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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

¿La Jugadita que llevo al decreto presidencial del presupuesto 2025?

Es importante ilustrar que en Colombia existen tres ramas del poder; el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El nivel ejecutivo es dirigido por el presidente de la República con su equipo de ministerios y entidades adscritas. Cada cuatro años en Colombia cuando se elige un presidente también se elige un programa de GOBIERNO, durante el primer año ese programa de gobierno se amortiza presupuestalmente y se crea el plan de desarrollo nacional, nuestro presidente Gustavo Petro llamó a su plan de desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida”. Año a año el presidente y el gabinete ministerial especialmente los ministerios de hacienda, del interior y el departamento nacional de Planeación, radican el presupuesto nacional en el congreso de la República, en las comisiones económicas terceras y cuartas de Senado y Cámara, estas reitero son el poder legislativo, su deliberación, proposiciones y ponencias dependen de los componentes de la constitución, el plan de desarrollo y necesidades del país y son elaborados por las y los senadores y las y los representantes a la cámara. En la rama legislativa se da el debate político, se argumenta, se critica, se innova, se propone, y claro en ejercicio de la oposición se plantea y argumenta el debate.

Como lo dije anteriormente cada vez que se radica un proyecto de ley se envía a las comisiones respectivas, y se le da trámite según la ley quinta, es por ello que las conciliaciones y los debates se vuelven parte de las ponencias y estas pueden ser modificadas vía proposiciones por las y los congresistas, que básicamente para ello son elegidos por el pueblo colombiano.

 

El presupuesto 2025 el cual fue presentado de manera impecable por el ministro de hacienda Ricardo Bonilla, por un monto de 523 billones de pesos, que para algunos está desfinanciado en por lo menos 12 billones de pesos y que argumentaban que la plata que falta tendría que salir de otra reforma tributaria, y que algunos miembros del Congreso están pensando en las garantías de las elecciones de 2026, pero pese al momento, aun así, avanzó y de los 93 congresistas de las comisiones económicas que debían aprobar el monto de los 523 billones de pesos antes del 15 de septiembre, más de la mitad incluyendo aliados del gobierno presentaron una proposición para bajarlo a 511 billones de pesos y evitarse tal reforma con mejoras y claridades al parecer con buenos ojos del gobierno.

A pesar de las proposiciones a pesar el enfrentamiento en cabeza de Miguel Uribe rápidamente se midió el clima y se vio este presupuesto no puede prosperar. Basta con que una de las cuatro comisiones económicas terceras y cuartas de Cámara y Senado se rechace la proposición de reducción presupuestal para que se hunda, el gobierno solo tiene fija a la tercera de Cámara. Los congresistas de oposición e independientes manifiestan que el presupuesto esta desfinanciado basándose en los tanques de pensamiento económico de entidades como Fedesarrollo que advierten un supuesto desfase de 26, 6 billones de pesos. Así parte de la comunidad económica le mide el aceite al legislativo especialmente a las económicas.

Las normas del presupuesto dicen que las cuatro comisiones deben aprobar en plenaria en simultáneo, con debate, con proposiciones, buscando un consenso y si una no lo aprueba, se hunde la propuesta, esto es lo que se espera del legislativo, pero lo que sucedió el día 25 de septiembre del 2024 es una práctica que no puede coger fuerza en la democracia y menos en el parlamento y es salirse del recinto para desbaratar el quorum.

Cuando el senador Uribe Turbay retiro la proposición de su autoría, rápidamente la plenaria de cuatro comisiones vuelve a sumar y entonces ellos con otros independientes, ¿Que hacen? La fácil salirse del recinto y acabar con el Quorum y así cerrar la sesión.

¿y entonces? ¿Que sigue? ¿qué debe hacer el gobierno? Irse con su propuesta y con la única proposición radicada por el ejecutivo que ya no le sirve para mucho, porque lo que queda es el decreto presidencial, de salir por decreto el presupuesto sale con la radicación original. Efraín Cepeda, presidente de la comisión Tercera y del Senado, quien fue artífice de mover propuesta presupuestal para bajar el monto a los 511 billones de pesos, se quedó con el ejercicio politico y económico, porque fueron sus congéneres los que se salieron del recinto. 

El argumento central es que no se puede aprobar un gasto superior al de los ingresos, hacerlo implicaría darle la bendición a la reforma tributaria y decían; “Tampoco los congresistas deben ser presionados para aprobar leyes con el fin de no descompletar el presupuesto general de la Nación”, pero con la salida del recinto estas frases quedaron de cajón, el cajón que le querían hacer al gobierno. ¡Que jugaditas!

¿Qué camino queda?  el decreto presidencial para el gobierno, para la oposición una demanda en la corte, el tercer poder el judicial, las cortes, los jueces y magistrados los cuales intervienen cuando peligra el balance constitucional.

Claramente la propuesta de presupuesto del ministro Bonilla a mis ojos es justa, reduce gastos innecesarios para el estado y ajusta lo fundamental para el pueblo para las y los más pobres, es un presupuesto que le vota todo a las condiciones sociales, justas, sensibles y cuidadoras de la gente, de la protección de la naturaleza y los animales que nos prometió, que lo único que busca es saldar la brecha histórica de desigualdad, de ninguna manera desbalancea el orden constitucional, este gobierno lo que más quiere es hacer cumplir la constitución por la que firmo también la paz en el año de 1991.

Adelante presidente y ministro, sabíamos que no iba a ser fácil, sabemos luchar contra corriente, y sabemos que lo mejor está por venir.

Aprovecho para decirles que estoy muy feliz por la protesta presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo primera presidenta de México después de 65 presidencias y su consigna “Amor con amor se paga”.

Marcela Clavijo

Hipocresía de sangre

En Colombia está prohibida cualquier tipo de retribución por donar sangre, no se permite rifas, alimentos, ni publicidad. Si bien es entendible la preocupación por evitar incentivos perversos, como es el caso de los órganos, Colombia se destaca como uno de los países más restrictivos del mundo en cuanto restricciones para donación de sangre. A pesar de nuestras altas tasas de violencia y accidentalidad vial, no hay medidas efectivas para combatir el déficit estructural de oferta de sangre del país. Mientras tanto, EEUU se ha convertido en el líder global de venta de productos sanguíneos, generando US$37 mil millones, con lo cual supera sus exportaciones de carbón y oro. Colombia debería permitir compensaciones económicas por las donaciones de sangre, no solo para cubrir su déficit interno, sino también para exportar a otros países.

Según la revista The Economist, el 80% del plasma global proviene de solo cinco países: EEUU, Austria, la Republica Checa, Alemania y Hungría, en donde los debates filosóficos sobre la posibilidad de pagar por donaciones de sangre se resolvieron rápidamente. La extracción es un proceso sencillo: se separa el plasma y se devuelve el resto al cuerpo, sin causar daño, ya que el organismo repone naturalmente el impacto de la transfusión. Según centros de CSL Plasma, un donante en EEUU puede recibir ingresos mensuales de entre dos y cuatro millones de pesos, en España la cifra es cercana a 1.3 millones de pesos. Claramente, el incentivo económico motiva la gente a donar.

 

La Ley 919 de 2004 impuso sanciones penales por la remuneración en donaciones de sangre, a pesar de que varios decretos y resoluciones ya reglamentaban el tema.  Esta legislación se motivó por la complejidad ética de que alguien, por necesidad económica, pudiera ofrecer parte de su cuerpo, como órganos, que le causaran daño permanente, Además, fue influenciada por cadenas de correos de historias macabras de robo de órganos.  Sin embargo, es difícil entender por qué se incluyó la sangre en estas restricciones. Ofrecer dádivas por una donación de sangre puede conllevar de tres a seis años de cárcel. No es un buen uso de la policía ni del aparato judicial estar tratando de meter a un médico preso por regalar una camiseta a un donante.

Actualmente, Colombia produce menos de un millón de “pintas” (unidades de 450 ml) de sangre, mientras requiere 1´450.000 basado en su población. Y eso que este monto está basado en la dificultad de conseguir plasma para diferentes terapias, si existiera suficiente disponibilidad, probablemente su uso médico aumentaría. En el caso de que se permitiera aumentar la producción de sangre en el país, sería razonable obligar a satisfacer la necesidad nacional antes que exportar. Durante el Covid-19, se disparó la demanda de sangre y la imposibilidad de donar colapsó los inventarios globales. Fue tan grave, que Italia y Francia anunciaron racionamientos.

Es muy fácil ser más papista que el Papa y oponerse a todo. La oportunidad de tener más insumos médicos para abaratar costos y dar mayor flexibilidad a los médicos tiene sentido. También existe una gran oportunidad económica para muchos ciudadanos. Puede que sea hora de acabar la hipocresía en sangre, le podemos competir a EEUU y Alemania, por lo menos en esto.  

Simón Gaviria

Comportamiento de la violencia homicida en Colombia, Medellín y Bogotá 1980, 2023

De manera recurrente, se piensa que hoy estamos viviendo uno de los peores momentos en materia de violencia y delincuencia debido a las acciones delictivas que se vienen presentando por parte de grupos criminales, desconociendo los logros alcanzados materia de seguridad en las últimas tres décadas.

Desde luego existen graves problemas que deterioran la seguridad de los ciudadanos en algunos territorios, especialmente en lo que tiene que ver con el crecimiento y control territorial de los grupos armados, pero es a partir de los aciertos y errores cometidos en el pasado que es posible retomar la senda de disminución de los hechos de violencia y delincuencia y recuperar la seguridad, partiendo de la frase “construir sobre lo construido”, usada por analistas y políticos, y dejando de lado la idea de desconocer los logros alcanzados por el país en este y en otros campos del desarrollo.

 

La violencia homicida, afecta el más importante derecho fundamental, “la vida”. Colombia en las últimas cuatro décadas ha registrado más de 800 mil homicidios dolosos, y como se expone a continuación, con momentos de incrementos y de disminución por distintos factores y por acción u omisión del Estado.

A continuación, se presenta, de manera particular, la situación de Colombia desde 1980 y, de manera general, los resultados de Medellín, Cali y Bogotá desde 1988 hasta el año 2023.

Crece la violencia homicida en los 80.

Durante los años 80 la violencia homicida en Colombia creció hasta el año 1991, año con la tasa más alta durante las últimas tres décadas, con 84 homicidios por cada 100 mil habitantes, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Periodo que se caracteriza por el crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones ligadas al narcotráfico, el nacimiento de los primeros grupos de paramilitares financiados por los carteles de la droga, como el MAS (Muerte a Secuestradores) y un accionar fuerte de las guerrillas, en especial de las FARC y del M-19. A finales de los 80 las acciones terroristas del narcotráfico en contra de la extradición se incrementaron.

Tiempo conflictivo que deterioró la seguridad de los ciudadanos, el narcotráfico diezmo de manera violenta la justicia colombiana e infiltró la política, varios candidatos presidenciales fueron asesinados, las autoridades de seguridad y justicia se concentraron en el conflicto armado y la delincuencia común no tuvo la atención debida.

Baja la violencia homicida 1992, 1998

A partir del año 1992 la violencia en Colombia se comenzó a reducir, pasó de una tasa de 84 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1991, a 57 en 1998. Este resultado se dio, entre otros factores, por:

Elaboración y ejecución de la primera política de seguridad del Estado colombiano, “La Estrategia Nacional Contra la Violencia”.

Creación del Bloque de Búsqueda en contra de los carteles de las drogas de Medellín y de Cali.

La reforma y depuración de la Policía Nacional.

Desarticulación del cartel de Medellín, cuándo es dado de baja Pablo Escobar el 4 de diciembre de 1993 en Medellín.

Captura de los líderes del Cartel de Cali en 1994.

La desmovilización de nueve grupos guerrilleros (M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Popular de Liberación, el Movimiento Quintín Lame, el Comando Ernesto Rojas, la Corriente de Renovación Socialista, las Milicias Populares de Medellín y el Frente Francisco Garnica) a través de los diálogos de paz del gobierno de Cesar Gaviria

Elaboración y ejecución de políticas integrales de seguridad ciudadana de las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá, con base en la Constitución de 1991 que daba responsabilidades en materia de seguridad a los alcaldes y gobernadores, contribuyendo a la reducción de la violencia homicida.

Vuelve a crecer la violencia homicida 1999, 2002.

En ese periodo la tasa de homicidios pasó de 57 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1998 a 67 en 2002. Esto debido principalmente a tres causas:

La presencia y accionar de grupos paramilitares en las principales ciudades del país.

Al fallido Proceso de Paz del Caguán con las FARC

Y al descuido estatal de la seguridad ciudadana.

Baja importante de la violencia 2003, 2018.

En los dos periodos de gobierno del presidente Álvaro Uribe y los dos periodos de gobierno de Juan Manuel Santos la violencia homicida disminuyó de manera considerable, se pasó de una tasa de 67 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2002 a 24 en 2018. Esto debido a cuatro causas:

La Política de Seguridad Democrática del presidente Uribe (2002 – 2010).

La continuidad de esta política por parte del presidente Santos, especialmente durante su primer periodo de gobierno.

La elaboración y ejecución de la primera política de seguridad ciudadana del gobierno Santos.

El proceso de paz y desmovilización de las FARC en el Gobierno Santos.

En los últimos años la violencia homicida se estancó en una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Hay que anotar que ciudades como Medellín, Cali y Bogotá contribuyeron de manera importante en la reducción de los homicidios en Colombia durante estas tres décadas, reconociendo en cada una de ellas particularidades distintas de afectación de la violencia y delincuencia, así como en el desarrollo de las políticas propias que se ejecutaron para enfrentar estos problemas.

A continuación, se presentan las gráficas del comportamiento de la violencia homicida en estas tres ciudades sin ningún análisis, solo para mostrar períodos de alta y baja violencia en ellas, que en el caso de Medellín y Cali se parecen al comportamiento irregular del país, mientras que Bogotá mantuvo en ese este periodo (1988, 2023) una tendencia permanente a la baja, salvo el periodo de gobierno de Samuel Moreno y Clara López.

Hugo Acero

De la visita de Francisco A Bélgica

Hace poco más de un mes me avisaban de que el Papa Francisco visitaría el país vecino. Yo que nunca he sido una groupie del Papa, de ninguno, pero sí le quiero como lo que es, consideré que con tanto como sufre la Iglesia en estas latitudes tal vez sería bueno rezar por ella junto a tantos otros miles, en Bélgica, acompañando al Vicario de Cristo en la Tierra. Involucré a toda la familia, busqué la entrada que me faltaba para asistir a la misa de clausura de su visita apostólica y nos dimos el madrugón, además de seguir todas y cada una de las indicaciones que la organización nos había estado enviando a modo de amenazas disuasorias, durante la última semana.

¿Alguien se puede creer que una organización de un evento tan medido y pensado pueda enviar correos cada dos o tres días, a modo de spam, para recordarte que debes asistir con dos horas de antelación y cumplir con todas y cada una de sus exigencias? Puedo entenderlo e incluso lo aplaudo, pero la realidad del asunto es que no hicieron nada de lo prometido: ni el aparcamiento estaba hasta arriba, ni el escáner de seguridad estaba conectado, ni hubo revisión de documentos identificativos, ni siquiera abrieron las puertas a tiempo y todo el que quiso entró al estadio Rey Balduino con su bolso y su mochila. Creo que sus medidas solo sirvieron para que muchos fieles se quedaran en casa y evitaran el madrugón del domingo ante la insistencia de la organización por hacerte creer que tu mañana de domingo iba a ser una pesadilla multitudinaria.

 

Organización mal. Faltal. Asistencia, pobre. Paupérrima.

No solo porque las calles estaban vacías, desoladas, sino porque el corazón frío de Europa es así; poco cálido. Es cultural, dicen, pero lo cierto es que el corazón se educa y que, a ser acogedor, a mirar al otro con dulzura, a aplaudir al Papa por su esfuerzo y su dedicación se aprende y si no, se copia, se imita de otras culturas, porque lo bueno se adopta. Europa ni eres tan bonita, ni tan buena como crees.  

Esta Europa Cristiana de hoy pareciera huérfana de Madre. Cerrada, fría, árida y yerma, preocupada en exceso por la norma y poco bondadosa y cariñosa. ¡Ay si fuera más católica! Tal vez adoptarías la forma de tu Madre y verías en tus gentes su reflejo. Pero para esta Europa del norte ningún líder es tan especial como para mostrar entusiasmo y así es capaz de recibir al Santo Padre y a la vez enmendarle la plana por no comulgar con sus propias mentiras: Europa quiere un Papa a su medida, que se ocupe de los pobres, sí,  que pida cien mil veces perdón por los abusos del clero – nunca es suficiente la reparación por esos pecados de los miembros de la Iglesia, igual de pecadores que cada uno de nosotros- pero que empodere a la mujer dejándola abortar libremente porque el planeta con tanto ser humano empieza a ser insostenible.

Y es que, en estas latitudes, la libertad es entendida más como un hacer y permitir lo que uno quiera – dejándole ser así esclavo de sí y de sus pasiones- más que como esa capacidad de hacer el bien que todos llevamos dentro. Porque amigos, eso es la libertad y ahí no hay subjetividades, ni sentimientos, ni opiniones, ni verdades personales cambiantes en función de la coyuntura.

El Papa ha sido muy claro en sus mensajes; en la misa del domingo: abrirnos a la acción y libertad del Espíritu, comunión en el amor que une, en el compartir y la generosidad, así como la denuncia clara y contundente de los escándalos. Y ser testimonios vivos de la palabra de Dios como lo fue la nueva Beata de la Iglesia Católica, la carmelita española Ana de Jesús, y en cada uno de sus encuentros a lo largo de este pequeño país vecino. Pues como dijo Francisco, si el rey Balduino fue valiente en su momento, valiente han de ser los obispos en perseguir la causa de Balduino, en declarar el aborto como asesinato, en denunciar cada abuso que se cometa en el seno de esta Iglesia, ya dolida, pero esperanzada por la acción del Espíritu Santo.

Almudena González

Pedaleando entre la basura y el miedo: el reto de ser ciclista en Bogotá

«La ciudad, más que un conjunto de edificios, es una red de emociones compartidas; el miedo, la alegría, la nostalgia, todas circulan por sus calles como el viento entre las hojas.» Esta reflexión de Jane Jacobs, en Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, resuena con fuerza en Bogotá, donde el uso de la bicicleta se ha convertido en un símbolo de resiliencia y libertad en medio de la precariedad del sistema de transporte público y la dificultad de movilizarse en una ciudad que ha olvidado por completo el bienestar y calidad de vida de sus habitantes por construir un sistema y un modelo de ciudad donde el negocio y el cemento se prioriza.

Bogotá es hoy, sin duda, una ciudad que gira alrededor de la bicicleta. Con más de un millón de viajes diarios que se realizan en la Bogotá-región, la bici se ha convertido en un pilar de movilidad, pero también en un reflejo de los desafíos y contradicciones de una ciudad que busca modernizarse sin resolver las viejas problemáticas que la aquejan. Entre la inseguridad y la acumulación de basura, los ciclistas se enfrentan a un recorrido que no solo es físico, sino también emocional y, en muchos casos, peligroso.

 

En mi intervención de esta semana en el Concejo de Bogotá, subrayé dos situaciones alarmantes: la basura que se acumula en los puntos críticos de la ciudad y el alto índice de robos de bicicletas. Estos problemas, que a simple vista parecen desconectados, están íntimamente ligados, pues ambos crean un ambiente hostil para los ciclistas y para cualquiera que quiera transitar las calles de nuestra ciudad a pie o sobre dos ruedas.

Uno de los mayores enemigos de los ciclistas en Bogotá es la basura. Aunque parezca increíble, el mal manejo de los desechos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para quien pedalea a diario. Un ejemplo claro es lo que ocurre en los deprimidos que forman parte de las ciclorrutas, como el de la calle 26 con avenida Boyacá, o el de la calle 63 con la avenida 68. La basura que se acumula en estos puntos obstruye el sistema de alcantarillado, provocando inundaciones durante la temporada de lluvias, lo que obliga a los ciclistas a desviarse hacia las calles vehiculares, poniendo en riesgo sus vidas.

Lo más grave es que esta situación no es nueva. El Acueducto de Bogotá invierte más de 30.000 millones de pesos anuales en la limpieza y recolección de desechos del sistema de alcantarillado. Aun así, no estamos preparados para enfrentar las lluvias, y mucho menos para brindar seguridad a quienes recorren la ciudad en bicicleta. La basura, lejos de ser solo un problema estético, es una amenaza tangible para la seguridad vial.

El otro gran problema al que nos enfrentamos es el robo de bicicletas. Aunque las cifras muestran una leve mejoría en comparación con años anteriores —en 2023 se reportaron 7,162 hurtos frente a los 9,469 de 2022—, la sensación de inseguridad persiste. Cada día, en promedio, se roban 15 bicicletas en Bogotá, y muchas de estas en zonas que ya son peligrosas de por sí, como la Calle 80 o la Avenida NQS.

Los ciclistas, organizados en colectivos, han solicitado al Congreso, la Fiscalía y las cortes penas más severas para quienes cometan delitos relacionados con el hurto de bicicletas. Pero, más allá de la respuesta punitiva, lo que necesitamos es una estrategia integral de prevención y protección. La Alcaldía había implementado en 2023 la estrategia «En Bici Nos Cuidamos», que asignaba 350 uniformados dedicados exclusivamente a la seguridad de los ciclistas en tramos críticos. Sin embargo, hoy solo quedan 180 uniformados para cubrir 8 localidades en dos turnos de 90. Un número que, como bien podrán imaginar, es insuficiente para combatir una problemática tan extendida.

Entre enero y junio de 2024, se redujo el hurto de bicicletas en un 33.74%, es decir, 1,417 bicicletas menos robadas en comparación con el mismo periodo del año anterior. A pesar de esta reducción, el miedo sigue latente, sobre todo en localidades como Engativá, Suba y Kennedy, que lideran las cifras de robos. Es frustrante pensar que, aunque estamos avanzando, no lo hacemos lo suficientemente rápido como para que los ciclistas se sientan seguros. En este contexto, la bicicleta en Bogotá ha pasado de ser una alternativa ecológica y saludable, a convertirse en una especie de lucha diaria. Cada ciclista que sale a la calle debe enfrentarse no solo a las condiciones precarias de la infraestructura, sino también al temor constante de ser víctima de un robo.

La bicicleta representa el futuro de la movilidad en Bogotá y en el mundo, en tiempos de crisis climática la evidencia nos dice que para que el futuro sea sostenible, debemos abordar de manera urgente las problemáticas que afectan hoy la movilidad en las grandes ciudades, transitando a medios de transporte limpios y amigables. Bogotá, “la capital mundial de la bicicleta”, ya no tiene el mural que celebraba este logro. ¿Será que, al igual que el mural, también estamos perdiendo el impulso de ser una ciudad verdaderamente ciclística? Solo el tiempo y las acciones nos lo dirán.

Quena Rivadeneira

¡A ahorrar agua!

Bogotá inicia nuevamente ciclos de racionamiento diarios motivados por la grave crisis en los embalses que proveen de agua a la ciudad. Es decir, los turnos para cada zona van a rotar de la misma forma como se propuso en el esquema inicial por parte de la administración distrital y cada diez días se repetirá.

Y es que la situación es dramática, así hay que decirlo. Actualmente, el embalse de Chuza, que hace parte del Sistema Chingaza, encargado de surtir el 70% del agua a Bogotá, tiene su volumen de almacenamiento en algo más de 84 millones de metros cúbicos, cuando la capacidad total es de 220 millones. Sin duda, esta situación nos obliga como ciudadanos a adoptar medidas responsables en nuestra cotidianidad, además de motivar a los demás a tomar conciencia, pues el agua no es eterna.

 

Nuestras fuentes hídricas son importantes y la realidad que afrontamos es muy preocupante. La sobreexplotación, la contaminación, el cambio climático, el consumo excesivo y poco responsable, son factores que inciden y que, desde luego, generan una amenaza sobre este recurso.

En este sentido, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Desde julio pasado advertí desde el Concejo de Bogotá a la administración distrital que no se podía bajar la guardia y que constituía un mal mensaje pagar pauta en redes sociales aseverando que la crisis estaba controlada. El tiempo lo demostró. Lo cierto es que no y que lo peor puede estar por venir el próximo año si seguimos con la llave abierta de forma ilimitada.

Debemos generar conciencia en la población sobre el uso responsable del agua: Reducir el consumo, reparar fugas y promover la reutilización, ya que estos son pasos esenciales. El Distrito debe insistir en medidas claras y pedagógicas que permitan lograr una real disminución del consumo en los ciudadanos, no sirve de nada aplicar medidas de racionamiento si no se logra una reducción.

También, considero que, deberíamos pensar en la idea de incorporar como estrategia la entrega de incentivos no económicos a quienes tengan una mejor cultura del ahorro de agua, tal y como logramos incorporarlo en el Plan Distrital de Desarrollo.

Para tener resultados a largo plazo, hoy Bogotá también necesita que los niños, niñas y adolescentes tengan conciencia de la gravedad de este problema, que conozcan cómo funciona el sistema hídrico de la ciudad y que puedan cambiar sus hábitos para consumir menos agua en su día a día. Es ideal un programa robusto de educación ambiental que promueva el cuidado de los recursos naturales.

Lo anterior se logra con dos simples aspectos: que conozcan de dónde viene el agua que consumen a diario y la importancia de la naturaleza; y que incorporen medidas de higiene eficiente y hábitos de consumo responsable.

Por otra parte, llama la atención que, aunque debemos invertir en infraestructura, no se está hablando de eso como prioridad. Bogotá necesita cuencas subterráneas para almacenar y tratar el agua de manera eficiente como se hace en Israel, Copenhague en Dinamarca y Los Ángeles en Estados Unidos, por citar algunos ejemplos.

Por último, y como contribución al debate, pero también a las soluciones, los escenarios en los que se hable del tema deben ser diversos y promovidos desde nuestros roles en la sociedad.

Adenda: El próximo 1 de octubre están invitados al Foro S.O.S. Por El Agua en el Cabildo Distrital. En él y bajo los aportes de expertos, abordaremos propuestas ante la crisis, se hablará sobre gestión de pérdidas de agua, gestión socio ambiental para elevar la cultura del agua, gestión del riesgo del recurso hídrico, implementación de tecnologías e innovaciones ahorradoras, entre otros aspectos.

Andrés Barrios Bernal

Un pacto por la U de A

La segunda universidad pública más importante de Colombia está en una crisis financiera estructural. Desde su promulgación, la Ley 30 no cuenta el crecimiento de las universidades en aspectos como la cobertura, la infraestructura, los nuevos programas de pregrado y posgrado, la planta docente, entre otros. Eso genera que los recursos que reciben cada vez alcancen a cubrir una porción menor de los gastos.

Recientemente el Ministro de Educación se reunió con el estudiantado para pensar salidas a esta crisis. La propuesta es que el departamento y el distrito asuman un aporte mayor a la Universidad, dada la cobertura que esta asume con el departamento (seis mil estudiantes matriculados en regiones que no pagan matrícula) y con el distrito (el 70% de los estudiantes son de la ciudad).

 

El déficit calculado para este 2024 es de $76.884 millones. Preocupa que entre 2013 y 2023 la U de A se endeudó por más de $128.653 millones, y casi el 96% fueron deudas adquiridas en 2022 y 2023. La U de A se encuentra en un circulo vicioso de endeudarse para apagar incendios sin resultado alguno, veamos:

“El recorte presupuestal para actividades docentes que se venía planteando, podría ser del 17%, según la Vicerrectoría Académica, lo que equivale a 253.149 horas cátedra y generaría un ahorro de gasto a la universidad de $19540 millones. Sin embargo, desde el claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, plantean que ese mismo monto ($19.091 millones), es la cifra que destina la universidad para los intereses anuales de las deudas que contrajo con diferentes bancos” (El Colombiano).

Una universidad que genera cobertura educativa para el departamento y el distrito

A la desfinanciación estructural que padece la U de A se le suma un proceso de estigmatización contra profesores y liderazgos del movimiento estudiantil, que permanentemente son señalados como actores “infiltrados” de estructuras guerrilleras como FARC y ELN. Y a esto, a su vez, se le suma una disminución significativa de los contratos que la Gobernación y la Alcaldía tenían con la universidad, disminuyendo los ingresos propios generados con servicios de extensión, investigación y producción de conocimiento.

En la actualidad, la U. de A. cuenta con cinco seccionales y siete sedes en regiones, aparte de las sedes ubicadas en el Valle de Aburrá. “Probablemente nosotros hemos casi que duplicado el número de estudiantes en los últimos 10 años. Tenemos cerca de siete mil estudiantes en regiones que hace 15 años no teníamos”, explica Javier Mesa, Vicerrector Administrativo de la U de A.
La explicación más clara de esta reducción de recursos es el aumento en la cobertura de los últimos años, pues más estudiantes han podido acceder a la educación superior. Uno de los ejes más importantes de ese crecimiento es el Programa de Regionalización que a partir de 1990 empezó a descentralizar la educación universitaria en el departamento.
En 2022 el déficit acumulado por los recursos que recibe la Universidad de Antioquia por la Ley 30 supera los 302 mil millones de pesos. Hace 10 años, en 2012, ese déficit era de 4746 millones. Es decir que en una década se multiplicó casi por 64. En la actualidad cerca del 44 % son cubiertos por los fondos generales, mientras el restante 56 % sale de los recursos propios de la institución.

En la actualidad la Universidad recibe cerca de 365.000 pesos semestrales por estudiante. “Pero el costo de formar a ese estudiante es de 10.223.500”, afirma el vicerrector administrativo.

A lo anterior se suman las limitaciones en los aportes del departamento y la nula destinación de recursos por parte de la Alcaldía de Medellín. Aunque buena parte de los recursos que destina la Gobernación de Antioquia solo cubren el 4 % de los gastos de la U. de A. Adicionalmente, más del 70 % de los estudiantes matriculados residen en Medellín, pero la universidad no recibe del distrito un solo peso.

Insistimos: se debe hacer un pacto por la defensa de la U de A como un patrimonio de Antioquia y de la Nación, y allí los gobiernos locales pueden jugar un papel determinante, pues la nación carga con la responsabilidad de 34 universidades públicas en todo el país.

Pedro Baracutao

¿La alcaldía de Medellín contrata pauta para atacar a sus contrincantes políticos?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, continúa manejando a su antojo los recursos públicos, las entidades del Distrito y los medios de comunicación. Esta vez, en su rol como miembro de la Junta Directiva del Metro de Medellín presuntamente intervino en la adjudicación de un contrato a favor del periódico El Colombiano, cuyo objeto era la prestación de servicios de diagramación, infografía e impresión del periódico institucional “Nuestro Metro”.

Lo irónico de esta situación es que la adjudicación de dicho contrato aparentemente estuvo viciada, considerando que El Colombiano fue el oferente más costoso, con una diferencia de más de trece millones de pesos en comparación con la propuesta presentada por la Casa Editorial El Tiempo. Lo que agrava aún más el asunto es que casualmente Juliana Correa Henao, ex empleada de El Colombiano y actual funcionaria del Metro de Medellín fue la encargada de evaluar el cumplimiento de los criterios dentro del proceso de adjudicación del contrato, lo que deja serios cuestionamientos sobre la transparencia y la posible configuración de un conflicto de interés.

 

Estos hechos no pueden verse de manera aislada a la aparente persecución que el periódico El Colombiano ha emprendido en contra del presidente de la República, del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero y de mí como Representante de Antioquia, no es coincidencia que esta campaña sistemática de desprestigio esté vinculada a intereses económicos, ya que el periódico presuntamente se beneficia de la adjudicación de contratos públicos por parte de la oposición, tal y como ocurrió con el contrato de prestación de servicios del metro de Medellín. 

En lo que va del año, dicho periódico ha publicado más de 210 artículos denigrantes hacia Daniel Quintero, lo que sugiere que su postura opositora no es tanto un ejercicio de libre prensa, sino una estrategia bien orquestada para favorecer sus propios intereses comerciales, siendo clara la constitución y la Corte Constitucional al señalar que la intromisión indebida que atente garantías fundamentales como el buen nombre, puede constituirse en un abuso del derecho a informar que ostentan los periodistas.

A lo anterior se suman los lamentables hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre, cuando más de 45 personas resultaron heridas durante el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, celebrado en el estadio Atanasio Girardot, incidentes que surgieron por la presunta falta de garantías y seguridad proporcionadas por el alcalde de Medellín, lo que ahora se intenta atribuir al Presidente de la República para tergiversar y camuflar la falta de interés de Federico, quien casualmente se encontraba en Barranquilla en ese momento.

Dicho lo anterior, queda claro que la gestión de Federico Gutiérrez está marcada por la priorización de intereses personales y la manipulación de la verdad a través de los medios de comunicación. Por ello, es imperativo que los entes de control investiguen la adjudicación de contratos con posibles conflictos de interés, así como la manipulación de la prensa y la falta de garantías en estos eventos deportivos. ¡La vida, seguridad y recursos de Medellín están en juego!

Alejandro Toro

Protocolo Inhumano

Mis palabras no traerán de vuelta a nuestro padre, ni cambiarán lo sucedido con él, ni con tantos otros pacientes adultos mayores a quienes se les impuso un protocolo médico del hospital por encima de un protocolo humano y compasivo con sus últimos días y alientos de vida, pero sí pueden ser una base para abordar el tema del envejecimiento en las políticas públicas y darle la prelación que requiere.

A nivel normativo es específico el mandato constitucional contenido en el artículo 46. También, lo es lo dispuesto en la ley 1251 del 27 de noviembre del año 2008, que, dictó “normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores”. Además, a nivel Convencional se cuenta con la promulgación el 10 de septiembre del año 2020, de la ley 2055 por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores”, adoptada en Washington el 25 de junio de 2015. Esto a manera de destacar algunas de las herramientas normativas con que cuentan las personas mayores.

 

Asimismo, en repetidas ocasiones se ha pronunciado la Corte Constitucional sobre los adultos mayores como sujetos de especial protección y el criterio jurisprudencial en ese sentido es uniforme en cuanto a garantías de protección de derechos fundamentales de vida digna, salud y familia.

A pesar de la existencia del Consejo Nacional de Adulto Mayor como órgano consultivo del Ministerio de la Protección Social que además tiene la función de la inspección y vigilancia del estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley 1251, no es palpable en la práctica lo dispuesto a nivel normativo, como tampoco lo es que exista una política nacional de envejecimiento y vejez. Y, mucho menos que exista un plan de atención institucional enfocado en el adulto mayor y sus necesidades, pues la atención hospitalaria infortunadamente pareciera que está más enfocada en la enfermedad, que en el ser humano.

Nuestro padre de 75 años fue ingresado en un hospital por urgencias cerca a su casa y después remitido a otro sin ni siquiera tener en cuenta el lugar de su domicilio. Una vez allí, desconcertado y temeroso por haber dejado su hogar, hicieron que se llevaran su ropa, lo dejaron en pañales y el médico le dijo que debía entender que no estaba en un hotel. Pese a su situación no recibió ningún apoyo psicológico cuando su mayor temor era que le iban a quitar su calidad de vida. Manifestó su deseo de abandonar el hospital y le dijeron que de hacerlo no recibiría ningún tipo de atención médica.

Estuvo nueve días hospitalizado restringido con visitas de dos horas diarias, sin permitirle ni siquiera tener a la mano un teléfono para hablar o ver a sus seres

queridos antes de ser intubado. Únicamente conocíamos de su condición 24 horas después de haberle visto y la única llamada que recibimos del hospital fue el día que falleció. Nos dijeron que estuvieron junto a él, pero ni por respeto o consideración sus ojos fueron cerrados, afortunadamente no permitimos que no nos lo dejaran ver, porque hasta eso nos querían imponer, y pudimos cerrar sus ojos, darle un último beso y las gracias por todo lo vivido junto a él.

Esperamos que se hagan los controles necesarios y se revisen los protocolos de hospitales y clínicas para los adultos mayores, y se incorpore plenamente el derecho humano y vital al amor y a la dignidad que tienen todas las personas que están pasando sus últimos días en un hospital y no en el calor de su hogar a estar acompañados plenamente por un cuidador de su casa, sin restricciones de horarios. Que se brinden los medios adecuados y plenos para que se abra un canal de comunicación eficiente entre los médicos y los familiares de los pacientes, sin que esa información sea limitada y restringida, sino por el contrario amplia y suficiente.

Ojalá los médicos equilibraran la ciencia y la humanidad, partiendo de la base que detrás de la enfermedad está un ser humano y una familia a quienes la vida se les vio completamente trastocada, cuyo sufrimiento, incertidumbre y dolor es más importante en su condición humana, que un protocolo hospitalario contrario a su dignidad .

Katherine Saldarriaga Osio

Bienvenida, pero por favor, no seas demasiado tú…

Bienvenida, pero por favor, no seas demasiado tú…

Una familia se me acerca y me dice: “Quiero un colegio incluyente, pero con valores.”

 

¿Qué significa esto? Lo pensé antes de responder y luego de que terminamos de hablar, lo he vuelto a considerar.

A veces, significa que la inclusión es bienvenida… siempre y cuando tenga límites dentro de lo esperado. Es decir, aceptarán a todos, pero partiendo de unos valores normativos.

Incluir ejerciendo exclusión.

La cultura escolar está cambiando queridos lectores: ¿Cómo es un colegio incluyente pero con valores?

Abordemos la sensibilización iniciando por la formación de los maestros Parte 1

Sensibilización Docente: Entendiendo la Inclusión y la Diversidad en el Aula

En el ámbito académico, la sensibilización comienza por formarnos como maestros y maestras. A menudo hablamos de inclusión y diversidad, pero ¿realmente comprendemos lo que implican? Diversidad no es solo una cuestión de género; también abarca lo cognitivo, lo emocional, y más. ¿Qué significa equidad en el aula? No se trata de reducir las expectativas, sino de ajustar el enfoque para todos. La equidad en la inclusión empieza con cada persona de la comunidad escolar, desde los maestros y maestras hasta quienes nos apoyan en el día a día. ¿Cómo entiendes la diversidad y equidad en tu entorno?

Lo que NO es inclusión 🚫

La inclusión no es una política escrita.

No es una casilla que marcas para la diversidad.

No es un “programa especial” o algunas adaptaciones.

No es una certificación que cuesta un ojo de la cara.

La verdadera inclusión no se parece a un estándar o presentar un conjunto de representantes para parecer diversos.

La inclusión no se trata de encajar ni tampoco, de integrar.

Cuando asumimos que la inclusión es solo acceso, nos perdemos. Se trata de pertenencia genuina, auténtica y sin condiciones.

La inclusión implica repensar, rediseñar y reconstruir nuestros espacios de aprendizaje.

Abordemos la sensibilización iniciando por la formación de los maestros Parte 2

La Verdadera Esencia de la Inclusión en la Educación

La inclusión va más allá de diagnósticos y etiquetas. Abarca a cada niño y niña que llega a nuestra comunidad, cada familia con su historia y necesidades. Como educadores, nuestra responsabilidad es crear un entorno donde todos y todas se sientan bienvenidos y valorados. La inclusión no es solo una tarea; es una parte integral de nuestro compromiso personal y profesional. Juntos, construimos una comunidad educativa rica en diversidad y aprendizaje.

Es fácil colgarse un sello de «empresa inclusiva», pero ¿cuánto de eso es real y cuánto es solo marketing?

Hoy, muchas organizaciones se vanaglorian de tener certificaciones de inclusión, que en teoría garantizan que cumplen con las normas mínimas: rampas de acceso, lengua de señas, software de apoyo… pero, ¿esto realmente refleja una cultura inclusiva? ¿O es solo un ticket de validación social que tranquiliza conciencias?

¿Qué necesita una empresa para ser inclusiva?

Inclusión no es solamente…

Inclusión: Más Allá de Etiquetas y Diagnósticos

La inclusión va más allá de identificar solo a aquellos niños y niñas que presentan enfermedades, discapacidades o situaciones específicas. Abarca a todas las personas que forman parte de nuestra comunidad escolar, desde los nuevos estudiantes que llegan por primera vez hasta las familias con sus diversas historias y necesidades. Como educadores, es nuestra responsabilidad integrar a cada individuo, considerando no solo su contexto personal y familiar, sino también el impacto que tenemos como maestros y maestras en su experiencia educativa.

Juntos, podemos construir un entorno donde cada niño y niña se sienta valorado y bienvenido.

Alexandra Parra

Estrategias para amenazas incomprendidas

INTERPOL, como parte de las estrategias para combatir el crimen transnacional estableció, en la Asamblea General en Beijing en 2017, 7 Objetivos Policiales Mundiales alineados con la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible – 2030. En dicha Asamblea la #86 entre los países miembros de INTERPOL celebrada no por casualidad en China, se estableció como un Desafío Central (Objetivo Policial #4): La reducción del daño y la repercusión de la ciber-delincuencia a Escala Mundial.

Un planeta cada vez más interconectado y dinámico empezaba a plantear la necesidad de construir estrategias reticulares que abordan el fenómeno del crimen y de las mafias transnacionales teniendo en cuenta la identificación de las amenazas y riesgos que se presentan en el Campo Ciber con un enfoque de prevención, detección, investigación y neutralización de la delincuencia, de igual manera reconoció como en los demás riesgos y amenazas a la vida, existía una capa de “digitalización” que suponía un desafío para el ejercicio los derechos fundamentales de los y las habitantes del mundo.

 

Mientras la mayoría de los países que son atravesados por el Crimen Transnacional, tomaban acciones concretas y decisiones de Estado para adaptarse a los retos de las múltiples violencias; en un puñado de países se continuaron con prácticas que pretenden combatir los fenómenos de violencia y ataques contra la vida como si los principales riesgos y amenazas fueran los mismos de hace unas décadas y dejaron en unos cuantos académicos, en la Fuerza Pública y en algunos jóvenes creativos y con curiosidades intelectuales la discusión sobre la digitalización y el crimen en el dominio Ciber. La primera estrategia efectiva frente a lo desconocido es hacer un esfuerzo por comprenderlo en su complejidad.

Con la excepción de nuestras capacidades humanas en asuntos en inteligencia y algunos sectores de la empresa privada, nada ha crecido al ritmo necesario en Colombia en el campo Ciber. No tenemos hoy como afrontar la velocidad y dinámica del Crimen Transnacional y los esfuerzos de algunos Ministerios y del Gobierno Nacional actual y el trabajo de la Fuerza Pública, son insuficientes si no damos las discusiones para atender el asunto como un tema de Estado y reflexionamos sobre si las Estrategias y Operaciones deben seguir encaminadas a grandes campañas ruidosas y poco efectivas contra grupos armados irregulares por tratar de controlar lo incontrolable, a comprar grandes aparatos vetustos que ya no son las armas con las que se combaten las guerras, o si el presupuesto y la Estrategia deberían virar y encaminarse hacia cerrar las brechas técnicas y tácticas que hoy tenemos con las grandes mafias del crimen transnacional, modernizar y hacer interoperables las instituciones y las capacidades de las Fuerzas y empezar a crear soberanía Ciber para no tener que depender eternamente de los desarrollos y de las licencias de países autores o cómplices de las peores violencias y matanzas y darnos cuenta que puede ser más efectivo y eficiente para proteger los DD.HH y la vida pensar un poco más en los software maliciosos y los secuestros de datos y no solamente en los tatucos y la metralla.

Colombia estos años ha sido parte central de la conversación Policial global para la definición de las estrategias que, protegiendo integralmente los Derechos Humanos y en el marco de los conceptos de Seguridad Humana derivados de la Resolución 66/290 de la Asamblea General de Naciones Unidas pretenden mejorar la acción, contención, cooperación y colaboración entre los diversos cuerpos policiales del mundo para afrontar el Crimen Transnacional en el campo cibernético y las capas de digitalización de los múltiples delitos; hoy, cuando somos referente conceptual en el mundo en la lucha contra el Crimen Transnacional en el Ciber Espacio, seguimos siendo un país que invierte por caprichos de Alcaldes y “expertos» en cámaras de seguridad obsoletas, tristes testigos de los crímenes y en estrategias de guerras de posición en el campo colombiano como si las guerrillas y los grupos armados irregulares no hubieran ya adaptado sus plataformas y sus logísticas económicas y militares al mundo Ciber y la dinámica de redes.

Estamos combatiendo las violencias y amenazas contra la vida con esfuerzos dispersos y sin voluntad política real de aprehender y aprender por parte de muchos sectores y de tomadores de decisión la realidad de las violencias hoy y su entrelazamiento con las tecnologías; sin embargo considero que es el momento propicio, para que en el marco de las discusiones que plantea la creación de lal Agencia de Seguridad Digital, la alfabetización forzada de la opinión pública producto de las apariciones recientes en las noticias de primera plana de temas como: Pegasus, FIX, Guacamayas entre otros, hagamos una reflexión seria como nación que nos permita fortalecer nuestras capacidades de respuesta a los nuevos desafíos de la violencia y permita ganar en Soberanía y autonomía desde la creación de Políticas de Estado relacionadas con el campo Ciber en el marco de la garantía de los Derechos Humanos y de un mejor vivir para todos y todas.

Vladimir Rodríguez

Vehículos e inteligencia artificial

La Inteligencia Artificial es un avance tecnológico que permitirá mejorar la calidad de vida en materia de movilidad. Su dominio en el sector será absoluto, todos los medios de transporte serán operados por Inteligencia Artificial. Habrá total autonomía en coches, trenes, aviones, motocicletas, bicicletas, barcos y patinetas. En los años setentas se dieron los primeros intentos por robotizar automóviles, en el año 2019 las compañías Tesla y Wayve, fabricantes de vehículos autonomizados, lograron un hito en esta materia al lanzar sus prototipos. No son los únicos, los fabricantes chinos BYD, Changan, BAIC han logrado grandes avances en coches eléctricos autonomizados nivel 3, vehículos que se conducen y se parquean solos. Todos los vehículos diseñados en el año 2024 tienen algún componente de Inteligencia Artificial, no obstante, no todos tienen “Deep learning”, vehículos con la capacidad para aprender por sí mismos y paulatinamente mejorar las funciones de autonomía en conducción, marcarán diferencia en el mercado automotor.

Actividades como conducir y pilotear desaparecerán como otras muchas, un computador mediado por un software se encargará de dirigir los automotores. Transportarse dejará de ser una experiencia activa, todos serán pasajeros como la vida misma. Los accidentes en transportación provocados por fallas humanas serán cosa del pasado, las fallas en adelante, serán atribuidas a los yerros del algoritmo y a los sistemas autonomizados. Con toda seguridad, las infracciones de tránsito serán asumidas por la Inteligencia Artificial que, pese a tanto ingenio, jamás será perfecta.

 

Las empresas de transporte serán las primeras interesadas en aplicar Inteligencia Artificial a sus procesos, ya no tendrán la carga laboral que representan los conductores y pilotos humanos, en su lugar, serán sustituidos por ingenieros mecatrónicos y de desarrollo de software que se encargarán de garantizar que los “sistemas inteligentes” no se pifien. Así las cosas, surgen nuevas y novedosas preguntas sobre la asunción de la responsabilidades civil y penal por las consecuencias resultantes de los fallos de la Inteligencia Artificial ¿Deben ser trasladadas al propietario del vehículo? ¿Deben asumirlas la compañía desarrolladora de la Inteligencia Artificial? ¿Hay solidaridad entre unos y otros? ¿Se podría pensar en responsabilidad civil y penal de la Inteligencia Artificial bajo el entendido que tiene “Deep learning” y capacidad para autorregenerarse? ¿Cómo serán los amparos de riesgos que ofrecerán las aseguradoras?

Se harán necesarios nuevos marcos regulatorios en materias de responsabilidad civil y penal del transportista; elementos de responsabilidad del medio autonomizado serán relevantes, con toda seguridad, habrá teorías sobre la responsabilidad de las cosas, relevando la responsabilidad basada en la voluntad, la culpa y la negligencia de los humanos. China tiene el mayor número coches autonomizados, y como en el País de Mao impera el hermetismo, no hay estadísticas verdaderas sobre los índices de accidentalidad que involucren vehículos autonomizados. Lo cierto, las redes sociales están llenas de videos de vehículos autonomizados causantes de todo tipo de accidentes viales.

Hay también defensores a ultranza de este tipo de vehículos, algunos informes indican que son más seguros que los vehículos tradicionales, como se observa en reciente estudio de Nature Communicatios (2024) https://www.nature.com/articles/s41467-024-48526-4. Dadas las bondades de la Inteligencia Artificial y su influencia en todo el quehacer humano; resulta cierto también que, los humanos son cada vez más incompetentes en habilidades prácticas, verbo y gracia, en un futuro no muy lejano, conducir o pilotear un vehículo será una habilidad innecesaria gracias a la Inteligencia Artificial, tanto como montar a caballo, lo que se hace por diversión y pocas veces por labor. La misma razón por la que, entre las nuevas generaciones realizar operaciones aritméticas básicas se hizo una habilidad innecesaria, todo lo hacen con la app de un teléfono dizque, inteligente.

En suma, hay inmensa incertidumbre en materia de Inteligencia Artificial, no siempre el pasado fue mejor, pero tampoco nadie puede garantizar que el futuro con la mediación de la Inteligencia Artificial lo será.

León Sandoval Ferreira

Lucha contra la corrupción empieza a tener eco

Hace unos 11 años publiqué un artículo que se titulaba ¿Es la corrupción la causa raíz de todos nuestros males?. Curiosamente no tuvo buen recibo porque resultaba una exageración para quienes lo leían. Desde luego no era ni una exageración en ese momento, como tampoco lo es ahora. Pero me temo que aún no podamos tener consenso entre los colombianos, ya que pareciera que a una parte ni siquiera les inquieta y que, los corruptos exitosos siguen siendo unos héroes envidiables, dada la escala de valores inversa en nuestra cultura reinante y como consecuencia de la oportunidad de impunidad que brinda nuestro desvencijado sistema de justicia.

Desde hace más o menos el mismo tiempo, ha habido un luchador solitario contra la corrupción en la contratación estatal, referente a proyectos de ingeniería al que le dediqué un artículo para destacar esa misión quijotesca (Fonseca, 2020). Pero ha pasado el tiempo y ya son célebres los trinos del ingeniero Rodrigo Fernández, con su léxico especial que inventó (el amarre, el ungido, los contrataderos…), muy coloquial y perfectamente adaptado a nuestro léxico común, y que ya se entiende fácil en los medios periodísticos y los de ingeniería. Su trabajo está empezando a tener eco para esperanza de todos. Sigue La W, La Voz del Galeras de Pasto, Vanguardia de Bucaramanga, Paola Herrera de Cambio, Últimas noticias Radio Melodía de Bucaramanga, Caracol Bucaramanga, Radio Nacional de Colombia de Bucaramanga, El Pilón de Valledupar, Contacto Noticias de Violeta estéreo de Yopal, le consultan habitualmente como experto en contratación pública y luchador contra la corrupción.

 

Recientemente, tanto en el Congreso Nacional de Ingeniería como en el Foro sobre la corrupción en el Estado, ambos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, presentó el resultado de su última investigación en la que estudió las 200 licitaciones de más de 1000 millones de pesos sobre infraestructura física, desde mayo de 2023 a mayo de 2024, que sumaban poco menos de 1 billón de pesos según sus presupuestos oficiales.  Mostró la participación de proponentes: en promedio solo recibieron 2.02 propuestas por proceso de las cuales solo quedaron habilitadas 1.55; es decir, bajísima pluralidad de oferentes, lo que es el principal indicativo de que pueda haber un acuerdo previo para que gane un ungido, o sea, corrupción.

Es el resultado de lo que él llama los contrataderos mediante los cuales las entidades del Estado se saltan la Ley 80 de 1993, que es nuestro marco legal para contratación pública, encomendándole su contratación de obras y compras públicas a una entidad que sea Empresa Industrial y Comercial del Estado o Sociedad de Economía Mixta, que son de régimen privado, y por lo cual puede aplicar su propio manual de contratación sin tener que controlar el uso e inversión de los recursos públicos que establece la ley para estos casos. Esta figura emergió a expensas de la Ley 1150 de 2007, que estableció en su artículo 14 una excepción a la contratación de este tipo de empresas que permite usar el régimen que les aplique según su naturaleza jurídica. Es decir, régimen privado para recursos públicos, sin aplicación de los controles para los recursos públicos.

Y claro, resultó muy conveniente para que los políticos al mando de municipios y gobernaciones crearan entidades con este régimen y aplicaran sus propios manuales de contratación (régimen privado) a los programas financiados con recursos del Gobierno Nacional, previamente concertados con los Congresistas interesados e impulsores de las aprobaciones centrales, que a su vez, resultaban fichas necesarias para que el Gobierno pudiera impulsar sus iniciativas en el Congreso (sus votos en los proyectos de Ley de iniciativa gubernamental).

El experto mostró la lista de contrataderos, que han crecido como espuma desde su creación, pudiendo llegar a unos 100 ya, por medio de los cuales se pueden estar contratando entre 2 y 3 billones de pesos anuales. De eso, un porcentaje se va para corrupción.

El modus operandi es similar en todos los contrataderos. Se invitan a unos pocos oferentes, no más de cinco generalmente; así, limita de inmediato la participación abierta de quienes hubieran podido ser unos buenos contratistas del Estado. Con los contrataderos es fácil porque no tienen que promover de la competencia, y se puede direccionar la contratación al ungido de manera más expedita. El ingeniero Fernández describió cómo se presentaban tres o cuatro proponentes atendiendo a una invitación, pero a uno se le olvidaba la póliza, otro no atendía un llamado a subsanar algo, el tercero perdía intencionalmente algunos puntos y así, dejaban solo al ungido. Así, simulan un proceso competitivo pero ineficaz. Una franca configuración del delito de colusión eso sí, que es penal y administrativo y que alcanza tanto a los funcionarios como a los contratistas, tanto el ungido como los que se prestan para esta burda burla en detrimento del Estado y de los principios de libre competencia y transparencia.

No hay varios proponentes como debería haber en una licitación, y por tanto no hay competencia, lo cual implica que no hay puja por un precio mas bajo, y se pierde una de las condiciones de los objetivos de contratación para lograr ahorros para el Estado. Cuando el ungido ya sabe que no tendrá competencia, propone cerca al presupuesto oficial, con lo cual el Estado no obtiene los ahorros que en forma lógica se esperarían si hubiera competencia. Tan solo en esta muestra, al Estado le habrían costado estos contratos unos 50,000 millones de pesos menos, según el estimativo del ingeniero Fernández, lo cual se constituiría en el delito de detrimento patrimonial (pérdida de recursos públicos) perpetuado por los funcionarios y el contratista participantes, que tiene también tanto efectos administrativos como penales.

Lo más grave es que esto sucede todos los días en frente de todos los colombianos. Realmente los organismos de control no hacen mayor cosa para combatirla, por no decir nada, frente a semejante tamaño del monstruo. Por eso, no es buena noticia que, por ejemplo, para elegir al próximo Procurador General de la República, se vaya a escoger de una terna de conocidos políticos que salen del seno de la politiquería, dos de ellos de uno de los partidos más tildados de corrupto y el otro del seno del Senado, amigo de todos. Obviamente ninguno haría nada para arreglar el más grave cáncer que tiene nuestra nación. Tal cual, como acusa hoy a la Procuraduría el Secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, por guardar silencio frente a la corrupción (Vanguardia, 2024 edición impresa página 11, septiembre 25).

Hay una forma de mejorar la situación que podría cercenar el mal. Basta una decisión política del Gobierno para condicionar el uso de recursos de programas nacionales para ejecución directa por parte de las entidades territoriales, estrictamente ceñidas al marco de la Ley 80. Esto es apenas lógico: que los recursos públicos se cuiden como se debe. De hecho, el valiente Secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, ya lo logró en un proceso que comentamos recientemente (Fonseca, 2024); el Gobierno tiene que exigir esta vía en todos los programas si quiere demostrar que realmente tenía compromiso con la lucha contra la corrupción.

Si esto sucediera en forma generalizada, las entidades volverían a hacer sus procesos de contratación, como es lo debido, y los contrataderos se extinguirían solos porque ya no tendrían como llevar a cabo el oficio para los cuales fueron acomodados: la corrupción masiva.

Rafael Fonseca Zarate

«Balance fiscal, económico y sectorial en dos años de gobierno»: ministro de Hacienda

En dos años de gobierno son más los hechos económicos que confirman el buen manejo de la política económica que la supuesta creación de incertidumbre. La economía inició la senda de reactivación y se tramitan políticas para ayudar a impulsar la actividad económica, incluyendo sectores históricamente excluidos, como la economía popular y la micro y pequeña empresa.

Pero, no sólo el crecimiento económico refleja buenos resultados y crea un serio optimismo para los próximos dos años, los indicadores macroeconómicos también, por ejemplo, la inflación mantiene su senda descendente junto a la tasa de interés, la cual todavía podría acelerar sus reducciones. El objetivo de este balance es presentar una radiografía sobre la situación fiscal, económica y sectorial para aclarar información y precisar datos sobre lo que ha hecho el gobierno en dos años.

 

Deuda financiera y no financiera

En primer lugar, hay que decir que se está pagando la deuda contratada en la pandemia, destacando el pago cuantioso de la misma y el reducido tiempo que se fijó para pagar. Entre 2019 y 2020 la deuda aumentó de 48% a 61% del PIB, equivalente a $200 billones de pesos y buena parte se inyectó a la economía a través de transferencias, es decir, no fue invertida en apoyo a actividades productivas reales con capacidad de generar mayores ingresos que luego permitieran pagar la deuda generada. En otras palabras, el gobierno no sólo está pagando la deuda heredada ꟷcomo es su deberꟷ, sino que lo hace con los mismos ingresos de siempre, provocando presión presupuestal.

La deuda adquirida se inyectó a la economía y generó un impulso momentáneo durante la pandemia. Por esa razón el PIB pasó de -7,2% en 2020 a 10,8% en 2021, un salto normal después de las políticas de choque implementadas y del congelamiento de precios de los combustibles y de la energía, que se convierten hoy en deuda no financiera también heredada, pero con el desafío de tener que ajustar dichos precios y asumiendo el costo político que ello implica. Por supuesto que el gobierno nunca propuso aumentar dichos precios, pero la situación fiscal así lo obligan, como un acto de responsabilidad con las finanzas de la Nación y con el objetivo de corregir problemas.

Gráfico 1: Crecimiento anual de la economía colombiana (%)

Adicional a la deuda contratada a través del cupo autorizado al gobierno de entonces (USD$14.000 millones), hubo otra deuda comprometida por fuera del cupo en el marco de la emergencia decretada (USD$12.000 millones). El problema de esta última, donde se encuentra el compromiso con el FMI, es que se paga, pero no libera espacio o cupo. Por tal motivo el gobierno tuvo que presentar este año al Congreso un proyecto de ley de endeudamiento para sincerar las cuentas, es decir, incluir dentro del cupo aquellos compromisos que no estaban y así poder seguir pagando con la respectiva liberación de espacio. De aquí se concluye que este gobierno no ha endeudado más a la Nación y que la pandemia se pagó con deuda, mientras que la reactivación se está produciendo sin endeudamiento, honrando compromisos crediticios heredados y cumpliendo la regla fiscal.

Respecto a la deuda no financiera hay que hacer mención al precio de los combustibles ꟷgasolina corriente y ACPMꟷ. Ambos precios se congelaron desde enero de 2020 mientras el precio del petróleo aumentaba. Quiere decir que el precio de venta no cubría los costos y el diferencial se llevó con cargo al Fondo de Precios de los Combustibles ꟷFEPCꟷ, generando un déficit que en 2021 sumó $11 billones, en 2022 subió a casi $37 billones de pesos y en 2023 fue $20 billones, gracias a que se ajustó el precio de la gasolina, aclarando que no era una propuesta del gobierno, sino que corresponde a una medida de responsabilidad fiscal.

Este déficit del FEPC representa un subsidio que se tenía que pagar del Presupuesto General de la Nación sacrificando recursos para inversión social, dónde sí hay muchos compromisos del gobierno, en otras palabras, el congelamiento de precios de combustibles generó un subsidio para los consumidores, pero limitó la inversión social. Afortunadamente, el país y los gremios comprendieron que la situación tiene un componente de interés colectivo, el cual debe prevalecer sobre el individual, por ello ya se produjo el ajuste de la gasolina y empezó el primer ajuste de ACPM.

Inflación, tasa de interés y tasa de cambio

La inflación sigue mostrando una importante reducción desde marzo de 2023, cuando alcanzó su máximo de 13,3%. Se acaba de conocer que la variación anual en agosto fue 6,1%, mientras en el año corrido registró 4,3%, reflejando una buena noticia frente al cumplimiento de la meta que se tiene prevista para este año (5,5%). Un hecho destacable es que la variación del mes fue 0,0%.

La senda de descenso de la inflación ha estado acompañada de un ajuste en los ingresos en los hogares, pues atrás quedó la situación inequitativa donde la inflación de los pobres y vulnerables era mayor que la inflación de ingresos altos y clase media. Este fenómeno cambió y hace parte de la triste historia. Para el mes de agosto la inflación de pobres, vulnerables y clase media fue negativa, lo cual mejora aún más la capacidad de compra de estos hogares. Adicionalmente, la variación anual de estos mismos hogares está por debajo de la variación anual total.

Gráfico 2: IPC total vs IPC por niveles de ingreso (%)

Otro efecto positivo del descenso de la inflación tiene que ver con la disminución en la tasa de interés de intervención. La Junta Directiva del Banco de la República ha venido haciendo reducciones que han llevado la tasa de 13,25% a 10,75% entre diciembre 2023 y julio 2024. Diversos analistas estiman que la tasa de interés termine alrededor de 8,5% al cierre de este año, mientras se espera que la inflación llegue a 5,5%. La invitación respetuosa al Banco de la República va en el sentido de acelerar la reducción de la tasa de interés, ya que la inflación está en la senda prevista, los precios están controlados y el país necesita menores tasas para la reactivación económica.

Gráfico 3: Inflación anual vs. Tasa de interés de política monetaria (%)

Con respecto a la tasa de cambio, que algunos consideran un indicador para medir confianza en la economía y el país, sabiendo que refleja otra cosa, su tendencia muestra una apreciación del peso. Al llegar el gobierno la tasa de cambio estaba en niveles de $4.300 y ahora se encuentra estable sobre $4.100, tendencia totalmente opuesta a los presagios y noticias que circularon en su momento.

Tierras

Los avances en materia de hectáreas adquiridas y formalizadas son incuestionables en apenas dos años de gobierno, derrumbando el mito de la expropiación (ver gráfico 3). Además, en Colombia existen 14 Zonas de Reserva Campesina y 7 han sido aprobadas durante este gobierno, las demás fueron aprobadas durante los gobiernos de Samper (2), Pastrana (3), Uribe (1) y Santos (1).

Gráfico 3: Hectáreas adquiridas y formalizadas

Fuente: Agencia Nacional de Tierras

Energía y transición energética

Al llegar el gobierno la capacidad instalada del sistema era 18,6 GW y en dos años se ha podido aumentar a 20,7 GW, donde casi la mitad de este aumento corresponde al aporte de la energía solar y se espera que siga aumentando durante este año. En los próximos dos años se proyecta aumentar la capacidad de generación de energía a partir de fuentes no convencionales con la entrada de 264 proyectos previstos. Sin duda estos logros representan un cambio en la matriz energética y un avance hacia la transición.

Turismo

Los resultados que arrojan las actividades turísticas comprueba que sí es posible diversificar la economía. El gobierno propuso en campaña que el turismo podría ser un sector determinante para la transición energética y con capacidad para la transformar la economía y generar más empleo e inversión. Pese a las críticas recibidas, los resultados ya son contundentes, por ejemplo, los visitantes no residentes crecieron el año pasado 30% con respecto a 2022 dejando un derrame económico importante; pero en lo corrido del año se registran 3,7 millones de personas, lo cual permite inferir que este año habrá nuevo registro histórico. El tráfico aéreo nacional e internacional durante 2023 aumentó 3,6% respecto a 2022 y en el primer semestre 2024 creció 17,6% respecto al mismo periodo 2023 y el turismo interno también crece, la llegada de pasajeros en vuelos nacionales regulares creció el primer semestre 13%.

Contrario a los presagios planteados al llegar este gobierno, se confirma que el turismo se ha recuperado de manera sostenida luego de la pandemia, especialmente en los últimos dos años, registrando máximos históricos y se ubica como una actividad que podría sustituir a otras, como el carbón, en materia de generación de divisas.

Inversión e Inversión Extranjera Directa ꟷIEDꟷ

La tasa de inversión fija es un cálculo que relaciona la inversión fija con respecto al PIB. El promedio histórico de dicha tasa entre 1975 y 2023 es 17,6%, justo el mismo resultado observado para 2003 y lo corrido de 2024. Dicha tasa tuvo su mejor resultado en 2014-2015 cuando alcanzó niveles de 23,4%, muy asociado al comportamiento del precio de los commodities. Pero desde aquella época viene decreciendo y este gobierno ha detenido esa tendencia.

En cuando a la inversión propiamente dicha es cierto que venía rezagada y al desagregar sus componentes se observaba que la actividad relacionada con infraestructura todavía no despegaba. Esta situación tiene mucha relación con la tasa de interés por ser variable determinante en los proyectos; sin embargo, los resultados del PIB para el segundo trimestre empiezan a despajar el panorama, pues la inversión pasó a terreno positivo y creció 2,2%. Con respecto a la IED la realidad es que viene creciendo en general y se observa que hay inversión que llega a sectores distintos a petróleo y minería, sin que dichos sectores hayan visto afectado su nivel de IED.

Riesgo y TES

Finalmente, los TES en pesos se están negociando, en promedio, por debajo de la tasa de intervención del Banco de la República (10,75%) y por debajo de los datos registrados antes de llegar el gobierno (entre 11 y 12,3%). En otras palabras, si el gobierno fuese creador de incertidumbre como se ha dicho, entonces la tasa de colocación de TES estuviera más alta, pero resulta que está por debajo del promedio negociado antes de llegar el gobierno. Lo mismo ocurre con los TES en UVR.

En definitiva, estos son algunos hechos que revelan avances del gobierno en dos años y las certezas económicas que ponen en evidencia el buen manejo de la política económica y la confianza que existe en el país y en su economía.

Ricardo Bonilla González

Ministro de Hacienda y Crédito Público

No a la tributaria

Desde la aprobación del Decreto 444 en 1967, nunca se le ha negado un presupuesto al gobierno. Eso sí, cuando las comisiones económicas rechazan el monto del presupuesto, debe interpretarse como un mensaje en contra la reforma tributaria. Cuando un gobierno quiere aumentar impuestos, agiliza el trámite si presenta una ley de financiación en el marco de un presupuesto desfinanciado, lo que da un mensaje de urgencia y vincularla a las comisiones IV. Existe consenso en que un incremento de impuestos desaceleraría aún más la economía. Además, aunque la poesía presupuestal es valiosa, con una ejecución de la inversión de solo el 35.7% en agosto, no es claro el uso de los recursos. Lo mejor sería, como dice el Congreso, recortar el presupuesto en $12 billones y no hacer tributaria.

Claro, la reforma tiene dulces que ameritarían destacarse en otra columna: una reducción de impuesto de renta corporativa, la mejora del precio base del carbono y la posibilidad de tranzar beneficios tributarios de inversión en renovables. Sin embargo, incomoda el aplazamiento de la entrada en vigencia de la regla fiscal, lo cual abre espacio a un déficit adicional de $5 billones. La reforma no se necesitaría si el gobierno hubiera tomado decisiones acertadas en materia de gasto. Tampoco lo sería si no se hubiera empecinado en espantar la inversión privada, problema que agrava en el texto propuesto. No existe ningún choque externo que justifique la reforma, todo es daño auto infligido.

 

Es cierto que el gobierno Duque dejó a Petro con dos bombas fiscales: el ajuste del plan de beneficios de salud y los subsidios a los combustibles. En el primer caso, al final de su mandato, Duque amplió los beneficios de salud sin tomar en cuenta la sostenibilidad financiera del sistema, solo los deseos de mejorarlo. Sin que estuviera el adulto responsable en la conversación, Min Hacienda, desestabilizó el sector. El afán del gobierno Petro de reformar el sistema agravó el problema, ya que cada vez que interviene una EPS, le toca asumir sus pérdidas. Esto le puede costar $12 billones.

En el tema de combustibles, el gobierno tuvo la oportunidad de corregir la política desde el principio, pero solo lo hizo para la gasolina. La corrección del diésel, la dejó para después de las elecciones regionales por razones políticas, donde de todas maneras el partido de gobierno tuvo el peor resultado en la historia del país. A penas trató de hacer el ajuste, el gobierno se asustó con los paros y claudicó. El subsidio al diésel, junto con la congelación de los peajes y el subsidio del SOAT, suma unos $16 billones. Estos subsidios están mal focalizados y contaminan, existen mejores usos para esos recursos, uno de ellos es no hacer una reforma tributaria.

El daño contra el ambiente de inversión ha sido ampliamente discutido en estas columnas. Resumen la inversión como porcentaje del PIB es la más baja en 20 años. Repito, todos estos daños son autogoles del gobierno. En sectores como energía o vivienda, donde no era necesario intervenir, todos los cambios hicieron daño. Hay tanto gordo para recortar que no tiene sentido subir impuestos. Igual, este presupuesto ya se hundió legalmente hablando. Y la plata que hay, ni si quiera se ejecuta, no es el momento para una tributaria.

Simón Gaviria