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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Procuraduría

Violencia del ELN en el Catatumbo impide que niños y jóvenes puedan iniciar sus jornadas escolares, denuncia la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación ha denunciado en las últimas horas que aproximadamente 46 mil niños de la región del Catatumbo no han podido iniciar clases, producto del miedo y zozobra que ha generado en la población los hechos de violencia provocados por el ELN y las disidencias.

En terreno, se ha identificado un alarmante aumento en las cifras de desplazamiento forzado. Más de 10 mil personas han llegado a Cúcuta, mientras que otras seis mil se han desplazado a Ocaña.

 

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El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, alertó que «más del 35 % de la población desplazada corresponde a niños, niñas y adolescentes».

Además, se ha evidenciado el alto riesgo que enfrentan las familias y los firmantes de paz en proceso de reincorporación en el antiguo espacio territorial de capacitación y normalización de la vereda Caño Indio y en otras zonas del departamento, debido a que han sido declarados objetivos militares por el grupo armado ELN.

Durante una reunión con líderes de los firmantes de paz, se informó que hasta la fecha han sido asesinados seis firmantes, mientras que otros se encuentran desaparecidos.

Los que conforman la primera línea de Gregorio Eljach

Gregorio Eljach inició su gestión como procurador general de la Nación, labor en la que ya escogió a algunos de sus acompañantes, siendo el viceprocurador de Margarita Cabello, Silvano Gómez Strauch, la sorpresa del momento.

Gómez Strauch viene del período de Margarita Cabello y fue ratificado por el Eljach en el cargo de viceprocurador general de la Nación. Como procurador delegado para los Derechos Humanos llega el exministro de Justicia, Néstor Osuna.

 

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Eljach eligió a Catalina Cruz como su secretaria privada, quien lo venía acompañando mientras ocupó la Secretaría General del Senado. Jorge Utria, quien hace parte de su círculo más cercano será su jefe de prensa. También estará acompañado por Samuel Arrieta excongresista y exconcejal, quien manejará las relaciones políticas de la entidad.

También contará con Álex Hernández, quien llegará como veedor nacional, y Sergio Escobar, exjurídico de la Secretaría del Senado, quien asumirá la jefatura jurídica de la Procuraduría. Otra de las personas que hará parte de su primer círculo será el periodista Edulfo Peña quien será el encargado de diseñar las estrategias de la entidad.

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Ángel Beccassino estará a cargo de brindar algunas asesorías externas. Se esperan más nombramientos en la Procuraduría General de la Nación y mientras estos se concretan, Eljach seguirá recibiendo llamadas y visitas de quienes ahora actúan como «sus nuevos mejores amigos».

Inicia la era Eljach en la Procuraduría

Con el acto protocolario de de transición de mando entre la Procuradora General de la Nación saliente, Margarita Cabello Blanco, y el nuevo Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, inició la nueva jefatura en el Ministerio Público que estará liderado por el exsecretario del Senado, quien tomó la decisión de dejar en el cargo de viceprocurador a Silvano Gómez Strauch, quien acompañó a la hoy exjefa del órgano de control disciplinario durante su gestión.

“Me da mucha emoción y orgullo recibir de quien recibo este informe tan importante y lleno de retos, al cual le pondré todo mi interés. Sé que aquí está la historia y el futuro de la Procuraduría General de la Nación, que recibo de las mejores manos», dijo Eljach durante su intervención.

 

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Gregorio Eljach inicia su labor como procurador general de la Nación en medio de un ambiente político bastante polarizado por cuenta de los constantes enfrentamientos del Ejecutivo con otros poderes del Estado y con el mismo Ministerio Público por cuenta de decisiones que tienen que ver con la labor de control.

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Rector de la UNAD se encuentra en la lupa de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Jaime Alberto Leal Afanador, por posibles irregularidades en la ejecución de un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías y el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

El contrato firmado por el rector de la UNAD tiene que ver con un proyecto para el fortalecimiento de los recursos tecnológicos en la Unidad de Desarrollo Regional de Leticia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el Amazonas, el cual aparentemente presentó diferencias entre lo aprobado y lo ejecutado.

 

De acuerdo con el Ministerio Público, «se desconoce si su ejecución estuvo acorde con lo planteado inicialmente, con lo aprobado por el MEN y por el Departamento Nacional de Planeación, así como si la totalidad de los dineros fueron invertidos efectivamente en el proyecto».

El órgano de control disciplinario solicitó a la UNAD información de quienes participaron en este bilateral y de los procedimientos empleados por ese organismo para adelantar los procesos de contratación.

Procuraduría investiga compra de uniformes en la UNGRD

La Procuraduría General de la Nación investiga el contrato cercano a los 10 mil millones de pesos firmado por la Unidad Nacional de Gestión Para el Riesgo de Desastres, para la adquisición de uniformes para sus funcionarios.

El kits de uniformes esta compuesto por prendas como gorras, chalecos, camibusos tipo polos y otros para los 6.633 funcionarios, contratistas y colaboradores de la UNGRD a nivel nacional.

 

En los pliegos de condiciones se señala que “cada kit tendrá un costo de $1’507.533 pesos por persona, lo que demandará una inversión de $9.999.466.389 pesos”.

El Ministerio Público avanza en la investigación con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, de la entonces secretaría general de la entidad, Ana María Castaño Álvarez, y de esta manera determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Informe de la Procuraduría revela el impacto negativo de la minería ilegal en 29 departamentos

Un informe de la Procuraduría General de la Nación revela que la minería ilegal ha afectado el medio ambiente en 29 departamentos del país, de los cuales los que mayor preocupación generan son Antioquia, Bolívar, Chocó, Santander, Caldas, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Amazonas, Putumayo y Guainía. De hecho, según el órgano de control, «más del 50 % de los municipios colombianos han sufrido los estragos de esta actividad». 

De acuerdo con el organismo de control disciplinario, «la extracción ilícita de minerales se ha consolidado como uno de los principales conflictos socioambientales en Colombia, provocando, además, desplazamientos forzados, violencia, explotación laboral y el aumento de riesgos para la salud de quienes se dedican a la minería y de las comunidades ribereñas, especialmente las más vulnerables, como niños y mujeres embarazadas».

 

Así mismo, puntualizó en que según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la minería de oro de aluvión afecta más de 94.000 hectáreas, siendo la explotación ilícita responsable del 73 % de esta actividad, lo que agrava la contaminación por mercurio y la deforestación.

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, con el apoyo de la Organización Pure Earth y la financiación de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, se realizaron siete campañas de muestras, que evidenciaron niveles de mercurio, plomo y arsénico superiores a los límites permisibles en varios departamentos, cuyos resultados se incluyen en el Informe Nacional sobre Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en Colombia.

Para el Ministerio Público la situación es aún más grave considerando que Colombia es el país con la mayor liberación de mercurio per cápita al medio ambiente, lo que ha generado un daño irreversible en los ecosistemas y la salud de la población.

Pliego de cargos de la Procuraduría a seis policías por interceptaciones a Marelbys Meza

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a seis integrantes de la Policía Nacional involucrados en las interceptaciones a Marelbys Meza, exniñera en la casa de la directora del DAPRE, Laura Sarabia.

Los uniformados de la Policía que deberán responder por las investigaciones disciplinarias son: los mayores, John Jairo López Tolosa y Luis Jeffersson Camacho Prada, pertenecientes al Grupo Investigativo contra Estructura Delincuencias Organizadas GREDO, para la época de los hechos; el capitán, Carlos Andrés Correa Loaiza, en su condición de investigador criminal del señalado grupo; el patrullero, Jhon Fredi Morales Cárdenas, entonces investigador criminal asignado al GAO “AGC” del Grupo Investigativo contra Estructuras Delincuenciales Región 6 y a los entonces investigadores de la SIJIN MEBOG, intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y la patrullera, Dana Alejandra Canizales Bonilla.

 

Tras la denuncia por el hurto de 12 millones de pesos, interpuesta por el esposo de Laura Sarabia, el investigador Alfonso Quinchanegua entregó informe del 31 de enero de 2023 solicitando la interceptación de comunicaciones de la línea de Marelbys Meza e información de otros números telefónicos.

Al parecer, tras la negativa de la fiscal del caso de ordenar estas interceptaciones, el 2 de febrero de 2023, Quinchanegua y Danna Canizalez habrían falsificado el informe de investigador de campo y la declaración de fuente no formal, para obtener la orden de interceptación de las líneas telefónicas de la mencionada Marelbys Meza, su compañero sentimental Yhonson Pineda Sarmiento y su amiga Lucelia Robles, haciéndolos pasar como alias «Pini» y alias «Pacho».

Para la Procuraduría, los informes del 31 de enero y 2 de febrero de 2023 habrían inducido en error a la Fiscal 101 local unidad de hurtos quien ordenó la interceptación de los números de teléfonos celulares de Meza y Pineda.

Para el Ministerio Público, «la conducta de estos dos oficiales fue calificada provisionalmente como falta grave a título de culpa gravísima mientras que en el caso de los otros cuatro investigados se catalogó temporalmente como gravísima dolosa».

Cargos disciplinario para exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, del movimiento político del exalcalde y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por posibles irregularidades relacionadas con la suscripción de convenios por más de $ 1.000 millones estando en vigencia la ley de garantías.

Se trata de los convenios con la Fundación para el Fortalecimiento del Estado y la Comunidad (FUNDEC), para la implementación de acciones integrales que garanticen el bienestar y la paz de la población en situación de vulnerabilidad, en la Localidad Histórica Dos Rodrigo de Bastidas y la divulgación y promoción de iniciativas de paz en ese Distrito.

 

Tras revisar la documentación de estos dos bilaterales, el ente disciplinario advirtió que, aparentemente, estos fueron celebrados de forma directa y en época electoral, más específicamente, 4 meses antes de las elecciones, las cuales se llevarían a cabo el 27 de octubre de 2019, pese a que esta contratación directa estaba expresamente prohibida en la ley.

El Ministerio Público considera que el exmandatario local pudo hacer uso indebido de los recursos público al firmar estos convenios que no estaban amparado en una de las excepciones establecidas en la ley.

Piden a la Procuraduría poner la lupa sobre la Dirección Nacional de Bomberos

La Procuraduría General de la Nación estudia una demanda en contra de la directora Nacional de Bomberos, Lourdes Socorro Peña, porque al parecer habría incumplido con la medida de urgencia manifiesta decretada por el Gobierno Nacional para enfrentar las consecuencias climáticas del Fenómeno del Niño en Colombia.

De acuerdo con Javier Orlando Morales, miembro de la Veeduría Ciudadana Bomberos 2024, autor de la denuncia, «la Dirección Nacional de Bomberos, contó con el tiempo suficiente para adelantar el proceso de selección correspondiente de acuerdo a los tiempos perentorios establecidos en el decreto 1082 de 2015. Transcurrieron un total de 45 días entre la declaratoria de la urgencia manifiesta y el inicio de los contratos suscritos en virtud de esta, desconociendo la finalidad de inmediatez que tenía la medida».

 

La entidad expidió la Resolución N° 059 del 12 de marzo 2024, por medio de la cual declara la Urgencia Manifiesta, expedida casi dos meses después de decretada la situación de Desastre Nacional por el Fenómeno del Niño que estaba provocando incendios forestales en diferentes territorios del país, donde además comenzaba a provocar sequías.

Morales asegura además que la Dirección Nacional de Bomberos suscribió solo hasta el 16 de abril de 2024 bajo la modalidad de contratación Directa un total de cinco contratos por $30.276.200.635.

«Para esto se contó con el tiempo suficiente para adelantar el proceso de selección correspondiente de acuerdo a los tiempos perentorios establecidos en el Decreto 1082 de 2015. Transcurrieron un total de 45 días entre la declaratoria de la urgencia manifiesta y el inicio de los contratos», afirmó el demandante.

Dijo además que en el proceso realizado a través del SECOP II, «no se encuentra un documento alguno que permita verificar la idoneidad de los contratistas, no se realizó una comparación de precios de mercado, no se encuentra la oferta de precios y condiciones de entrega presentada por los contratistas, violando con esto el principio de selección objetiva».

Se espera la decisión de la Procuraduría General de la Nación, quien luego de analizar la demanda deberá decir si la acepta o la rechaza.

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Procuraduría pone la lupa a los retrasos en la entrega de recursos al Icetex

La Procuraduría General de la Nación requirió formalmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Educación Nacional y al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) información detallada sobre la asignación, programación y desembolso de recursos destinados a la financiación de créditos educativos para el segundo semestre de 2024 y el año 2025.

El requerimiento del Ministerio Público se da tras las continúas quejas de estudiantes por no recibir los desembolsos para el pago de sus matrículas de educación superior de miles de estudiantes.

 

El Icetex aegura que a la fecha no ha recibido el respectivo desembolso por parte del Ministerio de Hacienda para realizar las transferencias.

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El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, precisó: «Hay una caja que está represada, pero el Ministerio de Hacienda está haciendo todo el esfuerzo para entregarle la caja disponible al Ministerio de Educación».

Procuraduría pone la lupa a la ampliación de la Autopista Norte de Bogotá

La Procuraduría General de la Nación, citó al alcalde, Carlos Fernando Galán, y a las entidades responsables del proyecto de construcción para la ampliación de la Autopista Norte de Bogotá, para que expliquen los avances y planes que se tienen no solo para prevenir sucesos como la inundación por las fuertes lluvias sino además para la modernización del tramo vial.

Gustavo Guerrero, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, no es justo que los usuarios de la troncal tengan que padecer diariamente problemas de movilidad y enormes trancones para salir o ingresar a la ciudad, por lo que se hace obligatorio una intervención inmediata por parte de las autoridades competentes.

 

El funcionario del Ministerio Público convocó a una reunión el próximo 19 de noviembre, en la que tendrán asiento, además del alcalde Galán, los directivos de la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI-, de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales-ANLA- y el gerente de la Concesión Ruta Bogotá Norte.

Álvaro Leyva fue sancionado por la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, al encontrar probado que desconoció los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes.

En la sentencia el Ministerio Público explica que la decisión de Leyva no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, y que la misma carecía de fundamento legal y que esta fue basada en el hecho de que al proceso había concurrido un único oferente, lo cual no lo habilitaba para declarar desierta la licitación pública, dado que este cumplió con todos los requisitos definidos por la entidad en los pliegos de condiciones.

 

Para el ente de control, Leyva Durá,n incurrió en falta gravísima a título de dolo al desconocer con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal.

El fallo podrá ser apelado ante el despacho de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello.

Margarita Cabello pide a la Corte Constitucional tumbar la Reforma Pensional

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible la totalidad de la Reforma Pensional, al considerar que en la plenaria de la Cámara de Representantes se eludió el debate sobre la iniciativa al adoptarse, sin deliberación, el texto aprobado por el Senado.

Según la Procuradora, aunque se habían introducido más de 60 modificaciones respecto al texto original del Senado y existían más de 500 propuestas de ajuste presentadas por las distintas bancadas, la Mesa Directiva de la Cámara dispuso que los congresistas votaran la reforma en bloque, sin la posibilidad de debatir individualmente cada uno de los 95 artículos. Este proceder, “cercenó la posibilidad de sus miembros de discutir sobre el contenido de los 95 artículos de la iniciativa”.

 

Dijo además que la propuesta de adoptar el texto del Senado impidió que los representantes a la cámara tuvieran el tiempo suficiente para analizar y debatir el texto. La Procuradora también subrayó que las limitaciones de tiempo para intervenir (dos minutos por vocero de cada partido político), sumadas a la presión para votar rápidamente, impidieron una deliberación adecuada.

Dijo además que la oposición no fue lo suficientemente escuchada, Aunque varios congresistas solicitaron un mayor espacio para discutir la reforma, se desestimaron esas solicitudes y se cerró el debate de manera prematura, afectando el principio democrático, que exige una discusión abierta y plural.

“En la práctica no existieron las condiciones mínimas para adelantar una discusión rigurosa, meditada y democrática de la iniciativa en la plenaria de la Cámara de Representantes”, recalcó.

Levantan la suspensión de exploración en el pozo Uchuva

Foto: Cortesía

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta levantó la suspensión de los trabajos exploratorios en el Pozo Sirius (anteriormente conocido como Uchuva) y ha ordenado la revisión del concepto sobre consulta previa para la comunidad indígena de Taganga.

 

La decisión se dio luego de que la Procuraduría General de la Nación solicitara la impugnación al fallo de primera instancia con el propósito de garantizar el debido proceso en el trámite de la licencia ambiental surtida para el desarrollo del proyecto, en especial, en lo referido a la certificación de no procedencia de la consulta previa que fue emitida por el Ministerio del Interior de manera oportuna.

De igual forma la Procuraduría General de la Nación solicitó el levantamiento de la medida decretada por el Juzgado de primera instancia que ordenaba la suspensión de las actividades exploratorias en el pozo Sirius (antes Uchuva II), petición a la que accedió el Tribunal, permitiendo así la continuidad de los trabajos en un proyecto fundamental para garantizar la seguridad energética en el suministro de gas para el uso doméstico, industrial y la generación de energía térmica de todos los Colombianos.

La decisión del Tribunal, que revoca parcialmente la sentencia inicial, ordena al Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) que, en un plazo improrrogable de un mes, emita un acto administrativo sobre la consulta previa, siguiendo las normativas vigentes.

Procuraduría deja a Alex Flórez fuera del Senado por seis meses

La Procuraduría General de la Nación confirmó el fallo de primera instancia en contra del senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, modificando de ocho a seis meses la suspensión e inhabilidad impuesta por protagonizar actos calumniosos y en estado de alicoramiento contra tres integrantes de la fuerza pública.

El ente de control reconsideró la sanción impuesta al congresista en decisión de primera instancia, teniendo en cuenta que después de cometer la conducta conocida, Flórez Hernández se retractó pública y voluntariamente de sus afirmaciones.

 

Además, intentó reparar el daño por iniciativa propia y presentó excusas a los miembros de la Policía Nacional víctimas de su comportamiento ilícito y a sus familias, tratando de subsanar los derechos afectados.

A juicio del Ministerio Público “el senador investigado atentó contra los derechos de los policiales (…)” y “(…) lesionó su integridad moral, su honra, su buen nombre y dignidad persona