La corrupción como sabemos es uno de los peores males de Colombia y del desarrollo económico en general, lo cual cada vez se hace más evidente, pero lo que llama ahora más la atención, es la aparente incompetencia de las grandes instituciones colombianas por investigaciones inconclusas ante hechos corruptos tan profundos que afectan el desarrollo económico del país. Hoy pondremos sobre la balanza el tema Odebrecht, el por ahora no tan mencionado por algunos medios esta semana, donde el Grupo Aval suscribe un acuerdo especial con las autoridades norteamericanas para pagar USD $80 millones bajo el marco del escándalo de sobornos con la empresa Odebrecht. Se llama el acuerdo de enjuiciamiento diferido “Deferred prosecution agreement – DFA”, es decir, las autoridades norteamericanas tienen las bases para investigar y por ende sentenciar al grupo AVAL, pero simplemente deciden no hacerlo, claro, a cambio de algunas condiciones entre otras, este pago. Por lo tanto, el grupo AVAL acepta acceder y pagar lo acordado. No es que sean inocentes, como algunos pregonan por ahí desinformando. Estos actos de corrupción han afectado a toda Latinoamérica y su desarrollo.
Todo inicia cuando lanzan acusación contra Marcelo Odebrecht, principal ejecutivo de la firma de su apellido, por repartir sobornos por valor de USD $788 millones de dólares en 12 países, así lo corroboraría el Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos años atrás.
La Fiscalía de Colombia desarrolló investigaciones en su momento contra tras los sobornos que Odebrecht había pagado para obtener el Proyecto Ruta del Sol II y la adición sobre la vía Ocaña – Gamarra, en Colombia, ambos sobornos en su momento según la Fiscalía suman USD $11.1 millones. Las investigaciones también están sobre los proyectos Navelena, la Transversal Boyacá Fase II y la Troncal Tunjuelo – Canoas, río Bogotá. Como todos sabemos, en otros países hasta presidentes estuvieron involucrados formalmente, aquí poco o nada ha sucedido, hasta que las autoridades norteamericanas toman cartas en el asunto por la ejecución de delitos dentro de la jurisdicción de Estados Unidos por empresas colombianas, tienen incluso ellos información sobre sobornos a funcionarios de gobierno en Colombia, pagados a través de empresas colombianas. Lo cual deja en evidencia preguntas sobre el actuar de la justicia colombiana ante estos hechos, que como en otras instancias, ponen en riesgo el buen desempeño económico del país. Una de esas entidades que reactivaron todo el caso Odebrecht en Colombia, fue nada más y nada menos que el FBI.
Como ya se mencionó, a diferencia de Colombia, en otros países muchos “peces gordos” sí se cayeron, quedaron en evidencia sus corruptas acciones, aquí se involucraron algunos ministros y viceministros de los gobiernos de Uribe y Santos; Resultaron involucrados algunos temas de las campañas presidenciales de Santos y Zuluaga; se habló algo del grupo AVAL y sus máximos dirigentes y salió en este tema también el abogado y ex fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez. En su momento todo se negaba, a la fecha ya sabemos que a través de Corficolombiana sí se entregaron sobornos, Zuluaga ya está formalmente implicado hasta este año por temas denunciados tiempo atrás y el FBI sigue en la mira, hablando ya del “Colombian Officer No. 3”, dicen que existieron acuerdos para pagar sobornos a un funcionario colombiano durante el gobierno de Santos, según afirman. El hecho es que como colombianos no deberíamos permitir este tipo de actividades, deberíamos tener unas instituciones más fortalecidas en torno a la justicia, porque el hecho de que el FBI norteamericano ponga en entredicho tantos indicios, hechos y evidencias bajo el marco del caso Odebrecht que nuestras instituciones por alguna razón aplazaron o simplemente ignoraron, nos deja mal parados ante la comunidad internacional donde sí hubo mayores consecuencias para los implicados de este escándalo.
Para finalizar, algunos datos y hechos para sus propias conclusiones. La Ruta del Sol II fue adjudicada a la Concesionaria Ruta del Sol, dentro de la cual Odebrecht controlaba el 62 %, Corficolombiana (Grupo Aval) el 33 % y el restante 5 % una firma minoritaria. En 2016 Marcelo Odebrecht, cabeza de la empresa, confesó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos por más de once millones de dólares en Colombia para obtener contratos de infraestructura.
Recordemos a Pizano, quien fue el auditor de la Concesionaria Ruta del Sol. Él alertó sobre sobornos, sobre irregularidades, por esta razón pidió protección ya que temía por su vida. Como sabemos nunca tuvo respuesta y un día apareció muerto en su finca. Su hijo murió en similares hechos tres días después. Han existido periodistas valientes que han adelantado importantes investigaciones para revelar la verdad, también se han dado grandes debates en el congreso en su momento, pero hasta ahora, han sido las instituciones norteamericanas quienes siguen acercándose a esa verdad con consecuencias para los estructuradores y ejecutores del escándalo Odebrecht en Colombia, parece lograremos esclarecer más estos hechos.
Todo esto afecta nuestra economía, la credibilidad de nuestras instituciones y la prensa juega un evidente papel que algunos medios parece desean minimizar, es aquí donde debemos agudizar nuestro criterio para fiscalizar mejor nuestros intereses económicos como país, para gobernar mejor, para administrar nuestros propios destinos de una forma más justa y equitativa. La corrupción no puede seguir impune en ningún caso en Colombia, venga de donde venga. Esto es un llamado a la reflexión, para que Colombia siga despertando, como parece lo está haciendo poco a poco.
John Escobar Reyes
@jack80x
