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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

Dólar inseguro

Warren Buffet, probablemente el mejor inversionista de tiempos recientes, siempre advierte que nunca se debe apostar en contra de EEUU. La tesis reciente del Tío Sam como una víctima incapaz de competir en mercados globalizados suena ridícula. El dólar, desde Bretton Woods en 1944, es la piedra angular del sistema financiero global. No solo por la magnitud de la economía estadounidense, sino por su estabilidad institucional, su apertura comercial y la previsibilidad de su política económica. El mundo no elige el dólar por simpatía: lo elige por confianza. El gran daño que se está causando el mismo EEUU no es solo en sus aranceles, sino la creciente incertidumbre como destino seguro para inversiones.

Esta nueva narrativa, que apunta al crecimiento interno mediante la protección de la industria local, es un discurso efectivo en tiempos electorales, pero que, en todos los casos, acaba en decrecimiento e inflación. La libertad económica ha sido siempre la principal herramienta de crecimiento. Frente el rechazo generalizado del mercado y la opinión publica al incremento en aranceles, el gran temor es un intento deliberado de debilitar el dólar para conseguir competitividad. Es un esfuerzo de desmantelar Bretton Woods y forzar un nuevo acuerdo global en Mar-a-Lago.

 

Al EEUU imponer aranceles del 10% a todas las importaciones representa un golpe directo al orden multilateral diseñado por EEUU, en lugar de integración, se propone fragmentación. Una medida así estimularía represalias comerciales, distorsiones de precios y, sobre todo inflación. Además de elevar el precio de los bienes importados, 40% de los importaciones de EEUU son insumos para sus exportaciones. No es que EEUU no pueda competir en manufactura, es que el capital gravita hacia actividades de mayor retorno, como tecnología donde se puede ganar un 40%, en lugar de acererías donde los retornos apenas alcanzan el 10%. La libertad permite la eficiencia.

Trump ha manifestado su intención de presionar a la Reserva Federal para mantener tasas de interés bajas, incluso si las condiciones inflacionarias no lo justifican. Esta politización de la política monetaria, recuerda los errores de los años 70, mina la independencia del banco central, pilar fundamental de la credibilidad del dólar. Sin una Fed libre, los inversionistas internacionales pierden el ancla de confianza que les brinda seguridad sobre sus reservas en dólares. Se insiste, además, en una política fiscal expansiva sin respaldo técnico, lo que obligaría al Tesoro a emitir más deuda en un contexto en el que ya se discute abiertamente la posible pérdida de su calificación crediticia.

Este no es el primer esfuerzo populista en el mundo, pero sí es la primera vez que toma fuerza en EEUU. Es extraño que aquello que Valery Giscard D’Estaing, padre de la Comunidad Europea, llamó el “Privilegio Exorbitante” (que el dólar sea la moneda de reserva global), ahora se perciba como una carga. Los BRICS han fracasado de todas las formas posibles en su intento por generar una alternativa. En parte, ese gran déficit fiscal permanente que alimenta la supremacía militar ha sido posible gracias a ello. Es la primera vez, en la historia reciente, que durante una crisis se aprecia el euro y el oro, mientras cae el dólar. Esperemos que el remedio no resulte peor que la enfermedad.  

Simón Gaviria Muñoz

El frac hipócrita de los centralistas

Parece que ha pasado al olvido el debate que meses atrás se levantado con la aprobación del proyecto de ley que aumenta las transferencias del gobierno central a los entes territoriales; esa decisión sigue enfrentado a los economistas más distinguidos del país, con los que dicen defender la descentralización y dar cumplimiento a lo emanado de la constitución del 91, que ordenaba unas transferencias superiores al 40% de lo recaudado por el Estado con destino a las regiones. Los primeros con justificaciones lógicas, critican la decisión.

Por un lado, se defiende la necesaria descentralización y por el otro, la responsabilidad fiscal de un país que tiene el 91% de sus recursos comprometidos, y que para cumplir con lo aprobado tendrá dos caminos: o buscar más deuda o subir los ya impagables impuestos.

 

Pero lo que me llama la atención del proyecto aprobado en el Congreso de la república, y debe pasar su examen en la Corte Constitucional, es que no es más que otra argucia para que los entes territoriales sigan manteniendo la sumisión debida frente al centralismo reinante; es decir, siguen siendo la mayoría de los territorios, totalmente dependiente de los recursos que desde el gobierno se les gire, y como es obvio estos irán dirigidos al ya cacareado discurso de la superación de las necesidades básicas que sufre la gente, que sin lugar a dudas será el argumento que se impulsara en lo que se vislumbra serán las  discusiones del proyecto de competencias que se debe surtir para que entre en vigencia de manera completa.

¿Y muchos dirán donde esta lo malo de lo anterior?, Pues sin querer poner en duda la buena voluntad de los que impulsaron la iniciativa, el proyecto no es más que el traje de sacoleva que se utiliza para posar de descentralistas. La solución no debe ser mayor dependencia de los recursos del nivel central, la solución es dinamizar las economías de las regiones para que estas sean autónomas en la satisfacción de sus necesidades, es hacer que tengan economías dinámicas que generen empleo y riqueza, es acompañarlos para que aprendan a nadar en la piscina del mercado en donde puedan ofrecer los productos que más los caracteriza como región, eso sí, con valor agregado.

Con la aprobación de este proyecto, los corruptos de los territorios más pobres deben estar refregándose las manos; ya que a mayor transferencias más plata hay para robar y para repartir. como decían en mi tierra los llamados “embilletados” llenos de alegría y festejando los resultados en las pasadas elecciones locales: “vamos a seguir robando los mismos”

El tema no puede ser un falso discurso de adelgazar el Estado Nacional para que se engorde el Estado Territorial, el Estado es uno solo. A lo que debemos propender es a que el Estado disminuya la capacidad de incidir en el nivel de vida de las personas y dejar al mercado que se encargue de generar riqueza; el trabajo del Estado debe ser generar las condiciones para que los ciudadanos cada vez menos dependan de él, y que cada vez se impulse el libre mercado que permita generar puestos de trabajo, impulsar la competencia, mejorar el número de empresas de todos los tamaños en los territorios.

Solamente la productividad hará que las regiones más pobres del país cambien ese status y puedan ver el futuro con mayor esperanza. entre más pequeño sea el Estado menos corrupción hay; entre más pequeño sea el tamaño del Estado más oportunidad hay para que las empresas y las iniciativas privadas cumplan con la función de dinamizar la economía.

Departamentos productivos es lo que necesitamos, y no más dependencia económica que nos lleva a jugar un papel de mendigos ante el poder central. no queremos descentralización, lo que anhelamos es independencia económica para ser dueños del mejoramiento de nuestro nivel de vida.

Decía un defensor del federalismo Rodrigo Rivera, “La descentralización es el frac de sacoleva que se ponen lo centralistas para posar de tal; aun cuando saben que la verdadera respuesta es otra”

Jefferson Mena Sánchez

Papá Pitufo

La información que se ha dado a conocer del famosísimo y tan mentadísimo, Diego Marín, conocido con el alias de, Papá Pitufo, se la ha difundido de manera sesgada y con poco o cero análisis, no sé si con el ánimo o la intención de hacer ver a su empresa criminal como si estuviese íntimamente ligada al gobierno actual.

Papá Pitufo puso a operar su organización criminal dedicada al contrabando desde mucho tiempo atrás, y no tiene por qué sorprender que a través de sus fichas haya comprado favores de funcionarios públicos tanto locales como nacionales.

 

Tampoco tendría el por qué recibirse con sorpresa si en algún momento se llega a conocer información relacionada con temas de financiación de campañas políticas a través de alguna empresa fachada, al fin de cuentas para que el crimen organizado funcione necesita de la amistad de la función pública en sus diferentes niveles y para esto aprovecha el que los candidatos a diferentes cargos de elección popular necesitan de dineros para pagar los gastos en lo que se incurre.

Lo anterior, es una maldición que trajo consigo las listas abiertas y la financiación privada a las campañas políticas. Muchas veces en el afán de conseguir recursos se los recibe, pero poco se indaga por el origen de la empresa benefectara, y por supuesto, después, vienen los problemas.

Esta es una realidad que al país parece darle miedo aceptar, reconocer y por supuesto hablar, porque es claro que los recursos ilegales que se mueven por el contrabando en Colombia, pueden ser muchísimo más que los que mueve el narcotráfico.

La organización de Papá Pitufo no es nueva, por tanto, no se le puede ligar ni insinuar que los vínculos que pueda tener con la política o con la función pública, corresponden a este gobierno.

Sí en verdad Colombia desea hacer un análisis serio de hasta dónde llegan los tentáculos de esta empresa criminal, tendría que coger el toro por los cuernos y mirar el asunto desde el primer gobierno elegido en Colombia en momentos en que se cambió la Constitución Política de 1991 (Cesar Gaviria) hasta el de actual (Gustavo Petro).

De esa manera se puede conocer si tuvo la influencia suficiente para modificar normas constitucionales; aprobar leyes a su favor; si financió campañas de alcaldes, gobernadores, representantes a la cámara, senadores, concejales y diputados, y por supuesto, presidenciales.

También tendría que indagarse sus vínculos con la justicia local y nacional, aunque duela reconocerlo, se debe además conocer hasta donde penetró a la Fuerza Pública y a entidades como la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN).

Eso de decir o insinuar que los vínculos de Papá Pitufo son exclusivos del Gobierno Petro, corresponde a declaraciones superficiales de una oposición tonta y mal hecha, que, a decir, verdad, da risa.

Oscar Sevillano

Un Papa paraliza el mundo

Por fin, tras poco menos de un mes en sede vacante, la Iglesia y sus fieles, Roma y su pueblo, gozamos de nuevo de un Santo Padre, un buen pastor.

¡Qué inmensa alegría ha supuesto conocerlo! Cientos de romanos y peregrinos acudieron a la plaza de San Pedro, miles lo vimos desde nuestros televisores. Primero el humo blanco que precedía a esa buena noticia que tanto esperábamos los fieles y el mundo entero: habemus Papam , que recorrió el orbe en mensaje de texto, en tuit de X, en post de Instagram… en cuestión de segundos.

 

Después de una hora de espera, de ansiedad y nervios, de especulación y oración.

Durante ese tiempo la Iglesia madre era como esos padres primerizos que están a punto de dar a conocer a su bebé a la familia, y lo limpian, y lo visten con esa primera puesta tan pensada y con tanto mimo escogida…pues la Iglesia pueblo espera, como lo hace la familia que ama al hijo por anticipado e incondicionalmente. Y así tras un rato el mundo pudo conocer a su nuevo Papa,  y los corazones de las gentes de Roma y de los que mirábamos desde casa saltaron de alegría sin importarnos si es guapo o feo o si se parece a alguno de los anteriores o los errores que cometa.

La iglesia tendrá sus luchas de poder, pero al católico de a pie, al común, al ajeno de las intrigas le importan un bledo. Él reza por el Papa, desde que muere uno y se alumbra otro tras el cónclave. Reza durante el cónclave y más intensamente viéndole en el balcón, mientras pronuncia su primer saludo, porque sabe que esa alegría es también un gran peso de Cruz -un marrón-, y no deja de rezar por él nunca. ¿Y si no le gusta el Papa? Pues con más razón rezará por él, porque ya sabemos que el mayor acto de amor es rezar por el bien de nuestros enemigos, de los que nos disgustan, o de los que no comprendemos.

Un mundo entero pendiente de un balcón y el enemigo expectante. El mal no descansa, pero como bien dijo nuestro recién estrenado León XIV, “el mal no prevalecerá, estamos en las manos de Dios”.

El mundo espera

Los oportunistas, los comentaristas convertidos desde el paganismo en expertos vaticanistas, querrán ver en él al Papa social, al disruptivo, al reformista que traiga por fin un cambio mundano a la Iglesia católica,  uno que se amolde al pensar y sentir del mundo, uno del que por fin puedan dar un titular acorde a los tiempos, que valide las aberraciones morales del hombre moderno. Volverán las preguntas sobre el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, la transexualidad, la propiedad privada, la apertura de fronteras, el inmigrante… volverán porque no saben que la Iglesia no cambia con cada Papa, que siempre es la misma a pesar del hombre al frente.

Tal vez algún periodista, con algo más de luz, pregunte por las implicaciones morales de la inteligencia artificial, por el límite de los algoritmos, por la esclavitud moderna del placer cortoplacista, por la dignidad del trabajo en un mundo cada vez más desempleado, por la manipulación de las voluntades infantiles a manos de grandes empresas , por la injerencia de los estados en la vida de las familias, sobre todo aquellos que arrancan hijos de sus padres cuando éstos no quieren que reciban una educación determinada y se muestran en rebeldía, o pregunta a Su Santidad cómo y hasta cuando hay que soportar una carga fiscal excesiva, o el destrozo de la vida natural en pro de un clima mejor…

Alguno, más observador,  le preguntará por la vuelta a la tradición, esa que se refleja en su vestimenta, en la cruz de su pecho con reliquias de santos, hombres de su tiempo que supieron amar hasta el último aliento y vivir la fe de sus mayores, por el uso del latín, por el amor al ritual, ese que deja ver toda la belleza que encierra el misterio de la fe, y dirá que los mayores lo hacían bien, pues ellos nos trajeron hasta aquí y la fe sigue viva.

 Tal vez por fin el mundo entienda que el Papa no es de derechas, ni de izquierdas, que el Papa incomoda e incomodará siempre porque está y estará en la Verdad, esa que según desde donde se mire alumbra a unos y oscurece a otros. Pero es que a la Verdad hay que mirarla de frente, abrazarla y seguirla con humildad hasta identificarse con ella y fundirse en una única aleación de amor. León XIV es el elegido para pastorearnos en este camino. Sigamos rezando por él y ¡viva el Papa!

Almudena González

El final del pacto

Es necesario aceptar que estamos llegando al final del orden constitucional del 91 que está siendo reemplazado por una paralegalidad financiada con el dinero de todos. Petro demostró que no existen mecanismos eficientes, ni sanciones reales para obligar al presidente a acatar la constitución. Unos cuantos meses fueron suficientes para acabar con el mito de la solidez institucional.

El gobierno puede movilizar milicias para presionar a las cortes, o al Congreso, puede destruir el sistema de salud, expropiar el ahorro de la gente, entregar territorios a organizaciones criminales, ordenar a la fuerza pública que no cumpla con su función primaria de garantizar la seguridad de la población, puede incumplir contratos de obras públicas, llevar a la quiebra su propia empresa petrolera, expulsar a los privados de los canales de televisión, incluso usar la difamación y la calumnia contra sus opositores. Petro entendió que podía cambiar las reglas del juego y lo hizo.

 

El error estratégico de la oposición consiste en creer que hay vuelta atrás, que este gobierno terminará en el 2026, se repararan los daños y todo volverá a ser igual. En el libro clásico de economía política, Los Motivos del Voto, Gordon Tullock argumenta que la idea de un estado benevolente es falsa, que tanto los votantes, como los burócratas, obran interés propio y que por lo tanto el resultado de las elecciones es el registro de esa superposición de intereses que constantemente está produciendo fallos similares a los del mercado. En ese sentido, la constitución de 1991 ya prefiguraba el modelo populista de ultras del Pacto Histórico.

Abstracciones como que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo”, o que Colombia es “un estado social de derecho”, suponen entidades mágicas como pueblo y  social, superiores al derecho, lo social y lo popular están por encima de la ley y como Petro de autodefine como la encarnación precisamente de lo social y lo popular, pues entonces él está por encima de la ley. Desde este punto de vista, este gobierno aplica plenamente el espíritu de la constitución.

Llegamos a un estado de cosas posconstitucional en el cual ciudades estado de facto y autonomías regionales, se enfrentan a un gobierno central proyectado sobre el territorio a través de alianzas con organizaciones criminales, empresarios electorales y redes de corrupción. Esta dinámica está redefiniendo el poder territorial y transformando el estado benefactor centralista que imaginaron los constituyentes del 91 en un estado de territorios autónomos.

Colombia es desde   hace años una serie de ciudades estado fortificadas que se proyectan sobre zonas grises inestables gobernadas por criminales. La civilidad y la legalidad se han sostenido más desde el espíritu cívico urbano, que desde la capacidad del gobierno central para imponer la ley. Aceptar este hecho, entre otros, y extraer las consecuencias políticas que implica supone aceptar el que el pacto social que la constitución dice interpretar ha llegado a un punto de no retorno y que es imperativo establecer un nuevo orden.

Es necesario devolver el poder a la gente, a los ciudadanos, al individuo, reconocer que el individuo es soberano y que toda clase de parásitos, partidos políticos, bandas criminales y burócratas lo han negado convirtiéndolo en masa, pueblo, muchedumbre sin arraigo.

El petrismo llevó esta dinámica al extremo pero no la creó, fueron las elites progres que se le levantaron contra los ciudadanos y la libertad y que fracasaron expulsados del poder real por las economías criminales hasta llegar a este punto donde nada es legal y nada es ilegal y el estado ha quedado en manos extremistas violentos, chamanes y corruptos, pero las ciudades y los ciudadanos libres no han aceptado esa tiranía, no han interiorizado el relato que los trata como criminales y se han transformado en una nueva política que los políticos no entienden y que como lo planteó Curtis Yarvin, está tomando forma en una nueva “ilustración oscura”.

Quienes están en el poder destruyeron el pacto social, pero no son capaces de crear un nuevo pacto, este nuevo pacto solo lo pueden hacer los ciudadanos y ya se está escribiendo.

Jaime Arango

Con Miguel Uribe demandamos los impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados

Con el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe, radicamos ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 54 de la Ley 2277 de 2022, el cual creó los impuestos a las bebidas azucaradas (IBUA) y a los alimentos ultraprocesados (ICUI), ahora incorporados en los artículos 513-1 al 513-13 del Estatuto Tributario.

En la demanda exponemos que estos impuestos, presentados por el gobierno Petro como una medida de salud pública, en realidad violan los principios de equidad tributaria y capacidad contributiva, afectando de manera desproporcionada a pequeños productores, tenderos y consumidores colombianos.

 

En el documento advertimos que estos tributos se aplican en cadena, es decir, se cobran en cada etapa del proceso productivo si participan varios actores, generando un efecto acumulativo que encarece el producto final. De esta forma, una pequeña empresa que produce empaca y distribuye un producto paga el impuesto en cada etapa, mientras que las grandes compañías integradas solo pagan una vez.

Esto rompe el principio de equidad horizontal, castigando a los pequeños y favoreciendo a los grandes. Es una fórmula perversa que atenta contra la Constitución y contra los más vulnerables.

Las cifras de impacto son contundentes. Según FENALCO, el 80% de las bebidas azucaradas en Colombia se venden a través de tenderos, quienes ya han reportado una caída en sus ventas debido a los nuevos impuestos. Por su parte, Fenaltiendas reveló que el 60% de los tenderos ha visto afectadas sus ventas por estos tributos, y el 59% no ha encontrado alternativas para sustituir los productos gravados, lo que ha incrementado el costo de la canasta familiar.

“En lugar de proteger a los tenderos y pequeños comerciantes, el gobierno Petro los está asfixiando con cargas tributarias desproporcionadas. ¿Cómo se puede hablar de equidad cuando quienes menos tienen son los que más pagan.

Otro punto crítico de la demanda es que el impuesto también se cobra en situaciones donde no existe una manifestación real de riqueza, como en donaciones, fusiones o aportes a sociedades. “Se está cobrando por donar o por hacer una fusión, sin que exista ganancia alguna. Esto no solo es irracional, es una violación flagrante al principio constitucional de capacidad contributiva.

Pedimos a la Corte Constitucional declarar inexequibles los artículos 513-1 al 513-13 del Estatuto Tributario, argumentando que el Congreso debe replantear la política tributaria para que no sacrifique a los pequeños productores ni castigue a los tenderos y a los consumidores más vulnerables.

Sandra Forero

Rompe el silencio contra el abuso y explotación infantil

En Colombia, miles de niños y niñas están creciendo entre el miedo, el silencio y el dolor. No porque lo hayan elegido, sino porque los adultos, las instituciones y la sociedad en general hemos fallado en protegerlos. El maltrato y el abuso físico y sexual no son simples estadísticas: son gritos silenciados, infancias robadas, sueños interrumpidos antes de comenzar.

Solo en 2024, más de 11.000 menores fueron víctimas de abuso sexual, según Medicina Legal. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atendió 18.085 casos de violencia sexual hasta agosto de ese mismo año. En enero de 2025, ya se habían registrado 1.072 casos, lo que equivale a 35 niños o niñas agredidos sexualmente cada día. Muchos de ellos nunca hablarán. Algunos, tristemente, no vivirán para contarlo.

 

Lo más alarmante es que el 95% de los menores afectados habita en zonas rurales, donde la presencia del Estado es débil y la atención, escasa. En estos territorios, la pobreza, el abandono, la violencia intrafamiliar y el reclutamiento armado configuran un escenario de profundo sufrimiento para la niñez, invisibilizada ante los ojos de todos.

Casos como el del docente Freddy Arley Castellanos, vinculado al hogar infantil Canadá, operador del ICBF en Bogotá y acusado de abusar presuntamente de varios niños de tres años, estremecen por la gravedad y la traición de confianza. ¿Cómo se sobrevive a algo así con apenas tres años?

Y aun así, siguen siendo niños. Juegan cuando pueden, sonríen cuando reciben una caricia sincera, sueñan con un mundo feliz, aunque su entorno sea una pesadilla. Pero no deberían resistir. Deberían vivir. Deberían crecer sintiéndose seguros, amados, escuchados.

Como país, no basta con leyes severas si seguimos tolerando la impunidad y el olvido. No es suficiente indignarse cuando un caso se vuelve viral. Se necesita un compromiso real: denunciar sin miedo, acompañar con humanidad, prevenir con educación y sanar con justicia.

Los factores de riesgo son múltiples: violencia intrafamiliar, pobreza, abandono, reclutamiento forzado (con 463 casos reportados el último año) y la falta de educación sexual. Las niñas son las más afectadas, representando el 56% de las víctimas de violencia.

Pese a avances como la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores, la impunidad persiste. Muchas denuncias no prosperan, las investigaciones se estancan y las condenas son escasas. Se requiere más que castigos ejemplares: hace falta una transformación estructural del sistema de protección infantil.

Es urgente definir y evaluar desde la psicóloga forense se tienen instrumentos para perfilar posibles agresores y prevenir riesgos, estrenar la nueva ley de Salud Mental, fortalecer las rutas de atención, mejorar la articulación entre entidades como el ICBF, la Policía, la Fiscalía y el sistema educativo, y lanzar campañas masivas de prevención y sensibilización. Denunciar cualquier sospecha de abuso, educar a los menores para que reconozcan situaciones de riesgo, brindar apoyo psicológico y vigilar de cerca sus entornos son acciones clave para detener esta tragedia.

La protección de la niñez es una responsabilidad colectiva. Como sociedad, debemos unirnos para garantizar a todos los niños y niñas un entorno seguro, digno y libre de violencia.

La infancia no espera, son solo los primeros 7 años. Cada niña o niño violentado es un llamado urgente a la conciencia nacional. ¿Hasta cuándo miraremos hacia otro lado?

Porque quien daña la infancia, rompe un país. Y quien la protege, la reconstruye.

Marcela Clavijo

¿Malas cifras de EPM en la alcaldía de Fico?

Los resultados financieros del Grupo EPM y su casa matriz, Empresas Públicas de Medellín (EPM), correspondientes al primer trimestre de 2025, representan mucho más que una simple pérdida contable. Revelan una tendencia estructural que pone en riesgo la sostenibilidad de una de las instituciones más importantes del patrimonio público paisa. El Grupo EPM reportó ingresos por $9,4 billones, lo que representa una disminución del 7% frente al mismo periodo del año anterior. En el caso de EPM, la caída fue del 11%, cerrando con ingresos por $4,3 billones. Pero lo más grave: la utilidad neta del Grupo cayó un 16% (hasta $1,4 billones), y la de EPM un 23% (hasta $1,2 billones). Esta no es una situación menor.

¿Cómo se explica que una empresa históricamente eficiente, ejemplo de buena gestión pública, esté viendo reducidos sus ingresos y utilidades de forma tan drástica? La respuesta es evidente: porque la actual administración municipal, encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez, ha demostrado un desinterés intencionado y sistemático por el cuidado de lo público. Bajo su mandato, EPM ha sido sometida a una serie de decisiones equivocadas que debilitan su autonomía, comprometen su estabilidad financiera y la alejan de su misión social.

 

Nombramientos por conveniencia política, directivas técnicamente débiles, y un desdén constante por los principios de planeación a largo plazo han convertido a EPM en una caja menor del ejecutivo municipal. La política ha reemplazado a la técnica. El resultado está a la vista: una empresa menos rentable, con menor margen de maniobra y, lo que es más preocupante, con menor capacidad para sostener su rol como motor de desarrollo regional.

A esto se suma un contexto de presiones financieras crecientes. Durante el primer trimestre de 2025, el Grupo EPM realizó inversiones por $928.000 millones, y EPM destinó $201.000 millones para la culminación de Hidroituango, el eterno boquete de recursos. Estas inversiones son necesarias, pero cuando se realizan sin una estrategia clara de sostenibilidad financiera, pueden comprometer la estabilidad a futuro. Más preocupante aún es que el EBITDA del Grupo cayó 16% y la rentabilidad operativa está en descenso. Esto afecta la capacidad de EPM para sostener su crecimiento, atender emergencias o responder a las nuevas condiciones del mercado energético.

Y, sin embargo, en medio de esta tormenta financiera, la Alcaldía de Medellín recibió $483.000 millones como parte de las transferencias por excedentes de EPM. Esa cifra representa el 55% de las utilidades de 2024. Es decir, incluso cuando la empresa muestra signos de debilitamiento, se la sigue exprimiendo para financiar el funcionamiento del municipio.

Esa realidad obliga a una exigencia contundente: si el Distrito está recibiendo recursos de una empresa que empieza a mostrar fatiga financiera, está obligado a invertirlos en el bienestar de la gente. Federico Gutiérrez no puede seguir beneficiándose del prestigio de EPM mientras su administración la descuida. Esos recursos deben verse reflejados en más colegios, más acueductos rurales, más seguridad barrial, más oportunidades para los jóvenes. De lo contrario, habremos pasado de tener una empresa modelo de desarrollo a una fuente de caja vacía.

Desde el Congreso seguiremos ejerciendo control político. Medellín merece una administración que defienda su patrimonio, que entienda que lo público no se administra con retórica sino con resultados, con responsabilidad y con una visión de largo plazo. Si el alcalde Gutiérrez no está dispuesto a asumir esa tarea, que lo diga. Porque nosotros sí estamos dispuestos a dar la pelea por EPM.

Alejandro Toro

¿Para qué y para quién escribir?

A propósito de la Feria Internacional del libro de Bogotá (La FILBO) que discurre en este momento, con el éxito de siempre, en la que pululan los libros y los autores de los mismos y se atiborran todos los espacios con amantes de la lectura, me permito compartir con los lectores de mis columnas semanales algunas reflexiones propias sobre el arte de escribir, empezando por citar a nuestro laureado con el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez cuando dijo: “no me explico cómo hay escritores que no se dejan inquietar por algo que afecta y a veces determina la realidad en que viven”.

Una pregunta recurrente que uno se hace a sí mismo, sobre todo en los tiempos que corren, en los que priman la frivolidad y la trivialidad, productos de una gran frigidez intelectual que abruma, es para qué y para quién escribir, sin esperar el acostumbrado y esperado like propio de las redes sociales.  En mi caso, me hecho a la idea de que lo que uno no escribe y publica no existe, escribir se me ha vuelto una necesidad imperiosa, tan perentoria como respirar; no me hallo a mí mismo sin escribir.

 

Cuanto más leo, me informo, aprendo y desaprendo, abrevando en las fuentes del conocimiento, más abrasadora es el ansia de escribir. Tanto más en cuanto que el conocimiento jamás será capaz de agotar la realidad, que siempre está en estado de mutación. Con razón dijo Heráclito que nadie se baña dos veces en las aguas de un mismo río, pues la realidad al igual que el agua fluye permanentemente. A ratos, en mi diario discurrir, leyendo, analizando e investigando siento una sensación que me lleva a evocar al Quijote cuando exclamó “se va anchando Castilla delante de mi caballo!

La necesidad, el deseo y la fascinación por el hábito de escribir se conjugan, para hacer de mis escritos una razón de ser y de existir. En mi obra siempre encuentra el lector una verdadera lluvia de ideas – fuerza, embrionarias unas, en fecundación otras y las más en permanente estado de hibernación. La variedad de la temática, escrito en un lenguaje llano y simple, sin términos abstrusos e ininteligibles, hacen ella textos de consulta para legos y entendidos en distintas disciplinas del saber.

El tono de mis escritos es controvertido y controversial, crítico – al fin y al cabo, como dice Camus, el escritor, y yo no presumo serlo (¡!), no puede estar al servicio de los que hacen la historia, sino de quienes la sufren -, para nada dogmático y tienen por hilo conductor una línea de pensamiento fundada en los principios ideológicos con los que comulgo, imbuidos de una gran sensibilidad social, como buen socialdemócrata que soy. Siempre me he declarado como Churchilleano en política, orteguiano en filosofía y keynesiano en economía. Mis opiniones son mis convicciones!

Entre los años 1979, cuando vio la luz mi primer libro, La crisis energética y el petróleo en Colombia y el 2025, cuando empezó a circular mi más reciente producción, La historia no contada del gas natural en Colombia he escrito y publicado 50 obras. Y entre estas se cuenta una serie de Escritos, de los cuales ya se cuentan 24 volúmenes, en los cuales, a diferencia de los demás que versan sobre temas específicos, compendio columnas, artículos, opúsculos, ponencias, en torno a asuntos muy variados, enfocados fundamentalmente en la economía, la energía, la minería, el medioambiente, la política y las regiones. Me propuse hacerlo porque de otro se perderían y refundirían en el maremágnum de documentos que archivo, de tal modo que ni yo mismo volvería a dar con ellos.

Finalmente, quiero compartir con mis lectores una infidencia: me esmero tanto en lo que escribo, como en el modo, la manera y el estilo con que lo hago, pues al decir de Mario Benedetti “si la forma en que se escribe es torpe, perjudica en primer término al mensaje. Lo primero que hay que cuidar es la forma literaria”. Al fin y al cabo, según la frase que se le atribuye a Georges – Louis Leclerc, conde Buffon, naturalista francés se dice sentenciosamente que el estilo es el hombre!

Coletilla: les comparto la felicidad y la satisfacción que siento al haber sido honrado por parte del Banco de la República su Gerente Leonardo Villar al recibir la donación que le hice a la Biblioteca Luis Ángel Arango de 5.400 volúmenes de mi biblioteca personal, la misma que me ha servido durante tantos años de manantial y abrevadero del conocimiento, para que ahora muchos más tengan la posibilidad de acceder a ellos!

Amylkar Acosta

1.462 menores han sido diagnosticados con consumo abusivo de sustancias psicoactivas en Bogotá

Las más recientes cifras revelan una situación alarmante en relación con el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) entre la población infantil y adolescente de Bogotá. Lo que más consumen los menores de edad en la capital es marihuana, tabaco y alcohol.

Sin embargo, también hay reportes de consumo de drogas más adictivas y dañinas para el ser humano como la cocaína, el bazuco y el éxtasis. Las autoridades advierten que las cifras podrían ser incluso mayores, debido a que un mismo menor podría estar consumiendo múltiples sustancias simultáneamente.

 

Los estratos 1 y 2 concentran la mayor proporción de consumidores de SPA, mientras que el consumo de alcohol es más común en los estratos 4, 5 y 6, aunque el uso perjudicial está más presente en los niveles socioeconómicos más bajos.

Sustancias ilícitas incluye: Dick, Popper, marihuana, cocaína, basuco, heroína, metanfetaminas y metadona sin receta médica

Las localidades con más casos reportados en 2024 fueron:

En los últimos cinco años, se han recibido 20.457 notificaciones de consumo provenientes de instituciones educativas, tanto públicas como privadas. “Esta realidad requiere una respuesta urgente del Distrito. No podemos seguir permitiendo que nuestras niñas, niños y adolescentes caigan en las redes del consumo sin una política preventiva clara, intervención oportuna y fortalecimiento del tejido social en los entornos más vulnerables”.

Además, preocupa la cantidad de casos remitidos a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios en Salud (EAPB) para recibir tratamiento. Solo en lo corrido de 2025, se han reportado 249 menores, de los cuales 6 son niños entre 6 y 11 años. En 2024, fueron 80 casos en ese mismo rango de edad.

Julián Uscátegui

La infancia de Colombia está en peligro

Consternados, indignados, sacudidos o cualquier otro calificativo es insuficiente para describir el dolor que nos une como nación tras los aberrantes hechos ocurridos en un jardín infantil de Bogotá, a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. 

Hablo de lo sucedido en el Hogar Infantil Canadá, ubicado en la localidad de San Cristóbal, suroriente de la capital colombiana. En ese lugar, menores entre los dos y cuatro años, habrían sido víctimas de Freddy Arley Castellanos, un docente del ICBF, quien fue capturado por presunto abuso sexual a cerca de 12 niños.

 

Este horroroso caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de una crisis en la protección de lo más valioso que tenemos como sociedad: la infancia.

El gobierno actual se ha caracterizado por dejar de lado la protección de niños, niñas y adolescentes, al punto que, hasta el propio presidente de la República, Gustavo Petro, lo ha reconocido públicamente (sin que anuncie una política seria para afrontar la situación). 

En ese sentido, debo señalar con firmeza que la responsabilidad sobre lo sucedido recae en el gobierno de Petro. Es a este gobierno al que las madres de los menores reclaman justicia, apoyo y reparación. Han sido esas madres quienes alzaron su voz en defensa de sus niños. Sin embargo, el mandatario ha sido indiferente a este dolor.   

A Colombia no se le olvida que la primera directora del ICBF nombrada por el petrismo fue la señora Concepción Baracaldo, amiga íntima de la primera dama Verónica Alcocer. “Concha”, como le dicen en su círculo cercano, no tenía experiencia alguna en asuntos de infancia, de hecho, su principal cualidad era una relación de amistad con Alcocer. Entre sus polémicas salidas se destaca haber puesto a cantar el Himno de la Alegría a los asistentes de un evento.  

Debo decir que, desde el momento mismo en que se designó a Baracaldo, en la oposición de Colombia cuestionamos lo que se venía para la infancia de todas las regiones del país. El tiempo nos dio la razón.  

Dicho y hecho, el clientelismo y el haber tomado el ICBF como fortín burocrático, desencadenó hechos trágicos como el de San Cristóbal, pues al convertir la institución en una entidad burocrática, se dejaron de lado procedimientos, rigurosidad de funcionarios y planificación en la protección de menores.

Sin duda, el caso del jardín infantil en Bogotá expone las consecuencias de estas decisiones. La falta de supervisión y protocolos efectivos permitió que un agresor operara impunemente en una institución bajo la supervisión del ICBF.

Era tal el miedo que los niños le tenían al profesor que los amenazaban con enviarlos bajo su supervisión, según el testimonio de una madre. ¿No era esto un medidor suficiente para que se tomaran acciones?

Lo anterior, no es un incidente aislado, pues en el primer trimestre de este 2025, se registraron 2.404 alertas de abuso sexual a menores desde entornos escolares en Bogotá.

Por lo anterior, es imperativo que el gobierno tome medidas concretas para proteger a la infancia, incluyendo una política de Estado. Esto implica nombrar líderes con experiencia y compromiso en la defensa de los derechos de los niños, implementar protocolos de supervisión efectivos en las instituciones educativas y garantizar que las denuncias de abuso sean investigadas y sancionadas con celeridad. Debemos unirnos como sociedad y exigir la renuncia de la directora actual del ICBF, Astrid Eliana Cáceres.

Esta columna es una voz de protesta en solidaridad con todas las víctimas y sus familias.

Andrés Barrios Bernal

Autoritarismo democrático: el Estado como arma para apropiarse del poder

El segundo mandato de Trump no representa una amenaza hipotética para la democracia estadounidense, advierten los profesores Levitsky y Way, sino su desmantelamiento desde adentro. A diferencia de su primer mandato, Trump no llega como un outsider sin experiencia, sin plan ni estructura partidaria. Llega con todo eso. Hoy domina completamente al Partido Republicano, ha purgado a los críticos internos y promete gobernar con leales que lo acompañarán en un proyecto autoritario que ya no se oculta: enjuiciar a sus rivales, castigar a los medios y usar al ejército contra las protestas. Ahora, todo bajo el paraguas de una inmunidad presidencial casi total, otorgada por una decisión extraordinaria de la Corte Suprema. (S.Levistky, L.Way, El camino hacia el autoritarismo estadounidense, POLIS, 2025).

Pero lo más inquietante -afirman Levitsky y Way- no es que se destruya el orden constitucional: es que no será necesario. Estados Unidos seguirá teniendo elecciones, partidos, jueces y prensa. Lo que cambiará será la cancha. El poder presidencial se utilizará para inclinar el terreno, manipular las instituciones, y hacer cada vez más costosa y riesgosa la oposición (¿un golpe blando?). No se trata de una dictadura al estilo clásico. Se trata de un autoritarismo competitivo, un régimen donde la competencia existe, pero es sistemáticamente injusta. (S.Levistky, L.Way, Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism, Journal of Democracy, 2002). Permítaseme proponer una traducción más descriptiva para nuestro medio: autoritarismo democrático. Paradójico sí, pero está sucediendo.

 

Este modelo, que ya hemos visto en Venezuela, Nicaragua, Hungría, Rusia, India y El Salvador, permite que el gobierno conserve las formas de la democracia mientras degrada su esencia. Y para lograrlo, necesita una herramienta central: el Estado. No como garante de derechos, sino como arma de intimidación, castigo y cooptación.

A continuación, resumo las nueve formas concretas en que, según Levitsky y Way, el Estado puede volverse un arma al servicio del poder:

  1. La justicia como herramienta de intimidación
    El primer paso es el uso del aparato judicial para perseguir selectivamente a los críticos. No se necesita inventar delitos. Basta con usar los ya existentes: evasión fiscal, errores en registros, incumplimientos menores. La justicia se convierte en un mecanismo de desgaste, no de sanción. Lo que importa no es condenar, sino agotar.
  2. La burocracia profesional, convertida en botín
    En las democracias sanas, los funcionarios de carrera sirven al Estado, no al presidente. Pero el plan de Trump de revivir el “Anexo F” permitiría despedir a miles de empleados y reemplazarlos con leales sin experiencia. Es una purga encubierta. Y donde antes había normas, quedarían órdenes.
  3. Premios y castigos desde el Estado regulador
    Quien controla las licencias, los contratos, las exenciones tributarias y las sanciones, tiene un poder inmenso. Un Estado politizado puede castigar a empresas opositoras, ahogar medios independientes o premiar con contratos públicos a quienes se alineen. El mensaje es claro: “si no estás conmigo, estás en problemas”.
  4. Universidades bajo amenaza
    Las universidades -por ser centros de pensamiento crítico- se vuelven objetivos naturales. Bajo el autoritarismo competitivo, se las somete a auditorías, se amenaza su financiación, y se politizan sus procesos de acreditación. El objetivo no es cerrarlas, sino disciplinarlas.
  5. El ataque legal a la prensa libre
    Las demandas por difamación se vuelven una forma elegante de censura. No importa ganarlas. Basta con imponer miedo, desgaste económico y autocensura. Los medios, para sobrevivir, se moderan, se silencian o desaparecen.
  6. El IRS como martillo político
    En EE. UU., las donaciones a campañas son públicas. Con un IRS politizado, basta con cruzar esa información para seleccionar a quién auditar, a quién castigar. Incluso si no se hace, la amenaza basta para disuadir. La política se convierte en un riesgo fiscal. (IRS = Internal Revenue Service, el servicio de recaudo de impuestos).
  7. Impunidad para los violentos propios
    El Estado arma no solo persigue a los adversarios. También protege a los aliados. La inacción deliberada del Departamento de Justicia ante actos de violencia política -como los del 6 de enero- envía un mensaje: quienes atacan a la oposición no solo serán tolerados, sino protegidos.
  8. Desgaste y autocensura de la oposición
    No hace falta encarcelar a todos los críticos. Basta con subir el costo de oponerse. El miedo a las represalias fiscales, judiciales o comerciales lleva a muchos a retirarse. Periodistas que dejan de investigar. Rectores que prefieren el silencio. Empresarios que ya no donan. El ecosistema opositor se seca sin necesidad de disparar.
  9. Cooptación preventiva: la “gran capitulación”
    Finalmente, el arma del Estado también seduce. Quien controla regulaciones y contratos puede comprar obediencia. Empresas tecnológicas y grandes medios han comenzado a acercarse al nuevo poder, no por convicción sino por cálculo. Lo mismo ocurre con académicos, donantes y líderes sociales. Lo llaman “realismo”. Pero en la práctica es una rendición anticipada.

Levitsky y Way no vaticinan una dictadura clásica para EE. UU. No habrá cierre del Congreso ni desapariciones. Pero sí podría consolidarse un régimen donde la oposición existe, pero compite en desventaja estructural. Donde la ley se aplica con doble rasero. Donde el miedo sustituye al debate, y la resignación al voto.

Lo más inquietante: este patrón no es exclusivo de Trump como ya se dijo. Se está viviendo en Venezuela, Hungría, Turquía, Rusia, India, Nicaragua, se ha visto en Perú y en Brasil, en donde, como Colombia, las instituciones políticas, económicas y sociales son mucho más débiles que en Estados Unidos. La maquinaria del Estado puede convertirse en un botín y en un arma. Depende del verdadero compromiso democrático de quién la controle versus la fuerza -y el coraje- para resistir que tenga la sociedad.

Por encima de las preferencias políticas personales, este análisis sirve como una ilustración esencial -y urgente- para reflexionar sobre la salud de la democracia en Colombia, porque resulta alarmante que en conversaciones cotidianas sea común oír la pregunta de si el presidente Petro seguirá o no en 2026. No porque pueda afirmarse que hay señales claras de ruptura institucional, sino porque el talante de un gobernante puede llevar a tensar -o respetar- los límites del poder. Y eso no debería depender jamás de las simpatías personales, sino del compromiso colectivo con las reglas del juego democrático.

Referencias

J.Arango, La estrategia de los inocentes, ConfidencialNoticias, 2025.
S.Levistky, L.Way, El camino hacia el autoritarismo estadounidense, POLIS, 2025.
S.Levistky, L.Way, Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism, Journal of Democracy, 2002.

Rafael Fonseca Zarate

En defensa de la propiedad privada

La propiedad privada uno de los principios del derecho natural que ha servido para cimentar las sociedades occidentales se encuentra riesgo. Nuevos vientos apuntan hacia la sustitución de la propiedad privada por la propiedad colectiva. Cada día se dan más reflexiones desde la academia y los foros políticos para asignarle a la propiedad privada funciones, sociales, ambientales, culturales e históricas, adicionales a la natural función económica que le corresponde por naturaleza como elemento del patrimonio individual. La debacle de la propiedad privada es también la hecatombe de la autonomía individual.

El filósofo inglés John Locke (1632-1704) en el Segundo tratado sobre el gobierno civil (1689) concibe la propiedad como un todo que recae sobre la vida, la libertad y los bienes. La propiedad sobre los bienes constituye la máxima expresión de la autonomía individual, postulado que han defendido tanto liberales clásicos, conservadores, liberales modernos y libertarios. La propiedad privada es socavada lentamente como se evidencia por parte de regímenes de partido único que, proponen lograr la prosperidad común de la mano del estado para el año 2050 lo que implicará mayores restricciones a la libertad y a la propiedad privada. Buscar la prosperidad común no es inconveniente, el inconveniente surge cuando para lograrlo se atenta contra las libertades individuales y se prioriza la propiedad colectiva sobre la privada. Estados que se erigen como las únicas superpotencias que terminarán por imponer su modelo y visión del mundo.

 

En Europa está el caso de Alemania cuya Constitución Política dispone en el artículo 15 con fines de socialización que, el suelo, los recursos naturales y los medios de producción puedan ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva u otras formas de gestión colectiva mediante una ley que fije el modo y el monto de indemnización, norma que en más de cincuenta años no ha sido aplicada.

En Colombia el proyecto de unificación de los Códigos Civil y de Comercio presentado por la Universidad Nacional, en curso en el Congreso de la República, contempla artículos polémicos como el 24, 259, 268, 270, 271 y 272 que disponen entre otros aspectos, la asimilación de la posesión a la tenencia, la función social, ecológica, cultural e histórica de la propiedad privada que autorizarían al estado para expropiar, el desconocimiento de la propiedad privada por parte de las comunidades que consideren tener derecho sobre los bienes en disputa, el deber de conservación de predios rurales y urbanos so pena de abandono y transferencia de la propiedad al Estado. Proyecto legislativo que en el fondo tiene tintes de una potencial reforma constitucional, como quiera que modificaría el modelo económico dispuesto en la Constitución Política de 1991.

La propiedad privada está bajo amenaza, las señales de los tiempos conducen a su sustitución por la propiedad colectiva. Como afirmara el también filósofo inglés Roger Scruton (1944-2020) en su libro Cómo ser conservador (2014), los conservadores respetan la propiedad privada porque creen en la autonomía de los individuos. Atentar contra la autonomía individual en búsqueda de sociedades igualitarias es sumamente riesgoso, porque como dice Scruton, todo el mundo tendría lo mismo porque nadie tendría nada. En suma, sin propiedad privada no hay autonomía individual y sin autonomía individual no hay propiedad privada. Es prioridad conservarlas.

León SandovalFerreira

¡Abstención! ¿la otra estrategia constitucional?

No debía abstenerme en esta redacción de reseñar en varios párrafos dos condolescientes acontecimientos de la fé y las letras, que en menos de 15 días nos hicieron llorar por su definitiva partida: el Papa Francisco y el Premio Nobel, Mario Vargas. Un luto amargo para los latinos. En otro menester editorial haré sentir mi dolor por el ocaso de dos grandes humanos. La vida sigue, como sigue la dinámica informativa que me obliga a tener una mirada sobre la escandalosa Consulta Popular del Gobierno Gustavo Petro disque para revivir la Reforma Laboral, iniciativa que, según la última encuesta de Polímetro (@Polimetrica_), cuenta con un entorno positivo y favorable, -57% de los colombianos está de acuerdo- .

No me cabe duda de que los medios tradicionales y digitales -especialmente redes sociales- nos llenarán las mentes con mensajes incitándonos a votar por el Si o el No. Infiero será una pelea mediática sin precedentes entre los dos extremos de la «cosa política» criolla. Siendo realista y sin tener la credencial de «pitoniso» auguro un primer round a favor del gobierno Petro, teniendo en cuenta su organizada fuerza política, su representativa bancada en el Congreso, su robusto y ‘apetecido’ presupuesto y sus medios de comunicación públicos a plena disposición. A ojo cerrado gana el SÍ!

 

Entre tanto, la oposición o el extremo derecho desde ya enfila todas sus baterías para tratar de posicionar entre la opinión pública el NO en medio de fuertes criticas por parte de analistas en ciencia política, generadores de opinión y periodista, que les ven ‘pasivos’ para enfrentar una Consulta con aires de populismo electoral de cara a las elecciones del 2026 y retardados para enfrentar a un Petro y unos alfiles ensañados en seguir en el poder a como de lugar. «Una vez el Congreso le dé vía libre a la consulta, será indispensable que la oposición se organice y adopte una única estrategia, coherente y viable. Solo así será posible el triunfo contra el Gobierno», sugiere el ex Fiscal, Néstor Humberto Martínez, columnista de El Tiempo.

Siendo coherentes, a mi parecer, el Congreso en su pluralidad de la voluntad popular debe dar vía libre para que ‘el pueblo’ o mejor, el “constituyente primario” sea juez y parte definitiva del verdadero rumbo de la publicitada iniciativa, que en honor a nuestra Constitución Política, esta en el libre albedrio de ser llevada a cabo como mecanismo de participación ciudadana. Con ello, además, si el legislativo le da luz verde sugiere al Presidente, su bancada y sus seguidores acabar con el imaginario que el Congreso está en la absoluta posición de ‘frenar’ los proyectos de ley liderados por el primer gobierno de izquierda en la historia política de Colombia.

Pero en esta pelea de perros y gatos -gobierno vs oposición- también se debe tener presente la posición de los radicalizados a promover el NO, lo cual, a mi parecer, es valido en el sentido de hacer sentir entre las instituciones, los políticos y la opinión pública que la democracia esta viva, hecho que enaltece el debate y las hibridas posiciones ideológicas. Todo ello, bajo la premisa de respetar «la Constitución, solo la Constitución y nada más que la Constitución», como referencia, Fernando Carrillo en su libro, Defender la Democracia.

Democracia que nos permite alejarnos de las extremas posiciones y optar por abstenernos ante una iniciativa con intensos amagos de populismo, politiquería, corrupción, compra de conciencias ciudadanas e incluso de fuertes epítetos liderados por sus promotores -en cabeza del Presidente-, que en esencia promociona una Consulta a la brava, sin medir que el país cuenta con más de 50 millones de colombianos, 38 de ellos aptos para votar y 11 de los mismos que eligieron como presidente a Gustavo Petro. Voy más a fondo. Abstención también significa, para quienes vemos las debilidades de gobernanza en seguridad, finanzas del estado, generación de empleo formal, confianza de liderazgo, entre otros indicadores, la única forma viable de recoger el mayoritario sentimiento contra las malas decisiones y negras practicas del actual Presidente y sus ministros.

Permítame, amigo lector, recalcar que la estrategia de la abstención es una «posición política protegida constitucionalmente, al punto de que el régimen estatutario de las consultas regula también la campaña de la abstención, de la misma manera que por el Sí o por el No», sentencia, Néstor Humberto Martínez. Pero este propósito no se puede lograr, dicho coloquialmente, a la topa tolondra, pues se hace necesario tener lideres de todas las esferas sociales para promoverlo pedagógicamente como otra herramienta democrática que permita despertar a quienes creen tener la verdad absoluta sobre el SI o El No.

Desde esta vitrina la estrategia del voz a voz es: #YoMeAbstengoALaConsulta.

Edgar Martínez Méndez

Del Primero de Mayo a la consulta popular: el pueblo dice 12 veces Sí

La movilización del 1º de mayo de 2025 en Colombia ha marcado un punto de inflexión en la política nacional. No se trató de una fecha simbólica más ni de una simple jornada de conmemoración. Fue, en cambio, una verdadera demostración de fuerza y respaldo ciudadano al presidente Gustavo Petro y a su propuesta de convocar una consulta popular que permita sacar adelante la reforma laboral que el Congreso ha bloqueado sistemáticamente. En plazas y calles de todo el país, miles de trabajadores, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones sociales y sectores populares se volcaron masivamente para ejercer lo que la Constitución de 1991 consagra: el derecho a una democracia participativa.

Este respaldo popular no es solo emocional ni coyuntural. Una encuesta reciente de Cifras y Conceptos —realizada entre el 24 de abril y el 3 de mayo en las principales ciudades del país— reveló que el 57% de los ciudadanos está de acuerdo con la convocatoria a una consulta popular. Lo más relevante: cada una de las 12 preguntas propuestas obtendría un respaldo superior al 75%. Este dato es contundente y desarma el relato de quienes pretenden caricaturizar la propuesta presidencial como un “capricho autoritario”.

 

El contenido de la consulta apunta a garantizar derechos fundamentales largamente postergados. Por ejemplo, el 94% de los encuestados está de acuerdo con que trabajadoras domésticas, madres comunitarias, artistas y otros trabajadores informales sean formalizados o tengan acceso a seguridad social. El 92% apoya que las empresas contraten personas con discapacidad, y otro 92% aprueba que los aprendices del SENA tengan contratos laborales. Incluso la pregunta menos respaldada —la eliminación de la tercerización laboral mediante contratos sindicales— obtiene el respaldo del 75%. Es decir, hay un consenso social amplio sobre la urgencia de estas medidas.

Sin duda el llamado del Presidente a la consulta popular ha logrado conectar con una ciudadanía que empieza a comprender que el modelo de gobernabilidad tradicional, intermediado por los vetos del Congreso, no está respondiendo a las necesidades sociales. El 43% de los encuestados manifestó que probablemente acudiría a las urnas, lo que superaría el umbral exigido del 33,3% del censo electoral para que la consulta sea válida.

Pese a estos datos, la oposición ha reaccionado con temor. La sola posibilidad de que el pueblo decida directamente sobre temas sustanciales del contrato social ha desatado una campaña de desprestigio. Se ha intentado presentar la consulta como una amenaza al equilibrio institucional, como una herramienta de presión o como un símbolo de confrontación. Algunos, incluso, han criticado el uso de la espada de Bolívar por parte del presidente, ignorando el valor simbólico que este gesto tiene para muchos sectores sociales: la lucha por la justicia y la soberanía popular.

Detrás de estas críticas, sin embargo, lo que se esconde es el profundo malestar de una élite política acostumbrada a decidir entre pocos, a espaldas de la ciudadanía. La consulta popular, como herramienta constitucional, no es ni ilegal ni ilegítima. Al contrario, representa una oportunidad histórica para democratizar el poder, para empoderar al pueblo, y para abrir caminos de participación real que superen los límites de la democracia representativa secuestrada por intereses corporativos y clientelistas.

En este contexto, se vuelve fundamental que el pueblo se organice más allá de las marchas y las urnas. Es urgente conformar comités barriales, locales y territoriales por la consulta popular, espacios abiertos, amplios y diversos donde trabajadoras, jóvenes, líderes sociales, comunidades étnicas, organizaciones sindicales y movimientos ciudadanos se articulen para explicar con claridad y pedagogía el contenido y la importancia de esta iniciativa democrática. Solo un pueblo informado puede vencer la desinformación y enfrentar las matrices de odio que pretenden deslegitimar las demandas de justicia laboral y social. Estos comités deben convertirse en un gran tejido ciudadano que defienda el derecho a decidir y a construir un país más justo desde abajo, desde los territorios.

Lo que vimos el 1º de mayo fue un grito democrático. Fue el pueblo diciendo: no aceptamos más bloqueos, queremos decidir. La participación ciudadana no es un riesgo, como lo plantea la oposición; es la base de toda democracia verdadera. Y esa democracia, que hoy defendemos en las calles y que queremos ejercer en las urnas, no puede seguir siendo un privilegio de las élites. La historia nos llama a dar un paso adelante. Si el Congreso no legisla para el pueblo, será el pueblo quien legisle desde las urnas.

Quena Ribadeneira