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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Pedro Baracutao

Configuración del poder territorial en Antioquia

En nuestro cierre de la legislatura hemos estado visitando las regiones del departamento de Antioquia, y de cara a la discusión de la coyuntura con amigos, militancia y simpatizantes, hemos construido un análisis para entender políticamente estos territorios.

Desde la perspectiva electoral, la configuración del poder en las regiones antioqueñas inclina la balanza hacia las estructuras partidistas tradicionales afirmándose con fuerza el tradicionalismo conservador antioqueño en términos ideológicos respecto al ejercicio de la democracia representativa.

 

Tras las pasadas elecciones de octubre del 2023, con la apabullante victoria de Federico Gutiérrez en Medellín y la sorpresa de Andrés Julián Rendón a la Gobernación, muchos pensaron que en el departamento se había impuesto, al menos de forma mayoritaria, el voto de opinión en el que los candidatos y aliados del exalcalde Quintero y de Petro habían sido castigados.

Pero al revisar uno a uno los resultados en los 125 municipios de Antioquia la conclusión es que si bien las maquinarias, los partidos tradicionales y los caciques no se llevaron el premio gordo, sí se hicieron con un montón de triunfos que les alcanzan para mantenerse en el poder bajo estructuras que afianzan el neoliberalismo y la oposición al gobierno nacional.

Las cifras generales son prueba de ello. En todo el departamento, el Partido Conservador avaló o coavaló a 42 de los 125 alcaldes que quedaron electos; el Partido Liberal a 37; el Partido de la U a 32, y Cambio Radical a 31. Todos esos, por ejemplo, ganaron en más municipios que el Centro Democrático, que entre candidatos propios y alianzas sumó 26 mandatarios.

Creemos, el partido de Federico Gutiérrez, es un caso aparte, pues en su debut electoral no solo sacó la votación más alta de la que se tenga registro en la historia de Medellín, sino que también consiguió siete curules en el Concejo de la capital antioqueña y cinco escaños en la Asamblea, todo eso jalonado por su imagen favorable en el departamento, sumado al voto anti-Petro y anti-Quintero.

Pero lo cierto es que por fuera del Valle de Aburrá, donde los partidos tradicionales no sufren la crisis de legitimidad que sufren en las grandes ciudades, Creemos no la tuvo tan fácil: con aval principal solo ganó, además de Medellín, las alcaldías de Entrerríos y Copacabana. En municipios como El Peñol, San Pedro, El Retiro, Rionegro, Ciudad Bolívar, Betulia y San Andrés de Cuerquia entregó coavales con otros partidos, especialmente con el Centro Democrático.

Sin embargo no es extraño que Creemos, que aparece como una alternativa política novedosa, haya dado avales y conseguido victorias en compañía de colectividades como el Partido Conservador, la U o, incluso, Cambio Radical, pues por todo el territorio se volvieron comunes las alianzas más anfibias. Se volvió paisaje encontrarse el logo del Partido Conservador al lado del Liberal, el del Verde al lado de la U o Cambio Radical. Incluso, como ocurrió en San Roque, Sopetrán, Rionegro, Sonsón, Amagá y Ciudad Bolívar, el Partido de la U y el Centro Democrático celebraron la victoria juntos, como si el pasado ya estuviera bastante pisado.

Área metropolitana del Valle de Aburrá

Por su parte, el área metropolitana en la configuración del poder, los partidos de talante conservador como el centro democrático, el partido de la U, Creemos, el partido conservador se consolidaron en el norte, desde Medellín, Bello, hasta Copacabana. Los liberales y partidos de centro con el verde mediante distintas alianzas lograron posicionarse en el sur en municipios como la Estrella y Sabaneta, además de otros de la región de Urabá.

Este castigo visible sobre la presencia de Daniel Quintero y su gobierno se reflejó no solo en la opinión pública sino en estudios basados en encuestas estructuradas tales como la de Calidad de Vida. La confianza de la ciudadanía en la Alcaldía de Medellín y en la mayoría de las instituciones públicas del distrito cayó a niveles históricamente bajos. Esta pérdida de confianza se suma a un notable incremento en la insatisfacción con la gestión de los recursos públicos, que alcanzó un 23% de descontento en la población.

Entre 2020 y 2023, se evidenció un preocupante incremento en el número de hogares que experimentan dificultades para acceder a tres comidas diarias, alcanzando el nivel más alto en los últimos 18 años, con un 28% de hogares afectados. Este fenómeno que comenzó a agudizarse durante la pandemia persistió a pesar de la reactivación económica de la ciudad.

Finalmente, a nivel departamental, se resalta la sorpresa electoral en Urabá con mayores fuerzas progresistas y afines al gobierno nacional, también de cara a la gestión de proyectos estratégicos como el desarrollo portuario en la región. También vale la pena advertir que el futuro de Creemos es incierto en tanto pierde su personería jurídica y no se ve claro hacia dónde van a orientar sus fuerzas.

Otro tema que vale la pena plantear es la exacerbación del conflicto en las regiones producto de la disputa por las rentas de la minería también asociado al abandono de la coca en ciertas regiones.

Algunos datos que evidencian la importancia de gesstgionar las paces en el departamento:

– Antioquia sigue siendo el segundo departamento con más homicidios en el país, después del Valle del Cauca.

– En el 2023 se presentaron afectaciones a la vida mediante 11 masacres (Indepaz, 2024) y 21 asesinatos de líderes y defensores de Derechos Humanos (Defensoría del Pueblo, 2024).

– Para 2023 esta misma entidad registró un total de 125 mujeres asesinadas en el departamento de Antioquia, representando una disminución del 4% en comparación con 2022 en cual ocurrieron 130.

– De acuerdo con el Gráfico 2, el índice de pobreza monetaria, Antioquia tiene un promedio de 25,12%. En este sentido, la subregión de Urabá (40,63%) presenta la mayor tasa de pobreza del departamento.

Pedro Baracutao

La implementación del capítulo étnico en el 8 informe del Instituto KROC

Estos informes del Instituto KROC de la Universidad de Notre Dame, han servido para analizar el procesos de implementación en su integralidad con datos cuantitativos y cualitativos sistematizados en la Matriz de Acuerdos de Paz que analiza 34 Acuerdos de Paz en el mundo. Esto permite un ejercicio de análisis comparativo de avances y retrocesos de nuestro proceso de paz, a 7 años de su firma.

Se resalta la estrategia del KROC de desarrollar barómetros regionales en las subregiones PDET para ahondar en el análisis y seguimiento a la territorialización de la implementación, siendo el primer barómetro Urabá y Chocó (https://peaceaccords.nd.edu/barometer/colombia-reports?lang=es).

 

A nivel general el informe arroja que los Puntos 3 (Fin del Conflicto) y 6 (Implementación, Verificación y Refrendación) tuvieron mayores niveles de implementación; en contraste, los Puntos 1 (Reforma rural Integral) y 2 (Participación Política) que tuvieron menores niveles de aumento. En lo que se refiere a los Puntos 4 (Solución al Problema de las Drogas Ilícitas) y 5 (Acuerdo sobre Víctimas), se ubicaron dentro del promedio dentro del estado general del proceso de implementación. El informe analiza 578 disposiciones o compromisos y se cruzan don diferentes variables en una matriz.

En lo relacionado con el enfoque étnico, se mantienen rezagos en la dinámica de la implementación general. De las 80 disposiciones con enfoque étnico, no se había iniciado el 13% a noviembre de 2023. Se encontró en estado mínimo el 61%. En estado intermedio se ubicó el 14% y sólo el 13% se había completado.
Se resalta que a la fecha se adjudicaron para licenciamiento 68 emisoras étnicas.

El bajo nivel de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz (AFP) se evidencia en que de 13 compromisos que los componen, según la metodología del Instituto, dos no habían iniciado, ocho estaban en avance mínimo, dos en estado intermedio y solamente se completó uno. Esta es una tendencia similar en las otras 67 disposiciones del enfoque étnico y durante 2023 no se evidenciaron cambios cuantitativos con relación a 2022.

Así mismo, el Informe señala los hallazgos de la Contraloría General de la República con relación al bajo nivel de asignación de recursos para el enfoque étnico. Señala que entre 2018 a 2022 se destinó el 4,1% del total de recursos del Presupuesto General de la Nación al AFP. El Instituto insiste en “la necesidad de articular los instrumentos de planificación territorial” con el AFP, de manera integral.

Es de resaltar que sigue siendo clave el papel de la comunidad internacional para poder concentrar el respaldo político y financiero de la cooperación internacional en la implementación en acciones que fortalezcan la territorialización del principio de integralidad, mediante la formación de capacidades locales, de modo que la formulación y ejecución de los planes de desarrollo territoriales estén alineados con el Acuerdo Final. Esto es clave para territorializar la implementación en su integralidad, como quedó contemplado en el Acuerdo.

Finalmente, es clave señalar que los 8 conflictos territoriales que el Instituto señala afectan en gran medida a los pueblos étnicos y a la implementación en los territorios. De alguna manera la declaración de estado de cosas inconstitucional frente a la no implementación del Acuerdo le da un impulso a la implementación en estos territorios. Seguiremos luchando por que se cumpla lo pactado.

Pedro Baracutao

¿Por qué declarar la Universidad Tecnológica del Chocó en interétnica, intercultural y biodiversa?

El pasado 21 de mayo aprobamos en primer debate de manera unánime el PL 383C de 2024 que busca “reconocer a la Universidad Tecnológica del Chocó como Institución de Educación Superior Pública con enfoque Interétnico, Intercultural y Biodiverso, y destinar recursos adicionales del presupuesto general de la Nación, sin perjuicio de la autonomía universitaria y principios de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales”.

Chocó Potencia de la Vida

 

«La biodiversidad es a la vida lo que la diversidad cultural a la paz»

El Chocó hace parte de la macrocuenca del Pacífico conformada por 9 biomas diferentes: bosque húmedo tropical, manglares, estuarios, humedales, selva nublada, montañas, ecosistemas marinos, bosques secos tropicales, praderas y sabanas.

Con los antecedentes colonialistas y el racismo estructural se ha impuesto un modelo que desconoce la pluriculturalidad, los saberes, las artes y la ancestralidad de estos territorios, generando pobreza y dependencia de otras centralidades.

El departamento del Chocó enfrenta una serie de desafíos en el ámbito de la educación superior. A pesar de su riqueza cultural, biodiversidad y potencial humano, persisten brechas significativas en el acceso a la formación universitaria. En este contexto, la Universidad Tecnológica del Chocó – Diego Luis Córdoba (UTCH) emerge como alternativa vital para la transformación social y el desarrollo sostenible de la región.

Teniendo en cuenta las realidades y los desafíos constantes que viven estos territorios en materia de educación superior, se presenta un déficit para el departamento en cuanto a las garantías de acceso a la educación superior para los jóvenes. Según datos de 2018, en el departamento del Chocó se registra un promedio de 1,642 estudiantes por cada Institución de Educación Superior (IES), cifra que está por debajo del promedio nacional, el cual se ubica en 8,161 estudiantes por IES (https://www.universidad.edu.co/presencia-de-la-educacion-superior-en-quibdo-y-el-choco/).

Para el análisis del proyecto es importante resaltar el olvido histórico que ha padecido el departamento del Chocó, evidenciado en el balance negativo de generación de oportunidades para la juventud. Los siguientes son factores importantes a mejorar con esta iniciativa legislativa:

Acceso limitado: el acceso a la educación superior en el Chocó es limitado debido a factores como la distancia geográfica, la falta de infraestructura adecuada y la escasez de recursos económicos. Muchos jóvenes talentosos se ven privados de la oportunidad de continuar sus estudios más allá de la educación básica.

Tejido social vulnerado: la historia del Chocó está marcada por conflictos armados, desplazamientos forzados y desigualdades estructurales. Estos factores han afectado profundamente el tejido social de los territorios, dejando cicatrices que requieren una atención urgente.

Necesidad de enfoque interétnico e intercultural: la diversidad étnica y cultural del Chocó es su mayor fortaleza. Sin embargo, para aprovecharla plenamente, es crucial implementar un enfoque interétnico e intercultural en la educación superior. Esto implica reconocer y valorar las tradiciones, conocimientos y cosmovisiones de las comunidades afrodescendientes e indígenas presentes en la región.

La UTCH se erige como un faro de esperanza en medio de estos desafíos. Su compromiso con la formación integral de los estudiantes, su enfoque en biodiversidad y su apertura a la diversidad cultural la convierten en una institución clave para la revitalización del departamento del Chocó. Sin embargo, para que la UTCH cumpla plenamente su papel, es imperativo que se asignen fondos adicionales por cerca de 60 mil millones distribuidos en 20 mil anuales para superar el déficit y que permitan:

(I) mejorar la infraestructura, equipar laboratorios y bibliotecas, y proporcionar acceso a tecnologías modernas, (II) facilitar acceso a la educación superior mediante becas y programas de apoyo financiero, y (III) fomentar la investigación aplicada que aborde los desafíos específicos del Chocó, tales como la conservación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales.

La UTCH cuenta con tres subsedes en Istmina, Quibdó y Bahía Solano, y proyecta construir otra en Medio Baudó, San Juan y Darién – Riosucio. El déficit que acumula es de 20 mil millones anuales, siendo el costo per cápita por estudiante de $6.437.748, siendo el promedio nacional de $7.728.298.  En una Universidad que tiene un incremento de cobertura del 30% entre el 2018 y el 2024, es necesario estructurar una financiación más acorde desde el Presupuesto General de la Nación.

El proyecto es un homenaje a la grandeza del doctor Diego Luis Córdoba, y una forma de apreciar tres de sus mayores realizaciones en su lucha por un proyecto de vida para nuestro Pueblo Afrocolombiano. Veamos:

La creación del departamento del Chocó y su independencia política de Antioquia. Él quiso hacer del Chocó la Patria Libre del Pueblo Negro dentro del territorio nacional.

El reconocimiento real del derecho a la educación para la persona y las Comunidades Negras. La educación es la base de la lucha del Pueblo Negro para la eliminación del racismo y la conquista de nuestros derechos. Su frase magistral debe estar siempre viva en la conciencia de cada persona negra, de cada colombiano: “Por la ignorancia se desciende a la servidumbre; por la educación se asciende a la libertad”.

Logró el respeto y enaltecimiento a la presencia, protagonismo, inteligencia y valores de la persona negra y las Comunidades Afrocolombianas.

Pedro Baracutao

Voces de la nororiental

“Queremos decirle al gobierno del cambio que se haga presente en nuestras comunas populares”

En la Audiencia Pública del pasado 10 de mayo en la zona nororiental de Medellín, escuchamos diversidad de voces alrededor de problemáticas relacionadas con el ordenamiento territorial y los servicios públicos en las comunas de la ladera nororiental de la ciudad. A continuación las palabras de Arnulfo Uribe, del barrio Bello Oriente, ubicado en la parte más alta de la Comuna 3 y habitado en su mayoría por familias desplazadas por el conflicto armado:

 

Nosotros desde la Montaña que Siente tenemos una propuesta colectiva: somos ÁrbolRed de organizaciones sociales y comunitarias de Bello Oriente. No somos una isla, somos una nueva centralidad. No somos los marginados ni un cinturón de miseria, no somos la periferia: somos nuevas centralidades. Llegados desde muchos territorios, desplazados, hemos venido construyendo un nuevo cuerpo social natural, un tejido social de familia. Ahí hemos acogido a comunidades de Chocó, Urabá y de muchos pueblos de Antioquia, más a refugiados venezolanos, tenemos más de 300 familias de hermanos venezolanos en el territorio, caminando juntos, en árbol.

Hemos sumado a toda la Comuna 3, pero no nos despegamos de la zona nororiental: 100 años de resistencia, de construcción colectiva, en convites y en mingas. No queremos hablar más de ciudad sino de la “Cuidad”, queremos ser cuidadanos, invitar a que seamos cuidadanos. Queremos no estar conteniendo el crecimiento urbano sino que la ruralidad que es el 70% de la “cuidad” se tome todo el territorio urbano.

Esa es nuestra propuesta. Desde hace 7 administraciones hemos entregado a alcaldes y secretarías nuestro plan de vida barrial. No hemos sido atendidos mas eso no ha significado que nos quedemos quietos. Estamos en la vía de la propuesta, no de la protesta. Queremos decirle al gobierno del cambio que se haga presente en nuestras comunas populares. Nuestra ciudad no aparece en ese recorrido que están haciendo por todo el país y queremos exigir desde la montaña y desde la comuna y desde toda la zona nororiental y desde todos los barrios populares del Valle de Aburrá, que venga acá el gobierno nacional para que nos escuche nuestras propuestas.

Nos preocupa que montamos el primer prototipo del mundo en alertas tempranas para la gestión del riesgo, y el año pasado en diciembre el DAGRED nos lo devuelve, son cinco años de construcción. Estamos desde la comunidad sosteniendo un colegio que tiene 8 aulas cerradas, le escribimos al MinEducación y no hemos obtenido una respuesta todavía.

Entonces queremos invitarlos que suban al territorio, que hagamos espacios permanentes. Esta audiencia debe generar un proceso permanente para que podamos discutir, no una protesta ni una petición de limosna sino unas propuestas que ya venimos caminando en los territorios y que nos sentimos en esa necesidad de que seamos incluidos no por una solicitud limosnera sino por una exigencia popular.

Pedro Baracutao

Vida digna en la nororiental: una deuda histórica con la Medellín olvidada

Antes de que se llamaran comunas se hablaba solamente de La Comuna Nororiental o simplemente “la nororiental”. Allí empezó a llegar la población desde finales de los años 60, y fue a través del convite que se construyó la habitabilidad de esta ladera: vías, acueductos, casas comunales y parques los hizo la misma comunidad. En su momento fue muy valioso el acompañamiento de los curas de la teología de la liberación que realizaron en Santo Domingo el CELAM 68 y materializaron allí su consigna de “la opción preferente por los pobres”. Es importante el trabajo que hicieron personas como el Padre Federico Carrasquilla en dignificar a las familias empobrecidas de los barrios populares.

La zona nororiental de Medellín (Comunas 1, 2, 3 y 4) históricamente ha vivido las desigualdades de una Medellín que ha querido excluir lo popular en su relato de ciudad internacional. Es la zona que más desplazamiento forzado a recibido, y actualmente cuenta con más de un millón de habitantes. En su zona más alta habitan familias con prácticas campesinas y se conjugan culturas como la chocoana, la ribereña (Magdalena Medio y Bajo Cauca), y la campesina con población que fue desplazada del oriente antioqueño en los años más duros de la guerra allí (2002-2010).

 

Esta curul está en función de dignificar a las comunidades en campos y ciudades. Por eso el viernes 10 de mayo, desde las 10:00A.M, estaremos en el barrio Jardín de la Comuna 3 (Manrique) realizando una Audiencia Pública para tratar temas como el ordenamiento territorial, la legalización de predios y los servicios públicos. Allí podrán estar las voces de las comunidades y de la institucionalidad para tratar estos temas neurálgicos para la Medellín olvidada.

Para citar un caso de las problemáticas que viven estas comunidades allí, mencionemos el caso de la movilidad en el barrio La Cruz, vecino de La Honda y Bello Oriente, los más altos de la ladera.

 La única vía que conduce al barrio La Cruz, con una población de cerca de 10 mil personas, se afecta cada que llueve. Al día de hoy la vía lleva 15 días cerrada, la mayoría de su población labora en el centro de la ciudad, en ventas ambulantes y el sector informal, afectando su desplazamiento y su derecho al trabajo. La gente que habita este barrio en su mayoría es víctima de desplazamiento forzado.

Este barrio está ubicado en el borde de la ciudad y junto a Bello Oriente y La Honda hace parta de esa Medellín olvidada, en frontera con el corregimiento de Santa Elena, y en un limbo haca casi 20 años en temas de legalización de predios, servicios públicos domiciliarios y ordenamiento democrático del territorio. Por esta razón propusimos la audiencia pública en la zona nororiental de Medellín.

La paz urbana más allá de un pacto con organizaciones delincuenciales pasa por el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia en estos territorios, la gestión del riesgo, el saneamiento básico, vías que conecten y desembotellen estos barrios, la educación de calidad, oportunidades para las juventudes, espacios para las artes, saberes y culturas, protección de la niñez, entre otros temas.

Pedro Baracutao

A defender el gobierno del pueblo

A un año y medio de gobierno se han logrado sortear todo tipo de tramoyas e intentos de “golpes blandos” por parte de una clase dominante apoyada en los medios masivos de comunicación, su maquinaria de opinión y el poder corporativo que sustenta su aparataje. A esto se suma el intento de ruptura institucional gestado desde la Fiscalía de Francisco Barbosa.

Pero más allá de los riesgos que vive este gobierno atacado por todos los frentes y deslegitimado a punta de desinformación, vale la pena resaltar su vocación para la salida negociada al conflicto armado a su vez que a la superación de las causas estructurales que lo alimentan y reproducen como la concentración de la tierra en pocas manos y el despojo sistemático de la misma a comunidades campesinas y pueblos étnicos. Es de celebrar los cese al fuego pactados con el ELN, el EMC y organizaciones criminales de Buenaventura.

 

Hechos de paz

De cara al cumplimiento de la Reforma Rural Integral, “75.000 familias rurales disfrutan ahora de la formalización de la propiedad con la titulación de sus predios a nivel nacional. Más de 270.000 hectáreas fueron adquiridas (compradas, donadas o recuperadas) para el beneficio de 35.000 familias campesinas sin tierra (ANT, 2023). En términos de hectáreas entregadas y tituladas, a corte del 31 de enero de 2024, se presentan los siguientes resultados:

Fuente: https://www.ant.gov.co/titulacion-rural-entregada/

Hay que mencionar que los resultados en incautación de cocaína ha sido la más grande en la historia:740 toneladas de cocaína. Un golpe a las mafias que desangran los territorios.

La inversión social histórica y la presencia institucional en zonas marginadas como La Guajira y el Pacífico también son para resaltar. Estas acciones de Estado han dado como resultado la disminución de muerte infantil por hambre y falta de agua potable en estos territorios.

La ampliación de zonas de protección ambiental, la entrega de predios por la SAE a organizaciones sociales y campesinas, el reconocimiento de campesinos como sujeto de derechos y la voluntad de implementar el Acuerdo Final de Paz como base de la política de “paz total”, son razones suficientes para defender a este gobierno de los intentos golpistas que se gestionan en el marco de un avance regional y latinoamericano de la derecha.

En un país que registra 9 millones de víctimas, deberíamos enfocarnos en pensar la reconciliación en todos los niveles. La marcha del 8 de febrero en defensa del gobierno es una expresión más de la voluntad pacifista del pueblo colombiano, agotado de tantas guerras y sediento de las paces que vendrán.

Finalmente, advertir que se hace necesario revisar el Plan Marco de Implementación y los Planes de Acción para la Transformación Regional. Y en este sentido es clave adoptar una política pública estatal permanente de convergencia regional con el fin avanzar en el propósito de la transformación de territorios PDET.

Se necesita una política de Estado permanente que busque la convergencia regional y la inclusión real de los territorios PDET en lo   que Gaitán llamó el país político. Un avance importante es pasa por reconstruir la confianza de las comunidades PDET, ultrajadas por 6 años de incumplimiento sistemático.

Esperamos que la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en el país sirva para darle un impulso definitivo a la política de paz que viene impulsando contra viento y marea este gobierno.

Pedro Baracutao

Cultura para el cuidado de la diversidad de la vida, el territorio y la paz

En el debate de control político del 25 de abril del 2024 al Min de las Culturas, las Artes y los Saberes (MiCasa) en la comisión Sexta de Cámara, quedó claro que esta cartera tiene buen nivel de ejecución y proyección de trabajo en los territorios donde nunca ha llegado la inversión en cultura, que por primera vez en la historia deja de ser la “cenicienta” de los Ministerios con un presupuesto de más de un billón de pesos para ejecutar este año, del cual en el primer trimestre, se ha ejecutado cerca del 20%.

Para descentralizar la función de este ministerio se han realizado Pactos Culturales por la paz en la Costa Pacífica, en Antioquia y en el Caribe. El MiCasa despliega un triángulo para abarcar dicha estrategia y es: el Plan Quinquenal de Cultura, la  reforma a la Ley General de Cultura y fortalecimiento institucional.

 

El MiCasa podría ser el Ministerio de la Paz, si logra vincular el poder transformador de la cultura de paz con las comunidades más afectadas por el conflicto en clave de reconstruir tejido social.  El cambio necesita más que un período de gobierno, quizás una o dos generaciones. Que nuevas sensibilidades estén en el gobierno y se esté gobernando para los territorios excluidos ya es un cambio.

Como firmante de paz reconozco el esfuerzo de este Ministerio para llegar con programas y proyectos a los territorios más apartados, donde casi nunca se invierten dineros públicos para la formación artística y cultural. Este es un momento para hacer de las artes, los saberes y las culturas una herramienta de paz. Celebramos que en el caso de Antioquia se prioriza un 70 % de los recursos para el departamento en el Urabá y Bajo Cauca. Esta inversión con un enfoque étnico y pluricultural: mujeres, población LGTBI, trabajadoras y trabajadores, población NARP, indígena y Room, excluidos del relato nacional.

“Estamos en un cambio de época y una época de cambios”, decía el ministro Juan David Correa. Es un momento para trabajar a nivel país en la Cultura para el cuidado de la diversidad de la vida, el territorio y la paz, como orienta el Plan Nacional de Cultura 2024-2038.

Como anuncios importantes de este Ministerio se resaltan la apertura de una sede para la región Caribe en Cartagena, otra para la Amazonía y otra en Quibdó, también el nuevo énfasis del Plan Nacional de Lectura en la infancia de territorios excluidos, con una inversión de más de 5 mil millones en las bibliotecas comunitarias del territorio nacional (más de 1200 bibliotecas). Así mismo este Ministerio busca proteger a miles de artistas, principalmente músicos, en edad de pensión y sin ninguna garantía en su vejez.

Celebramos de nuevo que sea la cultura el hilo que ayude a tejer las paces que necesita nuestro país tan aporreado por una violencia estructural, persistente y cotidiana.

Pedro Baracutao

Sobre las vías 4G en Antioquia

En el debate de control político por las obras 4G realizado el pasado 10 de abril en Plenaria de Cámara, manifesté la necesidad de superar la polarización frente a este tema, porque pierden son las poblaciones[1]. Y en un mensaje de paz, como firmante del Acuerdo, manifesté la necesidad de avanzar en la reconciliación y en la justicia social en el departamento.

En ese sentido es clave  la conexión de Mutatá con Quindó  (120 km), para cerrar esa brecha de conectividad con Vigía, Murindó, Bojayá y Carmen de Atrato. Se necesita conectar Urabá con Unguía y Acandí, conectando mucho más Chocó con Antioquia y el acceso a los mares.

 

Antioquia cuenta con 28 mil  km de vías: de ellas 21 mil km son terciarias y 5 mil secundarias, de las cuales solo dos mil están pavimentadas. En los 20 municipios PDET de las subregiones de Antioquia hay 396 vías terciarias de las cuales las comunidades manifiestan constantemente quejas por el mal estado de estas vías, por falta de mantenimientos y reconstrucción de infraestructuras vitales para el uso de las mismas. Teniendo en cuenta que  existen los rubros para terminar las 4G en el departamento, se le podría invitar a la gobernación a destinar los dineros de la “vaca” para la ejecución, construcción, rehabilitación y mantenimientos de vías terciarias y secundarias de suma importancia para el comercio y el turismo del departamento.

Sin duda alguna el mejoramiento de las vías terciarias impactaría positivamente en la economía del país, tal y como lo contempla el Plan Nacional de Vías Terciarias planteado por el Acuerdo Final de Paz en el marco de la Reforma Rural Integral. Este plan tiene el propósito de lograr la integración regional, el acceso a los servicios sociales y a los mercados, incidir favorablemente sobre el precio de los alimentos como garantía del derecho a la alimentación y mejorar los ingresos económicos de la población campesina.

Frente a las 4G en Antioquia los recursos del Presupuesto sí estarán asegurados, y para la manzana de la discordia del Túnel del Toyo, se destinó  un presupuesto para su finalización, pero con la claridad de que se irá examinando qué tanto se están ejecutando los proyectos para ver las prioridades. “Es un ejercicio de priorización que nos pidió el Presidente para ver en qué van cada una de las obras y que comencemos a ver qué hacemos porque necesitamos el recurso para otros proyectos de gran impacto social. Esto implica renegociar las vigencias futuras viendo el grado de avance de cada una de ellas” (El Tiempo, 2024).  

El Gobierno quiere renegociar las vigencias futuras de los proyectos de infraestructura actuales, teniendo en cuenta que se busca satisfacer necesidades de la población en otro tipo de ámbitos, en ningún momento se ha mencionado que no se girarán los recursos ya comprometidos para estas obras de gran importancia para el país.

El departamento de Antioquia cuenta con siete iniciativas en el INVÍAS y ocho en la Agencia Nacional de Infraestructura, que en total suman $3,7 billones de pesos, la Gobernación de Antioquia recientemente precisó que se trata de 2,5 billones de pesos el recurso faltante para la terminación de las obras viales.

El Túnel Guillermo Gaviria Echeverri (Túnel del Toyo) es la obra principal de la vía que conectará a Medellín y Urabá en menos de 4.5 horas. Dicha obra consta de 2 tramos. El tramo 1 (Giraldo – Cañasgordas), está a cargo de la Gobernación de Antioquia e incluye el Túnel del Toyo (9.84 km). Este tramo se encuentra en un 90% completado tras aproximadamente 8 años de ejecución, lo que ha costado a la Nación alrededor de 1.7 billones de pesos.

El tramo 2 (Giraldo – Santa Fe de Antioquia), está a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), y consta de 11 túneles, 13 puentes, 13.29 km de vías. Está en ejecución hace 2 años y 6 meses; se encuentra en un 79% completado y ha costado 1.34 billones de pesos. El costo total de la obra hasta el momento ha sido de 2.64 billones de pesos y los recursos comprometidos por la Nación han sido puestos a disposición sin falta en cada vigencia.

Adicional a lo anterior el ministerio de hacienda en reiteradas ocasiones ha manifestado que para resolver los recursos adicionales a este macroproyecto se deben a los retrasos en la entrega de las obras, plantea que existen múltiples estrategias como valorización, concesionar parte de la obra, el aporte de recursos por parte del departamento, y la concurrencia de diversas fuentes de financiación que quedó contemplada desde el PND. En consecuencia, no puede afirmarse que es una orden del presidente Petro desfinanciar los proyectos viales de impacto nacional que pasan por el departamento de Antioquia.

Finalmente, que el presidente diga que es prioridad el acueducto para más de 600 mil familias del Urabá no significa de ningún modo que el gobierno esté desconociendo la importancia de esta obra estratégica, ni mucho menos que vaya a dejar de aportar los recursos comprometidos.

Pedro Baracutao


[1] https://www.instagram.com/reel/C5trlCQPTpK/?igsh=MTNraG9nZ3VoOWxleA==

Caminos comunitarios para la paz

A los ancianos del campo y a los jóvenes de la ciudad los separan cientos de kilómetros de malas carreteras y siglos de desarrollo.

Eric Hobsbawm, Historia del Siglo XX

 

El pasado 3 de abril en sesión ordinaria de la Comisión Sexta se citóa Debate de Control Político al director de Invías y al ministro de Transporte para presentar un informe detallado sobre el avance del programa caminos para la paz total. Desde nuestra curul ayudamos a postular tramos identificados las JAC en municipios de Chocó y Antioquia. La mayor dificultad para los organismos comunales es tener al día su papelería legal. En la idea de poder ayudar en esta gestión hemos desarrollado espacios de capacitación y de socialización de la Ley 2166 de organismos comunales (https://pedrobaracutao.com/cartilla-jac/).

Este programa aunque va lento es una apuesta decidida por implementar el punto 1 del Acuerdo Final (Reforma Rural Integral) y el Plan Nacional de Vías Terciarias que contiene este Acuerdo. En este sentido el PND construyó el programa “Caminos comunitarios para la paz total”, a través del cual se busca el mejoramiento de las vías terciarias de la Colombia rural con el apoyo de las JAC. Hace un año se realizaron las convocatorias para que las JAC identificaran las vías: hay 23 mil tramos identificados y seleccionados para la ejecución. En el 2023 se ejecutaron 234 mil millones de pesos y ya hay firmados 1035 convenios (2 ya se terminaron, hay 9 en proceso de cierre para redondear 11 tramos).

Es una ejecución todavía muy incipiente, pero es comprensible en un modelo que por primera vez vincula decididamente a las JAC. Al momento hay 6100 tramos pendientes de documentación. Este año se van a suscribir 450 convenios más, para un total de 1485 convenios suscritos con las JAC, algo histórico en un país lleno de carteles de contratación y viciado de centralismo. Una dificultad ha aflorado en todo este proceso y es que las JAC carecen de capacitación en temas legales y de gestión, para esto se han realizado 400 reuniones de capacitación a las JAC.

En el caso de Antioquia, el municipio de Frontino ya cuenta con un convenio firmado para intervenir tramos críticos de vías terciarias. Se interviene con placa huella dichos tramos, a los tramos intermedios o en mejor estado se les hace un arreglo superficial y también se intervienen las alcantarillas que permiten drenar este tipo de vías. Sabemos de las dificultades que ha tenido este gobierno en temas de ejecución presupuestal, pero no es por falta de voluntad política sino por trabas al interior del mismo Estado cooptado durante más de 200 años de vida republicana por élites reaccionarias al cambio, fundada justamente en “una de las divisiones agrarias más desiguales del mundo. A comienzos del siglo XXI, el uno por ciento de los terratenientes posee más de la mitad de la tierra cultivable del país” (https://insightcrime.org/es/investigaciones/elites-crimen-organizado-colombia-introduccion/).

Sin embargo, trabajamos diariamente para que el gobierno del cambio llegue a los territorios más olvidados, por eso hemos realizado más de 18 Audiencias Públicas en el territorio nacional, este año 2 en el Urabá antioqueño que busca por fin superar la violencia y la desigualdad estructural que ha padecido, y donde el presidente en el marco del “gobierno con el pueblo” anunció la implementación de una “reforma agraria femenina”. Y es que allí el liderazgo de las mujeres rurales, étnicas y campesinas, es una realidad en el marco del posacuerdo y la esperanza del Urabá como remanso de paz.

El Ministerio de Transporte se comprometió a entregar un informe mensual sobre la ejecución de los convenios para las vías terciarias, tramo a tramo. Por ahora no se abren convocatorias para postular más tramos, sino que se van a generar estrategias de apoyo a las JAC que ya se postularon. Es un desafío intervenir los 23 mil tramos postulados, pero con un ejercicio de gestión, organización y voluntad política se podrá sacar adelante esta apuesta de transformación en la ruralidad, lo cual está consignado también en el Pacto Bicentenario y los Pactos Territoriales que representan la ruta de trabajo conjunta y articulada entre Nación y territorio para los próximos cuatro años en Colombia.

Pedro Baracutao

Movilización contra la PTAR de Bello

“Bello huele a miera”[1]. Con esta y otras consignas se convocó a una protesta contra la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR “Aguas claras”) ubicada en el sector de Machado, Bello, al norte del Valle de Aburrá, denunciando los fuertes olores que diariamente produce esta planta[2].

 Y es que esta planta que lleva 6 años operando en el sector deterioró la calidad de vida de aproximadamente 25 mil personas que viven cerca a la PTAR. Desde esa fecha se han interpuesto 300 quejas, sin respuesta efectiva a la comunidad. Muchas de las propiedades del sector se han desvalorizado o han sido deshabitadas por el tema de olores.

 

Estas familias presentan distintas patologías, relacionadas con el tema de olores, y que afecta la calidad del aire de manera invisible pero certera. Como lo expresa Alexander Álvarez de la Veeduría a la PTAR, esto “genera malestar, genera estrés, ya tenemos conocimiento de personas que cuando hay estas manifestaciones de olores tienen alergias, tienen afectaciones en los ojos, tienen náuseas, vómitos, que es lo que generan este tipo de olores”.

Las consecuencias han recaído entonces en la salud pública y el bienestar de la comunidad: las náuseas y vómito, las alergias, las molestias en los ojos, afectaciones psicológicas y hasta en la vida sexual de las parejas porque como dice Alexander “a nadie se le ocurre tener intimidad con esa cantidad de olores a materia fecal”.

Pese a los compromisos de EPM con la comunidad, esta sigue soportando los fuertes olores. Como lo expresa Alexander, “han manifestado constantemente que están ajustando procesos y ya ahora últimamente lo que manifiestan es que todo está bien, que están trabajando bien, que no tienen problemas, pero la comunidad se está quejando de olores a materia fecal, a podrido, a cañería, y no nos solucionan. Desafortunadamente desde el Área Metropolitana, que es la que tiene que intervenir a EPM, mandan verificadores y manifiestan que no sienten olores, o sea que están tapando a EPM, y entonces por eso la gente se ve obligada a manifestarse de esta manera”.

Las consignas

Apoyada por el Movimiento Ambiental del Norte del Valle de Aburrá (M.A.N.V.A.) esta veeduría, conformada principalmente por adultos mayores, decidió salir a protestar el pasado lunes de pascua en las horas de la mañana frente a la PTAR en la autopista norte. Sus consignas eran bastante dicientes: EPMierda; cierto olor a podrido, aire sano para la vida, algo huele mal; ¿este aire es vida?…

Desde nuestra curul en Cámara de Representantes por Antioquia hemos apoyado al movimiento por el aire y la salud pública, y queremos visibilizar esta situación también asociada a los problemas silenciosos pero fatales de la mala calidad del aire, en este caso el tema de olores que al no ser tan visible no generaba movilizaciones de protesta desde el movimiento ambiental del norte.

Nuestro proyecto de ley 072 de 2022 “Aire para la vida”, construido a partir de escuchar y trabajar con el movimiento ambiental de Medellín, es un aporte más a esta lucha ambiental que nos debe movilizar no solo por estas contingencias sino por una solución estructural a la mala calidad del aire que mata silenciosamente y afecta en este caso con olores la cotidianidad de estas familias. Esperamos que las autoridades intervengan esta situación y se logre una conciliación en este conflicto ambiental.

Pedro Baracutao


[1] https://www.instagram.com/reel/C5CRnckOEIc/?igsh=MWs4c3lkbWR3YTI5eQ==

 

Bello se proyecta como distrito cultural de paz

En Bello, Antioquia, realizamos una audiencia pública el pasado 15 de marzo con la presencia del Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes Juan David Correa. El tema central: la cultura de paz. Una conclusión gruesa es la propuesta de las articulaciones público populares para sacar adelante las propuestas del PND.

Sin movimiento social de artistas presionando por su inclusión no van a haber avances. El compromiso es movilizar las exigencias de cara a las reformas sociales. Este Ministerio tiene la voluntad de reunirse con la organización popular, con o  sin las autoridades locales, como en el Pacto Cultural por Antioquia del 31 de enero de 2024, donde concluyeron 31 municipios para suscribir este Pacto. Es la fuerza social la que transforma las realidades, no los gobernantes. “Necesito ver las organizaciones para contratarlas: JAC, organizaciones constituidas, alcaldías”.

 

En Antioquia se van a invertir 19.513 millones este año, pero en los territorios excluidos, a donde se irá el 70% del presupuesto del MinCultura. Se prioriza Urabá y Bajo Cauca. Esta inversión con un enfoque étnico y pluricultural: mujeres, población LGTBI, trabajadoras y trabajadores, población NARP, indígena y Room, excluidos del relato nacional.

La hoja de ruta es el Plan Quinquenal de Cultura: “cultura para el cuidado de la diversidad, la vida, el territorio y la paz. Que nuevas sensibilidades estén en el gobierno y se esté gobernando desde territorios excluidos ya es un cambio”, dice el Ministro.

También se van a apoyar las organizaciones de las ciudades y de municipios intermedios. Pero “Antioquia no es solamente Medellín y sus ciudades de influencia. Consideremos, por favor, cuando hablemos a veces con cierta soberbia, que cuando uno va a un municipio del Bajo Cauca, o del litoral pacífico, la gente ni siquiera tiene un acueducto. Las diferencias en este país son abismales y a veces a la gente de la cultura, por estar demasiado ocupada en sí misma, se le olvida reconocer a esos otros que no han sido incluidos en el relato nacional. Esos otros que se llaman negros palenquearos, Room, mestizos, indígenas, poblaciones LGTBIQ+, mujeres, trabajadores, sindicalistas y campesinos.

Se están gestionando procesos de formación y cualificación de docentes para desarrollar el enfoque de la cultura de paz. Se realizó una inversión importante en San José de Apartadó como laboratorio de paz. El ministro habló de una inversión para Bello de 290 millones de pesos en procesos de formación enfocados a la construcción de paz a través de organizaciones culturales con personería jurídica. En Antioquia se tienen alianzas con organizaciones como Nuestra Gente, Medellín. el Totumo Encantado en Necoclí, entre otras. Habría que mirar a través de qué organizaciones en Bello se puede canalizar los recursos, buscar fortalecer con las escuelas populares que ya existen y crear conjuntamente un proyecto real que pueda impactar positivamente las comunas más golpeadas por la violencia en Bello.

Es importante reconocer que la fuerza de la cultura en cada municipio es necesaria para la transformación real. Se debe reconocer que el presupuesto de cultura se triplicó en este gobierno. Se han creado enlaces territoriales del Ministerio en Medellín y se busca crear enlaces en Bajo Cauca y en el norte (municipio de Ituango). En Urabá está la alianza con la Red Cepela y el proyecto Selva Adentro.

Ya existen aliados que debemos reconocer: hay redes tejidas y  no solo se pueden reconocer las redes que cada uno teje. Bello es un epicentro de la cultura y las expresiones artísticas en el Valle de Aburrá. Su movimiento social, ambiental, artístico y cultural ha forjado una resistencia alrededor de la defensa del patrimonio artístico y cultural del municipio, así como por la protección de sus bienes ambientales. Por eso realizamos allí esta Audiencia Pública, en este territorio que es cuna de artistas y de procesos de resistencia cultural.

Resaltamos la participación en esta Audiencia de organizaciones de base del Nordeste, firmantes de paz de la Nueva Área de Reincorporación (NAR Medellín), Yolombó, Bajo Cauca, San Pedro de los Milagros, Don Matías, Girardota, Copacabana, Red de Artistas Callejeros, Vigías del Patrimonio Cultural de Barbosa, Fundación Lectores a la Hamaca, de la Comuna 1, la Alianza Social LGBTI Antioquia y la Mesa de Participación Cultural de Antioquia. Una conclusión de este espacio es la importancia de la articulación de los procesos culturales desde abajo, y en esto es clave la reflexión de la Red Cepela:

“Es clave reconocer los procesos organizativos de los territorios, donde aún campea la guerra generando victimización. Se hace necesario pensar la paz simbólica para desactivar los códigos de silenciamiento. Se debe generar un gran Acuerdo Cultural que proyecte acciones a 15 años y donde se reconozcan los procesos culturales, organizativos y políticos de los territorios, donde hace más de 20 años se construyen procesos culturales y procesos políticos organizativos. El Pacífico colombiano y el Urabá chocoano aún están en guerra, se deben pensar estrategias para romper esa mirada del enemigo interno”.

Es decir, la cultura de paz como esa mano visible, anónima y colectiva, capaz de potenciar los procesos organizativos, no solamente el arte por el arte o la cultura como invitada de adorno en todos los espacios. La cultura es el centro de la transformación y de la reconstrucción del tejido social en todos los niveles.

Petro Baracutao

Audiencia Pública Cultura de Paz: el arte de la participación ciudadana y popular

Este viernes 15 de marzo, en el municipio de Bello (Antioquia) realizaremos una Audiencia Pública para poner en diálogo al sector cultural con las entidades competentes. El objetivo es escuchar y dialogar con las distintas expresiones del movimiento cultural de Antioquia en la perspectiva de generar rutas de articulación que permitan la construcción de la cultura de la paz, reconociendo que el arte y las expresiones culturales son herramientas poderosas para el bienestar, la reconciliación y el reconocimiento intercultural.

En este espacio se espera que el Ministerio de las Artes, los Saberes y las Culturas exponga la oferta institucional y las apuestas territoriales para el sector en el marco del Plan de Desarrollo “Colombia Potencia de la Vida”. La cultura como tejedora de la paz es un eje central en la agenda del gobierno del cambio.

 

El territorio antioqueño es rico en expresiones culturales, pero adolece de políticas que estructuren y descentralicen una oferta cultural que llegue a los lugares más apartados en condicione dignas y de calidad. Históricamente se ha asumido la cultura como un adorno, una ambientación o un espectáculo. Su potencial transformador está siendo desperdiciado: miles de bibliotecas comunitarias sin quien las dinamice y vistas solo como guardadero de libros, perdiendo su potencial creativo e integrador de otras artes y ejercicios de integración comunitaria. Lo mismo sucede con museos en diferentes municipios, con los bienes y  patrimonios arqueológicos descuidados y con las casas de la cultura destartaladas.

Escogimos a Bello porque este territorio es un epicentro de la cultura y las expresiones artísticas en el Valle de Aburrá. Su movimiento social, ambiental, artístico y cultural ha forjado una resistencia alrededor de la defensa del patrimonio artístico y cultural del municipio, así como por la protección de sus bienes ambientales. Por eso estamos convocando allí a este ejercicio de participación ciudadana y popular que es la Audiencia Pública «Cultura de paz» en esta ciudad que tiene todo para ser «potencia de la vida».

La cultura de paz será el verdadero pegamento de la reconciliación y la herramienta para la reconstrucción del tejido social en los territorios. Les esperamos este viernes desde las 8:00 A.M. en el Parque de Artes y Oficios de Bello (Calle 46 # 45-29).

Pedro Baracutao

Ley Minera para la transición energética justa, la reindustrialización nacional y la minería para la vida

Con cerca de 30 audiencias públicas en todo el territorio nacional, la Comisión Accidental para la revisión del Código Minero ha recorrido el país para recoger los insumos que permitan reformar el código minero desde la base social. Nuestro principal objetivo es proteger la minería ancestral, la pequeña y mediana minería y los territorios biodiversos afectados por la explotación a gran escala.

El Proyecto de Ley tiene 219 artículos, en su articulado se hace necesario fortalecer el principio de precaución (prevenir y reducir los daños de la minería al medio ambiente), generar un equilibrio entre el tema afro e indígena como pueblos étnicos con protección especial, así como analizar caso a caso las dinámicas de la pequeña y mediana minería en todo el territorio nacional. Así mismo es clave analizar la integralidad del campesinado y la relación entre minería y vida campesina en territorios concretos

 

Este proyecto viene acompañado de otro de carácter estratégico como es la creación de la empresa estatal Ecominerales, fundamental para materializar la visión de una minería para la vida y no solamente para la acumulación, para regular el mercado de minerales en Colombia, solucionar temas de informalidad e ilegalidad, apoyar a la pequeña y mediana minería, a la vez que generar exploración y explotación regulada de minerales estratégicos para la reindustrialización nacional, el desarrollo tecnológico, la construcción de vías terciarias tan necesarias en el campo colombiano.

Es clave tener en cuenta el antecedente del nacimiento de Ecopetrol, con la reversión al Estado Colombiano de la Concesión De Mares, el 25 de agosto de 1951. No sobra recordar las utilidades que le dejó Ecopetrol el año pasado a la nación por cerca de 52 billones de pesos.

Ecominerales tiene como base la reversión al Estado de Prodeco, un grupo empresarial propiedad de la multinacional suica Glencor y que en Colombia se dedicaba principalmente a la explotación de carbón en Valledupar y el Cesar desde 1989. La maquinaria revertida al Estado tiene un valor de 74 millones de dólares, una base importante para que Ecominerales pueda iniciar con la fabricación de insumos claves como el fosfato que además de su empleo como fertilizante, se utiliza en alimentos balanceados, bebidas, cerámicas, ablandadores de aguas, productos limpiadores, jabones, detergentes e insecticidas, entre muchos otros usos.

Es clave en ambos proyecto (reforma al código y creación de Ecominerales, la construcción de espacios de concertación con las comunidades y que lo que se planteó en las audiencias sea recogido en este nuevo código minero, a fin de evitar nuevos conflictos. Principalmente que se deje de criminalizar la minería así no más, que se pare con la quema de maquinaria amarilla y se busque su reconversión en usos que le sirvan a las comunidades. Es decir, una minería en función no solamente del mineral y su explotación sino principalmente de las comunidades: vías terciarias, transición energética, reindustrialización y producción de fertilizantes para la agricultura.

Finalmente, recordar que esta propuesta de “Ley Minera” tiene 5 pilares: Minería planificada y con parámetros ambientales para definir dónde se puede y dónde no hacer minería; Minería incluyente para el reconocimiento y la protección diferencial y acompañamiento a la minería ancestral y de pequeña escala para desincentivar la informalidad; minería con altos estándares modernizando el modelo de contratación y de oportunidades de negocio en todas las fases del ciclo minero; minería para la productividad para avanzar en la reindustrialización, la diversificación productiva y superar la minería puramente extractiva; minería basada en conocimiento, con el fortalecimiento de los sistemas de información

(https://x.com/andrescamachom_/status/1764976614230642883?s=46&t=oI5PsHnIsACsb3V-YWtfew).

Esta propuesta en su conjunto busca iniciar un proceso gradual de descarbonización que permita bajar la explotación de combustibles fósiles, incluyendo al carbón térmico.

Pedro Baracutao

Junto a la sociedad civil firmantes de paz clamamos por la defensa de la vida

En Antioquia son 203 líderes y lideresas sociales y 41 los firmantes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. En Colombia padecemos una violencia estructural que también cobra la vida de las mujeres: ocurrieron 410 feminicidios el año pasado y van 21 en lo corrido de este año. Lo del año pasado es escandaloso: 34  feminicidios mensuales, más de 1 caso diario. Y solo el 3 %  de esos casos tienen ejecución de penas. Esa impunidad hace parte de nuestras violencias históricas. Una hecatombe que nos debe movilizar permanentemente.

Por eso nos convocamos este mes en un duelo colectivo por esta pérdida de vidas humanas y proyectos políticos, ambientales y sociales que sigue en aumento. Se le exige a los actores armados el respeto por la vida y hacemos un llamamiento de urgencia de acciones al Estado colombiano para proteger efectivamente la vida de las mujeres, de los liderazgos y de las y los firmantes.

 

Es triste que tras siete años de la firma del Acuerdo de paz aún sigamos aumentando la cifra de asesinatos de firmantes, líderes sociales y feminicidios en los territorios. Van 419 firmantes de paz asesinados en todo el país. Una cultura de la guerra se ha arraigado no solamente con ocasión del conflicto armado sino con la violencia simbólica instaurada en las relaciones cotidianas.

Por todo lo anterior es que convocamos a un duelo colectivo contra esta tragedia que nos debe movilizar como pueblo que merece la paz.

La Nueva Área de Reincorporación (NAR) de Medellín está integrada por más de 300 hombres y mujeres que dejaron las armas y adelantan su regreso a la vida civil en la capital antioqueña, y son un colectivo que junto a organizaciones como Defendamos La Paz quiere movilizarse y dejar un mensaje claro: el primer bien de la paz es la vida, de firmantes y de liderazgos sociales y ambientales.

Juntémonos en este grito colectivo por la Vida y la Paz.

Pedro Baracutao

A defender el gobierno del pueblo

A un año y medio de gobierno se han logrado sortear todo tipo de tramoyas e intentos de “golpes blandos” por parte de una clase dominante apoyada en los medios masivos de comunicación, su maquinaria de opinión y el poder corporativo que sustenta su aparataje. A esto se suma el intento de ruptura institucional gestado desde la Fiscalía de Francisco Barbosa.

Pero más allá de los riesgos que vive este gobierno atacado por todos los frentes y deslegitimado a punta de desinformación, vale la pena resaltar su vocación para la salida negociada al conflicto armado a su vez que a la superación de las causas estructurales que lo alimentan y reproducen como la concentración de la tierra en pocas manos y el despojo sistemático de la misma a comunidades campesinas y pueblos étnicos. Es de celebrar los cese al fuego pactados con el ELN, el EMC y organizaciones criminales de Buenaventura.

 

Hechos de paz

De cara al cumplimiento de la Reforma Rural Integral, “75.000 familias rurales disfrutan ahora de la formalización de la propiedad con la titulación de sus predios a nivel nacional. Más de 270.000 hectáreas fueron adquiridas (compradas, donadas o recuperadas) para el beneficio de 35.000 familias campesinas sin tierra (ANT, 2023). En términos de hectáreas entregadas y tituladas, a corte del 31 de enero de 2024, se presentan los siguientes resultados:

Hay que mencionar que los resultados en incautación de cocaína ha sido la más grande en la historia:740 toneladas de cocaína. Un golpe a las mafias que desangran los territorios.

La inversión social histórica y la presencia institucional en zonas marginadas como La Guajira y el Pacífico también son para resaltar. Estas acciones de Estado han dado como resultado la disminución de muerte infantil por hambre y falta de agua potable en estos territorios.

La ampliación de zonas de protección ambiental, la entrega de predios por la SAE a organizaciones sociales y campesinas, el reconocimiento de campesinos como sujeto de derechos y la voluntad de implementar el Acuerdo Final de Paz como base de la política de “paz total”, son razones suficientes para defender a este gobierno de los intentos golpistas que se gestionan en el marco de un avance regional y latinoamericano de la derecha.

En un país que registra 9 millones de víctimas, deberíamos enfocarnos en pensar la reconciliación en todos los niveles. La marcha del 8 de febrero en defensa del gobierno es una expresión más de la voluntad pacifista del pueblo colombiano, agotado de tantas guerras y sediento de las paces que vendrán.

Finalmente, advertir que se hace necesario revisar el Plan Marco de Implementación y los Planes de Acción para la Transformación Regional. Y en este sentido es clave adoptar una política pública estatal permanente de convergencia regional con el fin avanzar en el propósito de la transformación de territorios PDET.

Se necesita una política de Estado permanente que busque la convergencia regional y la inclusión real de los territorios PDET en lo   que Gaitán llamó el país político. Un avance importante es pasa por reconstruir la confianza de las comunidades PDET, ultrajadas por 6 años de incumplimiento sistemático.

Esperamos que la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en el país sirva para darle un impulso definitivo a la política de paz que viene impulsando contra viento y marea este gobierno.

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