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Etiqueta: Paz

«Mientras las disidencias continúen con actividades ilícitas no habrá diálogos de paz», dice el primer mandatario

Al rechazar los atentados en Popayán (Cauca) y Jamundí (Valle del Cauca), el presidente Gustavo Petro advirtió a las disidencias que mientras continúen estos ataques y ellos no desistan de las economías ilegales, los diálogos de paz se mantendrán en el congelador.

«El Estado Mayor Central, EMC, en el Cauca, vive de la exportación de cocaína. Por eso quería un cese al fuego sin dejar de matar y controlar la población», escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

 

Dijo además que la orden dada a la Fuerza Pública y a la Policía es la defender a la ciudadanía, mientras los grupos ilegales no desistan de las economías ilícitas que ejercen en territorios como el Cauca y el Valle del Cauca.

«Mientras no decidan desmantelar las economías ilícitas no habrá conversaciones de paz y la ofensiva del ejército será total. La orden es neutralizar el EMC en el Cauca y el Valle», puntualizó.

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Y los ricos, ¿qué papel juegan en la paz de Colombia?

Un país con profundas desigualdades sociales como Colombia, marcado por el conflicto armado interno más prolongado del mundo, lo que a su vez genera polarización y debate, genera inevitablemente preguntas sobre el papel que cumplen o deben cumplir los ricos en la construcción de la paz y, por ende, en la superación de la pobreza y las inequidades. ¿Pueden ser los ricos aliados o enemigos en la construcción de una paz integral, duradera y estable?

No se puede negar que algunos ricos-ricos, muy pocos para mi gusto, pertenecientes al pequeño círculo de empresarios y de capital financiero, han contribuido con las intenciones de los gobiernos en la construcción de la paz. Sin embargo, aunque han apoyado con la inversión de capital y la implementación de proyectos en algunas zonas tradicionalmente afectadas por la exclusión y la pobreza, estas iniciativas han estado más enfocadas en los intereses del empresario que en las necesidades de las comunidades.

 

En la mayoría de los casos, la participación activa de las personas del común en las decisiones de la planificación y ejecución de los proyectos, o en la identificación de planes de responsabilidad social empresarial, que son fundamentales para la construcción de paz territorial y estabilidad social, ha sido periférica y en ocasiones nula. Limitándose exclusivamente al interés de la empresa en obtener una licencia ambiental.

Ahora bien, ante la profundidad del fenómeno de la violencia armada, ante la crisis de producción local y generación de empleo, como resultado de políticas económicas (cargas impositivas altas, escaso o nulo acompañamiento, respaldo y desarrollo tecnológico, etc.) que no distinguen a la hora de respaldar, promover o incentivar la economía, entre pequeñas y medianas empresas creadas por la clase media (alta, media o baja) y las creadas por los grandes capitalistas o el capital golondrina, y ante la crisis de las políticas económicas heredadas, que ha conducido a la exclusión y el empobrecimiento de millones de compatriotas, se requieren nuevas estrategias económicas y sociales que hagan posible una mayor certidumbre de quienes desde la iniciativa local promueven empresa y crean empleo.

El país demanda una política de generación de empresas (rurales y urbanas) inclusive para participar en la implementación de políticas públicas, más ligadas a la iniciativa colectiva, solidaria y popular, de la mano de las y los profesionales jóvenes y dueños de capital criollo, y requiere, de aquellos que se reconocen, por tradición y estatus heredado, como empresarios tomadores de decisiones, más compromiso, más generosidad, más oportunidades, menos espíritu monopolista, aunque esto represente, a corto plazo, una tasa de retorno de inversión más lenta o menos ganancias que las proyectadas.

Más allá de lo estrictamente económico en términos de inversión de capital y generación de plusvalía, se requiere que tanto los ricos más ricos colombianos o con inversiones en Colombia (casi todos asentados en el extranjero), los ricos emprendedores y la franja de profesionales creativos, que se enfrenta día a día al poder monopolistas de los primeros y a las condiciones adversas que el Estado y el entorno le imponen, tomen la decisión, sin ambages, ni mezquindad, de participar en los escenarios que se abren a propósito del Plan de Participación acordado para sacar adelante el proceso de paz con las guerrillas del ELN. Allí se podrá opinar y proponer nuevas iniciativas de carácter político, tributario o económico que hagan posible el fortalecimiento de la economía criolla. No hay que tenerle miedo a la democracia directa y menos a la democracia participativa.

Las condiciones de inestabilidad social y política, las equivocadas decisiones de una oposición poco reflexiva, que considera a la paz como una bandera del gobierno a la que hay que oponerse sin consideración, requieren por parte del sector productivo y empresarial en todas sus expresiones, una actitud responsable con la sociedad, involucrando un verdadero y genuino compromiso político con la justicia social y la equidad; esto incluye necesariamente, su vinculación a la construcción, mediante un diálogo abierto y honesto, de un Gran Acuerdo Nacional que fortalezca la democracia, la justicia y el establecimiento de un sector empresarial robusto en términos de calidad, diversidad y cantidad.

Es urgente adelantar una cruzada nacional y territorial contra la corrupción privada y pública en todas sus expresiones, con ejercicios de rendición de cuentas sobre los recursos públicos que maneja el sector privado, una unidad de acción contra el contrabando, el lavado de activos, la evasión de impuestos, el narcotráfico, la minería ilegal y depredadora, el tráfico de especies y la trata de personas.

La implementación de soluciones a las problemáticas internas, no es una tarea solo del pueblo y de las clases medias tradicionalmente víctimas de las violencias. Los grandes y privilegiados tomadores y tomadoras de decisiones empresariales, que también dominan parte del escenario político y de medios de comunicación, así como velan con todo su derecho, por mantener vivas a sus empresas, también deben velar por la democracia y la participación ciudadana. No está bien que exijan compromisos a la nación mientras algunos son señalados de financiar campañas políticas para luego constreñir veladamente la independencia del Congreso de la República y, por esta misma vía, intervenir el poder ejecutivo y judicial.

La paz y la democracia claman por la implementación de la Reforma Rural Integral que haga productivo el campo, que armonice la labor del productor agropecuario con los intereses de los campesinos y campesinas; el país reclama más y mejores políticas de bienestar que garanticen salud y educación adecuadas para quienes habitan los cinturones de miseria en campos y ciudades; por más y mejor investigación científica que haga posible la soberanía nacional y el mejoramiento tecnológico y productivo de las empresas nacionales. El país requiere transitar hacia la producción de energías limpias amigables con el ambiente, apoyándose en el potencial hidrográfico de nuestros territorios.

La promoción de la inclusión social y el apoyo a políticas públicas que reduzcan las desigualdades, son pasos indispensables para el logro de la Paz. En momentos de crisis permanente como la que vive nuestra Colombia, solo el diálogo, el encuentro sincero y transparente podrán hacer posible que los fusiles se silencien. Unamos nuestras voces para construir país, rompamos los abismos que nos separan y hagamos posible una nueva democracia para que las deliberaciones amplias iluminen el oscuro salón donde se reunen la pobreza, la componenda y la corrupción.

Luis Emil Sanabria D.

El ELN responsabiliza al Gobierno de supuesto bloqueo al proceso de paz

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha emitido un último comunicado en el que ha acusado al Gobierno de Colombia de cometer «graves incumplimientos» de los acuerdos alcanzados hasta el momento, entre ellos el alto el fuego bilateral, y que, debido a ello, las conversaciones siguen congeladas.

El ELN ha señalado que a partir de junio se cumplirán doce meses de incumplimientos del Gobierno, que no ha retirado todavía a la guerrilla de su lista de Grupos Armados Organizados (GAO) y ha «torpedeado» el alto el fuego.

 

Ante la falta de un mecanismo de vigilancia y monitoreo de la tregua armada, el ELN denuncia que las Fuerzas Armadas colombianas han lanzado operaciones contra ellos, al tiempo que han apoyado y reforzado el despliegue de grupos paramilitares en aquellos territorios en los que la guerrilla está presente.

A pesar de todo, remarca, que el ELN seguirá «manteniendo su voluntad de paz» y respetando el cumplimiento de todos los acuerdos firmados, «que son de conocimiento de los garantes y acompañantes permanentes», así como de conocimiento público».

En ese sentido, ha condicionado el desbloqueo de la mesa de negociación al cumplimiento por parte del Gobierno de Colombia de aquellos acuerdos que a su juicio están siendo vulnerados.

El anuncio de la guerrilla se produce pocos días después de que ambas partes en la mesa de negociación establecida en Caracas alcanzaran un acuerdo para incluir en los diálogos a amplios sectores de la sociedad civil que se ha visto afectada por un conflicto armado que se vienen produciendo desde hace décadas.

La implementación del capítulo étnico en el 8 informe del Instituto KROC

Estos informes del Instituto KROC de la Universidad de Notre Dame, han servido para analizar el procesos de implementación en su integralidad con datos cuantitativos y cualitativos sistematizados en la Matriz de Acuerdos de Paz que analiza 34 Acuerdos de Paz en el mundo. Esto permite un ejercicio de análisis comparativo de avances y retrocesos de nuestro proceso de paz, a 7 años de su firma.

Se resalta la estrategia del KROC de desarrollar barómetros regionales en las subregiones PDET para ahondar en el análisis y seguimiento a la territorialización de la implementación, siendo el primer barómetro Urabá y Chocó (https://peaceaccords.nd.edu/barometer/colombia-reports?lang=es).

 

A nivel general el informe arroja que los Puntos 3 (Fin del Conflicto) y 6 (Implementación, Verificación y Refrendación) tuvieron mayores niveles de implementación; en contraste, los Puntos 1 (Reforma rural Integral) y 2 (Participación Política) que tuvieron menores niveles de aumento. En lo que se refiere a los Puntos 4 (Solución al Problema de las Drogas Ilícitas) y 5 (Acuerdo sobre Víctimas), se ubicaron dentro del promedio dentro del estado general del proceso de implementación. El informe analiza 578 disposiciones o compromisos y se cruzan don diferentes variables en una matriz.

En lo relacionado con el enfoque étnico, se mantienen rezagos en la dinámica de la implementación general. De las 80 disposiciones con enfoque étnico, no se había iniciado el 13% a noviembre de 2023. Se encontró en estado mínimo el 61%. En estado intermedio se ubicó el 14% y sólo el 13% se había completado.
Se resalta que a la fecha se adjudicaron para licenciamiento 68 emisoras étnicas.

El bajo nivel de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz (AFP) se evidencia en que de 13 compromisos que los componen, según la metodología del Instituto, dos no habían iniciado, ocho estaban en avance mínimo, dos en estado intermedio y solamente se completó uno. Esta es una tendencia similar en las otras 67 disposiciones del enfoque étnico y durante 2023 no se evidenciaron cambios cuantitativos con relación a 2022.

Así mismo, el Informe señala los hallazgos de la Contraloría General de la República con relación al bajo nivel de asignación de recursos para el enfoque étnico. Señala que entre 2018 a 2022 se destinó el 4,1% del total de recursos del Presupuesto General de la Nación al AFP. El Instituto insiste en “la necesidad de articular los instrumentos de planificación territorial” con el AFP, de manera integral.

Es de resaltar que sigue siendo clave el papel de la comunidad internacional para poder concentrar el respaldo político y financiero de la cooperación internacional en la implementación en acciones que fortalezcan la territorialización del principio de integralidad, mediante la formación de capacidades locales, de modo que la formulación y ejecución de los planes de desarrollo territoriales estén alineados con el Acuerdo Final. Esto es clave para territorializar la implementación en su integralidad, como quedó contemplado en el Acuerdo.

Finalmente, es clave señalar que los 8 conflictos territoriales que el Instituto señala afectan en gran medida a los pueblos étnicos y a la implementación en los territorios. De alguna manera la declaración de estado de cosas inconstitucional frente a la no implementación del Acuerdo le da un impulso a la implementación en estos territorios. Seguiremos luchando por que se cumpla lo pactado.

Pedro Baracutao

Unir nuestras voces, para descalificar las violencias

El 20 de mayo pasado, se cumplieron 60 años del envío de la carta de paz que los habitantes de la zona de Marquetalia (Tolima), en límites con Cauca y Huila, liderados por Manuel Marulanda Vélez (Pedro Antonio Marín), enviaron al entonces presidente de la República, Guillermo León Valencia (abuelo de Paloma Valencia). En esa carta, además de pedir inversión social, construcción de vías, escuelas y centros de salud, se solicitaba el retiro de las tropas del Ejército Nacional, que días antes habían ingresado a la región a sangre y fuego, en respuesta a las reivindicaciones campesinas acumuladas por años de violencia y abandono. La respuesta a la carta de un puñado de colombianos y colombianas fue la represión, el bombardeo, la guerra y la muerte. Este pasaje de la historia se enmarca en los orígenes de las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Una decisión que privilegió el uso de la fuerza y de la guerra, en lugar de la respuesta oportuna, dialogada y eficaz del Estado, nos condujo, hasta la fecha, a más de sesenta años de violencia guerrillera (que no debió nunca suceder), confrontación social y polarización del país. Seis décadas de dolor que pudieron evitarse si quienes ostentaban el poder no hubieran preferido, bajo el amparo de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional (que algunos exmilitares y políticos se resisten siquiera a evaluar), el camino de la guerra, en lugar de la reconciliación y el reconocimiento de las diferencias.

 

Algunos grupos armados, que se reivindican como FARC, alejados de la voluntad de paz del acuerdo firmado en 2016, quisieron recordar aquellos hechos dolorosos de mayo de 1964. Nada más distante de la lucha por los derechos sociales y políticos de los sectores populares que pretender que la toma a sangre y fuego de poblaciones, el asesinato y las amenazas contra poblaciones indígenas, afrodescendientes, obreras y campesinas, el uso del terror y el miedo, y estar vinculados a los negocios ilícitos de narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de especies, o la extorsión a los mineros tradicionales y ancestrales, pueda considerarse parte de la lucha por un mejor país, y menos aún, una conmemoración en memoria de los y las campesinas rebeldes asesinadas en medio de la violencia conservadora-liberal y los planes de pacificación del Frente Nacional.

El país vive una situación diferente a la vivida durante las convulsionadas décadas de los años sesenta y setenta, cuando se conformaron los grupos guerrilleros revolucionarios de ideología de izquierda, tanto comunistas como socialdemócratas, indigenistas o socialistas. La sociedad colombiana tiene una Constitución Política (1991), más garantista e inclusiva, diferente a la vetusta y conservadora constitución de 1886 impuesta con dolor y muerte, que debe ser desarrollada y aplicada a cabalidad. Se cuenta, por primera vez en la historia, con un gobierno de transición progresista, no ligado a las tradicionales esferas de poder. Se plantean inversiones sociales en educación, salud e infraestructura que beneficien a las comunidades y se comienza a desarrollar la eternamente aplazada Reforma Rural, que forma parte de las causas estructurales que originaron el conflicto armado interno.

Lo más revolucionario, en toda la amplitud y generosidad que esta palabra encierra, es comprender que la sociedad colombiana clama, suplica, resiste y lucha para que la paz sea una realidad. Más allá del apellido que se le ponga a la paz, sea este la Justicia Social, Total, Integral, Transformadora, Territorial, etc., lo que la gente quiere es la paz que finalmente silencie los fusiles; la paz para poder hablar, para poder dialogar, para concertar y ejecutar las políticas, los planes, programas y proyectos que hagan posible una Colombia nueva, pacífica, democrática, incluyente y justa, para que nunca más, por ningún motivo, a un compatriota se le ocurra apuntar o disparar un arma contra otro compatriota.

El pueblo caucano, así como algunos habitantes de Nariño, Valle, Chocó, Putumayo, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander y Arauca, sufren a mayor escala el rigor de una confrontación impuesta por los mercaderes de la muerte, por los dueños de las economías ilegales ligadas a la minería del oro y al narcotráfico, por quienes, bajo el pretexto de las difíciles condiciones de pobreza y exclusión impuestas por el modelo privatizador y la economía de mercado, se empeñan en sostener una violencia armada demencial y profundamente dolorosa, ya sea para mantener privilegios económicos o como estrategia política.

El Gobierno Nacional y los gobiernos locales deben hacer uso de todas las herramientas políticas que hagan posible la construcción de la paz. Nada puede ser subestimado o desechado cuando se trata del bien preciado de la vida; en estas regiones es claro que se deben co-construir acuerdos de territorialidad para la paz, vinculando a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, los cuales deberán quedar contemplados en Pactos por la Paz y la Vida, en donde se conjuguen estrategias claras que comprometan a la sociedad civil, ligadas a acuerdos de inversión estratégica en materia de salud, educación e infraestructura vial. Para ello se requiere una mayor coordinación interinstitucional, estrategias territoriales para la superación de las economías ilícitas y la instalación de cadenas productivas y de crecimiento económico que beneficien a todos y todas, unido a la generación de una cultura de paz, derechos humanos, reconciliación y protección a la vida, a partir de estrategias pedagógicas, comunicativas, de autocuidado y autoprotección, que fortalezcan los valores, los derechos y los deberes de la ciudadanía.

No estoy proponiendo con esto que el Estado renuncie al uso legítimo de la fuerza para proteger la vida y los bienes públicos y privados, labor que se hace más necesaria en tiempos de crisis y de ataques indiscriminados que infringen el Derecho Internacional Humanitario. Al igual que muchos y muchas, estoy convencido de que la sola estrategia de fortalecimiento del pie de fuerza, buscando vencer a los grupos armados por la vía militar o el sometimiento a la justicia, ya hace rato se comprobó, que no nos conduce a la paz. Puede que estas estrategias instalen un superficial clima de tranquilidad, como en otras ocasiones ha ocurrido; sin embargo, la llama de la violencia seguirá encendida, hasta que vuelvan a darse las condiciones para perpetrar otros ataques armados y la muerte violenta vuelva a transitar por campos, veredas y calles.

Las comunidades queremos la paz, pero esta no emergerá si no nos comprometemos a construir las condiciones para que eso ocurra. Hay que juntarnos, unir nuestras voces, movilizarnos, dialogar y construir compromisos posibles y realizables a corto, mediano y largo plazo, para descalificar las violencias. El Gobierno Nacional y los gobiernos locales deben continuar por la ruta de la participación con poder de decisión y avanzar hacia una estrategia territorial más sostenible e incluyente, más deliberativa y democrática, a todos los niveles y con todos los actores sociales, para hacer posible la ampliación y el fortalecimiento del tejido social y político que resiste, persiste e insiste en la Paz.

Luis Emil Sanabria

Delegaciones del Gobierno y del ELN cierran primer punto de acuerdo de paz

Las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), firmaron un acuerdo sobre la participación ciudadana en la construcción de los acuerdos de paz.

“Este ya es un consenso para la mesa de diálogos y, por ello, en la búsqueda de la mayor participación posible para las transformaciones necesarias. Adelantamos un proceso histórico sin precedentes”, aseguró Rodrigo Botero, integrante de la delegación del Gobierno.

 

El pacto destaca la conformación del Comité Nacional de Participación (CNP), que llevó a cabo 78 preencuentros y encuentros , con la participación de 8.565 representantes de organizaciones sociales de 30 sectores, así como 3.217 organizaciones en todas las regiones del país.

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Se desarrollaron además se desarrollaron los ejes de diálogo sobre régimen político, modelo económico, política ambiental, educación y cultura.

Vera Grabe, destacó el cierre de este acuerdo porque -consideró- no es fácil encontrar «el camino a la paz» y de la «superación de tantos años de guerra, de violencia». Pablo Beltrán por su parte, señaló que la mesa de diálogo quiere aportar a los cambios que «urgen» en Colombia, 

La democracia en los siglos XX y XXI y sus conflictos

Detrás de cada conflicto, siempre hay una causa. Una pretensión de justicia, de un mundo mejor. Un ideal consustancial que tiene la función de dar sentido y, en últimas, legitimidad. El fin, que justifica –o no- los medios, creyendo tendenciosamente que es posible separar estos de aquellos.

Causas las hay unas más nobles y loables que otras, algunas más bien instrumentales y oportunistas, ventajistas. Pero cuando una idea toma forma, cuando hace séquito y comienza a ser parte de la agenda pública de una sociedad, merece ser tramitada.

 

La democracia del siglo XX se consolidó alrededor de la representación política, bien con mecanismos institucionales a través de corporaciones públicas con mecanismos de elección popular, o bien mediante dispositivos de participación civil, “alternativas” frente a sistemas políticos que operan con lógicas selectivas de participación, sistemas excluyentes. Precisamente estas democracias cerradas fueron el caldo de cultivo que justificó y validó la vía armada y, por ahí derecho, la insurrección frente al Estado-Nación.

El asunto espinoso es que estas causas siempre reclaman la construcción narrativa de un sujeto desvalido a nombre del cual se reclama. Grupos organizados, alzados en armas, se reclaman como representantes legítimos “del pueblo”, de los “sin voz”, de la “voluntad popular” o incluso de “la sociedad civil”. Los esgrimen, instrumentalmente, para dotar de validez sus medios.

Pero la democracia que madura, llega al siglo XXI con la pregunta de ¿quién habla a nombre de los marginalizados? ¿y por qué?

La crisis de la representación política no solo encubre a las instituciones públicas y a los cargos de elección popular. Llega también a las organizaciones y movimientos sociales, y con especial contundencia a los grupos alzados en armas. La ciudadanía, actor cada vez más activo en la apertura democrática, no permite que se le utilice. Nos muestra lo difícil que es ahora mismo tomar la voz por los otros, y reclama una participación directa.

Siempre hay algo de grosero en comparar guerras, que debe ser compensado con la bondad que hay al comparar experiencias de construcción de paz. Tal sea el faro que guie el camino de estas líneas.

Santiago Sánchez Jiménez

Sociólogo-Antropólogo

¿Llego la hora de renegociar el Acuerdo de Paz?

Una polvareda levantó el presidente Gustavo Petro esta semana. Esta vez con relación al cumplimiento del Acuerdo Final de Paz entre la Ex guerrilla de las FARC y el Estado Colombiano. “Yo no puedo decir mentiras”, sentenció. Advirtió que iría él mismo a la Organización de Naciones Unidas para reconocer que “el Estado de Colombia no quiere cumplir el Acuerdo de Paz que firmó”. Y remató afirmando que “Se trataría del primer país en el mundo en incumplir una declaración unilateral de Estado suscrita ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”. El presidente enfatizó en los incumplimientos en el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz como tribunal de cierre del conflicto en materia de verdad y justicia; y lamentó la lentitud en la implementación de la jurisdicción y la reforma agraria.

No le falta razón al jefe de Estado en su preocupación por los incumplimientos del Acuerdo de Paz más abarcativo, ambicioso y completo de los firmados en Colombia y quizás en América Latina. Para algunos resultaría exótico que un Estado en palabras de su propio jefe con resignación reconozca su impotencia e imposibilidad para honrar ante el mundo un Acuerdo de esta magnitud. El Magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, reaccionó calificando la declaración de Petro como una “autoincriminación”. “Es como un auto denuncia, que produce un estado de desconcierto en la comunidad internacional”. Sin embargo, más allá de las responsabilidades que pueden ser atribuibles al gobierno nacional, las instituciones y funcionarios encargadas de cumplir lo pactado con la ex guerrilla, el presidente Petro seguramente hace alusión a las resistencias, frenos de mano, contraordenes y saboteos que ocurren al interior de un aparato estatal que sigue siendo un campo de batalla ideológico y político entre el cambio y el pasado.

 

Y no es para menos. El octavo informe del Instituto Kroc de la Universidad de Notra Dame de mayo del 2024, entidad designada por las partes en el Acuerdo como soporte técnico para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los mismos, advierte que, aunque la de implementación de las 578 disposiciones o compromisos que se derivan del texto del Acuerdo Final de Paz no se ha detenido, su estado actual merece especial atención. Según el informe, en noviembre del 2023 y a 7 años de su firma, solo el 32 % de las disposiciones del pacto de paz completaron su implementación, el 19% se encuentra en estado intermedio, el 30% en estado mínimo y el 10% no había iniciado su cumplimiento. “Es decir que luego de 7 años, el 49% de los compromisos se encuentran en nivel mínimo y no iniciado, sobre los cuales no se cuenta con evidencias que demuestre su viabilidad para ser completados antes de que se venza el plazo establecido para ello”, advierte el Instituto Kroc en su informe.

Puntualmente, en el punto de tres de “Fin del Conflicto”, registrado por la misma fuente como uno de los de mayor avance, los compromisos de Cese al Fuego, desmovilización o dejación de armas por parte de las exFARC se cumplieron en un 97%, mientras que los compromisos en reincorporación económica, social y política, aunque alcanzan un destacado nivel de ejecución del 66%, un 34% continuaba en proceso de implementación (en estado mínimo, intermedio o sin iniciar). Llama la atención que se afirme en este reporte que “durante el último año de implementación se han mantenido niveles muy similares a los del cuatrienio Duque (1998-2022), el presidente que se propuso “volver trizas los Acuerdos”.

El presidente y su Gobierno en el marco de su Política de Paz Total, contrario al Uribismo, han dado muestras de su compromiso con el Acuerdo de Paz. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida ordena la articulación de sus 5 ejes transformacionales con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial pactados en el Acuerdo y asigna la cifra sin precedentes de 50.4 billones de pesos. También se avanzó en la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz para articular toda la acción institucional orientada a una mayor celeridad en su cumplimiento.

El presidente Petro debería repensar su mensaje ante las Naciones Unidas. Más bien debería incrementar el compromiso estatal con el Acuerdo de Paz. Una especie de renegociación o ajuste del Acuerdo en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación CSIVI, a instancias de la comunidad internacional (ONU y países garantes) podría permitir aclarar dudas y precisar los alcances de la JEP como tribunal de cierre, comprometer al conjunto del Estado y todos los poderes públicos en acelerar el cumplimiento del mismo en materia de desarrollo rural, derechos de las víctimas, reforma política, nueva política de sustitución economías ilícitas o transformar las caóticas 120 mil iniciativas de los 170 municipios PDETs heredados por este gobierno en proyectos de transformación territorial en las zonas de violencia financieramente viables y mayor impacto.

Antonio Sanguino

¿Por qué Lafaurie se separa del próximo ciclo de conversaciones con el ELN?

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, señaló en su columna de opinión que no asistirá a la próxima ronda de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

«Por compromisos gremiales en el exterior no estaré presente en la ronda de negociaciones con el ELN que inicia el 20 de mayo en Caracas, en la cual el Consejo Nacional de Participación, CNP, deberá someter a consideración de la Mesa de Diálogos los tres entregables previstos en el Acuerdo de Participación (Acuerdo 9) para esta primera fase de diseño: Un modelo de participación, unas recomendaciones y un Plan Nacional de Participación», afirmó el líder gremial.

 

Al parecer, Lafaurie no está de acuerdo con el esquema planteado en la mesa de negociación para dar una amplia participación a la sociedad civil en las conversaciones de paz con el grupo armado.

«Sin menoscabo de mi respeto por lo acordado, el problema viene desde el Acuerdo 9, que así lo estipuló (numeral 4.1.), o más bien, de la obsesión del ELN por que todo sea resultado de una participación, en este caso innecesaria; participación amplia que debería reservarse para las fases posteriores, ya no instrumentales, sino temáticas, de diagnóstico, formulación de propuestas y construcción del Plan Integral de Transformaciones, cuya culminación está prevista para mayo de 2025», señala Lafaurie en su columna de opinión.

Gobierno rechaza decisión del ELN de retomar el secuestro

La delegación del Gobierno de Colombia que negocia la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha advertido este martes a la guerrilla de que se «se equivoca gravemente» si cree que puede seguir con los secuestros tras anunciar que los retomaría ante la «poca voluntad» de hallar nuevas fuentes de financiación.

«Se equivoca gravemente el ELN si cree que puede secuestrar colombianos porque al margen de incumplir los acuerdos firmados (…) la sociedad colombiana no acepta un secuestro más», ha señalado José Félix Lafaurie, uno de los integrantes de la mesa negociadora del Gobierno.

 

Lafaurie ha rechazado que exista una relación entre el fondo que reclama la guerrilla para financiar el proceso de paz con dejar de lado la práctica del secuestro. Colombia no acepta, la sociedad colombiana no acepta secuestrar y al mismo tiempo dialogar con un grupo en armas», ha advertido.

En la víspera, el ELN emitió un comunicado anunciado que de forma unilateral había decidido reiniciar la práctica del secuestro con fines económicos debido a la «falta de voluntad» del Gobierno para crear un fondo para financiar las labores y la organizaciones de quienes integran la guerrilla y negocian la paz.

Tras el anuncio, la mesa negociadora del Gobierno apuntó que la promesa de crear dicho fondo nunca se dio como «contraprestación» a la suspensión del secuestro, de cualquier otra actividad delictiva, u otra acción específica como el alto el fuego.

«Siempre se le ha dejado en claro al ELN que el comercio con seres humanos no tiene ninguna clase de justificación y su eliminación no es objeto de ninguna transacción por parte del Estado colombiano», zanjó la Delegación de Paz.

En febrero, durante el sexto ciclo de negociaciones que tuvo lugar en La Habana, ambas partes acordaron la creación de dicho fondo a cambio de que la guerrilla renunciara a las «retenciones económicas», tal y como define el secuestro.

A pesar de este último revés, el ELN ha asegurado que cumplirá con el alto el fuego decretado en agosto de 2023 y prorrogado durante 180 días en enero, mostrando su disposición a «retomar y acordar» nuevos pactos para solucionar el conflicto.

¿Qué pasó con el posconflicto?

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos el país se movió en torno al proceso de paz con las extintas Farc y se planteó la idea de que Colombia transitara a una etapa de posconflicto y se difundió la idea de que este sería la cura para los miles de problemas que padecen cientos de municipios y veredas.

Esta etapa de posconflicto llegaría con la firma de la paz con el grupo guerrillero, y aunque la firma llegó, el anhelado posconflicto no apareció ni por las esquinas y aunque suene extraño, el primer culpable de que esto no sucediera fue la persona más interesada en que el país hiciera tránsito a esta etapa, es decir: Juan Manuel Santos, quien no quiso escuchar a quienes le aconsejaron no insistir con su plebiscito por la paz y el resultado de su terquedad, fue el habilitar y envalentonar al uribismo quien no solo le ganó con un No a la paz sino además puso en el Palacio de Nariño a su candidato presidencial, es decir, Iván Duque.

 

Por supuesto Iván Duque, siguiendo las órdenes de Álvaro Uribe restó importancia a la implementación de los acuerdos de paz con las Farc e hizo todo cuanto pudo por retrasarla, entre otras, por su evidente desconocimiento del país.

Superado el nefasto período presidencial de Duque y con la llegada de Gustavo Petro muchos pensaron o creyeron que se volvería a retomar el concepto de posconflicto y que los planes y programas que se trazaron con la firma de la paz con las Farc retomarían la importancia perdida, pero no fue así.

Increíblemente un hombre que viene de un proceso de paz como lo es el primer mandatario, no ha sabido conducir al país por el camino de la paz y más bien lo que ha sucedido es que la mala situación en la que Duque dejó al país en materia de orden público, con Petro empeoró, lo más preocupante es que no tiene reversa.

De nada va a servir el famoso conclave entre el primer mandatario y sus ministros, cuando la situación en materia de orden público no tiene como remediarse porque Gustavo Petro no solo dio reconocimiento de beligerantes a los grupos disidentes, sino que además paralizó a las Fuerzas Militares, quienes no han combatido con todo el rigor que se requiere.

Hoy los territorios que requerían mayor atención del Estado donde se supone los planes de consolidación llegarían con mayor fuerza, han vuelto a ser lugares de confrontación no solo con la fuerza pública sino además entre los grupos irregulares, siendo estos los de mayor intensidad, según consta en los estudios de ONGs como INDEPAZ y la Fundación Ideas Para la Paz.

Todo lo anterior hizo que la palabra posconflicto, que estuvo muy de moda durante más de cuatro años, desapareciera del todo. Hoy nadie la recuerda, ni siquiera Juan Manuel Santos su mayor promotor, y por supuesto el gran responsable de que esto no se consolidara.

Podría también culpar a Iván Duque, pero hay que entender que el llegó al Palacio de Nariño no a dar órdenes sino a obedecerlas. Esperé que Gustavo Petro corrigiera el rumbo, pero, al contrario, lo ha empeorado tanto que dudo que en el futuro inmediato se pueda volver a hablar de posconflicto.

Oscar Sevillano

Sin egoísmos o posturas mesiánicas

La transición de una sociedad que padece un Conflicto Político Armado Interno con más de sesenta años de existencia, degradado y alimentado por fenómenos delincuenciales como la corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de especies, el tráfico de armas y municiones, la trata de personas y el lavado de activos, entre otros, hacia una sociedad pacífica, democrática, transparente, justa y equitativa, debe contemplar, además de una acción coordinada del Estado y los gobiernos para erradicar las causas estructurales que le dieron origen y lo retroalimentan, un profunda y decidida estrategia de Estado que instale en la conciencia y los corazones de la gente, una cultura de paz que nos conduzca a la reconciliación, el reconocimiento, la protección y la defensa de los Derechos Humanos.

A buena hora, las organizaciones de la sociedad civil y algunas entidades de gobierno que trabajan por la paz, dinamizadas por la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, decidieron convocar y organizar la Cumbre Nacional de Experiencias de Pedagógicas de Paz. Un hermoso acontecimiento, en este mar de violencias y señalamientos, que pasó desapercibido para los medios de comunicación y seguramente para las y los tomadores de decisiones sobre el presente y el futuro del país. Del 24 al 26 de abril, se dieron cita en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá, más de 100 experiencias locales y nacionales de organizaciones e instituciones que a diario y sin descanso, han tomado en sus propias manos e iniciativa, la construcción de pedagogías, de didácticas, y de acciones que hacen posible que la paz, más allá de las definiciones académicas, sea una vivencia de las comunidades.

 

Delegaciones de casi todos los departamentos del país, artistas y académicos reconocidos de diferentes partes de América y Europa, juntaron sus experiencias, para que, en un futuro cercano, se fortalezca, como es necesario, un programa nacional de Cultura para la Paz. Delegaciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de población LGBTIQ+, de población con discapacidad, de comunales y campesinos, de firmantes de los acuerdos de paz, expusieron sin el más mínimo asomo de egoísmo o de posturas mesiánicas, sus propuestas, sus avances, sus dificultades y lo profundamente solos que se sienten, en medio de una sociedad que prefiere voltear la cara y olvidarse de la importancia de construir un nuevo ser humano para la vida y la armonía.

Me atrevo a afirmar, luego de escuchar y observar las diferentes propuestas y de resaltar la decisión final de mantenerse coordinados en una plataforma pedagógica nacional para la paz, que existe entre las experiencias una inquebrantable decisión por instalar una amplia y generosa acción pedagógica que, anide en los corazones de las colombianas y los colombianos, el amor, la solidaridad, el respeto a la vida, la dignidad, la justicia y la equidad, que hagan posible que emerja un torrente arrollador de voluntades, capaces de transformar las violencias en convivencia y convertir el dolor en alegría, la tristeza en felicidad y la angustia en esperanza.

Decididos a recrear los sueños, recuperar la creatividad y convocar desde la fragilidad de la esperanza a la utopía de un mundo mejor, este colectivo, que no representa a todas las experiencias pedagógicas de paz que transversalizan el país, pero si una importante muestra, manifestó en todas las conversaciones, algunas más optimistas que otras, la disposición de declararse, desde la fuerza de los corazones descalzos, en desobediencia transformadora frente a los formatos y las competencias individualistas. Han reafirmado que, saldrán a cantar con toda su fuerza, enredados con los hilos del amor, como tercos sinsontes, para que su poesía sea escuchada en todos los rincones, para que su mirada sea aceptada y sus abrazos recibidos.

A pesar de las dificultades logísticas, producidas por la escasez de recursos y otras consideraciones, me atrevo, con las disculpas anticipadas a la cumbre, a afirmar que en general la asistencia se comprometió en mayor o menor medida a:

a)            Promover nuevas pedagogías que hagan posible la inclusión, el amor, el respeto y la dignidad, reconociendo la importancia de la otredad, la diversidad étnica, cultural y espiritual, para construir, un acuerdo nacional de vida que haga posible la felicidad en el territorio;

b)            abrazar la noviolencia para generar didácticas, metodologías y procesos ciudadanos, que coadyuven a la construcción de una sociedad sin violencias físicas, económicas, sexuales, sociales, psicológicas o políticas;

c)            acompañar, ampliar y fortalecer, con sus experiencias y pedagogías, los procesos ciudadanos que quieran comprometerse con la construcción de un país en paz, respetuoso de la vida, la diversidad y los Derechos Humanos;

d)            poner a disposición de la sociedad, del Estado y los gobiernos, todas sus capacidades y recursos materiales e inmateriales, para poner fin a las violencias que nos afectan, en especial, aquella que se ejerce en contra de las niñas, los niños y adolescentes;

e)            promover la democracia y el poder ciudadano para generar las transformaciones pacíficas de los conflictos sociales, políticos, económicos y culturales, colocando al centro el diálogo y la escucha, que construye soluciones y crea compromisos;

f)            aportar a la construcción de una cultura de paz libre de armas, promoviendo el rechazo social al uso de la violencia armada y al armamentismo en Colombia y el mundo;

g)            acompañar los procesos de diálogo social y político para la construcción de paz integral, y las estrategias de vinculación de los y las firmantes de paz, a la vida social, política y económica.

h)            fortalecer los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, desde un enfoque psicosocial, de memoria transformadora, verdad y justicia, para fortalecer el tejido social golpeado por las violencias.

Finalmente, resalto las afirmaciones y el llamado de la cumbre, para que los gobiernos locales, las instituciones del Estado y el Gobierno Nacional, apoyen y respalden con recursos económicos, logísticos y garantías a la vida, los planes, programas y proyectos pedagógicos que buscan, desde la comunidad, construir una sociedad en paz, garante de los Derechos Humanos y reconciliada. Ojalá se continue por este camino, y que la cooperación internacional vea en estos colectivos, el germen que hará posible a largo plazo y en constante articulación con los programas que buscan superar las causas estructurales del conflicto, el surgimiento de una paz estable y duradera.

Luis Emil Sanabria D

Delegación de paz pide a Gustavo Petro ser claro con el proceso del ELN

La delegación de paz del Gobierno en la mesa de diálogos con el Ejército Nacional de Liberación pidió claridad sobre el futuro de este proceso.

De manera pública, los integrante del equipo de negociación del Gobierno manifestaron sus dudas sobre la viabilidad de un proceso de paz con un grupo ilegal a nivel nacional y al tiempo realizar uno más con una facción territorial de esta guerrilla.

 

«Solicitamos al presidente, como jefe de Estado, tomar la decisión que considere en torno a continuar desarrollando los trabajos de la Mesa Nacional de diálogos con el ELN, o adelantar una mesa de diálogo con la estructura de Nariño, o determinar que dicha estructura ha dejado de ser parte de la organización con la que se está negociando a nivel nacional para desarrollar con ella un proceso autónomo», expresó la Delegación. 

La delegación espera que se de un pronunciamiento en este sentido, una vez finalice el conclave del presidente de la república y sus ministros.

Cultura para el cuidado de la diversidad de la vida, el territorio y la paz

En el debate de control político del 25 de abril del 2024 al Min de las Culturas, las Artes y los Saberes (MiCasa) en la comisión Sexta de Cámara, quedó claro que esta cartera tiene buen nivel de ejecución y proyección de trabajo en los territorios donde nunca ha llegado la inversión en cultura, que por primera vez en la historia deja de ser la “cenicienta” de los Ministerios con un presupuesto de más de un billón de pesos para ejecutar este año, del cual en el primer trimestre, se ha ejecutado cerca del 20%.

Para descentralizar la función de este ministerio se han realizado Pactos Culturales por la paz en la Costa Pacífica, en Antioquia y en el Caribe. El MiCasa despliega un triángulo para abarcar dicha estrategia y es: el Plan Quinquenal de Cultura, la  reforma a la Ley General de Cultura y fortalecimiento institucional.

 

El MiCasa podría ser el Ministerio de la Paz, si logra vincular el poder transformador de la cultura de paz con las comunidades más afectadas por el conflicto en clave de reconstruir tejido social.  El cambio necesita más que un período de gobierno, quizás una o dos generaciones. Que nuevas sensibilidades estén en el gobierno y se esté gobernando para los territorios excluidos ya es un cambio.

Como firmante de paz reconozco el esfuerzo de este Ministerio para llegar con programas y proyectos a los territorios más apartados, donde casi nunca se invierten dineros públicos para la formación artística y cultural. Este es un momento para hacer de las artes, los saberes y las culturas una herramienta de paz. Celebramos que en el caso de Antioquia se prioriza un 70 % de los recursos para el departamento en el Urabá y Bajo Cauca. Esta inversión con un enfoque étnico y pluricultural: mujeres, población LGTBI, trabajadoras y trabajadores, población NARP, indígena y Room, excluidos del relato nacional.

“Estamos en un cambio de época y una época de cambios”, decía el ministro Juan David Correa. Es un momento para trabajar a nivel país en la Cultura para el cuidado de la diversidad de la vida, el territorio y la paz, como orienta el Plan Nacional de Cultura 2024-2038.

Como anuncios importantes de este Ministerio se resaltan la apertura de una sede para la región Caribe en Cartagena, otra para la Amazonía y otra en Quibdó, también el nuevo énfasis del Plan Nacional de Lectura en la infancia de territorios excluidos, con una inversión de más de 5 mil millones en las bibliotecas comunitarias del territorio nacional (más de 1200 bibliotecas). Así mismo este Ministerio busca proteger a miles de artistas, principalmente músicos, en edad de pensión y sin ninguna garantía en su vejez.

Celebramos de nuevo que sea la cultura el hilo que ayude a tejer las paces que necesita nuestro país tan aporreado por una violencia estructural, persistente y cotidiana.

Pedro Baracutao

Paz incompleta

El fin del conflicto armado de Colombia se da por pedazos, pero tras cada proceso de desarme se avanza. Los esfuerzos realizados con el M-19, EPL, los carteles de Medellín, Cali y Norte del Valle, las Auto-defensas, las FARC y otros ayudan, pero el hecho es que el conflicto persiste. Los espacios territoriales liberados por cada proceso requieren de fortaleza estatal. Se puede lograr el desarme de los grupos al margen de la ley, pero mientras no exista control del territorio, continúen las rentas extraordinarias, y no se avance en la reconciliación, la paz no será definitiva, solo transitoria.

Al analizar las cifras, sorprende el incremento del 11% de hombres en armas, documentado por Mauricio Vargas en su columna. Según su escrito, durante el primer semestre de 2023, el clan del golfo aumentó el pie de fuerza en 23%, las disidencias de Farc en 9%, Segunda Marquetalia en 6% y ELN en 5,3%. Es impactante que, en el momento del inicio del proceso de paz en 2012, según Min Defensa, las FARC no superaba los 6.700 efectivos y el ELN no alcanzaba los 1.500. La falta de control territorial significa que hoy hay 43,6% más miembros de guerrillas que antes del proceso de paz con las Farc. No solo hubo cambio de brazalete sino nuevo reclutamiento.

 

El actual proceso, a pesar de lo ambicioso, no ha progresado mucho. Según inteligencia militar, los efectivos han aumentando: ELN 6.158, disidencias de las FARC 3.860, Segunda Marquetalia 1.761, Clan del Golfo 5.000, Autodefensas Sierra Nevada 500, BACRIM Medellín 12.000 (Oacp), BACRIM Buenaventura 1.700 (Oacp), y BACRIM Choco 500 (Oacp). En total, hay 31.479 miembros de organizaciones criminales en procesos de negociación, 11.779 de guerrillas y 19.700 de diferentes tipos de BACRIM. Este desarme sería un éxito sin antecedentes, pero las negociaciones están crudas.

Se estima que tanto las FARC como AUC, en sus picos, llegaron a superar individualmente los 30 mil efectivos. Lograr de manera pacífica el desarme siempre es valioso, como dice Sun Tzu “la mejor victoria es vencer sin combatir” pero el problema es que la paz nunca es definitiva, hay que cuidarla. Puede ser fácil conseguir una desmovilización sin verdad, ni reparación a las víctimas, sin promesas de no repetición y sin cárcel. El problema es que esto generaría semillas para el próximo conflicto, especialmente si los factores de financiación siguen estando presentes.

Avanzamos con procesos de paz, pero la falta de control de territorio produce una aceleración del reclutamiento, el orden público esta en franco deterioro. Durante 2023 se incrementaron en 6,5% las masacres en el país. Expertos como Daniel Rico estiman que cada 8 hectáreas de coca financian la actividad de un miembro de grupos ilegales. Si bien esta relación temporalmente se suspendió durante el proceso de paz con las Farc, esta volviendo a su tendencia histórica.

En 2022, el aumento de siembra de coca fue del 61%, para llegar a 230 mil hectáreas. Los rumores de extorsión por doquier y sicariato en todo el país, inclusive en las zonas más seguras de Bogotá, van en línea con una esperada siembra de coca que puede llegar a las 300 mil hectáreas. Con otras fuentes como la minería ilegal y la trata de personas financiando el conflicto, creer en la buena voluntad de cabecillas es claramente insuficiente.

Simón Gaviria