El 21 de enero de 2023 el exgobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, su responsabilidad en el asesinato del exalcalde de El Roble, Eudaldo Díaz Salgado. Dijo “[y]o fui el autor de la muerte de su padre, hermano, esposo Eudaldo Díaz. Hoy reconozco esto ante ustedes, aunque me cuesta, tengo que decirles la verdad y les pido de corazón que puedan perdonarme”. Esta confesión es sin duda un paso adelante. Pero, es insuficiente porque los familiares de las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional tienen el derecho de saber la verdad de quiénes son los demás determinadores del brutal hecho.
El 1 de febrero de 2003 se celebró en Corozal, Sucre, un Consejo Comunitario presidido por el expresidente Álvaro Uribe Velez. El exalcalde de El Roble -que estaba suspendido injustamente de sus funciones por la procuraduría-, tomó la palabra y acusó al gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, de tener nexos con los paramilitares -la parapolítica- y de corrupción, señalamiento que hizo extensivo a sus aliados políticos: el exsenador Carlos “El Gordo” García Romero, el exgobernador y exrepresentante a la Cámara Erick Morris Taboada, el exsenador Jairo Merlano Fernández, Guillermo Merlano Martínez, Procurador Regional de Sucre, y el coronel Norman León Arango, comandante de la Policía de Sucre. Sus palabras textuales fueron las siguientes:
“Señor presidente, soy el alcalde de El Roble para los que no me conocen, y suspendido por una sola razón injusta, porque en el primer conversatorio que tuvimos en el Bafim (Batallón de Infantería de Marina) yo fui capaz de denunciar al señor gobernador de Sucre (Salvador Arana Sus) y me lo acaba de cobrar la Procuraduría de Sucre, con esto se están buscando dos cosas y se van a conseguir, ya hubo la destitución y después viene mi muerte…”.
Luego del Consejo Comunitario, el servicio de escolta de Eudaldo Díaz le fue retirado. El 5 de abril de 2003, Arana Sus lo citó en el sector de El Mirador, ubicado en la carretera entre Sincelejo y Tolú, dizque para “solucionar sus problemas políticos”. Esto facilitó su secuestro por parte del bloque paramilitar “Héroes de los Montes de María”, comandados por Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”, y el ex escolta del exalcalde, Alberto Anaya, alias “El Chino”. Lo llevaron hasta la finca El Palmar en la zona rural del municipio de San Onofre, Sucre, conocida como la “Finca del Horror” de los paramilitares, donde permaneció por dos días. De ahí fue trasladado a la finca de Said Isaac Tatis, cuñado de Arana Sus, ubicada también en San Onofre, donde fue asesinado. El cuerpo de Eudaldo Díaz fue encontrado a un kilómetro de la finca, en el sector de “La Boca del Zorro”, con nueve impactos de bala, signos de tortura, y la credencial de exalcalde tirada encima del pecho.
Recordemos que el exgobernador de Sucre permaneció varios años prófugo de la justicia. Cuando por fin Arana Sus fue capturado el 29 de mayo de 2008, por agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, le ubicaron en un lujoso apartamento de Punta Arenas, en el sector de El Rodadero, en Santa Marta, departamento del Magdalena. El apartamento estaba a nombre de Aposmar S.A., empresa de propiedad de Enilce López Romero, conocida como “La Gata”. Con su ayuda, Arana Sus había acondicionado una “caleta” para esconderse, evadir a las autoridades e impedir su captura.
Dos de los reseñados arriba, Carlos “El Gordo” García Romero, y Norman León Arango, estaban involucrados también en la masacre de Macayepo, Sucre del 14 de octubre de 2000. “La Gata”, quien aportó dineros a la campaña de Álvaro Uribe Vélez en 2002, ha sido condenada por asesinato de un vigilante. Pero todos disfrutan de impunidad en el asesinato de Eudaldo Díaz.
Para completar este ajedrez de impunidad, falta el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Después de oír la denuncia de Díaz en el Consejo Comunitario, Uribe, a regañadientes, le dijo a la coordinadora de los Consejos Comunitarios y al doctor Germán Cardona, Zar Anticorrupción, que dieran traslado de la denuncia a la Procuraduría y Fiscalía para lo de su competencia, porque era su obligación hacerlo. Pero pocos meses después del asesinato del exalcalde, el expresidente Uribe nombró a Arana Sus como encargado de negocios ante el gobierno de Chile, y luego lo ascendió a embajador. Al excomandante de policía Norman León Arango, le dio el cargo de agregado militar de esa misma misión diplomática. Los medios indagaron a Uribe Vélez por el nombramiento de Arana Sus en Chile, y la respuesta fue que “sin ser su amigo, (lo nombró) porque le dijeron que el exgobernador tenía problemas de seguridad en el país”. Dos años después, Arana Sus se vio obligado a renunciar por los vínculos con la parapolítica y el asesinato de Eudaldo Díaz.
Los funcionarios públicos deben responder por lo que hagan y lo que dejen de hacer. En la esperanza de que la JEP no se contente con una verdad a medias, el 28 de febrero de 2023, presenté un derecho de petición solicitando información a la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación sobre si el expresidente Álvaro Uribe les remitió la información de las denuncias realizadas por el exalcalde, ¿se dio el trámite a la denuncia?, ¿se envió copia de ésta y todos los documentos relacionados?, además de indicar los radicados, despachos que conocen o conocieron y nombres de los funcionarios (as), y, si están archivadas, aportar copia de las resoluciones de archivo Quiero saber si el expresidente es responsable por omisión.
Mientras sigue actuando la JEP, el caso de Eudaldo Díaz está en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El 2 de noviembre de 2009 el Colectivo de Abogados/as José Alvear Restrepo, del cual soy socio fundador, presentó una demanda ante la CIDH por la violación de múltiples derechos humanos del exalcalde Díaz y sus familiares. Casi veinte años después de los hechos, el 2 de diciembre de 2021, la CIDH admitió la petición, a pesar de que el gobierno de Iván Duque pedía lo contrario. En ese entonces manifesté: “Falta mucha gente por comparecer ante la justicia: el director de la policía, los procuradores y parte de la clase política del departamento.”
Como es sabido, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, SIDH, no juzga personas sino a los Estados. Pero cuando particulares como son los paramilitares del bloque Montes de María actúan con la aquiescencia y el consentimiento de funcionarios públicos, se configura también la responsabilidad internacional del Estado tanto por acción como por omisión. Se puede esperar que una eventual decisión del SIDH contribuya a satisfacer el derecho a la verdad plena sobre el crimen de Eudaldo Díaz Salgado.
