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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Procuraduría

Procuraduría pide ampliar el plazo para comentarios a la resolución de la sabana de Bogotá

La Procuraduría General de la Nación pidió al Ministerio de Medio Ambiente ampliar a 45 días el plazo para que los interesados en participar en el trámite de la resolución que dicta los lineamientos para el manejo ambiental de la Sabana Bogotá – Cundinamarca, puedan analizar con la suficiente rigurosidad y enviar los respectivos comentarios.

Para el Ministerio Público, es importante la participación más informada de las comunidades, sectores productivos y organizaciones ambientales, garantizando un análisis detallado y su impacto en el territorio.

 

«El impacto de esta normativa y la necesidad de otorgar un tiempo adicional para que los actores interesados puedan realizar un análisis técnico-jurídico riguroso y presentar observaciones que fortalezcan el proyecto. Asimismo, solicitó información georreferenciada en formato Shapefile, utilizada en el estudio técnico que sustenta la propuesta, con el fin de facilitar su evaluación detallada», dice el órgano de control en su comunicado.

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Lo anterior, luego del enfrentamiento que se desató entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional, luego de que el Ministerio Público diera a conocer el borrador del texto. El alcalde de la capital del país, Carlos Fernando Galán, aseguró que los nuevos lineamientos que trae la resolución puede dar al traste con los proyectos gran infraestructura como la ampliación de la Avenida Boyacá; el regiotram del Norte, etc.

Laura Sarabia pide a la Procuraduría investigar a Armando Benedetti

La canciller, Laura Sarabia, al declararse impedida para conocer la investigación disciplinaria que internamente se abrió en el Ministerio de Relaciones Exteriores contra el entonces embajador ante la FAO, Armando Benedetti, remitió el caso a la Procuraduría General de la Nación.

Sarabia argumentó que, al haber estado en el equipo legislativo de Benedetti durante su paso por el Congreso de la República, le impide conocer el caso y tomar decisión alguna.

 

La otra que motivó el impedimento es el escándalo que se desató luego de que se conocieran unos audios en donde el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, amenaza con desatar un escándalo si no le cumplen con lo que prometieron en campaña.

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“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa (…) Laura, tú me conoces a mí. [Mira] el cuento del tigre, al tigre hay que dejarle una salida porque, si no, se tira encima de las personas. Y tú sabes que yo soy tigre que, sin salida, de pronto me tiro encima de las personas”, se escuchó decir a Benedetti en los audios.

Armando Benedetti es señalado de posible maltrato a su esposa, Adelina Covo. Según la prensa española, el 30 de junio de 2024, en Madrid se le vio al entonces embajador de Colombia ante la FAO propinando actos de maltrato contra su cónyuge.

Sanción para auxiliar del INPEC por ingresar estupefacientes a centro carcelario en Ibagué

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 17 años al auxiliar bachiller del cuerpo de custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Harold Steven Izquierdo Carmona, por ingresar al complejo 32,9 gramos de anfetaminas en polvo.

De acuerdo con el órgano de control disciplinario este individuo introdujo a la cárcel una sustancia de color rosado, que al ser evaluada dio positivo a anfetaminas con anillo sustituido, la cual estaba en tres paquetes y distribuida en 49 papeletas, que le fueron decomisadas cuando iba a entrar a las instalaciones.

 

En el mismo sentido, resaltó que el entonces servidor conocía que era portador de la sustancia referida en hechos ocurridos el 18 de octubre de 2023, y que tuvo la intención de ingresar con ellas al lugar en el que desempeñaba sus funciones, con lo que vulneró las responsabilidades atribuidas a su cargo.

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Procuraduría investiga al viceministro de la Igualdad por presunto acoso sexual

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos del Ministerio de la Igualdad y Equidad, Nelson Lemus Cruz

La investigación del Ministerio Público tiene que ver con presuntos actos de violencia de género relacionados con acoso sexual contra una funcionaria.

 

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De acuerdo con información conocida públicamente sobre ese hecho, la víctima se habría visto obligada a renunciar al cargo que ocupaba en el Ministerio, como consecuencia del aparente acoso del que venía siendo objeto.

Los ojos de la Procuraduría llegan a los cementerios de Bogotá

Una inspección de la Procuraduría General de la Nación determinó que en el manejo del Cementerio Central existe documentación incompleta, estados de cuenta confusos y presuntos malos manejos administrativos.

Los delegados Samuel Arrieta y John Harvey Pinzón evidenciaron el preocupante estado de las instalaciones físicas y operativas de los cementerios distritales, incluyendo los mausoleos de los expresidentes, donde se presentan empozamientos y graves daños en columnas y techos.

 

La inspección se llevó a cabo luego de que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) asumiera, en enero, la operación y administración de los cementerios Central, Norte, Sur y Serafín, tras la terminación unilateral del contrato con el operador anterior debido a múltiples quejas sobre la prestación del servicio.

El procurador Arrieta, delegado Segundo para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, señaló que hubo una gestión deficiente por parte del operador saliente. Ante esta situación, enfatizó la importancia de una nueva adjudicación objetiva que garantice servicios de inhumación, exhumación y cremación con estándares técnicos y ambientales adecuados.

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Por su parte, John Harvey Pinzón, delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial, advirtió sobre el deterioro de adoquines y la presencia de columnas sostenidas con palos, lo que representa un alto riesgo de colapso en algunas bóvedas.

Actualmente, la UAESP adelanta labores de restauración y mantenimiento con el objetivo de mejorar progresivamente las condiciones de los cementerios distritales y garantizar un servicio digno a la ciudadanía.

Procuraduría inhabilita al exalcalde de Cartagena, William Dau

La Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por 10 meses al exalcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt, por proferir públicamente expresiones grotescas y calumniosas contra servidores públicos y particulares.

El ente de control evidenció que el entonces alcalde utilizó redes sociales, un canal digital y medios de comunicación para referirse a funcionarios y ciudadanos de manera irrespetuosa y desobligante.

 

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Asimismo, señaló a algunos de ellos como parte de un supuesto cartel relacionado con la prescripción del impuesto predial unificado en la Secretaría Distrital de Hacienda de Cartagena.

El Ministerio Público consideró que las declaraciones del exalcalde, “gozaban de una importante acogida y relevancia social, y, sus expresiones y comportamientos podían resultar acogidos por el imaginario público como un modelo de conducta”.

La Entidad calificó las faltas del exmandatario como graves a título de dolo, al considerar que “el disciplinado conocía que las palabras usadas estaban provistas de una intención irrespetuosa, ofensiva e hiriente” y, a pesar de ello actuó sin consideración alguna frente a la dignidad e integridad de las personas a las que se estaba dirigiendo.

Procuraduría pone la lupa en los títulos universitarios falsos

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 11 años a la docente adscrita a la Secretaria Distrital de Educación, Johana Andrea Puentes Morales, por suministrar diplomas falsos. 

El órgano de control disciplinario entregó para ser nombrada y posesionada desde la vigencia 2022, en la Institución Educativa Distrital Colegio José Francisco Socarrás, el título ficticio de licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Gran Colombia.

 

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De la misma manera, las maestras María Cristina Vega Fajardo y María Enilce Cañadulce Castillo fueron sancionados por 10 años, la primera de estas por proveer diplomas apócrifos como profesora en educación básica primera y en Psicología y Pedagogía; mientras que la segunda, titulación fingida de la Universidad San Buenaventura para ejercer en preescolar.

Asimismo, el fallo de primera instancia afectó a la funcionaria, Yisela Yolima Bautista Valderrama por 7 años, por el uso del documento público falso como gerente de Talento Humano y finalmente, a Laura Jenifer Sierra Farfán al proporcionar a las autoridades distritales documentación con información que no corresponde que afirmaba ser Magister en Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia.

El Ministerio Público calificó las faltas de los disciplinados como gravísimas, a título de dolo.

Violencia del ELN en el Catatumbo impide que niños y jóvenes puedan iniciar sus jornadas escolares, denuncia la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación ha denunciado en las últimas horas que aproximadamente 46 mil niños de la región del Catatumbo no han podido iniciar clases, producto del miedo y zozobra que ha generado en la población los hechos de violencia provocados por el ELN y las disidencias.

En terreno, se ha identificado un alarmante aumento en las cifras de desplazamiento forzado. Más de 10 mil personas han llegado a Cúcuta, mientras que otras seis mil se han desplazado a Ocaña.

 

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El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, alertó que «más del 35 % de la población desplazada corresponde a niños, niñas y adolescentes».

Además, se ha evidenciado el alto riesgo que enfrentan las familias y los firmantes de paz en proceso de reincorporación en el antiguo espacio territorial de capacitación y normalización de la vereda Caño Indio y en otras zonas del departamento, debido a que han sido declarados objetivos militares por el grupo armado ELN.

Durante una reunión con líderes de los firmantes de paz, se informó que hasta la fecha han sido asesinados seis firmantes, mientras que otros se encuentran desaparecidos.

Los que conforman la primera línea de Gregorio Eljach

Gregorio Eljach inició su gestión como procurador general de la Nación, labor en la que ya escogió a algunos de sus acompañantes, siendo el viceprocurador de Margarita Cabello, Silvano Gómez Strauch, la sorpresa del momento.

Gómez Strauch viene del período de Margarita Cabello y fue ratificado por el Eljach en el cargo de viceprocurador general de la Nación. Como procurador delegado para los Derechos Humanos llega el exministro de Justicia, Néstor Osuna.

 

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Eljach eligió a Catalina Cruz como su secretaria privada, quien lo venía acompañando mientras ocupó la Secretaría General del Senado. Jorge Utria, quien hace parte de su círculo más cercano será su jefe de prensa. También estará acompañado por Samuel Arrieta excongresista y exconcejal, quien manejará las relaciones políticas de la entidad.

También contará con Álex Hernández, quien llegará como veedor nacional, y Sergio Escobar, exjurídico de la Secretaría del Senado, quien asumirá la jefatura jurídica de la Procuraduría. Otra de las personas que hará parte de su primer círculo será el periodista Edulfo Peña quien será el encargado de diseñar las estrategias de la entidad.

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Ángel Beccassino estará a cargo de brindar algunas asesorías externas. Se esperan más nombramientos en la Procuraduría General de la Nación y mientras estos se concretan, Eljach seguirá recibiendo llamadas y visitas de quienes ahora actúan como «sus nuevos mejores amigos».

Inicia la era Eljach en la Procuraduría

Con el acto protocolario de de transición de mando entre la Procuradora General de la Nación saliente, Margarita Cabello Blanco, y el nuevo Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, inició la nueva jefatura en el Ministerio Público que estará liderado por el exsecretario del Senado, quien tomó la decisión de dejar en el cargo de viceprocurador a Silvano Gómez Strauch, quien acompañó a la hoy exjefa del órgano de control disciplinario durante su gestión.

“Me da mucha emoción y orgullo recibir de quien recibo este informe tan importante y lleno de retos, al cual le pondré todo mi interés. Sé que aquí está la historia y el futuro de la Procuraduría General de la Nación, que recibo de las mejores manos», dijo Eljach durante su intervención.

 

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Gregorio Eljach inicia su labor como procurador general de la Nación en medio de un ambiente político bastante polarizado por cuenta de los constantes enfrentamientos del Ejecutivo con otros poderes del Estado y con el mismo Ministerio Público por cuenta de decisiones que tienen que ver con la labor de control.

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Rector de la UNAD se encuentra en la lupa de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Jaime Alberto Leal Afanador, por posibles irregularidades en la ejecución de un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías y el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

El contrato firmado por el rector de la UNAD tiene que ver con un proyecto para el fortalecimiento de los recursos tecnológicos en la Unidad de Desarrollo Regional de Leticia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el Amazonas, el cual aparentemente presentó diferencias entre lo aprobado y lo ejecutado.

 

De acuerdo con el Ministerio Público, «se desconoce si su ejecución estuvo acorde con lo planteado inicialmente, con lo aprobado por el MEN y por el Departamento Nacional de Planeación, así como si la totalidad de los dineros fueron invertidos efectivamente en el proyecto».

El órgano de control disciplinario solicitó a la UNAD información de quienes participaron en este bilateral y de los procedimientos empleados por ese organismo para adelantar los procesos de contratación.

Procuraduría investiga compra de uniformes en la UNGRD

La Procuraduría General de la Nación investiga el contrato cercano a los 10 mil millones de pesos firmado por la Unidad Nacional de Gestión Para el Riesgo de Desastres, para la adquisición de uniformes para sus funcionarios.

El kits de uniformes esta compuesto por prendas como gorras, chalecos, camibusos tipo polos y otros para los 6.633 funcionarios, contratistas y colaboradores de la UNGRD a nivel nacional.

 

En los pliegos de condiciones se señala que “cada kit tendrá un costo de $1’507.533 pesos por persona, lo que demandará una inversión de $9.999.466.389 pesos”.

El Ministerio Público avanza en la investigación con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, de la entonces secretaría general de la entidad, Ana María Castaño Álvarez, y de esta manera determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Informe de la Procuraduría revela el impacto negativo de la minería ilegal en 29 departamentos

Un informe de la Procuraduría General de la Nación revela que la minería ilegal ha afectado el medio ambiente en 29 departamentos del país, de los cuales los que mayor preocupación generan son Antioquia, Bolívar, Chocó, Santander, Caldas, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Amazonas, Putumayo y Guainía. De hecho, según el órgano de control, «más del 50 % de los municipios colombianos han sufrido los estragos de esta actividad». 

De acuerdo con el organismo de control disciplinario, «la extracción ilícita de minerales se ha consolidado como uno de los principales conflictos socioambientales en Colombia, provocando, además, desplazamientos forzados, violencia, explotación laboral y el aumento de riesgos para la salud de quienes se dedican a la minería y de las comunidades ribereñas, especialmente las más vulnerables, como niños y mujeres embarazadas».

 

Así mismo, puntualizó en que según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la minería de oro de aluvión afecta más de 94.000 hectáreas, siendo la explotación ilícita responsable del 73 % de esta actividad, lo que agrava la contaminación por mercurio y la deforestación.

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, con el apoyo de la Organización Pure Earth y la financiación de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, se realizaron siete campañas de muestras, que evidenciaron niveles de mercurio, plomo y arsénico superiores a los límites permisibles en varios departamentos, cuyos resultados se incluyen en el Informe Nacional sobre Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en Colombia.

Para el Ministerio Público la situación es aún más grave considerando que Colombia es el país con la mayor liberación de mercurio per cápita al medio ambiente, lo que ha generado un daño irreversible en los ecosistemas y la salud de la población.

Pliego de cargos de la Procuraduría a seis policías por interceptaciones a Marelbys Meza

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a seis integrantes de la Policía Nacional involucrados en las interceptaciones a Marelbys Meza, exniñera en la casa de la directora del DAPRE, Laura Sarabia.

Los uniformados de la Policía que deberán responder por las investigaciones disciplinarias son: los mayores, John Jairo López Tolosa y Luis Jeffersson Camacho Prada, pertenecientes al Grupo Investigativo contra Estructura Delincuencias Organizadas GREDO, para la época de los hechos; el capitán, Carlos Andrés Correa Loaiza, en su condición de investigador criminal del señalado grupo; el patrullero, Jhon Fredi Morales Cárdenas, entonces investigador criminal asignado al GAO “AGC” del Grupo Investigativo contra Estructuras Delincuenciales Región 6 y a los entonces investigadores de la SIJIN MEBOG, intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y la patrullera, Dana Alejandra Canizales Bonilla.

 

Tras la denuncia por el hurto de 12 millones de pesos, interpuesta por el esposo de Laura Sarabia, el investigador Alfonso Quinchanegua entregó informe del 31 de enero de 2023 solicitando la interceptación de comunicaciones de la línea de Marelbys Meza e información de otros números telefónicos.

Al parecer, tras la negativa de la fiscal del caso de ordenar estas interceptaciones, el 2 de febrero de 2023, Quinchanegua y Danna Canizalez habrían falsificado el informe de investigador de campo y la declaración de fuente no formal, para obtener la orden de interceptación de las líneas telefónicas de la mencionada Marelbys Meza, su compañero sentimental Yhonson Pineda Sarmiento y su amiga Lucelia Robles, haciéndolos pasar como alias «Pini» y alias «Pacho».

Para la Procuraduría, los informes del 31 de enero y 2 de febrero de 2023 habrían inducido en error a la Fiscal 101 local unidad de hurtos quien ordenó la interceptación de los números de teléfonos celulares de Meza y Pineda.

Para el Ministerio Público, «la conducta de estos dos oficiales fue calificada provisionalmente como falta grave a título de culpa gravísima mientras que en el caso de los otros cuatro investigados se catalogó temporalmente como gravísima dolosa».

Cargos disciplinario para exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, del movimiento político del exalcalde y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por posibles irregularidades relacionadas con la suscripción de convenios por más de $ 1.000 millones estando en vigencia la ley de garantías.

Se trata de los convenios con la Fundación para el Fortalecimiento del Estado y la Comunidad (FUNDEC), para la implementación de acciones integrales que garanticen el bienestar y la paz de la población en situación de vulnerabilidad, en la Localidad Histórica Dos Rodrigo de Bastidas y la divulgación y promoción de iniciativas de paz en ese Distrito.

 

Tras revisar la documentación de estos dos bilaterales, el ente disciplinario advirtió que, aparentemente, estos fueron celebrados de forma directa y en época electoral, más específicamente, 4 meses antes de las elecciones, las cuales se llevarían a cabo el 27 de octubre de 2019, pese a que esta contratación directa estaba expresamente prohibida en la ley.

El Ministerio Público considera que el exmandatario local pudo hacer uso indebido de los recursos público al firmar estos convenios que no estaban amparado en una de las excepciones establecidas en la ley.