Últimas noticias de Gustavo Petro
Un grupo de asistentes al evento de la Policía Nacional en donde presentó el nuevo modelo de servicio orientado a las personas y a los territorios, chiflaron al presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que este aseguró que «las ollas de microtráfico en los barrios de Bogotá compran a los policías».
Durante la Asamblea Cafetera convocada por el Ministerio de Agricultura, el presidente de la república, Gustavo Petro, durante su discurso invitó a los asistentes en pensar la manera de darle mayor dinamismo al sector.
De acuerdo con el primer mandatario una de esas medidas es tomando las riendas del Fondo Nacional del Café, administrado actualmente por la Federación Nacional de Cafeteros.
“¿Qué hacemos con el Fondo Nacional del Café? Hay plata, pero ¿cómo se está usando? Tenemos derecho sobre ese dinero. Pero se ha creado la tesis de que hay otros derechos adquiridos por parte de privados”, dijo.
Propuso al sector modernizarse y pensar en estrategias que lo pongan a la vanguardia tecnológica, además de una mejor y mayor industrialización del grano, junto a una diplomacia eficiente que promueva las ventas externas de productos con valor agregado.
El Fondo Nacional del Café es administrado por la Federación Nacional de Cafeteros, desde el año 1929, y el dinero se recauda a través de una contribución que hacen los caficultores por un valor de 0,6 centavos de dólar por cada libra de café exportada.
Luego de este discurso, el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, a través de un comunicado recordó que el fortalecimiento del tejido social cafetero ha sido una apuesta fundacional del gremio y de cara a tal fin, y que desde mucho tiempo atrás propuso a los cafeteros enfocar la transformación en 5 esfuerzos: industrialización, cooperativismo, asociatividad, potencialización del comercio exterior y austeridad.
«Los recursos del Fondo Nacional del Café son de los cafeteros, libra a libra los hemos aportado; en el pasado sirvieron a todos los colombianos construyendo escuelas, vías y acueductos, hoy hacemos un llamado a la solidaridad del país con un sector productivo al que mucho le deben; defenderemos el Fondo Nacional del Café. Los cafeteros estuvimos cuando Colombia nos necesitó, ahora necesitamos que Colombia esté con los cafeteros», puntualizó.
Durante la posesión de la magistrada del Consejo de Estado, Gloria María Gómez Montoya, el presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte crítica a Venezuela por la situación que vive la oposición de ese país y por no permitir la participación de María Corina Machado en las elecciones presidenciales.
“A María Corina Machado y a otros se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas, previamente. En Colombia pasa lo mismo, aquí, como una especie de doble moral, atacamos lo que hacen allá porque, indudablemente, es un golpe antidemocrático, pero ocultamos que aquí también se hace, que el derecho político en Colombia también está vulnerado y no solo para individuos sino para la sociedad. Aunque en Venezuela últimamente taparon las circunstancias con un fallo judicial, lo cierto es que la inhabilidad provenía de una sanción administrativa”, dijo el mandatario.
El primer mandatario reiteró que se debe respetar la Convención Americana de los Derechos Humanos donde se establece que para los países suscritos es obligatorio garantizar la participación política de todos los que deseen aportar a la democracia.
Luego de varios días de crisis y tensión diplomática entre Colombia y Argentina por las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que descalificaba al mandatario colombiano y tras una extensa reunión entre ambas cancillerías se logró dar por terminado este capitulo y las relaciones entre ambos países se normalizaron.
“Por precisas instrucciones de los presidentes de ambas naciones, las cancillerías de Colombia y Argentina han mantenido conversaciones para afianzar las relaciones diplomáticas, acorde con las tradicionales relaciones de fraternidad, civilidad y los vínculos entre ambos pueblos en los planos político, comercial, cultural e institucional”
Con un comunicado conjunto ambas cancillerías dieron a conocer el resultado de esta reunión y se dio instrucciones al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, para que regrese a Buenos Aires, así como el visto bueno del gobierno colombiano al nombre del nuevo embajador argentino.
De la misma manera se dio a conocer la visita de la Canciller Argentina, Diana Mondino, y se recordó en el comunicado que a pocos días de cumplirse 201 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones se ratifica la importancia de mantener las buenas relaciones y la voluntad de estrechar los lazos que unen a ambas naciones.
Así mismo ambos gobiernos se comprometieron a trabajar por el bienestar de los estudiantes, trabajadores, empresarios que residen en sus territorios.
La administración actual cuenta con significativos niveles de legitimidad (especialmente en zonas rurales y algunas ciudades), pero con baja gobernabilidad, razón por la que el presidente Gustavo Petro decidió hacer el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente y, por esta vía, minimizar la apuesta de las reformas sociales en el Congreso de la República. Sin embargo, los cambios constitucionales que quiere hacer el mandatario los puede impulsar por vía de referendo, sin poner en vilo la seguridad jurídica del país. Veamos cómo se desmenuza el escenario y la propuesta.
La gobernabilidad es un concepto de la ciencia política que, según el investigador Manuel Alcántara, refiere a la situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, que se sitúan en las otras ramas del poder público o son intrínsecas a este. En tal sentido, la “capacidad de gobierno” de Gustavo Petro se ha visto limitada por decisiones adversas de la rama judicial, el legislativo, e incluso, de algunas de las administraciones locales. A pesar del creciente número de demandas de la sociedad civil, la capacidad de respuesta del sistema político ha quedado, en parte, maniatada.
Declarar inconstitucionales los decretos de emergencia social y económica de La Guajira emitidos por el gobierno central, por ejemplo, evidencian el bajo nivel de gobernabilidad de la administración Petro en la correlación de fuerzas con la Corte Constitucional. Situación similar se presenta en el Congreso de la República donde se han dilatado las votaciones sobre la reforma a la salud, se ponen trabas constantes a la reforma pensional y laboral, por no hablar de la reforma a la educación. Entre tanto, los medios de comunicación que son un actor determinante para la capacidad de gobierno visibilizan los mensajes de la oposición y ocultan los avances de la administración del cambio.
La legitimidad (concepto de la sociología política), por su parte, hace alusión a la aceptación y apoyo popular a las decisiones que toma un gobernante. La legitimidad de Petro ha ido incrementándose en los últimos meses y como vara de medición están las encuestas de popularidad realizadas por el Centro Nacional de Consultoría e Invamer Poll.
Con este escenario adverso en materia de gobernabilidad y favorable en cuanto a la legitimidad, Gustavo Petro decidió acudir al constituyente primario para implementar las reformas sociales y hacer cambios en la Carta del 91. Presentó el pasado 18 de marzo su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente con el documento denominado ABC Proyecto Constituyente. También hemos visto en alocución presidencial y en sus últimos discursos en los encuentros de “gobierno con el pueblo” en Tierra Alta, Córdoba, y Palmito, Sucre, la apertura de la puerta para una constituyente y el urgente llamado a las bases campesinas para que se apropien, teniendo como asidero la reforma agraria.
En un documento para la reflexión en Semana Santa, el alto mandatario dio a conocer 9 puntos para que se discuta este nuevo proceso constituyente. Además de recoger las demandas en materia de reformas sociales que están en vilo por su bajo nivel de gobernabilidad, puntualizó que se debe constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía, transformar el actual ordenamiento territorial, expedir el estatuto del trabajo, separar la política de la financiación privada y reformar el sistema judicial.
Craso error el que está cometiendo el mandatario al convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. No me refiero solamente a las dificultades jurídicas y electorales que tendrá el presidente como lo dio a conocer Daniel Coronell en su columna Frustración Constituyente, sino por el boquete que abrirá para que sectores de la oposición de derecha recalcitrante incorporen cambios que limiten las garantías de derechos que establece la Constitución del 91.
Y es que en Colombia pensamos que, cambiando la ley, transformamos la realidad. Hay que dejar claro que una constitución, fundamentalmente, se divide en tres partes: la primera consagra los derechos, sus garantías y los deberes de los ciudadanos; la segunda, la organización del Estado y las funciones generales de sus instituciones; y, finalmente, las formas en que se puede cambiar dicha constitución.
La del 91 es una constitución garantista en cuanto a derechos y la exigibilidad de los mismos. Creó o dio fuerza a instituciones vitales para la democracia colombiana como la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Junta del Banco de la República. No se puede hacer un llamado apresurado al pueblo para que elija una nueva Constituyente porque varias de estas instituciones no comulgan con el gobierno de turno o porque el Congreso ha impedido las reformas.
Por estas razones, considero que los 9 puntos propuestos por el presidente pueden ser aprobados, de forma más expedita, por vía de un referendo que consulte a la población colombiana si está de acuerdo con estas reformas constitucionales. Así, puede jugársela con los niveles de legitimidad que tiene en la población colombiana. No es necesario poner en vilo la seguridad jurídica de todo un país por que el mandatario considera que el poder constituido “no tiene independencia de los grandes poderes económicos” y por eso no ha podido llevar a cabo sus reformas; o porque existe una “gobernanza paramilitar” que gobierna de forma anticonstitucional y es “proclive siempre a concentrar sanguinariamente la riqueza nacional en manos de los propietarios de la gobernanza”, como lo explicita en el documento para reflexionar en Semana Santa.
Aunque sea algo tardío opinar con algún detalle al respecto porque debí atender el caso Ecopetrol, toca hacerlo. Hace 12 días, escribí: “La constituyente de @petrogustavo no pasa de ser un cañazo. Porque no tiene los votos suficientes para aprobarla en el Congreso ni para aprobarla entre la ciudadanía. Que la mencione, más que probar su fuerza política en Colombia, lo que demuestra es su debilidad. Desesperación. No comer cuento”.
No le fue mal en X –antes tweeter– a ese comentario: 1.800 reenvíos y 223 mil visualizaciones. A las bodegas petristas, voluntarias o pagas: “Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud”.
Al otro día de su anuncio, Petro dijo que no buscaba cambiar la Constitución sino desarrollarla con unas leyes, lo que podría inmortalizarlo. Porque sería el primero en la historia que haría una asamblea constituyente para no cambiar la Constitución. Y explicó que solo modificaría la ley en seis aspectos, que no incluyen crear más trabajo y más riqueza, bases insustituibles del progreso de Colombia y del mundo. Pero sí fue capaz de prometer “garantizar en el corto plazo condiciones básicas de vida para todos los colombianos”. Demagogia.
Al preguntarle cómo la haría, no mencionó convocar al Congreso para tramitarla –paso obligatorio según ordena la Constitución que Petro ha endiosado–, sino al “pueblo”. Como si la ciudadanía pudiera dejar de contarse en las urnas para decidir si se aprueba o no el proceso y para elegir a los constituyentes. Cuánto manipula a los colombianos.
Es obvio que si Petro tuviera en sus cálculos poder ganar esta constituyente, ya la estaría tramitando en el Congreso, aun si le creyeran que no es para reelegirse en 2026, lo que no sucede por su autoritarismo y porque en las elecciones de 2018 grabó en piedra que como Presidente no tramitaría una constituyente. Sin duda, ese engaño empeora su minoría entre los actuales congresistas y su ninguna posibilidad de lograr mayorías si se llegara a elecciones generales.
Que la constituyente de Petro es un cañazo lo confirmó nada menos que su ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien contestó con un rotundo “no” a la pregunta del periodista de si “es partidario de una Asamblea Constituyente en este momento”. Y explicó que Petro dijo que “no significa que tengamos que hacerla ahora”, porque pueden dejarse “unas bases para que se haga en 2026 o en el 2028” (Ver enlace). Otro bluf, porque quién va a creer que desea heredarle una constituyente en trámite a un muy probable gobierno de sus contradictores.
Muy equivocado que Germán Vargas le hiciera el juego a la demagogia de esta Constituyente.
De otra parte, Petro volvió a insistir en la Constitución de 1991 como lo mejor para Colombia, y por ello inmodificable, insinuando además un papel protagónico que no tuvo en ella, porque: 1. Como presidentes de la República, Virgilio Barco y César Gaviria controlaron el ciento por ciento del proceso constituyente y de sus decisiones. 2. Su viabilidad política –que incluyó un golpe de Estado a la Constitución vigente– la aportaron los jefes máximos del liberalismo y el conservatismo, las fuerzas responsables del desastre nacional en ese momento y que eligieron el 66 por ciento de los constituyentes. 3. De los 19 electos por la AD-M19 –entre los que no estuvo Petro–, 13 eran de origen liberal-conservador.
Así fue como la Constitución de 1991, sin oposición, sentó las bases para aplicar en Colombia la economía del Consenso de Washington (ver enlace) y dejar en ridículo la retórica antineoliberal de Petro.
Coletilla: La próxima semana no aparecerá esta columna.
El Gobierno ordenó la expulsión este miércoles a los diplomáticos de la Embajada de Argentina en represalia a los insultos del presidente argentino, Javier Milei, contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que recientemente ha llegado a tildar de «asesino terrorista».
«El alcance de esta decisión se comunicará a la Embajada argentina por los canales institucionales diplomáticos», reza un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores a través de su página web.
Así, ha señalado que «repudia» las declaraciones hechas por Milei en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN en las que «se expresa de forma denigrante en contra del mandatario de los colombianos, el respetado señor Gustavo Petro».
«No es la primera vez que Milei ofende al mandatario colombiano, afectando las históricas relaciones de hermandad entre Colombia y Argentina. Las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad de Petro, que fue elegido de manera democrática», ha manifestado.
Esto se produce después de que el mandatario argentino afirmase que «mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista», en alusión a Petro, durante una entrevista en la que también aprovechó para criticar al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
El Ministerio de Exteriores de Colombia ya llamó a consultas a su embajador en Argentina, Camilo Romero, a finales de enero después de que Milei afirmase durante una entrevista que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, es un «comunista asesino que está hundiendo a Colombia».
A pesar de que el presidente de la república, Gustavo Petro, solicitó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, suspender la ‘vaca’ para financiar las vías 4G en el departamento, luego de conocerse el comunicado del Clan del Golfo asegurando que la organización ilegal había donado 10 millones de pesos, el mandatario local ejecutó algunos cambios en la colecta sin atender la sugerencia del primer mandatario.
La ‘vaca’ hasta el momento lleva un monto de 2.600 millones de pesos en donaciones y el gobernador anunció que en adelante los aportes se harán de manera digital.
«¡La Vaca continúa! Estos son los canales para donar: www.antioquia.gov.co, PSE y Place to Pay», anunció la Gobernación.
Asimismo, el mandatario departamental le respondió a Petro afirmando que seguirá adelante con la ‘vaca’ y le volvió a pedir a Petro que le entregue al departamento las vías 4G que no financiará.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respaldó la idea del gobernador de continuar con la ‘vaca’ y djo además que el país se construye desde las regiones:
Mi recomendación a los Antioqueños es que nos mantengamos unidos, hoy más que nunca, pues los gobiernos pasan y el país continúa. El Gobernador y yo estamos unidos en este propósito», escribió Gutiérrez en su cuenta de X.
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El presidente Gustavo Petro pidió al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, suspender la recolección de dinero para terminar los proyectos de vías 4G que están en ejecución en el departamento.
El primer mandatario hizo esta solicitud a través de su cuenta de X, luego de conocer el comunicado del Clan del Golfo afirmando que hizo aportó recursos de 10 millones de pesos para la terminación de las obras.
Gustavo Petro propuso al gobernador de Antioquia aumentar el recaudo por valorización a las vías del departamento: «Le propongo más bien implementar con el Gobierno nacional el cobro de valorización por las obras ya efectuadas y destinar un porcentaje de esa valorización a las vías de Antioquia«.
El Gobierno Nacional respondió a las afirmaciones del expresidente Iván Duque en entrevista para la Revista Semana, quien dijo estar preocupado porque según él, a través de la UIAF se estaría haciendo seguimiento a la oposición.
«Aunque no me consta, hay rumores del uso del aparato de inteligencia para hacer persecución, buscar información financiera de los opositores, etc», dijo el exmandatario.
De inmediato a través de un comunicado la Presidencia negó los señalamiento y recordó que estas fueron prácticas del pasado que no está dispuesto a permitir que se vuelvan a repetir.
«Frente a semejante afirmación sin fundamento la UIAF declara su profundo rechazo y reafirma su más estricto respeto frente a las garantías que la inteligencia financiera le ofrece al ejercicio de la oposición política», dice el comunicado de la Presidencia.
De igual manera, se enfatizó el deber legal que tiene la UIAF, y en general todos los organismos de inteligencia, de proteger el derecho al buen nombre de todos los colombianos.
El presidente Gustavo Petro pidió a la Fuerza Pública capturar al jefe del Estado Mayor Central, alias Iván Mordisco, para que confiese sus delitos.
“El camino de la Paz es que se sepa la verdad. Por eso quiero que cojan vivo a Iván Mordisco (…) va a la cárcel a hablar”, afirmó el primer mandatario.
El primer mandatario hizo esta declaración luego de suspender el cese al fuego con el Estado Mayor Central en el departamento del Cauca y anunciar que se encuentra analizando en sí hará lo mismo en los demás territorios donde opera el grupo ilegal.
en los últimos días Petro se refirió a Mordiscos como «traqueto», lo que generó la respuesta inmediata de este actor ilegal quien aseguró que en campaña lo apoyaron y reclamó que durante este tiempo el ahora primer mandatario no hizo este tipo de calificativos.
El presidente Gustavo Petro anunció que quiere dar prioridad a la construcción de más universidades públicas, un mayor número de colegios en municipios y veredas y al suministro de agua potable, y que «se retrasarán las vigencias futuras de las 4G y los túneles de carretera«
Desde su recorrido por algunos municipios de la Región Caribe, el primer mandatario, pidió al director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, en dar prioridad a temas de educación y retrasar la entrega de grandes obras de infraestructura como las vías 4G y túneles.
“Esto es pelear con el poder económico de Colombia. Se retrasan las vigencias futuras de las 4G y los túneles de carreteras y se pone por delante la construcción de universidades y agua potable”, afirmó.
No es la primera vez que el Gobierno Nacional habla sobre la posibilidad de cambiar las vigencias futuras. El primero en mencionarlo fue el ministro Ricardo Bonilla, quien aseguró que hay que examinar los recursos previstos, teniendo en cuenta los niveles de retraso de las obras.
Al respecto, la oposición tomó cartas en el asunto citando al ministro de Transporte, William Camargo, a debate de control político, especialmente a la bancada antioqueña en el Senado, por la financiación de las obras de infraestructura en las vías 4G.
Senadores, representantes y concejales del Partido Alianza Verde de Bogotá hicieron una declaración conjunta pidiendo al presidente Gustavo Petro, no obstaculizar la construcción de la primera línea del metro e hicieron un llamado para que ayude a pensar en el proyecto de la tercera línea que iría desde el municipio de Soacha.
«En Bogotá se ha hecho un trabajo muy bonito de construir sobre lo construido, y prueba de eso es que el actual gerente de la Empresa Metro de Bogotá, viene de la administración de Claudia López, lo que nos genera tranquilidad a los ciudadanos porque dará continuidad a la gestión», dijo la representante a la cámara, Katherine Miranda, quien invitó al primer mandatario a entender que pensar en cambiar un tramo de la primera línea al modelo subterráneo, «implicaría votar a la basura 45 mil millones de pesos invertidos en la compra de predios y traslado de redes.
Por su parte la senadora Angélica Lozano, recordó que el contrato ya está firmado y las obras en ejecución, y que es a esta realidad a quien deben creer los ciudadanos.
En la rueda de prensa estuvo presente el concejal de Bogotá, Julián Rodríguez Sastoque, quien aseguró que para conectar la primera línea del metro en la Avenida 1 de Mayo en la parte la localidad de Antonio Nariño con un tramo subterráneo por la Avenida Caracas no fue estudiada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y que esto implicaría nuevos estudios y nueva búsqueda de recursos.
En la declaración estuvieron presentes la senadora Angélica Lozano; las representantes a la cámara, Catherine Juvinao, Katherine Miranda, Olga Lucía Velásquez y los concejales, Andrés Onzaga, Julián Espinosa, Julián Rodríguez Sastoque y Leandro Castellanos.
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La Corte Constitucional tumbó el último decreto firmado por el presidente de la república, Gustavo Petro, con el que declaró la Emergencia Social y Económica en La Guajira.
La decisión se fundamentó -de acuerdo al análisis de la Corte Constitucional- en qué no existía conexidad entre la crisis humanitaria por la falta de agua potable que se podría venir en el departamento de la Guajira y la reactivación del turismo en este departamento. También consideró que la medida no estaba acorde a la Constitución.
Este decreto hacía parte de una serie de medidas tomadas por el presidente de la república, Gustavo Petro, para enfrentar la emergencia en La Guajira que se vendría por la falta de agua potable que se fueron cayendo en la Corte Constitucional bajo el efecto dominó
El Clan del Golfo dio a conocer a través de un comunicado divulgado en las redes sociales, su intención de dialogar con el Gobierno Nacional con la idea de establecer una paz duradera.
“Nos permitimos comunicar que aceptamos la invitación hecha por el señor presidente, en el sentido de sentarnos a negociar las condiciones políticas que permitan las transformaciones sociales”, dice el comunicado.
En el texto niegan su participación en el tráfico ilegal de personas a través del Tapón del Darién y aseguran además que no son narcotraficante y que, según ellos, «solo participan de esta renta ilícita cobran un impuesto de gramaje».
