores económicos y políticos, ha sido motor en la construcción de la justicia social y en el proceso de legitimación del Estado; por supuesto que falta mucha tierra por entregar, pero el camino emprendido y los frutos obtenidos señalan con certeza que la democratización de la tierra y la economía, son piezas fundamentales para hacer de Colombia un país con menos hambre y menos pobreza. Hay que redoblar esfuerzos y hacer rendir los recursos económicos bajo la figura de las alianzas público-populares, para hacer que el campo sea productivo, que las comunidades vivan en armonía con la naturaleza y que la territorialidad para la paz, con organizaciones sociales fortalecidas, se construya y se reafirme.
Todos los meses se produjeron noticias sobre la apropiación indebida de recursos que dieron al traste con proyectos o con metas sociales del Estado, que terminaron en las cuentas de importantes personalidades que hicieron parte de gobiernos anteriores a todos los niveles. Siempre existirán personas que deseen amasar fortunas de forma corrupta; sin embargo, las acciones emprendidas desde la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, a falta de acciones reales contra este flagelo por parte de la procuraduría o la fiscalía, son además de importantes extremadamente necesarias. Habrá que abordar el debate nacional sobre la reforma a la justicia que ayude a superar la corrupción y la impunidad, a buena hora el Ministro Néstor I Osuna P. conformó una comisión para la construcción de una propuesta de reforma que ojalá entregue frutos en el 2024.
En materia de la solución dialogada del conflicto armado interno y sus diversas manifestaciones, todavía no se han logrado resultados definitivos; no obstante, el solo hecho de cerrar el año 2023, con dos mesas de diálogo de carácter nacional funcionando, una con el ELN, y otra con el llamado EMC-FARC, y mantener las mesas de diálogo con actores armados delincuenciales de carácter local, como el caso de Medellín, Cali y Buenaventura, nos indican que el abordar de forma simultánea y compleja todas las manifestaciones del conflicto armado, es una decisión además de posible, totalmente acertada. Es urgente, que se avance en la Ley de sometimiento a la justicia, esa responsabilidad del Gobierno y el Congreso es de extrema urgencia.
Se mantienen, los ceses al fuego bilaterales del Gobierno con cada una de las organizaciones guerrilleras que están dialogando, lo que no significa que todas las expresiones de violencia armada con estas agrupaciones, hayan desaparecido, eso solo se logrará cuando se firme el acuerdo final que ponga fin a la confrontación. Será necesario que se continúe el cese al fuego bilateral, y que el compromiso con el cese de hostilidades contra la población civil, se reafirmen y cumplan, para que disminuyan efectivamente delitos como el desplazamiento forzado, la instalación de minas antipersonal, el confinamiento de comunidades, el secuestro, la extorsión, las amenazas, los asesinatos de líderes, lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz, el cese del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, entre otras infracciones al DIH, que reportan cifras que no disminuyen ostensiblemente o en ascenso, y que afectan la confianza en el proceso de paz.
Tendremos que evaluar a finales del 2024, la implementación del Plan Nacional de Desarrollo y de los recursos obtenidos con la reforma tributaria de 2022, y su contribución a la consolidación de la paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados en 2016 con las FARC-EP. Los nuevos gobernantes locales municipales y departamentales, tienen la obligación de elaborar participativamente durante los primeros tres meses de 2024, los Planes de Desarrollo Locales e incluir en estos, un capítulo preciso sobre el tema de paz, convivencia, reconciliación, Derechos Humanos y atención integral a las víctimas del conflicto armado, con suficientes recursos para apalancar inversión nacional y consolidar la seguridad local teniendo como eje la vida y los derechos.
Nota: El 22 de Febrero debemos participar masivamente en la Jornada Nacional por la Vida y la Paz, exigiendo el fin del secuestro, de los asesinatos, las masacres, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes, el confinamiento e instalación de minas antipersonal. En Colombia ya no hay lugar para la violencia.
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