El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este miércoles la expulsión de «toda» la legación diplomática israelí presente en el país, en respuesta a la detención de dos ciudadanas colombianas que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla, tras la intercepción de embarcaciones cuando estaban aproximándose a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria.
«Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina. Si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu», ha señalado en su cuenta de la red social X, donde ha anunciado que «sale toda la representación diplomática de Israel en Colombia».
El mandatario ha exhortado asimismo a la Cancillería a emprender «todas las demandas respectivas, incluso en la Justicia israelí», por lo que ha «invitado» a abogados internacionales a brindar su apoyo junto a letrados colombianos en esta causa.
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Petro, que esta semana avanzó la suspensión del Tratado de Libre Comercio con Israel por la ofensiva militar de este país contra la Franja de Gaza, donde ya han sido asesinados más de 66.000 palestinos, ha señalado que este acuerdo comercial «se denuncia de inmediato».
Posteriormente, ha reconocido en la misma plataforma que «me alegré un instante por la propuesta de paz de (el presidente estadounidense, Donald) Trump (…) pero no, es un plan con la gente ya muerta por inanición».
«Aquí Israel pone presa en aguas internacionales a la sueca Greta (Thunberg) y a sus compañeros y solo pretendían llevar comida a la gente que quiere un gobierno totalitario que muera por inanición», ha lamentado, considerando que el jefe del Ejecutivo israelí «demuestra su hipocresía mundial y el porqué es un delincuente mundial que debe ser capturado».
Por su parte, el Ministerio de Exteriores colombiano ha denunciado en un comunicado el «secuestro» de las activistas colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya por parte del Ejército israelí, lo que ha rechazado «en los más drásticos términos».
Bogotá ha exigido así su liberación «inmediata» así como la de «todos» los demás integrantes de la flotilla y ha pedido a los gobiernos del resto de países con nacionales en la misión rumbo a Gaza que «actúen» con celeridad para proteger la vida de éstos.
«Ninguna política de Estado puede justificar la masacre y la detención ilegal de los ciudadanos que quieren aportar a la paz y emprender acciones humanitarias dirigidas a aliviar la hambruna provocada de forma deliberada por los actos ilegales del Estado de Israel en el Territorio ocupado de Palestina», ha agregado, al tiempo que ha recordado que la Global Sumud Flotilla es una iniciativa que «responde a intereses de la sociedad civil y persigue propósitos humanitarios
En la misma línea ha reaccionado el Gobierno de Chile, con una nota remitida a los medios en la que ha expresado su «grave preocupación» ante lo sucedido, denunciando que las acciones del Ejército israelí hacia la flotilla «vulneran la libertad de navegación garantizada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y contraviene las obligaciones derivadas del Derecho Internacional Humanitario».
Por ello, el Gobierno de Gabriel Boric ha pedido que se respete de forma «irrestricta» esta legislación y en este sentido ha hecho un llamamiento «urgente» a garantizar la seguridad e «integridad» de todos los tripulantes de la flotilla además del «libre e inmediato acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, sin obstáculos ni interferencias arbitrarias».
El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha condenado lo que ha considerado de «brutal agresión perpetrada» por las autoridades israelíes contra la flotilla con un mensaje en X donde ha denunciado un «acto de violencia inaceptable».
Así, ha apuntado directamente a Netanyahu por lo que ha dicho es «un atropello a la dignidad humana» y una «política de terrorismo (…) contra» el pueblo palestino de Gaza. «Este hecho demuestra, una vez más, la absoluta indiferencia e impunidad del régimen israelí hacia la vida de inocentes y la legalidad internacional», ha añadido, antes de hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que se sume a la condena de estas acciones alegando que «el silencio es complicidad».
