Crisis en el Gobierno Petro: ya son cinco ministros y dos altos funcionarios que salen por la puerta de atrás tras denunciar presiones. Un reciente informe periodístico reveló cómo se ha vuelto costumbre que los miembros del gabinete, una vez removidos de sus cargos, expongan ante la opinión pública una serie de situaciones que evidenciarían injerencias indebidas dentro del gobierno (Infobae, 20 de mayo de 2025).
El caos institucional y político que atraviesa el gobierno del presidente Gustavo Petro no se limita al ámbito político o económico. La sostenibilidad y los objetivos ambientales también se ven seriamente comprometidos por una administración deficiente, marcada por la improvisación y la falta de cohesión. Esta inestabilidad permea todos los niveles de la gestión pública.
Desde el inicio de su mandato, Petro ha realizado constantes cambios en su equipo ministerial. En apenas 30 meses, se han nombrado 45 ministros en las 19 carteras existentes, algunas con hasta cuatro titulares diferentes. Esta alta rotación ha sido interpretada como síntoma de improvisación y debilidad institucional.
Uno de los temas más sensibles ha sido el proceso de paz. En 2023, el gobierno anunció un cese al fuego con varios grupos armados ilegales, incluidas disidencias de las FARC y bandas criminales. Sin embargo, el ELN negó haber acordado tregua alguna, lo que obligó al Ejecutivo a retractarse y revocar el decreto respectivo, debilitando gravemente la credibilidad del proceso.
En septiembre de 2024, un paro nacional de transportadores paralizó buena parte de la economía nacional. La protesta fue desencadenada por el alza en el precio del ACPM y los elevados costos operativos. La falta de una respuesta oportuna por parte del gobierno prolongó el conflicto y dejó en evidencia graves deficiencias en la gestión de crisis.
En el frente legislativo, Petro logró conformar una amplia coalición inicial con partidos tradicionales como el Liberal, Conservador y La U, lo que facilitó la aprobación de una ambiciosa reforma tributaria. Sin embargo, la insistencia en la controvertida reforma a la salud provocó la ruptura de la coalición en 2023, generando una pérdida significativa de apoyo en el Congreso.
A esta ruptura se suman los escándalos de corrupción, como el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se denunció el presunto pago de sobornos a congresistas a cambio de apoyo legislativo. Este caso ha deteriorado aún más la confianza en las instituciones y ha profundizado las tensiones políticas.
Ante el bloqueo legislativo, el presidente ha optado por una estrategia de movilización ciudadana, convocando cabildos abiertos y manifestaciones para presionar al Congreso. Asimismo, ha planteado la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente, generando alarma en distintos sectores sobre el rumbo democrático del país.
Por supuesto, la agenda ambiental también se ha visto impactada. El Ministerio de Ambiente, ejecuto apenas el 9,17 % del presupuesto asignado para 2024, equivalente a
$1,2 billones de pesos. Esta baja ejecución limita seriamente la capacidad del ministerio para implementar proyectos relacionados con la conservación de ecosistemas, la mitigación del cambio climático y la transición energética.
De igual manera, no se ha comprometido un solo peso de los $14.388 millones destinados al Fondo de Compensación Ambiental para apoyar a las corporaciones autónomas regionales, afectando directamente la gestión ambiental a nivel local.
Los recortes presupuestales también han impactado proyectos de infraestructura claves, como la vía Medellín–Quibdó, fundamental para el desarrollo del Chocó. Aunque el presidente se comprometió públicamente a destinar $500.000 millones para su construcción, a la fecha no se han girado los recursos y el avance del proyecto es mínimo. La falta de resultados concretos en las negociaciones con grupos armados ha puesto en riesgo compromisos ambientales en regiones estratégicas. La expiración del decreto presidencial que suspendía las operaciones ofensivas contra el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) ha generado un limbo jurídico que permite operaciones militares en zonas de alta biodiversidad, amenazando acuerdos comunitarios ya establecidos.
Un ejemplo emblemático es el del proyecto de reforestación comunitaria en Caquetá, liderado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), que fue suspendido tras amenazas por parte de disidencias de las FARC, encabezadas por alias Calarcá Córdoba. El proyecto, que buscaba restaurar 12.000 hectáreas con la participación de 4.000 familias, fue luego presentado por dicho grupo armado como parte de su agenda de negociación con el gobierno.
A esto se suma un dato alarmante: en 2024, la deforestación en Colombia aumentó un 35 % en comparación con el año anterior, alcanzando 1.070 kilómetros cuadrados. Las causas principales: ganadería extensiva, palma aceitera e inestabilidad social, factores que impactan de manera crítica a la Amazonía colombiana.
Todo esto evidencia que no basta con que un candidato conquiste a parte del electorado con propuestas ambiciosas en temas sostenibles —o en cualquier otra área de interés ciudadano—. Es indispensable que tales propuestas estén respaldadas por liderazgo, capacidad de gestión y estabilidad institucional. Reacciones en redes sociales, discursos grandilocuentes y enfrentamientos con distintos sectores sociales no son, por sí solos, una estrategia de gobierno.
Esto nos lleva a preguntarnos no cuál es el objetivo de este caos, sino cuáles serán sus consecuencias.
“El caos no es un pozo. El caos es una escalera.”
— Petyr Baelish (Meñique), Game of Thrones (2013)
Juan Camilo Clavijo
