La sociedad Colombiana ha venido padeciendo desde hace casi seis décadas lo que podemos titular, su más reciente conflicto armado interno de carácter político y social, nacido de decisiones de sectores y organizaciones de izquierda, identificados ideológicamente con corrientes de pensamiento marxista o ligados a la teología de la liberación. Conflicto en un inicio protagonizado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC, conocidas luego como FARC-Ejército del Pueblo, el Ejército de Liberación Nacional – ELN (1964) y por el Ejército Popular de Liberación – EPL (1967), es decir desde los inicios y consolidación del llamado Frente Nacional, o como en el caso de movimiento 19 de abril M-19 (1974), como respuesta a la intención de perpetuar por parte de las élites políticas tradicionales, dicho acuerdo de repartición política y administrativa del estado y del gobierno.
Conflicto armado a su vez heredado o reciclado de otros conflictos no resueltos estructuralmente, que están presentes en la génesis y desarrollo del surgimiento de la República y su forma de organización administrativa, social, cultural y política (incluido el tipo de democracia) y en el modelo económico, capitalista en sus inicios y capitalista neoliberal en las últimas tres décadas, que luego se retroalimentan y reticulan de forma compleja a nivel nacional y territorial, y que sirven para sustentar la vigencia de la lucha armada o en el caso de los grupos neoparamilitares o bandas criminales, sirve para excusar la contracultura de la ilegalidad mafiosa narcotraficante y/o corrupta, abarcando diversos niveles o categorías, que estructuran o construyen diversas formas de realidad, perceptibles de muy diversas maneras, tanto en el desarrollo mismo de sus componentes, como en categorías que se han venido convirtiendo en parte fundamental del debate y el devenir de la sociedad.
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En las últimos décadas, a este sistema llamado conflicto armado, se le han adicionado otros componentes causales-subsistemas, entre los que se destacan el conflicto frente al tema del uso de los recursos naturales renovables y no renovables, los conflictos generados a partir de los reclamos de autonomía y reconocimiento de los pueblos étnicos, los conflictos creados a partir de las prácticas sistemáticas de violación estatal de los derechos humanos en todas sus dimensiones y los conflictos de la transversalidad que imprime los recursos económicos ligados a la prohibición de la producción y tráfico de cocaína, y los enclaves económicos interrelacionados con estas, como el tráfico ilícito de armas y municiones, la trata de personas y el lavado de activos, entre otros.
Aunque existen distintas apreciaciones sobre los orígenes, continuidad y retroalimentación del conflicto armado en Colombia, tal como se evidencia en las relatorías de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas[1], es necesario en la actualidad, para el caso de proponer un abordaje o mejor aún múltiples abordajes, buscando la transformación de este en forma pacífica, política y negociada, reconocer que existen un conflicto armado interno altamente fragmentado o que se expresan diversos conflictos armados que se entre mezclan en el territorio, con causalidades, comportamiento y consecuencias diferentes, las cuáles inclusive sirven para identificar comportamientos o expresiones políticas, sociales o criminales de cada grupo armado en particular.
Estas causalidades que se desarrollan como subsistemas, requieren como acertadamente se ha propuesto, un abordaje total, que tenga como resultado la Paz Total o la Paz Integral, tal y como la sociedad lo ha venido proponiendo desde las múltiples iniciativas de paz nacionales y territoriales.
Estos diversos actores armados conservan, en el caso de las guerrillas de izquierda, los elementos que los caracterizan como grupos insurgentes de carácter político, y en el caso de las conocidas bandas criminales-BACRIN o grupos neoparamilitares, se reconocen que son estructuras de delincuencia común, que surgen para el enriquecimiento individual y/o familiar, pero que es necesario advertir, se alimentan y crecen ejerciendo formas de poder que constriñe el sistema político, convirtiéndose de alguna manera, aunque alejada de la definición tradicional, en un actor político armado.
Finalmente están las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea, Armada) y de Policía, guiadas aún por la llamada doctrina de seguridad[2], que han combatido a las organizaciones guerrilleras, en algunas ocasiones a las organizaciones paramilitares y se han visto envueltas en escándalos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH.
Los desarrollos que la conflictividad violenta ha tenido principalmente en los últimos 30 años, es decir a partir de la nueva Constitución Política (sin que esto signifique desconocer causalidades y manifestaciones de décadas anteriores), unos elementos causales particulares (heredados y nuevos) que deben ser reconocidos y abordados en su dimensión y especificidad, en diálogo sistémico permanente con el más amplio universo posible de causas, las cuales han producido un universo de consecuencias que se han transformado por su nivel de daño y reiteración, en causalidades que a su vez retroalimentan las conflictividades violentas.
El reto es abrir múltiples espacios de diálogo ciudadano, en concordancia con cada uno de los subsistemas que se consideran causales del conflicto armado, para que en estos participen los gremios económicos, las organizaciones sociales, comunales, étnicas, sindicales, de mujeres, de jóvenes, de víctimas, de población con discapacidad, de población LGBTIQ+, entre otras, en todas las regiones del país, dependiendo de los niveles de afectación del conflicto mismo, para que la agenda de paz y los acuerdos logrados no sean una imposición de las mesas de diálogo Gobierno-Guerrillas o Gobierno-Grupos de delincuencia común, sino el resultado de diálogos y acuerdos entre la sociedad, que deben ser refrendados, asumidos, complementados o mejorados por dichas mesas. La Paz Total es posible, la Paz Integral es necesaria, pero hay que activar toda la imaginación y todos los recursos posibles y disponibles.
Luis Emil Sanabria Durán
[1] Surgida de un acuerdo entre los representantes del Gobierno nacional y los delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), adoptado el 5 de agosto de 2014.
[2] http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/ceso/indice.htm
