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Etiqueta: Jorge Enrique Robledo

Propuesta de unidad por Bogotá

En Dignidad & Compromiso concluimos que lo mejor para las bogotanas y los bogotanos es que vayamos con candidato propio a la alcaldía de Bogotá. Y que yo asumiera esa gran responsabilidad, porque puedo gobernarla con el mejor programa de transformaciones y con el conocimiento, la seriedad y la necesaria capacidad de unir para ganar y para acertar en su administración.

Para hacerlo bien, en el gobierno de Bogotá cuentan mucho las características claves de Dignidad & Compromiso, empezando porque nos guiamos por la idea de actuar como servidores públicos, es decir, siempre guiados por lo que consideramos mejor para el progreso de Colombia y de sus gentes, incluso a costa de tomar decisiones contrarias a nuestros intereses personales o de sector político.

 

La idea de la política para servir y no para servirse de ella está en la base de por qué Dignidad & Compromiso se propone ser la tercera alternativa de los colombianos para participar en política. Diferente a los partidos tradicionales, que han gobernado tan mal a Colombia, que le dieron el triunfo a Gustavo Petro, y también diferente a la cúpula petrista que gobierna incluso peor de lo esperado.

Construir la tercera alternativa o la tercera fuerza política también significa podernos acordar con quienes tengan las suficientes diferencias con nuestros contradictores y coincidencias con nosotros.

A los habitantes de la capital de la República y de los municipios vecinos que vienen a Bogotá les ofrezco la experiencia de una vida dedicada a la lucha por la transformación democrática de Colombia, desde que era un joven estudiante universitario. Ofrecerles también el conocimiento que acumulé durante 27 años como profesor de arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, claves para entender y diseñar una ciudad mejor. Y los 20 años de trabajo duro que como senador me llevaron a conocer muy bien al país y a Bogotá, todo lo cual me permitirá armar un equipo de excelencia –con sabiduría suficiente y alma de servidores públicos–, capaz de crear el mejor programa de gobierno y dirigir la mejor administración.

El programa de propuestas –que se irá enriqueciendo con el aporte ciudadano y de los especialistas– parte de reconocer que Bogotá tiene desarrollos de calidad que hay que cuidar pero también problemas urbanos graves y millones de ciudadanos desempleados, con malos empleos, pobres y hambreados.

En la base de acertar está que gobernaré con cero tolerancia a la corrupción y a malgastar el presupuesto de la ciudad.

Entre los numerosos aspectos del programa, porque le responderé a todos, resalto que le daremos un fuerte apoyo a la economía de la ciudad, con énfasis en la industria, para crear muchos empleos formales y mucha más riqueza que impulse el desarrollo de Bogotá. En movilidad, promoveré un amplio acuerdo a favor de una red de metros que corrija el error histórico de haberse tardado tanto en construir el primero, red insustituible para modernizar la ciudad.

En seguridad, llamaré al gobierno nacional a que respalde con nuevos recursos el aumento del pie de fuerza, dándole además el adecuado respaldo ciudadano. Habrá un apoyo especial a los muchos barrios autoconstruidos. Y dada su gran importancia, la educación y la salud estarán siempre en el centro de mi atención personal.

Los invito a ser voluntarios y voluntarias de esta campaña, cada uno a la medida de sus posibilidades y en el entendido de que todos los respaldos serán valiosos.

Elijamos el gobierno que necesitan Bogotá y Colombia, porque el futuro del país también depende de cómo votemos en octubre en su capital.

Jorge Enrique Robledo

Robledo propone su nombre para la Alcaldía de Bogotá

El exsenador y excandidato presidencial, Jorge Enrique Robledo, anunció su candidatura a la Alcaldía Mayor de Bogotá, por el partido Dignidad.

“Asumiré con toda seriedad mi candidatura a la Alcaldía de Bogotá y así también gobernaré a la ciudad, con el propósito de unir en una propuesta de bien común a los sectores populares, las clases medias y el empresariado. Y en mi gobierno estarán los más capaces de la ciudad”, escribió Robledo en su cuenta de Twitter.

 

Jorge Enrique Robledo competirá con una candidatura de centro izquierda con el apoyo del exgobernador y excandidato presidencial, Sergio Fajardo y el concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento.

 

Sobre las pensiones de los «más ricos»

Jorge Enrique Robledo

En las elecciones pasadas, en un foro de precandidatos presidenciales nos preguntaron qué proponíamos para las pensiones de los “más ricos”, pregunta dirigida a que prometiéramos reducirlas, según llevan años machacando los formadores de opinión neoliberales.

 

A mi turno dije que los más ricos no se pensionan porque nacieron pensionados por ser hijos de potentados o porque a lo largo de sus vidas amasaron enormes capitales, dado que es de las ganancias del capital y no de los sueldos de donde provienen los mayores ingresos y patrimonios de los más ricos.

Todo lo que se diga sobre las pensiones de los “más ricos” oculta que los más ricos no son los empleados, por altos que sean sus sueldos, sino los que se los pagan.

Lo que les molesta de la reforma pensional de Gustavo Petro a los fondos privados de pensiones no es que se les reduzcan las pensiones a las clases medias –porque ellos la apoyan–, sino perder afiliados, que pasarían a Colpensiones.

Los de los sueldos más altos son además un porcentaje minúsculo de los colombianos. Luego la reforma pensional de Petro va principalmente contra las clases medias comunes y corrientes –incluidos los pequeños y medianos empresarios y los trabajadores por cuenta propia–, con ingresos y pensiones medianas, a quienes estigmatizan echándolas al mismo saco con los “más ricos”.

Porque la reforma les reducirá sus pensiones a quienes ganan más de tres salarios mínimos mensuales. Es el colmo decir que es contra los más ricos de Colombia golpear a quienes tienen sueldos de más de tres millones de pesos mensuales, escasos 665 dólares, suma que hoy apenas da pensión de 430 dólares en el mejor de los casos, y porque cometieron el crimen de haber estudiado y trabajado duro para ganar más. Y son ellos y los de ingresos menores los que además pagan mucho más de la mitad de los impuestos que se recaudan, incluidos los que gravan la canasta familiar y los combustibles.

Si se hila más fino, el chiste cruel de castigar a los “más ricos” apaleando a las clases medias, y luego de una reforma tributaria que las golpeo y trató con suavidad a los potentados de verdad, cabe esta pregunta: en un mundo tomado por las más poderosas trasnacionales –en Colombia operan unas ochocientas–, ¿será verdad que Luis Carlos Sarmiento Angulo y sus pares criollos son los más ricos del país?

Porque Carlos Slim, propietario de Claro en Colombia, tiene un patrimonio de 89 mil millones de dólares, mientras que el de Sarmiento Angulo apenas llega a 6.600. Y en el mundo hay poderes mucho más grandes que el de Slim.

Que esta reforma es para favorecer a los más ricos del mundo lo confirma que no venga de cerebros nativos sino del FMI, el Banco Mundial y la OCDE.

El proyecto de ley también plantea un período de transición para debilitar la oposición ciudadana. Pero a su vez desenmascara el falso amor de Petro y los petristas por los jóvenes. Porque les empeorará los derechos a los trabajadores que hayan cotizado para sus pensiones menos de mil semanas, es decir, a los jóvenes.

Y el engaño supremo es afirmar que si las clases medias y los jóvenes hacen otro sacrificio, el país dará un salto adelante. Eso mismo dijeron con las varias reformas laborales y pensionales desde 1990 y Colombia no sale del subdesarrollo productivo, la exagerada deuda externa, la desnacionalización de la economía, la expulsión de los trabajadores del país, el desempleo, la pobreza y el hambre de 14 millones de compatriotas.

 

 

Con los TLC, también vienen por la leche

Charlando con un campesino boyacense sobre el daño de las importaciones impuestas por la apertura y los TLC, me dijo: “Como nos quitaron los cultivos de trigo, cebada y otros, me pasé a la leche. Si me quitan la leche, me quitan la vaca y si me quitan la vaca, me quitan la tierra”. Y con los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, desde 2014, a Colombia la pusieron a importar 481 mil toneladas de leche y lácteos, proceso que tendrá su puntillazo final luego de 2026 y 2027.

Porque desde esas fechas, la leche y los lácteos de las trasnacionales norteamericanas y europeas tendrán libre ingreso a Colombia, sin las cuotas y los aranceles que hoy las limitan, política calculada para arruinar a muchos de los 400 mil ganaderos de la leche y a incontables procesadores, casi todos ellos pequeños y medianos.

 

Solo el cinismo neoliberal es capaz de decir que en este caso, como en tantos otros, campesinos, indígenas y empresarios pueden competir con los productores de países que superan a Colombia en los costos del dinero y las tarifas, subsidios, vías y peajes, asistencia técnica, educación, ciencia, tecnología y seguridad. Repitamos las grandes cifras de la competencia imposible: la economía colombiana es 74 veces más pequeña que la de Estados Unidos y 54 menor que la de la Unión Europea.

En cuanto a los subsidios al agro, los de Colombia suman apenas 2.500 millones de dólares, los de Estados Unidos, 50 mil millones y los de la Unión Europea, 100 mil millones. Un ministro de la India explicó que era mejor ser vaca europea o norteamericana que campesino en el resto del mundo, porque recibían más plata del Estado esas vacas que los campesinos de todas partes.

Para empeorar las cosas, cada vez se confirma más que el libre comercio no tiene como fin promover la libertad de competencia sino lo contrario, el triunfo de los monopolios y los oligopolios que arruinan a millones de competidores en el mundo, agresión que además les permite poder abusar con los altos precios en detrimento de los consumidores y, a la postre, hacer más lento el progreso técnico, que es la base de todo progreso. Muy retardatario, sin duda.

Treinta y tres años de Consenso de Washington en Colombia han confirmado que la pérdida de la seguridad alimentaria no conduce a mejorarles la vida a los productores del agro ni a los colombianos, sino a todo lo contrario. Como estamos en el capitalismo, en los negocios entre las personas y los países, engaña quien diga que anda por el mundo haciendo favores.

En este sentido, que el centro de la política económica de Petro no sea desarrollar la producción –ya dijeron que no renegociarán los TLC–, sino promover el asistencialismo –que cobran en votos–, empeorará los agudos problemas nacionales. Porque, además, las donaciones del Estado a los más pobres –que pueden darse–, al convertirse en comida importada, no subsidiarán a los productores colombianos sino a los extranjeros. Y los campesinos que reciban tierras del Estado –lo que debe hacerse en condiciones adecuadas–, en la Colombia de los TLC, seguramente terminarán perdiéndolas, arruinados por las importaciones. Perversa, es obvio, la globalización neoliberal.

Para completar, muchas de las mayores siembras de aguacate se están dando en tierras vendidas a extranjeros, sin que esto sea tema de análisis nacional. Y tampoco se examina el desastre de la ida de tantos colombianos a otros países, que se van expulsados porque no pueden trabajar y crear riqueza aquí.

Jorge Enrique Robledo

A los once años del TLC con Estados Unidos

Cuando hace 11 años empezó a aplicarse el TLC con Estados Unidos –luego de una década de oposición, con debates en el Congreso, conferencias, artículos, libros y movilizaciones sociales–, alguien, con tonito impertinente, me preguntó: “¿Senador, y el TLC no tendrá nada positivo?”, a lo que le respondí que “sí, que demostrará quiénes decían verdades y quiénes falsedades sobre sus efectos en Colombia”.

La experiencia confirmó lo dañino de ese TLC para el país, tanto, que hace un año, en el balance de la primera década, el gobierno falseó groseramente las cifras para ocultar el desastre.

 

Antes del TLC, Colombia le vendía más a Estados Unidos que Estados Unidos a Colombia. En 2012, por ejemplo, los gringos nos compraron 8.253 millones de dólares más de lo que les compramos, es decir, la balanza comercial era positiva para nosotros y negativa para ellos.

Pero con el TLC la balanza comercial se volteó. En 2014, las importaciones a Colombia superaron las exportaciones a Estados Unidos en 3.185 millones de dólares, y el déficit nos ha golpeado todos los años desde entonces. Entre el 2014 y 2022, la balanza comercial nos fue negativa en 25.975 millones, cifra que significa destrucción agraria, industrial y de servicios, desempleo, pobreza y hambre, expulsión de millones de trabajadores del país, descomunal endeudamiento externo y amplia desnacionalización de la economía.

Tampoco se cumplió la promesa de cambiar la composición de las exportaciones hacia más productos industriales, porque en lo fundamental Colombia sigue vendiéndoles los mismos bienes primarios de antes de la apertura y los TLC. En el agro además se nos impone especializarnos en productos tropicales, que son los que el clima les impide cultivar a norteamericanos y europeos. Y a partir del 2026, por los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, vendrán enormes pérdidas por más importaciones de leche y lácteos y desde el 2030 pasará igual con las de arroz y pollo.

Como el TLC no es solo agro, industria y servicios, porque tiene 23 capítulos sobre cada sector de la economía, las trasnacionales norteamericanas, que fueron las que lo redactaron, también nos exprimen en lo demás.

De ahí que la balanza de pagos, que mide ingresos y egresos por importaciones y exportaciones y por deuda externa e inversión extranjera, haya sido negativa para Colombia en 265.371 millones de dólares desde 2014. Y es obvio el notable error de quienes celebran como exitosa la economía nacional porque a ellos les va bien, pues, simplemente, lograron separar su suerte de la de la Nación.

No había que ser adivino para saber que a Colombia le iría muy mal con la recolonización neoliberal. Empezando la apertura, Darío Múnera Arango, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), explicó que la competencia internacional no era entre personas ni entre empresas sino entre países y que entonces la definía la capacidad nacional de competencia (Revista Andi #102). Y si el territorio de Estados Unidos es 6,75 veces más grande que el de Colombia, su economía es 74 veces mayor y es superiorísimo su desarrollo científico-técnico, no puede pensarse que los colombianos les ganaremos en la competencia sin ninguna protección y con todas las reglas sesgadas a favor de sus trasnacionales.

Mientras sigan gobernando los partidarios de los TLC –incluido Petro–, vendrán más imposiciones leoninas. Como el radar en el parque Gorgona y malbaratar hasta 4.202 millones de dólares –$19 billones de pesos– en aviones de guerra norteamericanos que Colombia no necesita, plata que le hace mucha falta al país.

Verdades sobre la gasolina cara

Fueron muchos los votos que sacaron Petro y los candidatos petristas criticando que los gobiernos anteriores subieran los precios de la gasolina y el ACPM. Porque, con razón el reclamo, las alzas golpeaban a los propietarios de motos y automotores, casi todos ellos de sectores populares y clases medias. Y porque se encarecía todo lo que se transportara, como carga o pasajeros, castigo del que no se salvaban ni los paupérrimos.

Y hay que ver a Gustavo Petro, para respaldar el anuncio del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla de elevar el galón de gasolina a 16 mil pesos, desde los 11.767 promedio de hoy, diciendo: “Los pobres están subsidiando a los que tienen Toyota con el precio de la gasolina”, la misma idea falaz que usaron los anteriores presidentes, cuando él y Bonilla saben que la casi totalidad de la gasolina las pagan las gentes del común. Con esta frase y la decirle al Fiscal que es su jefe, sí creo que Petro pasará a la historia.

 

En otro país, esta gran mentira del Presidente habría causado un escándalo nacional. Pero aquí no porque a los supremos poderes –FMI, OCDE y compañía– promueven la gasolina cara, precios altos que ellos saben que en su casi totalidad no los pagan los más adinerados, los cuales, al decir del candidato Petro, no pasan de cuatro mil, cuando los colombianos somos 50 millones. Veamos.

El 30 por ciento de la gasolina la consumen 10,9 millones de motociclistas, casi todos con tan pocos ingresos que compran las motos para no tener que andar en bus o a pie. Se sabe además que el 54 por ciento de ellos pertenece a los estratos 1 y 2, a quienes también les cobran fuertes impuestos por sus máquinas. El otro 70 por ciento la consumen los propietarios de 6,9 millones de automotores, tan viejos y por ello tan relativamente baratos que la edad promedio de los automóviles es de 19 años, la de los camperos de 26 y la de las volquetas de 31. Y en Bogotá, por ejemplo, el 80 por ciento de los viajes en carro los hacen propietarios de estratos 1, 2, 3 y 4.

También es fraudulento el relato de la gasolina “subsidiada”. Porque el 25 por ciento de lo que se paga por cada galón, al precio que esté, son cuatro impuestos, indirectos para peor, los que más duro golpean al ciudadano. Desde que llegó Petro, lo adicional de estos impuestos suma 1.3 billones de pesos y con gasolina a 16 mil sumarían 7.4 billones al año, con una insignificancia aportada por los más adinerados.

Y porque en Colombia, además, otra parte muy significativa de los 16 mil pesos por galón serían ganancias de Ecopetrol, que en la práctica son impuestos, mientras podrían venderla a precios menores. De acuerdo con Diego Otero, en agosto de 2022, los costos de Ecopetrol por galón eran de un poco más de tres mil pesos y la gasolina la vendía a siete mil (ver enlace).

La presencia en este negocio de empresas estatales es la que explica por qué hay 18 países que venden gasolinas más baratas que Colombia, entre ellos, Irán, Angola, Egipto, Bolivia y Nigeria (ver enlace). Gasolinas a menor costo que protegen a los ciudadanos, haciéndoles más amables o menos penosas sus vidas, mejoran la capacidad de compra y de venta de las economías y aumentan la competitividad nacional en el mercado mundial.

Otro tema más, y ya van muchos, en que Petro y los jefes petristas engañaron a sus electores.

Pueden acabar con Ecopetrol y sus huevos de oro

Se confirmó que fue un error de Petro poner a Ricardo Roa en la Presidencia de Ecopetrol y que la Junta Directiva lo respaldara. Pues Roa llegó a repetir los despropósitos de la ministra de Minas, Irene Vélez, a quien Petro, en otra equivocación, no cambió en la crisis ministerial.

Y porque Roa, para engañar, refiriéndose a Ecopetrol, dijo: “No vamos a matar la gallina de los huevos de oro”, a la par que la amenaza de quiebra o de entregársela a una trasnacional.

 

Ricardo Roa, a quien le pagan cien millones de pesos al mes (!) que se supone son por defender a Ecopetrol y la economía petrolera nacional, anunció que no firmará nuevos contratos para buscar petróleo y gas, aunque él sabe que las reservas de Colombia solo alcanzan para un lapso muy corto, con alto riesgo para el país. Y para justificar esa burrada –cómo más calificarla–, señaló que exprimirá más los pozos en explotación –recobro mejorado, se llama esa técnica–, cuando no hay que ser un genio para entender que debe hacerse ese recobro y, al mismo tiempo, buscar más petróleo.

Esta necedad infantil, con el pretexto de que se produce mucho CO2 en el mundo –cosa que es cierta–, pero es falso que Colombia sea la causa, porque solo emite el 0,2 por ciento del CO2 mundial por combustión de combustibles fósiles. Luego, si con ella destruyen la economía nacional, nada cambiará en el calentamiento global ni favorecerá en serio la transición energética. Tan loca es esta demagogia ambientalista, que la no firma de nuevos contratos no es política en ningún otro país petrolero.

Porque se sabe que para el 2050 el consumo mundial de hidrocarburos estará entre 40 y 60 millones de barriles al día, incluidos los que consumirá Colombia, pues es falso que para esa fecha no habrá consumo nacional. La conclusión es obvia: si el país no produce sus combustibles, le tocará importarlos.

Siguiendo a Petro y a Vélez en sus insensateces, Ricardo Roa no ve al Ecopetrol del futuro como una empresa petrolera sino de hidrógeno y energías solar y eólica, negocios muy costosos, de alto riesgo y que no conoce, en los que tendría que competir con muy poderosas trasnacionales con grandes capacidades técnicas y financieras. Y a Ecopetrol no le sobra músculo económico porque la ordeñan en exceso y la maltratan con cosas como comprar a ISA y aumentándole los impuestos. Para completar, estos desatinos los anuncian sin primero demostrarnos a los colombianos, con estudios serios, que ese sí debe ser el camino de Ecopetrol. Entre sus disparates, Ricardo Roa también fue capaz de decir que Colombia debe pasarse a vehículos eléctricos. Y una vez el periodista le advirtió que son bastante más caros que los de gasolina, Roa fue capaz de decir que se puede empezar reemplazando las motocicletas, también más caras y con propietarios de menos recursos que los de los carros. Al igual que a Irene Vélez, a Roa tampoco le pareció problema importar el gas, más costoso que el nacional, de Venezuela o de otros países.

Para completar los desatinos, Petro se niega a ampliar la refinería de Barrancabermeja, condenando a Colombia a seguir con el pésimo intercambio extractivista de exportar petróleo e importar el 30 por ciento de la gasolina y el ACPM y otros derivados, a un costo de 7.380 millones de dólares al año (2020). Y el nuevo ministro de Hacienda repitió el desvarío y dijo que seguirán congelados los nuevos contratos para buscar hidrocarburos.

 

Demagogia antinarcóticos y ambientalista

En 1971, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, declaró la Guerra contra las Drogas. Y hoy, 52 años después, estamos ante la guerra más perdida de la historia. Porque cada vez se consumen más estupefacientes y de más variedades. Los de siempre, marihuana, cocaína y heroína. Y los nuevos, metadona, metanfetamina y fentanilo, entre otros.

Se producen con facilidad y a costos menores y se venden a precios exorbitantes. En 2019, un kilo de cocaína en Colombia valía 1.491 dólares –y era un gran negocio, con ventas del orden de 11 mil millones anuales–, el mismo kilo puesto en México costaba 12.433, en Estados Unidos, 69.000 y 152.207 en Australia. Al menudeo, en Nueva York a un kilo le sacaban 153.000 dólares.

 

El rotundo fracaso de la Guerra contra las Drogas era y es fácil de explicar. De una parte, siempre habrá –siempre– quienes consuman drogas, como habrá bebedores de alcohol y fumadores. Y con esas ganancias exorbitantes, siempre habrá quien le jale a ese negocio, aun a riesgo de la cárcel y la muerte, corrompiendo además policías, jueces, políticos, gobernantes y empresarios, anegando a los países en sangre y llenándolos de viudas y huérfanos.

Si ha fracasado la guerra de Estados Unidos y de los gobiernos que lo siguen contra las drogas, como tenía que suceder, lo que sí no ha fracasado entonces es el descomunal negocio, ilegal y legal, que esa guerra crea y promueve.

Y tampoco ha fracasado esa guerra como pretexto para intervenir en los países, según enseñan experiencias de cinco décadas y el Plan Colombia (2000), un plan norteamericano, no para acabar con la producción de cocaína, sino para reducirla al 50 por ciento y usarlo como pretexto para determinar la economía y la política del país, a tal punto que Juan Manuel Santos, ministro de Hacienda de Andrés Pastrana, firmó una carta de intención titulada “FMI acoge el Plan Colombia” (ver enlace)

Tanto determina el Plan a Colombia, que su primera estrategia compromete al país a promover los tratados de libre comercio y la inversión extranjera y la segunda incluye privatizar más la economía. La negociación en el Caguán con las FARC aparece en el tercer punto: “Una estrategia de paz que le apunte a unos acuerdos negociados con la guerrilla”. Y solo en el sexto se habla de “una estrategia antinarcóticos” (ver enlace).

Aunque suene cómico, lo de reducir la oferta de cocaína a la mitad en el Plan Colombia –que es la exigencia de los gringos a los anteriores gobiernos y a Petro–, es una “solución de mercado”, porque, dicen, al encarecerla, algunos no podrán pagarse sus rayas de perico. No les temen ni a las falacias ni al ridículo.

Entonces, lo dicho por Petro y Biden sobre el narcotráfico no es para acabar con ese negocio, según se ha probado hasta la saciedad.

Y es igual su demagogia ambientalista, útil para distraer a un mundo modelado por Estados Unidos y con gravísimos problemas económicos, sociales y militares, mientras Biden promueve enormes proyectos de exploración de hidrocarburos en su país, en el Golfo de México y Alaska, para agregarlos a sus 11,8 millones de barriles de producción de petróleo al día y 934 mil millones de metros cúbicos de gas, 15 y 89 veces más que Colombia.

Entretanto, el embajador Benedetti explicó que Petro le sirve tanto a Biden que parece su canciller (ver enlace).

Jorge Enrique Robledo

Proteger a Ecopetrol amenazada

Lo primero que dijo Irene Vélez al saludar el nombramiento de Roa fue que Ecopetrol “también podrá convertirse en una empresa de energías limpias, pionera de la transición en Colombia y el continente. Desarrollos en tecnologías energéticas con hidrógeno, geotermia y eólicas costa afuera, permitirán fortalecer a la empresa más importante del país”. Así desconoció de plano el carácter de empresa petrolera de Ecopetrol, sector del que puede derivar por décadas grandes ingresos, si se administra con acierto. Y lo dijo sin que este gobierno haya publicado, en ocho meses, un solo estudio que demuestre que Ecopetrol debe reducir su actividad petrolera y gasífera, para ponerse a competir con las trasnacionales que controlan esos otros negocios, en los que puede sufrir enormes pérdidas. Que en su infantilismo no atenten contra la gallina de los huevos de oro.

Es más: las únicas cifras que ha mostrado la ministra Vélez sobre petróleo y gas fueron unas falsas por las que debió haber renunciado, engaño para inflar las reservas y preparar el ridículo de Davos ratificando que la Colombia de Petro –país único en el mundo– no firmará nuevos contratos para buscar hidrocarburos.

 

Y Ricardo Roa además no tiene hoja de vida para ser presidente de Ecopetrol. Porque, para empezar, el Consejo Nacional Electoral no le aprobó las cuentas de la campaña de Petro, de la que fue gerente, porque la investiga por violación de los topes de financiación y platas de empresas fantasmas.

De otra parte, como alcalde de Bogotá, Gustavo Petro nombró a Ricardo Roa presidente de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), que luego sería el GEB. Y Roa, con pésimo criterio, puso a Néstor Ferney Pérez como jefe de Trecsa en Guatemala –de propiedad de la EEB–, quien, por escandalosa y corrupta irresponsabilidad, fue condenado a 67 meses de cárcel y a pagar $800 millones por “administración desleal agravada”.

Pero si Pérez pagó por sus delitos, no fue porque Roa cumpliera con su deber legal, pues ni lo despidió del cargo ni movió un dedo para acusarlo ante la justicia, acusación que debió hacer Astrid Álvarez, sucesora de Roa en la jefatura de la EEB (ver enlace)

Y es digno de ver el descaro con el que en 2016 Ricardo Roa le mintió a Caracol sobre este caso (ver enlace).

Después Roa asumió la dirección de la Empresa de Energía de Honduras, controlada por William Vélez, negocio que fracasó por problemas legales. Y el mismo Petro le ha hecho a Vélez duras acusaciones. El 12 de diciembre de 2020, por ejemplo, dijo que “es el zar del aseo y la electricidad en Colombia junto con Alberto Ríos y ha sido acusado de lavar dineros de los paramilitares. Es el contratista preferido de Uribe”, concluyó (ver enlace). Nadie puede acusar a Roa ni a Petro de ser escrupulosos.

Tan contrario a Ecopetrol ha sido Petro, que aplaudió que Duque la obligara a malgastar $14,2 billones en acciones de ISA, pésimo negocio que justificaron con la falacia de llamarlo “verde”. Cuántas vivezas, estupideces, mentiras y torcidos se están tapando en el mundo con el manto del falso ambientalismo.

Por último, es obvio que tumbó a Ecopetrol la trasnacional de “cazatalentos” que le lavó la cara a Ricardo Roa, y a sabiendas además de que ya estaba elegido.

Verdades sobre el “cambio” de Gustavo Petro

La ministra de Agricultura del gobierno de Gustavo Petro, Cecilia López, dio una noticia importante que sonó poco, al señalar que las importaciones agrarias habían llegado a 15,9 millones de toneladas –¡3.200 por ciento más que en 1990!–, auténtica vergüenza para un país con las excelentes condiciones agrológicas de Colombia. Y que la comida –que se encareció en 27,81% en 2022– explica el 65% de la inflación promedio nacional, del 13,12%, la más alta del siglo.

Se confirma así la merecida condena a los gobiernos defensores de la apertura y los TLC, porque dijeron que la producción nacional resistiría con éxito a las importaciones sin aranceles, que exportaríamos mucho más y que, por los subsidios a la producción extranjera, sería más barata la comida de los colombianos. Tres falsedades que en su momento refutamos con todas las pruebas y que los mismos con las mismas defendieron y defienden con mentiras y engaños, tras renunciar a la soberanía y al progreso de Colombia.

 

Tan mal han salido las cosas, que la balanza de pagos, que mide los ingresos y egresos en dólares de Colombia, ha sido negativa en 403.224 millones de dólares desde el 2000, faltante que también explica que la deuda externa aumentara de 17.993 a 184.118 millones entre 1994 y el año pasado.

Que esta desgracia ocurriría lo advirtió en 1990 Abdón Espinosa Valderrama –exministro de Hacienda de Carlos Lleras Restrepo–, quien explicó que la apertura era un chantaje del Banco Mundial –banco controlado por el Fondo Monetario Internacional (FMI)–, a cambio del crédito Challenger, política que advirtió desprotegería y golpearía la producción nacional (ver enlace aquí), atiborrando el país de quebrados, desempleados y pobres.

Y hay que ver a Petro y a los jefes petristas –los autoproclamados representantes del “cambio”– renunciando a renegociar los TLC y sacando pecho porque el FMI les puso una medallita por seguir sus orientaciones en impuestos, precios de la gasolina y demás, el mismo aplauso que ese organismo les dio a los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque, casi todos ellos socios de Petro en su gobierno.

¿Habría ganado la Presidencia sin esos respaldos y si hubiera explicado que su “cambio” –demagogias asistencialistas aparte– continuaría la obra de sus antecesores en estos asuntos fundamentales?

Para no caer en el engaño, debe saberse que el FMI es una creación de Estados Unidos y de algunos de sus países aliados para, según sus conveniencias, modelar el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, de forma que solo unas cuantas naciones pudieran desarrollar de verdad su capitalismo, en tanto a las restantes, incluidas todas las de América Latina, nos condenaron a trabajar, trabajar y trabajar, pero sin salir del subdesarrollo en todos los aspectos.

En su continuismo, Petro también siguió con la Colombia peón de la OTAN, los aviones de guerra que le ofreció Biden, el radar norteamericano en Gorgona y las cercanías con el Comando Sur de los Estados Unidos.

Para mejor entender el muy radical continuismo del gobierno del “cambio”, hace poco se realizó el X Diálogo de Alto Nivel Colombia-Estados Unidos, donde un centenar de funcionarios de los dos países concluyó: “Fue el resultado de casi seis meses de preparación, siete mesas de trabajo, 28 subtemas, más de 100 compromisos que se acordaron, que tendrán un proceso de seguimiento trimestral, para garantizar su cumplimiento” (ver enlace aquí).

Si le preguntaran a Petro por el objetivo de esa reunión, con su conocido estilo, seguramente diría: “Es el mejor mecanismo para indicarle a Washington cómo cumplir en detalle las orientaciones de la Casa de Nariño”.

Ni cabe ni se necesita el Transmilenio por la Séptima

Como ocurre con todos los medios de transporte, los BRT (Bus Rapid Transit) –en Colombia llamados Transmilenio– pueden ser adecuados para transporte masivo. Pero también pueden no serlo, si, por ejemplo, sus carriles exclusivos no caben por las vías o hay muy pocos pasajeros, como ocurre en este caso.

Porque causaba daños ambientales intolerables, Claudia López ganó la alcaldía oponiéndose al Transmilenio de Peñalosa por la Carrera Séptima. Y también por eso mismo el Concejo de Bogotá le condicionó lo que se haría: “En ningún caso, el corredor verde incluirá una troncal de transporte masivo como la que se planteó en el proyecto diseñado por el IDU durante 2017 y 2018”, una forma de prohibir la resurrección del Transmilenio de Peñalosa.

 

Pero al conocerse los diseños del Corredor Verde de Claudia, se descubrió que detrás de los arbolitos –a los que nadie se opone– estaba el Transmilenio de Peñalosa contra el que los bogotanos la eligieron, porque no cabía en la Séptima, salvo que, como él lo intentó, se redujera a casi nada el ancho de los andenes.

De sur a norte, el Transmilenio propuesto ocupará un carril exclusivo y reducirá de tres a dos los carriles de uso mixto (automóviles, motos y otros), desmejorando el flujo existente. Hacia el sur, desde la calle 92, se pretende un absurdo: un carril para Transmilenio y uno no continuo para vehículos de distintos usos, diseñado para que sea lento e incapaz de mover el tránsito que hoy circula en ese sentido.

Destruir el muy importante flujo vehicular norte-sur por la Séptima, exige dos falsas soluciones. Un enorme puente desde la 92 hacia la Circunvalar, con lo que esa vía se congestionará en exceso, otro puente en la 85 y no servirá bien para llegar a San Diego y al Centro. Y será más difícil cruzar la Séptima, a pie o en carro, en los dos sentidos. Otra parte del flujo se tirará por la Calle 100 a la Carrera 11, hermosa vía a la que le talarán sus árboles y le reducirán al mínimo sus andenes, con un agravante: tendrá un mal empalme con la Carrera 13, por giros a noventa grados en dos esquinas.

Y la ciclovía por la Séptima será de 2,20 metros, 80 centímetros más angosta que la existente (!).

Tantos daños a las vías, y a un costo de tres billones de pesos (!), para un Transmilenio con dos carriles exclusivos que no se necesitan, porque son técnicamente innecesarios, pues, según el director del IDU y la Secretaría de Movilidad, este Transmilenio puede transportar 18 mil personas-hora- sentido y habrá solo siete mil, menos de la mitad (ver enlace). Dado que los pasajeros por la Séptima disminuirán por los dos nuevos sistemas de transporte en esa zona: el metro por la Caracas y el Regiotram del Norte, por la vía del ferrocarril desde Zipaquirá, pasando por Usaquén hasta la Calle 26.

Cuando un adecuado sistema de buses por la Séptima sin carriles exclusivos, como los que hay en el mundo entero, atiende bien la demanda, no exige eliminar el flujo vehicular norte-sur, no impone construir unos puentes carísimos, no atiborra la Circunvalar, no hace muy difícil cruzar la Séptima, no daña la Once y permite ponerle a ese corredor vial todo el verde que se quiera, ahorrándole a Bogotá una suma enorme.

Tienen razón además la Personería y Manuel Sarmiento y los demás concejales que rechazan por ilegal abrir esta licitación sin los estudios completos. Ojo, funcionarios.

Bogotá, 31 de marzo de 2023.

*Jorge Enrique Robledo.

Arquitecto Universidad de los Andes. Exprofesor Universidad Nacional de Colombia.

Por qué se hundió la reforma política

Este artículo se empezó a escribir antes de que se hundiera la reforma política y explica por qué tanta resistencia ciudadana, hasta el punto de que tuvieron que aprobar su retiro los petristas que en 2022 la votaron a favor en cuatro ocasiones.

Si el objetivo de la reforma política de Petro, Prada y Roy fue proponer la peor, no lo habrían hecho mejor. Y se tramitó, así ahora se hagan los locos, con el respaldo de todas las fuerzas petristas, es decir, de Santos, Samper y Gaviria y de los partidos Liberal, Conservador, de la U, Verde y Pacto Histórico. Apoyo que le dieron porque era la reforma más descaradamente sastre posible, es decir, la más echa a la medida de sus intereses.

 

Se trató de la peor porque su propósito principal fue reelegir a los actuales parlamentarios, de mayoría petrista, en 2026, para comprárselos –esa es la palabra– y que respaldaran hasta los mayores disparates del actual gobierno. Fueron varias las fórmulas para cooptarlos.

Con las listas cerradas les aseguraban a los congresistas de hoy encabezar las de sus partidos en 2026 –para su reelección automática–, al permitirles inscribirse en el mismo orden en el que fueron elegidos en 2022, haciendo imposible cualquier renovación en esas organizaciones. Porque, por ejemplo, si un partido eligió 12 senadores, esos 12 ocuparían los 12 primeros renglones de la lista cerrada y el primer aspirante diferente a ellos iría de 13 en la lista. Para empeorarlas, y con el mayor descaro, las listas cerradas iban engrasadas con el derecho a más platas oficiales.

La reforma resucitaba una posibilidad que existió en el pasado y que se eliminó porque corrompía la política y aumentaba el control del Presidente sobre el Congreso, al permitirle nombrar de ministros a los senadores y comprárselos a ellos y a sus partidos. Y Petro y sus lugartenientes se propusieron empeorar esa fórmula que se eliminó por perversa. Porque la gabela ahora sería para senadores y presentantes a la Cámara y podrían saltar a ministros y a otros cargos nacionales y, además, luego de usufructuarlos, devolverse a congresistas. Y podrían apelar al transfuguismo de un partido a otro y candidatizarse sin cortapisas para alcaldes y gobernadores.

Habría más plata del Estado para los partidos, dineros que no evitarían que las elecciones se siguieran financiando con platas corruptas, porque esas se mueven en secreto y en maletas o en bolsas llenas de fajos de billetes.

El proyecto no tocaba al Consejo Nacional Electoral ni a la Registraduría, grandes poderes que no representan la democracia sino la partidocracia que ha gobernado a Colombia, como está demostrado, no a favor del desarrollo nacional sino de mantener el país en el subdesarrollo y en la mayor desigualdad social. La norma tampoco legislaba para obligar a los partidos a hacerles juicios de responsabilidad política a sus jefes acusados de corrupción, vacío legal del que se aprovechan los compañeros de Nicolás Petro para no enjuiciarlo políticamente.

Cinismo indignante, diseñado para un fin perverso: perpetuar en el poder legislativo a la mayoría petrista de hoy, de manera que aun si no ganaran la Presidencia en 2026, siguieran mamando del poder legislativo y pudieran ponerle precio a su respaldo al nuevo mandamás de Colombia.

En el reino de la politiquería y la antidemocracia que ha sido Colombia, nunca nadie se había atrevido a tanto. Y en nombre del “cambio”. No es una rareza entonces que el gobierno haya sufrido esta gran derrota, que aumenten los electores arrepentidos y que los que votamos en blanco andemos sin cargos de conciencia.

El ministro Alfonso Prada debe renunciar a su cargo.

Jorge Enrique Robledo

El petrismo debe responder por Nicolás Petro

Por el contenido, porque Nicolás Petro aparece robándose mil millones de pesos de la campaña presidencial de Gustavo Petro, suma aportada por los cuestionados El Hombre Marlboro y el Turco Hilsaca.

Y porque a Nicolás Petro lo acusa nada menos que quien fuera su esposa, Day Vásquez, quien aporta como pruebas los whatsapp que se cruzaron entre ellos, en los que se revela quiénes dieron la plata y cómo la pareja la movió en efectivo y a las escondidas, para comprar un apartamento de 2.500 millones de pesos.

 

Quedan muy mal los petristas que intentan salvar a Nicolás Petro descalificando de plano a su exesposa porque, dicen, ese matrimonio se rompió. Porque los mensajes entre la pareja, que Day Vásquez aporta como prueba, ocurrieron cuando eran una matrimonio bien avenido que actuó de acuerdo para embolsillarse esa plata y decidir en qué gastársela.

Para engañar, petristas glorifican a Gustavo Petro porque les pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría que investigaran a su hijo Nicolás y a su hermano Juan Fernando, a este por algo ocurrido en La Picota. Pero ocultan que el Presidente solo actuó un mes después de conocer las acusaciones contra Nicolás y una vez supo que Semana estaba por publicarlas.

En las pruebas también aparece Nicolás Petro imponiéndoles a varios ministros el nombramiento de sus recomendados, consolidando así una familia de corte monárquico, en la que el padre, la madre y el hijo nombran funcionarios

Por pruebas aportadas por Cambio, se sabe que Nicolás Petro tiene un nivel de gastos muy superior a su sueldo de diputado del Atlántico. ¿De estos derroches y de los cuestionados aportantes de Nicolás Petro no se dieron cuenta su padre y sus compañeros de lucha política?

Como ordena la ley, la Fiscalía y la Procuraduría, así como el Consejo Electoral, deben investigar estos hechos a fondo, al igual que las demás relaciones de Nicolás Petro y de sus financistas con la campaña presidencial de Gustavo Petro.

La Colombia Humana y el Pacto Histórico ya han debido abrirle un proceso político y disciplinario a Nicolás Petro. Que no se hagan los pendejos porque pueden quedarse así. Porque si algo ha degenerado la política en Colombia, es que los partidos no responden por las actuaciones repudiables de sus jefes.

Como hay petristas mintiendo para justificar su alcahuetería a Nicolás Petro, debe conocerse cómo tratamos en el Polo –partido al que pertenecí– el caso de Samuel Moreno. El 25 de octubre de 2010, Petro lo acusó ante la Comisión de Ética del Polo y el alcalde de Bogotá rindió descargos el 29 de noviembre. Empezando el 2011, la Junta Nacional del Polo, en reunión citada para este efecto, ratificó su rechazo a toda ilegalidad en el partido y anunció que tomaría decisiones según el avance del proceso legal. El 3 de marzo el Polo sancionó al senador Iván Moreno y dos meses después le pidió a Samuel Moreno su renuncia a la Alcaldía de Bogotá y lo suspendió en la militancia del partido. Y en septiembre lo expulsó del Polo y les pidió perdón a los bogotanos.

Con razón, Ramiro Bejarano señaló: “El Polo Democrático, apenas se presentaron las primeras acusaciones contra Samuel Moreno, inició su investigación interna, luego, posteriormente, lo sancionó y le pidió excusas al país” (Ver enlace).

Una conducta que debe inspirar a la Colombia Humana y al Pacto Histórico.

 

Por un acuerdo nacional sobre la salud

En la base de todos los problemas del sistema de salud de Colombia –e igual sucede con los de los demás sectores del país– está que creamos muy poca riqueza por habitante, cantidad que determina el recaudo del Estado por impuestos y lo que puede gastar en todas sus obligaciones.

Porque sufrimos por un capitalismo que crea escasos 6.000 mil dólares de riqueza por habitante al año, en tanto, por ejemplo, en Estados Unidos crean 70.430, en Alemania, 50.801 y en Francia, 43.518. De estas cifras sale que en 2019 el gasto público en salud por persona en Colombia fue de apenas 495 dólares, 22, 11 y 9 veces menos que el de esos países, respectivamente.

 

Los colombianos entonces no podemos seguir olvidando nuestra debilidad estructural para disfrutar de la mejor salud, así haya avances que es necio negar, y que la actual reforma –que ya tiene cinco proyectos de ley y puede hundirse– debe priorizar dos grandes temas. 1. El financiero, sobre el total de plata que se tiene en el sector y cómo acrecentarla en términos reales y gastarla de la manera más eficiente. 2. En qué invertirla y en qué porcentajes: prevención de la enfermedad y curación, infraestructura clínica y hospitalaria, medicamentos, deudas a las IPS, costos de las EPS, mejores condiciones laborales y un largo etcétera.

Aumentar los recursos públicos es muy difícil, dado el capitalismo subdesarrollado de los 6.000 dólares y el amplio déficit fiscal, lo cual no exime al gobierno nacional de aportar más. Pero es obvio que la parte fundamental de los recursos adicionales al real servicio de la salud solo puede salir del uso eficiente de los que ya tiene el sector, a partir de mejorar la promoción y la prevención –lo que no ocurrirá de un día para otro–, reducir de verdad la corrupción y las ganancias excesivas y aumentar la eficiencia en el gasto.

La Supersalud no puede seguir siendo una entidad enclenque que simula perseguir a ladrones e ineptos. Si hay que crear una fuerte sección en la Contraloría para vigilar a las EPS y al sistema de salud, pues hay que hacerlo, porque son bien gastados los dineros públicos que impiden que se los roben o los malbaraten. Se oyen propuestas.

Luis Jorge Garay calculó que las utilidades de las EPS son excesivas, del orden del veinte por ciento, unos once billones de pesos el año pasado. Los porcentajes de esas ganancias deben pactarse con el Estado, por lo menos sobre los recursos públicos. Si las tasas de utilidad de las empresas de electricidad –sobre su propia plata– se negocian con el Estado, ¿por qué no en la salud? Y hay que promover EPS privadas sin ánimo de lucro, porque si ese sistema funciona en las clínicas también puede funcionar para este efecto.

A partir de un acuerdo nacional sobre los puntos anteriores, porque sin más plata para la salud no hay paraíso, deben darse otros acuerdos: fortalecer la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la salud pública y la medicina familiar. No a la integración vertical. Derechos de salud iguales para todos, con una sola UPC. Manual tarifario único. El SOAT no debe ser una rueda suelta con fallas gravísimas. Compras centralizadas de medicamentos e insumos y respaldar su producción en Colombia. Apoyar la más amplia y mejor formación de los médicos y demás trabajadores de la salud. Contratación laboral directa con todas las prestaciones sociales. Y un especial cuidado en resolver los graves problemas de la red pública hospitalaria, imposible de reemplazar por la actividad privada.

Unidad en defensa de la Salud

Mal terminaron las volteretas de Petro y Corcho sobre acabar las EPS, promesa que tantos votos les reportó: “que sí, que no, que sí y que en definitiva no se acaban”, sometiéndose a Santos, César Gaviria, Efraín Cepeda, Dilian Francisca y Roy, entre otros. Porque el acuerdo final de Petro con ellos, que respaldó el Pacto Histórico, se limitó “a privilegiar la atención primaria y el sistema preventivo en la salud, eliminar la integración vertical” y promover “la territorialización” del sector, informó la Casa de Nariño (enlace).

Nada pactaron sobre otros cambios muy importantes y urgentes, empezando por controlar los abusos y la famosa corrupción en el sector. ¿O no es cierto que varias EPS y su organización fueron sancionadas por cobrar dos veces el mismo servicio? ¿O que presidentes de Saludcoop y Cafesalud EPS fueron condenados a cárcel por corruptos? ¿O que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó liquidar a Medimás EPS, con inmensas pérdidas, porque el minSalud Alejandro Gaviria promovió su creación violando la ley? ¿Y no son estos unos casos entre otros incontables?

 

Ese acuerdo es peor, porque por los errores políticos de Petro y Corcho en el trámite de la ley, los más poderosos de la salud –que deciden sobre $70 billones anuales de recursos públicos– pudieron montar una campaña que ocultara las graves fallas del sector.

Silencian el mucho maltrato en la atención a los enfermos y la mucha enfermedad y muerte, presentando las medicinas prepagadas –4,7 millones de usuarios– como si fueran las de los 50 millones de colombianos. Ocultan que estar carnetizado no equivale a tener adecuado acceso a la salud, como lo prueba el pésimo servicio en casi todos los 1.123 municipios. Y se conocen las inmensas fallas de la red pública hospitalaria, el maltrato laboral a médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud y a los médicos rurales y residentes e internos, las enormes deudas de las EPS a las IPS públicas y privadas y las prácticas abusivas en la facturación que les imponen, los costos excesivos de los medicamentos extranjeros y la falta de respaldo oficial a la fabricación de medicinas en Colombia.

Son tales las fallas estructurales del sector, que de las 30 EPS que quedan, hay 10 en liquidación y 10 vigiladas por la Supersalud. Y en la base de estas malas cifras está el relativamente escaso gasto público en salud de la subdesarrollada Colombia.

Sobre mis propuestas, enfatizo:

Hay que reducir en grande los costos del aseguramiento, de las EPS –con medidas serias y robustas a las que es ajeno el proyecto de Petro–, porque de ello dependen los mayores recursos necesarios para todo el sector y evitar que se agrave su crisis, presionada por la alta inflación y la fuerte caída de la economía del país. Para reducir las ganancias de las EPS en beneficio de pacientes, IPS y trabajadores del sistema de salud, también pueden promoverse las EPS sin ánimo de lucro.

Deben fortalecerse la prevención y la atención primaria y prohibirse la integración vertical, fuente de abusos y corruptelas. Hay que atender los reclamos de los médicos rurales, residentes e internos. Urge financiar bien la red pública hospitalaria y quitársela a la politiquería incapaz y corrupta, igualar la UPC para todos, crear un eficaz sistema nacional de compras de medicamentos costosos para abaratarlos y respaldar la industria farmacéutica nacional.

Esta es una propuesta pensada para unir a los colombianos, de forma que estos cambios puedan hacerse realidad en la ley de reforma a la salud en trámite.

Jorge Enrique Robledo

Excongresista