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Etiqueta: Punto de Inflexión

Contrataderos, la burla planificada desde la ley para facilitar a corrupción

Escrito por Rafael Fonseca en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en Contrataderos, la burla planificada desde la ley para facilitar a corrupción

En días pasados el secretario de la Transparencia de la Presidencia de la República Andrés Idárraga, señaló en Sigue La W que “hay que acabar con los regímenes especiales para evitar que continúen los ‘contrataderos’ en las regiones del país”. Estaba hablando de Empresa Comercial e Industrial del Estado Faro del Catatumbo S.A.S., como un muy probable caso descarado de corrupción; pero no solo no es el único, sino que ya es generalizado en la contratación pública en una gran cantidad de los municipios y gobernaciones a lo largo y ancho del país.

La palabra “CONTRATADERO” fue acuñada en 2020 por el ingeniero Rodrigo Fernández como resultado de su seguimiento a la gestión contractual de las Entidades Públicas y las Entidades Territoriales, en el que protuberantemente encontró que Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de origen ordenanzal o de acuerdo municipal, vienen siendo utilizadas masivamente por las Entidades Territoriales para eludir la Ley 80 de 1993 y los Pliegos Tipo.

 

Al eludir la Ley 80 y los Pliegos tipo, pueden poner condiciones en el pliego a la medida (pliegos sastre) del proponente que ya se sabe que la va a ganar (el ungido) porque ha sido previamente escogido por el Gobernador o Alcalde y que además, seguramente obedece a una componenda previa con un Congresista que ha “facilitado” la asignación de recursos de una entidad central del Estado, por lo que también pueden haber participado funcionarios de alto rango, hasta Ministros… Final y normalmente sólo se presenta el ungido, o acompañado por uno o dos más que, ¡oh sorpresa! no terminan el trámite de la licitación satisfactoriamente por algún motivo. Toda una metodología paraestatal ilícita para esquilmar los recursos públicos que se ha propagado como cáncer en todo el país.

Para ayudarle al Secretario Idárraga, a continuación una lista no completa de contrataderos identificados en estos años de seguimiento, por sus prácticas presumiblemente corruptas en la contratación pública:

Agencia de Desarrollo local de Itagüí ADELI, Itagüí, Antioquia.

Asociación Regional de Municipios del Caribe Colombiano AREMCA, Barranquilla, Atlántico.

Asociación de municipios de Urabá ASOMURA, Antioquia.

Asociación de municipios solidarios y sostenibles ASOMUSSIN, Montería, Córdoba.

Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF, Floridablanca, Santander.

Empresa de desarrollo urbano de La Ceja EMDUCE, Antioquia.

Empresa de desarrollo urbano de Marinilla SUMAR, Antioquia.

Empresa de desarrollo urbano del norte de Antioquia EDUNA, Antioquia.

Empresa de desarrollo urbano y hábitat sostenible de Turbo EDUH, Antioquia.

Empresa de desarrollo urbano de Barranquilla EDUBAR, Atlántico.

Empresa de desarrollo urbano y rural del municipio de Bello EDUNORTE, Antioquia.

Empresa de desarrollo sostenible de Rionegro EDESO, Antioquia,

Empresa de desarrollo urbano de Medellín EDU, Antioquia.

Empresa de desarrollo urbano de Apartadó, Antioquia.

Empresa para el desarrollo territorial PROYECTA, Armenia, Quindío.

Empresa de desarrollo local de Itaguí ADELI, Antioquia.

Empresa de vivienda y desarrollo urbano y rural del municipio de Envigado DESUR, Antioquia.

Empresa para la competitividad territorial del municipio de Girardota GIRACOM, Antioquia.

Empresa Autónoma de Guatapé EAG, Antioquia.

FARO DEL CATATUMBO, Cúcuta, Norte de Santander.

Fondo de desarrollo de Proyectos de Cundinamarca FONDECUN, Cundinamarca.

FUNDACIÓN FONDO MIXTO PARA ETNOCULTURA, MEMORIA Y CONVIVENCIA DEL CHOCÓ, Chocó.

FONDO MIXTO SIERRA NEVADA, Valledupar, Cesar.

FONDO MIXTO para la promoción del deporte, el desarrollo integral y la gestión social, Cali, Valle del Cauca.

Fondo mixto para la promoción de las energías renovables, el desarrollo integral y la gestión social FONER, Cali, Valle.

Fondo mixto para el desarrollo integral y la gestión social de Colombia FONCOLOMBIA, Bucaramanga, Santander.

Fundación Universidad del Valle FUV, Cali, Valle.

PROFLORIDABLANCA, Floridablanca, Santander.

PROMUEVE MÁS, Departamento de Caldas, Manizales.

PUERTA DE ORO, Barranquilla, Atlántico.

UNIDOS CAUCASIA, Caucasia, Antioquia.

Desde la sanción de la Ley 2195 de 2022 y, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 56 (aplicación de los documentos tipo a entidades de régimen especial) EDUBAR acogió la norma y está utilizando pliego tipo; pero otros contrataderos “aprovecharon” el parágrafo del artículo 56 para seguir contratando sin pliego tipo. Una burla planificada desde la ley misma.

Trabajo que deberían haber hecho la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para haber evitado la propagación de este flagelo en nuestro territorio. Cuando hacen trampa en una licitación, el asunto es mucho más grave que solo el robo de dineros públicos para coimas y sobornos, sino por al menos dos razones peores: la primera es que, como el objetivo es la corrupción en un contrato, lo que importa es hacer el contrato y no el proyecto de desarrollo a contratar, por el que se generan elefantes blancos, proyectos no prioritarios y proyectos de mala calidad, impactando negativamente a la población afectada (que debería ser beneficiada) retrasando la salida del subdesarrollo en términos generales; y la segunda, es que todo el mundo lo sabe (menos la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, a juzgar por su impresionante propagación) y eso tiene un efecto terrible en la población al validarle con ejemplos cercanos la idea de que la corrupción es “el nombre del juego” y que para ser exitoso hay que ser corrupto. Como advertía antes: ¡gravísimo!

El mismo Secretario de la Transparencia dice que “se ha naturalizado que haya una relación entre la política, entre algunos congresistas, entre organismos de control, entre las autoridades locales…” (Sigue La W, 2023) para… corrupción. En las narices del Estado, de los organismos de control y de todos nosotros, los colombianos. Fuerza y respaldo total al Secretario Idárraga. Pero la solución es cerrarles el paso a estos regímenes especiales: todo dinero público invertido debe pasar por los controles de la Ley 80 y los Pliegos tipo, al menos. Pero esa solución ya sabemos que está en manos del Congreso: los mismos autores de esa burla planificada desde la ley que ellos, desde luego, no han querido arreglar.

Rafael Fonseca Zarate

Rupturas que nos esperan en el siglo XXI

Escrito por Rafael Fonseca en . Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

Por: Rafael Fonseca Zárate

Así como vamos, para el año 2100 la tierra habrá alcanzado 3.3 grados centígrados más que la época preindustrial (antes del siglo XIX) como lo muestra el simulador climático del MIT. Los 14,000 científicos alrededor del mundo reunidos en torno al IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change (ONU) han establecido una meta física, técnica y económicamente posible de 1.5 grados de aumento (sobre la temperatura promedio de la tierra antes de la revolución industrial. Están alarmados, como lo indica en la revista BioScience (Oxford Academic): “advertir claramente a la humanidad de cualquier amenaza catastrófica, y están pidiendo un cambio transformador” con urgencia, porque en el 2050 ya habremos superado los 2 grados (La paradoja del negacionismo). Esta es la primera ruptura que nos espera.

 

La humanidad mayoritariamente aún no está entendiendo las consecuencias funestas del cambio climático y de la pérdida de la biodiversidad para nuestra vida sobre el planeta, generadas por el consumo de todo tipo de productos para mantener la comodidad actual, por lo que no han cedido los contaminantes y la explotación de materiales en la naturaleza. Pareciera que el mundo le apuesta a que los adelantos tecnológicos van a solucionar el problema y que no es necesaria la conciencia sobre el problema, que cambie comportamientos.

En su libro 21 lecciones para el siglo XXI (Harari, 2018), entre muchos asuntos dice que tanto la biotecnología, con la genética principalmente, como la infotecnología, con inteligencia artificial, automatismo y robótica, podrían salvarnos del cambio climático y de la pérdida de la biodiversidad, que llegarían a dejarnos sin el espacio vital de la tierra, al menos como la conocemos hoy. Pero también advierte que un fuerte enigma se cierne sobre la humanidad por tener desconectados los aspectos tecnológicos con los humanos y éticos.

Desde su análisis, más profundo, en Crisis y revolución en el pensamiento científico contemporáneo: la hipótesis del Nuevo Saber (Delgado, 2006), escrito más de una década antes, su autor ya abordaba la explicación de los cambios que han venido con las rupturas en la ciencia desde el siglo XX. En las palabras de su autor, principalmente en tres tipos de avances: la física del micromundo (la física cuántica), la cibernética y las biotecnologías.

Con la física del micromundo los humanos empezamos a tener conocimientos para trabajar con los niveles fundamentales de la materia y de la energía. Pronto esa potencialidad de creación se transformó en las bombas atómicas convirtiendo los avances en destrucción. Desde entonces tenemos esa amenaza vigente.

Con la cibernética, incluyendo las ciencias de la información y la microelectrónica (equivalente a la infotecnología en Harari) la humanidad llegó a la creación de la vida artificial, expresada en sistemas autónomos, inteligencia artificial y robótica, y la interacción, hasta hace poco tiempo utópica, de la fusión de los dispositivos técnicos con los sistemas vivos.

Con las biotecnologías (equivalentes en Harari), con avances espectaculares: clonación, modificación genética de animales y plantas, y sobre todo, instrumentación de esos avances para producción a gran escala y en breve tiempo convirtiendo los laboratorios en industrias creadoras de vida en modo concentrado e intensivo.

Como se lee, en las tres hay la potencialidad de crear nuevas formas de vida. Ya no se trata de ciencia que observa, descubre y explica los fenómenos de la naturaleza. Y estos avances han llegado al mismo tiempo con evoluciones sociológicas y económicas que empeoran el enigma que se cierne sobre la humanidad.

La ciencia clásica excluyó a la ética desde Descartes en el siglo XVII al proclamar que la ética le era intrínseca a la ciencia, y por lo tanto la ética debía ser estudiada por la filosofía de forma separada. Tal separación llega hasta nuestros días en los que tenemos que enfrentar que la proclama de Descartes seguramente era válida para su época, pero no en la nuestra donde hemos visto los avances científicos convertidos en armas de guerra, dominación, destrucción e incluso, auto-destrucción. Sin ningún límite de comportamiento basados en una ética, con un similar nivel de desarrollo a la ciencia, en torno a los principios morales que construyan el respeto a la vida, el derecho a vivir de todo ser vivo y opuesto a cualquier forma de violencia o discriminación que ponga en peligro su vida.

En las centurias anteriores al siglo XX en los que la ciencia era observadora, descubridora y explicadora de los fenómenos naturales, la dicotomía de la ciencia y la ética se sobrellevaba con una sociedad conservadora y temerosa ante los avances de la ciencia. Por el contrario, en nuestra época ya no solo enfrentamos rupturas en la ciencia, que pasó de explicar los fenómenos de la naturaleza a tener la capacidad de crear vida, sino que ahora tenemos con una sociedad liberal, individualista, consumista, que se ha engolosinado con la comodidad, no solo con el bienestar alcanzado, y al mismo tiempo con una hiper concentración de la riqueza y una pobreza generalizada en el tercer mundo.

Nos esperan una o varias revoluciones, pese a la fuerte explicación de por qué ya una revolución no es posible (Han, 2022), en la que el filósofo coreano-alemán resume bien el meollo actual: el sistema capitalista neoliberal ha sabido esclavizarnos voluntariamente, sin siquiera ser conscientes del sometimiento, aun cuando creamos que estamos en libertad.

Pero revoluciones de mayor grado, verdaderas «rupturas epistemológicas» (cambios radicales de paradigmas en la ciencia, no simplemente modificación de los conocimientos existentes, sino que suponen un cambio radical en la forma de entender la realidad) en las ciencias sociales y humanas, para construir y establecer las interacciones éticas necesarias que permitan a la humanidad sobrevivir con éxito el cambio climático, la desigualdad, la pobreza y la hiper concentración de la riqueza.

Para lograr el equilibrio entre las ciencias naturales y exactas con las ciencias sociales y humanas, que corrija la concepción errada de la cultura científico-técnica por encima de la humanística, que integre ética y ciencia, desarrolle una sabiduría científica y moral integrada, y que dé como resultado ciencia con valores.

Ahora, después del siglo XX, ya sabemos bien que la ciencia en contubernio con el poder económico y sin marco ético, puede llevarnos a la destrucción o a la dominación total.

 

Referencias

Delgado, C. J. (2006). Crisis y revolución en el pensamiento científico contemporáneo: la hipótesis del Nuevo Saber. En C. Marletti, & P. Ravelo, El gesto de la filosofía hoy. La Habana: Edizioni ETS – Pisa Imágen Contemporánea.

Han, B.-C. (2022). Capitalismo y pulsión de muerte. Barcelona: Herder.

Harari, Y. (2018). 21 lecciones para el siglo XXI. Debate.

@refonsecaz

Corrupción, sólo 500 años de experiencia

Escrito por Confidencial Noticias en . Publicado en Colombia, Opinión, Opinión | Ven, Punto de inflexión, Venezuela.

En días pasados el secretario general de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas -ACCE-, Alcides Gómez, durante la instalación del foro La corrupción en Colombia y las propuestas para su eliminación, organizado en conjunto con el Colegio Máximo de las Academias de Colombia -COLMAC-, y el Instituto Anticorrupción -IA-, hizo la presentación histórica del problema de la corrupción, remontándose hasta la colonia.

Presentó algunos fragmentos tomados del libro Corrupción: metáfora de ambición y deseo de Hermes Tovar Pinzón (Ediciones UniAndes, 2014) que nos llevan directamente a las raíces del problema más sofocante que tenemos, que es a su vez causa de la mayoría de los demás problemas que sufrimos, que no solo no nos deja avanzar sino que nos mantiene anclados al subdesarrollo y sin esperanza de salir de la pobreza y mejorar la desigualdad.

 

Las tres instituciones que nos trajo la colonia fueron la encomienda, la alcabala y la iglesia católica. El recorrido por estos fragmentos nos da una repasada sobre cómo estas instituciones forjaron una cultura de corrupción muy arraigada que fomentó la pobreza, la desigualdad, el racismo y la injusticia. Son hoy, esos resultados con los que nos ha tocado vivir.

Por considerarlo de gran importancia para la comprensión real del problema mayor de los colombianos, comparto los fragmentos de la conferencia (en una adaptación libre) que permiten visualizar aquella época infortunada:

La colonia tuvo una historia de poder, de familias poderosas y caciques locales que cayeron en la tentación de la corrupción y el fraude. En la sociedad colonial, funcionarios estatales, líderes religiosos y gamonales utilizaron lo ilícito para enriquecerse, generando malestar social. Las relaciones de poder se basaban en conveniencia, amiguismo, parentesco y prejuicios, lo que permitía el acceso a tierras, negocios y cargos mediante prácticas corruptas.

Durante la colonia, burocracia, empresariado e iglesia explotaron y dominaron la sociedad, incluyendo a indios, negros y mestizos. Esta «Santa Trinidad» creó sistemas de opresión, soborno e injusticia, con tribunales propios para castigar y torturar. Se unieron para controlar la tierra, ingresos fiscales y todas las estructuras de poder, afianzando su hegemonía e inmoralidad.

A lo largo del tiempo, se estableció la exclusión social y el racismo como formas de marginar y establecer una nueva estructura de castas en las colonias. Surgieron sistemas que limitaban las oportunidades de desarrollo para unos pocos. Se forjaron los pilares para mantener la impunidad y reprimir a aquellos que desafiaban su poder y privilegios en busca de libertad, democracia y derechos fundamentales. Los que controlaban el poder público ignoraron que, si el costo de la ley supera sus beneficios, la ley se incumple y se consolida la ilegitimidad.

En el mundo colonial, se aceptaron y promovieron conductas de despilfarro, violencia e impunidad, lo que dio lugar a una cultura de saqueo arraigada en el Estado colonial y posteriormente en la República, aún bajo los estandartes de libertad y orden. A pesar de los controles fiscales y restricciones comerciales, el desfalco, robo y evasión de impuestos fueron comunes, al igual que el contrabando de diversos bienes, respaldado por las autoridades aduaneras y militares de puertos y ciudades pequeñas.

La ilegalidad y la informalidad se afianzaron con el respaldo de funcionarios de alto y bajo nivel, así como de personas interesadas en beneficiarse de estas prácticas opacas de la economía. Desde mercaderes hasta oficiales reales, gobernadores y hasta obispos, todos se vieron involucrados en la corrupción, como se decía en la época alrededor de 1630.

Estas conductas operaron como la principal forma de acumulación de capital y riqueza para algunos en la época colonial, mientras que para otros eran medios de supervivencia. La escasez de oportunidades económicas impulsó el enriquecimiento de grupos que se establecieron en ciudades, villas y poblados, a través del uso de recursos públicos, la sobre explotación de los tributos y la evasión de impuestos. Esta ambiciosa economía de codicia y corrupción llevó a los menos favorecidos a imitar a predicadores de normas y leyes sobre el orden y la moral.

Los gobernantes, quienes debían promover la honestidad, equidad y equilibrio social, no fueron un buen ejemplo para los grupos subalternos que siguieron sus prácticas éticas. Un ejemplo de esto fue el fiscal de la audiencia de Panamá en 1608, quien reportó grandes fraudes en las aduanas durante la llegada de las flotas a Portobelo (Panamá) pero culpó a personas pobres de Sevilla (España) por dejarse sobornar.

Alrededor de 1620, los oficiales reales en Cartagena de Indias dejaron de inspeccionar los navíos a cambio de sobornos para permitir la introducción ilegal de negros y otros bienes de contrabando. Aproximadamente la mitad de los negros introducidos entre 1618 y 1620 fueron contrabando, y las autoridades recibían un tercio de los impuestos recaudados, que se repartían entre el teniente Gobernador, el tesorero y el contador. Un grupo de subalternos y colaboradores facilitaban el funcionamiento de estos sistemas corruptos, donde la inequidad en los ingresos y la impunidad en la justicia se consolidaron como los principales pilares de la corrupción desde el siglo XVII.

Durante la primera mitad del siglo XVIII, el contrabando se convirtió en un modo de vida que unía a políticos, funcionarios militares y comerciantes en una poderosa y persistente camarilla de contrabandistas. Incluso el virrey Villalonga fue acusado de extorsión y destituido debido a su complicidad con el gran grupo de contrabandistas establecido en Cartagena.

Después de 1830, quienes lideraron la construcción de la República heredaron los antivalores y corrupción del pasado, considerando legítimo mantener el dominio sobre cabildos, gobernaciones y aparatos estatales, así como los recursos públicos, sin los controles impuestos desde la metrópoli colonial. Estos herederos de la cultura de la venalidad y el cohecho establecieron una ética republicana basada en sus antiguos vicios y privilegios. Aunque ya no pagaban por los cargos burocráticos, utilizaron los recursos públicos para enriquecer a sus allegados.

Casi todas las guerras civiles buscaron intereses burocráticos más que fines políticos, ya que el botín estaba en las rentas públicas, utilizadas para recompensar a sus seguidores con pensiones, bienes y cargos oficiales. Los partidos luchaban por obtener el control de la administración pública para favorecer a sus allegados y familiares. Al ser denunciada la corrupción, los grupos en el poder respondieron con represión y violencia para silenciar a los críticos.

Esta dimensión humana de la corrupción y su evolución histórica se encuentran registradas en archivos históricos de Europa y América Latina. El impacto económico y los costos sociales de este desfalco han sido devastadores para el crecimiento y desarrollo de las regiones y de la nación colombiana.

Que legado tan funesto. Los 500 años de experiencia en todo tipo de prácticas corruptas explican nuestra cultura tan fuerte al respecto, y nos deja con la necesidad de ser más agudos y ácidos en la auto reflexión, en la reflexión conjunta y en el diseño de soluciones, desde puntuales hasta generalizadas, desde individuales hasta colectivas, desde legales hasta éticas, que nos permitieran tener al menos la esperanza de que algún día podríamos mejorar.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Contraloría no controla lo que debe controlar

Escrito por Rafael Fonseca en . Publicado en Colombia, Opinión.

En los últimos días la Contraloría anunció un proceso en contra de los funcionarios del INVÍAS del anterior Gobierno que salvaron a la Nación de pagarle un monto adicional enorme al contratista del nuevo puente en Barranquilla sobre el río Magdalena en un reciente proceso ante su Tribunal de Arbitramiento, por haber pagado a los abogados y auxiliares de la justicia para lograrlo.

Opinan los funcionarios de la entidad de control que los 1,008 millones de pesos que pagaron para defenderse en el proceso arbitral eran evitables porque en un proceso ordinario se hubiera podido conciliar las diferencias con SACYR y tener el mismo resultado sin pagarle a la constructora un solo peso ni a los abogados y peritos (Las2Orillas, 2023). Y es que recurrir a la justicia ordinaria era el mecanismo de solución de controversias pactado en el contrato original que fue cambiado antes de la terminación del contrato por el mecanismo de resolución de controversias Tribunal de Arbitramiento, muy usado ahora porque es expedito.

 

Una opinión de expertos supone uno, pero opinión de todas formas. Y seguirá siendo opinión porque ya no se podrá saber cómo hubiera sido el curso de los hechos bajo esa opinión.

Como lo relatamos en el artículo Puentes agridulces la acción del INVÍAS, los abogados y los peritos evitó que la Nación le diera a SACYR otros 135,000 millones de pesos que estaba reclamando mediante el Tribunal de Arbitramento que falló que no había que pagarles nada.

La Contraloría resalta que al pactar el mecanismo del Tribunal de Arbitramiento antes de que se acabara el contrato, el INVÍAS había eliminado del contrato original la cláusula de resolución de controversias, mediante la cual la constructora hubiera tenido que recurrir a un proceso ordinario, cuyo primer paso obligado era la conciliación en la cual se hubiera podido llegar al mismo acuerdo, directamente, cero pesos de pago, sin “perder” lo de los abogados y peritos en el Tribunal. Con base en esa opinión, habría detrimento patrimonial.

Cuando SACYR salió ganadora en la licitación, y al revisar el diseño que debía construir determinó que no podía “apropiarlo” y que debería volverlo a hacer. El diseño original, adelantado por el reconocido diseñador Jaime Fandiño y su empresa, contando con expertos internacionales tan importantes como Jose Fernández Casado con la dirección del famoso ingeniero Materola, no dejaba duda en la calidad del mismo.

Pero para SACYR no debía ser así, ya que como buenos expertos en contratación con nuestro Estado, no podían “desaprovechar” la oportunidad de argumentar aumentos en el monto del contrato usando el procedimiento de “apropiación de los diseños” y efectivamente lograron facturar 120,000 millones de pesos adicionales a los 630,000 millones de pesos de la oferta original con la que se habían ganado la construcción del puente. Nada despreciable.

Su argumentación se basó en que tenían que construirlo sin prefabricación para que les saliera menos costoso; inaceptable porque se ganó el contrato dados unos diseños completamente terminados, con planos perfectamente listos para construir que supuestamente había estudiado en detalle para poder licitar. Pero además, insólito que cambie los diseños para reducir costos y no solo haya que pagarle más por el cambio de diseño sino que al terminar esté reclamando 135,000 millones de pesos más porque tuvo mayor permanencia en obra, precisamente por haber cambiado los diseños. ¿Quién entiende nuestra debilidad institucional?

La apropiación de los diseños es un paso obligatorio que se inventaron en el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU– de Bogotá, de la década de los años 90, con la directora Patiño, que buscaba una solución a tanto lío que había entre la entidad y los contratistas que argumentaban defectos en el diseño que les entregaba el Instituto pero que eran desde la licitación parte de las reglas de juego. Quería trasladar el riesgo-diseño al contratista para que no reclamara por sus posibles defectos. Al principio funcionó bien e incluso llegó a ser el modelo que adoptaron las entidades públicas a nivel nacional como mejor práctica para contratos de obra pública. Pero si el contratista no quiere “apropiar” el diseño tiene la posibilidad de hacerlo de nuevo; obviamente, pronto se dieron cuenta que los diseños hechos por el mismo contratista daban la oportunidad de cambiarlo en su beneficio y en desmedro de la entidad y de todos los ciudadanos. Los contratistas tienen claro su objetivo, no obstante no sea ético, siempre que siga siendo legal. De paso, acabaron con la consultoría de diseño: ¿a quién le importa lo bueno o malo de un diseño que no se usará?

El problema es que en el proceso del Tribunal de Arbitramiento los peritos técnicos demostraron que el diseño original era un buen diseño y que en cambio el rediseño de SACYR no solamente cambió el precio y el tiempo de ejecución sino que cambió los parámetros de diseño que no podían cambiarse, como el gálibo y la longitud, asuntos que no han debido aprobarse en su momento. Hay que recordar que el gálibo, que es la altura máxima disponible para el paso de los buques en este caso, era la razón para hacer el nuevo puente. Esa razón era incambiable, desde luego.

Los que conocen de grandes contrataciones estatales opinan que SACYR es un duro jugador, muy avezado, que difícilmente pondría una reclamación tan grande para conciliar en el primer paso del proceso y aceptar que no le pagaran nada. Claro, son opiniones.

Como la opinión de la Contraloría.

¿Qué actuaciones ha tenido este ente de control en torno al cambio de diseño que también cambió las razones por las cuales hacer el puente y además con una argumentación técnica discutible (como se demostró con el proceso del Tribunal de Arbitramiento)?

No suena bien que anden buscando castigar a los funcionarios que defendieron los 135,000 millones de pesos adicionales que pretendía la contratista, y en lo cual tuvieron que gastar 1,008 millones de pesos, y al mismo tiempo no haber hecho nada para evitar el cambio de diseño y de sus parámetros que no podían cambiarse, y sí justificar con su silencio una fortuna adicional de 120,000 millones de adición al contrato original.

 

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Asambleas Populares, mal remedio para una enfermedad mal diagnosticada

Escrito por Rafael Fonseca en . Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

El presidente Petro ordenó a sus ministros la celebración de Asambleas Populares en todos los municipios del país (Asamblea Nacional Popular, 2023) para que el pueblo pueda tener el poder, el poder de decidir, según sus palabras. ¿Qué tanto podrá lograr que “en adelante el Gobierno se moverá sobre las decisiones que surjan de las Asambleas Populares” en cada municipio” y que “las Asambleas Populares en cada municipio son para gobernar”?

Menciona al menos tres frentes de trabajo que son: las comunidades energéticas, los caminos campesinos y las comunidades de conectividad. Pero podría extenderse a todos los temas de sus reformas.

 

Varios artículos de opinión han expresado preocupaciones del alcance de la participación ciudadana, que coinciden principalmente en que no están en el ordenamiento constitucional, no tienen estructura definida, no tienen reglas legales conocidas y aceptadas, no está definida la forma y garantía de representación de toda la comunidad, no necesitan cuórum, las decisiones pueden basarse en abucheos y algarabía y que son vulnerables a la manipulación de grupos organizados; Wasserman (El Tiempo, 2023), Gómez Restrepo (La Patria, 2023), Flórez Arias (La Silla Vacía, 2023), Morales (El Tiempo, 2023).

Las advertencias de los columnistas se ven exacerbadas por nuestra cultura reinante marcada por no-educación, violencia común y corrupción generalizada, lo que avizora que muy posiblemente sean los grupos de poder presentes en los territorios los que tomen las decisiones y no la frágil democracia de las JAC, y por supuesto, por fuera del ordenamiento legal. Esto ya está sucediendo desde tiempo atrás en las zonas en donde las organizaciones armadas ilegales ejercen su influencia directa, pero el problema es que con las Asambleas Populares muy probablemente su ejercicio de poder, real e ilegal, se amplíe a muchas otras zonas en forma significativa.

El resultado puede apuntar a anarquía desde el nivel veredal hacia arriba, que podrán capitalizar los grupos armados ilegales con intereses en narcotráfico que ostentan el poder local. Un riesgo indescriptible, incluso para el mismo presidente Petro que promueve con sus frases tal nivel de entropía política que pronto podría llegar a la imposibilidad de controlarlas y al no poderlas satisfacer por escasez de recursos o límites legales, podrían tornarse en contra de él.

Por otro lado, las decisiones veredales serían eminentemente locales para poder ser populares (arreglar una vía existente que en invierno es impasable), por lo cual solo podrían priorizar las inversiones en su localidad frente a un presupuesto asignado ¿centralmente? Sería imposible priorizar proyectos zonales o regionales que podrían ser los más necesarios. Para ello, de todas maneras deberá haber funcionarios de planeación nacional informados que puedan hacer las optimizaciones zonales o regionales.

El presidente Petro tiene razón en cuanto a la necesidad de encontrar mecanismos para controlar la corrupción generalizada en la contratación estatal y en recuperar la participación de las comunidades en decisiones de proyectos (e inversiones) para su desarrollo y bienestar.

Pero no tiene razón cuando afirma que:

“Una gran inversión pública que en lugar de ir al gran contratista, que casi siempre termina en las cárceles por corrupción, pueda ir a las decenas de miles de acciones comunales”. Ningún gran contratista contrata caminos veredales (y obviamente, solo una mínima parte de los grandes contratistas ha terminado en las cárceles).

“Que sea el pueblo el que pueda contratar con el Estado para que el empleo se pueda irradiar a través del recurso público el trabajo comunal”. Es la pequeña y mediana ingeniería la que construye los caminos campesinos, profesionales necesitados que también son “pueblo” y se ganan la vida trabajando; el empleo irradiado es igual, y la mayoría de las veces la comunidad no tiene disponibilidad para trabajar en las vías porque tienen su trabajo en el campo: por eso son campesinos. Las obras de ingeniería deben contar con ingenieros (Ley 842 de 2013); poner a las JAC a contratar ingenieros (o a subcontratarlos) traerá más costo (intermediación innecesaria) o menos calidad (la contratación del ingeniero sin ningún criterio de selección; ingeniero sujeto a lo que diga o imponga su contratante) o más costo y menos calidad que será lo más probable (obras más caras y mal hechas).

“Y para que se pueda beneficiar en realidad la comunidad campesina y sobre todo para que no se pierda un solo peso del erario”. Una comunidad vigilante, a través de veedurías, sí puede ser garante de esto; pero nada asegura que una comunidad contratista no caiga en las mismas prácticas de corrupción generalizada del país. Lamentablemente no se puede contar con la certeza que no se pierda ningún peso del erario.

Partiendo de un mal diagnóstico de la enfermedad se llega a un mal remedio. En este caso de las vías campesinas, las Asambleas Populares sirven bien para la postulación y priorización local de los proyectos (dándoles la estructura necesaria), pero no son el remedio para la enfermedad de la corrupción en la ejecución, mal diagnosticada por el presidente y su Gobierno.

Es posible, dicen los amigos de las teorías de conspiración, que lo que se busca es crear expectativas y conducir a que los deseos no se pueden satisfacer porque el sistema no deja, y por tanto hay que cambiar el sistema. Y así, manejar votos por canalizar insatisfacciones.

Si el presidente Petro quisiera pasar a la historia como el artífice de grandes cambios positivos, como quisiéramos para que le vaya bien al país, entonces su máxima oportunidad sí es combatiendo la corrupción en la contratación pública lo cual traería un enorme impacto favorable para todos, incluyendo al campesinado.

Se debe establecer que la inversión con dineros públicos siempre debe ser controlada conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993 (estatuto de contratación pública) lo cual significaría meter en cintura a entidades como Findeter, DPS, DAPRE, Fondo Adaptación, Universidades y ESE públicas y la eliminación de los llamados “contrataderos”, que son Empresas Industriales y Comerciales del Estado creadas únicamente para prestar el “servicio de ELUDIR la Ley 80 a través de sus propios manuales” como EMDUCE, EDESO, EAG, Fundación Universidad del Valle, un gran etcétera y los fondos manejados mediante Fiducias, en las cuales se puede contratar con régimen privado, lo que a su vez permite establecer controles a su antojo, sin pliego tipo y contratar amañadamente, encareciendo de paso la contratación pública porque hacen el trabajo que las entidades públicas debieran realizar como parte de su misión natural.

Si los políticos difícilmente pudieran intermediar ilícitamente los contratos, perderían su interés en ellos, permitiendo que los proyectos se priorizaran debidamente, como debe ser, con participación de las comunidades y en conjunto con sus representantes políticos dentro del ordenamiento orgánico del Estado, que incluye los concejos municipales. Si no pudiera haber interés económico personal ilegal de los políticos por la dificultad de hacer corrupción, la capacidad del Estado mejoraría y la participación de las comunidades empezaría a brillar.

Ese es el camino en el cual el remedio correcto no solo es mucho mejor que la enfermedad sino que mejora efectivamente la enfermedad. Las Asambleas Populares, que pueden usarse exitosamente para la apropiación de las comunidades de sus proyectos de desarrollo y su priorización local, no son el remedio para la enfermedad de la corrupción en la contratación pública y es posible que nos dejen con mucha más enfermedad que la actual y anarquía. Ese es el riesgo.

 

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Ecopetrol: riesgos por manejo no petrolero

Escrito por Rafael Fonseca en . Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

Al revisar los estados financieros de la empresa se encuentran señales de alerta como la caída de la liquidez. Ya se tenían algunas noticias de las afugias de caja de la petrolera por la propuesta del exministro Ocampo de intercambiar deudas entre el Ministerio de Hacienda y Ecopetrol para adelantar los pagos del FEPC, que normalmente se hacen a un año (La República, 2023).

Consultando al experto ingeniero Julián García, profesor de la Universidad de los Andes en temas de energía y negocio petrolero, pronto se llega a una conclusión muy preocupante: el nivel de endeudamiento de Ecopetrol es muy alto para una petrolera integrada; basta revisar la relación entre su deuda total y su patrimonio, que en el medio se encuentra en 0.46 mientras que en la petrolera colombiana es de 0.92 para el último trimestre. Tiene el doble del endeudamiento promedio de una empresa petrolera integrada en el mundo (full:ratio, 2023).

 

Esto es muy importante porque se podría entender como un endeudamiento bajo comparado a cualquier otro tipo de empresa, como por ejemplo las conocidas como utilities (servicios públicos) que presentan 1.39 para el mismo indicador. Seguramente es lo que han pensado los miembros de su junta directiva desde hace años, incluyendo la actual, en la que ninguno de sus miembros han tenido conocimiento previo en el negocio en el que se mueve Ecopetrol; esa misma junta paga asesores internacionales absurdamente costosos (firma consultora estadounidense) que tampoco han producido o manejado ninguna empresa petrolera, teniendo como resultado que su estrategia empresarial tenga un nivel de riesgo mayor a la de sus pares exitosas en el mercado.

Las empresas petroleras tienen baja deuda, especialmente porque sus inversiones son de riesgo, de mucho riesgo como las exploraciones (que se suma al riesgo de enorme de volatilidad del precio en los mercados internacionales) solo se deben hacer con equity (capital de la empresa) y de ninguna manera con deuda. Pues bien, Ecopetrol es una petrolera integrada, que no se comporta como tal: hace inversiones de altísimo riesgo, como exploraciones offshore, con deuda. Pero le gusta vanagloriarse de ser una petrolera de talla mundial sin poderlo ser y hace asociaciones con las grandes, que sí sacan de su bolsillo para esas inversiones de riesgo. ¿Qué significa esto? Que el nivel de riesgo de Ecopetrol es alto, y los mercados y los bancos lo saben, de ahí que tengan que pagar más que cualquiera por su deuda; los intereses que paga por los préstamos son a tasas mucho más altas que el resto de las empresas, como si fuera mala paga (no era así, antes pagaba menos que todas las empresas del país y que el Gobierno incluso). Si a esto se le suma el detalle de que gran parte de la economía nacional descansa en sus utilidades, deberíamos estar ante una alerta roja del más alto nivel.

Para dejar más clara la comparación, expliquemos que las utilities, como EEB o EPM, tienen un mercado asegurado, tarifas fijas, prácticamente una rentabilidad asegurada sobre sus inversiones, a nadie le interesa que se quiebren y los gobiernos las protegen por razones de estabilidad, por lo que por supuesto son percibidas por el mercado como empresas de bajo riesgo y los bancos les prestan a tasas baratas. En esas condiciones es normal tener endeudamientos altos y es lógico hacer las inversiones con base en deuda. Por el riesgo bajo.

Las petroleras son negocios de alto riesgo. Hoy está el barril a USD 70 pero mañana podría bajar a 45 por una noticia de geopolítica internacional que nadie puede controlar en su mercado. Los precios pueden fluctuar en instantes y sus resultados son altamente vulnerables a ese riesgo. Una inesperada sentada de Putín y Zelensky podría causar esa caída, o la noticia de un adelanto contundente de producción de hidrógeno verde a bajo costo. Para una empresa sobre endeudada, su exposición a la volatilidad de precios representa un enorme riesgo no solo para ella misma sino, en este caso y en forma grave, para Colombia.

Y ahora, después de que el Gobierno Duque la dejó muy endeudada, aumenta el nerviosismo con el manejo del Gobierno Petro, no solo porque su junta es parecida en el tipo de miembros que la componen, sino que adicionalmente le está metiendo presión al riesgo de largo (o mediano) plazo.

Nos hemos enfrascado en una discusión en torno a los propósitos del Gobierno de no hacer más exploración, lo cual hace que la incertidumbre aumente aún más. Pero no hemos tenido la claridad, o al menos no pública, de discutir el manejo estratégico que ha tenido la empresa (y tiene) en cabeza de juntas y presidentes, cuyos miembros no han sido expertos en el negocio petrolero (no en producción u operaciones como era el caso de Bayona, sino en el negocio como jugadores hábiles en los mercados) y cuyos resultados ahora nos pueden golpear en cualquier momento.

Ha apostado a grandes riesgos como si se fuera un gran jugador del mercado que hace inversiones de alto riesgo, pero no con equity sino con deuda. La administración pasada se dejó meter en la compra de ISA por el MinHacienda en 2021 que era un mecanismo desesperado de financiación del Gobierno Duque y que en nada era coherente con la necesidad urgente de mejorar este riesgo.

Antes que pagar dividendos, Ecopetrol debe pagar su deuda

El Gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda, debe tener cuidado con sus exigencias de dividendos a la empresa. Antes de pagar dividendos, Ecopetrol debe pagar su deuda y llevarla a niveles de la industria, debe reducir sus inversiones y optimizar sus apuestas, pero definitivamente debe retirarse de las que hacen las grandes empresas internacionales con niveles de endeudamiento mucho más bajo y siguiendo la regla de oro para una petrolera: con equity y no con deuda.

Si la empresa sale ahora desesperada a captar caja haciendo ventas de crudo con entregas futuras a precios descontados, tal como hizo Chávez en Venezuela o Correa en Ecuador, no vayamos a caer en la trampa de achacarle al Gobierno Petro que anda siguiendo el libreto del socialismo del siglo XXI. El estado de riesgo elevado de Ecopetrol se debe a gobiernos anteriores en su mayoría, que han tenido para la petrolera estatal un manejo no petrolero en un mercado global, debido a asuntos de política y economía domésticas.

Rafael Fonseca Zarate
@refonsecaz

 

 

 

Alianzas Público-Populares-Profesionales para los caminos campesinos

Escrito por Rafael Fonseca en . Publicado en Colombia, Opinión.

En los últimos días y semanas hemos debatido sobre los “Caminos campesinos para la paz” que son parte fundamental del programa de Gobierno consignado en su Plan Nacional de Desarrollo en torno a la economía comunitaria. En síntesis, se quiere llevar al escenario de la ejecución de los proyectos a las comunidades que los requieren.

Hasta ahí va bien. Pero como parte de su estrategia en la práctica se saca a la ingeniería como parte esencial de sus ejecuciones, lo cual no está bien por varias razones, que hoy analizaremos desde la perspectiva del proyecto y de sus impactos positivos para sus usuarios (la comunidad). Esto es posible a partir de unas premisas que no son ciertas y que han sido parte de la argumentación del Gobierno; curiosamente, pone en riesgo el desempeño y éxito de su propio programa estrella.

 

Como parte del debate, presentamos aquí una alternativa en la cual se tengan en cuenta los profesionales (ingenieros en este caso) como actor vital pero integrado a la estrategia del Gobierno en que las comunidades tengan un rol principal.

Premisas no ciertas

Los caminos campesinos los hacen las grande firmas contratistas. Los caminos comunitarios, vecinales o terciarios los hacen generalmente ingenieros que empiezan su vida como contratistas, o pequeñas firmas de ingeniería que atienden estos trabajos. No son construidos por grandes contratistas.

Los ingenieros se roban la plata. Es cierto que toda la contratación en el país está sumida en corrupción. Es lamentable. Lo más grave para un ingeniero que construye caminos campesinos es que le pidan plata para poder trabajar y sobrevivir. Y los mecanismos de corrupción parten de la política y del sistema electoral, en donde se han mezclado los votos con los contratos para pagarlos. La ingeniería, en su gran mayoría, ha sido presa de la corrupción en la contratación, y no al revés.

Las “obritas” no necesitan ingeniería. Este es un pensamiento dentro del subdesarrollo. Si las obras, por pequeñas que sean, se hacen bien, prestan su función, son durables, son económicas y no causan costos terribles como desestabilización de taludes y otros graves impactos ambientales que pueden incluso causar o no evitar la pérdida de vidas; de ese tamaño es la importancia de esto. La ingeniería es siempre necesaria para hacer los proyectos bien y con los menores costos, presentes y futuros. Pero no hay que olvidar que una obra de 6,000 millones de pesos dista totalmente de ser una “obrita”, y por supuesto, requiere de mucha ingeniería.

Las JAC pueden hacer las “obritas”. Es cierto que algunos miembros de Juntas de Acción Comunal pueden y hacen obras; con su participación se pueden hacer y no necesariamente hay que trasladar mano de obra no local. Pero no siempre esto es posible, incluso porque se parte de la premisa, no cierta, que los campesinos de la región no hacen nada o no trabajan en el campo, y esto no es así. Pero eso no quiere decir que su participación no solo sea deseable sino muy benéfica para los proyectos, solo que asumiendo roles que agreguen real valor y no lo destruyan por no ser actores idóneos. También aquí hay que recordar que una inversión de 6,000 millones no es para ninguna “obrita”.

Las JAC cuidarán la “platica”. Es una premisa lógica que parte del deseo de que la realidad fuera como debiera ser. Pero la realidad es como es, y hay muchos ejemplos de problemas de corrupción, clientelismo y abusos de poder entre directivos de las Juntas de Acción Comunal. No se puede contra “a ojo cerrado” de que no haber corrupción entre ellas. Lo apropiado en nuestro país es que las políticas y leyes tengan siempre en consideración que hay riesgo de corrupción y que por lo tanto hay evitar al máximo las vulnerabilidades que puedan abrirse al promulgarlas.

Nuevos roles en Alianzas tripartitas

Que el Gobierno quiera honrar sus promesas de campaña introduciendo cambios en los que se reivindiquen a las comunidades, es un propósito que se ha compartido en la mayoría de círculos profesionales y más en los de la ingeniería. Y que se quieran introducir medidas para combatir la corrupción, es más que bienvenido. Pero la conformación de esos cambios eliminando la participación de la ingeniería no es bueno para las mismas comunidades que, se supone, serán favorecidas. Si los proyectos no quedan bien hechos, no son en realidad ni buenas ni grandes ayudas a las comunidades.

En el cuadro siguiente se muestran los esquemas de contratación, indicando los roles que toman o tomarían los actores principales en los proyectos de desarrollo incluyendo una alternativa a la estrategia expuesta del Gobierno, enmendando los errores causados por las premisas no ciertas:

Cuadro by Confidencial Colombia on Scribd

Es esencial resaltar que ningún proyecto en el país se debe hacer sin tener estas etapas completas, es decir, mediante las cuales se asegure una mínima y buena maduración.
No es posible que en condiciones de recursos escasos se pueda hacer planeación distribuida totalmente, porque hay que repartirlos entre departamentos, comarcas, municipios y veredas, por lo que es indispensable que haya trabajo de coordinación y asignación de entidades centrales como el DNP, Invías y Departamentos que dispongan de información general para distribuir con equidad. Con postulaciones de proyectos por parte de las comunidades, ¡claro!

Es perfectamente posible que las Entidades (Invías, Departamentos o la que le corresponda) se encarguen de los diseños, con o sin contratos de diseño externos, dependiendo de la magnitud de los trabajos. Lo indispensable es que queden bien hechos y con planos listos de construcción de acuerdo con la realidad de la obra. Esta etapa debe estar copada de ingeniería.
Cuando se contrata la obra con un ingeniero (entiéndase también pequeña o mediana empresa de ingeniería) se establece una relación de responsabilidad con ese ingeniero contratista; de ahí la necesidad de las pólizas de cumplimiento y estabilidad. Hay que asegurar que la obra quede bien construida de acuerdo con los planos diseñados. Pero es perfectamente posible distribuir algunas de sus funciones como la contratación de la Mano de Obra o integrar otras como las labores de compra (Proveeduría) siempre y cuando se solucione la estrategia de distribución de responsabilidades también, sobre todo en cuanto a calidad tanto de los trabajadores como de los materiales. Es cierto que no todo tiene que hacerlo el ingeniero, pero quien lo haga tiene que responder por la parte correspondiente.

Hacer que sean las comunidades las que contratan al ingeniero solo logrará encarecer su contratación a través de un intermediario. Pero además, un mal intermediario en este caso porque no tiene ni el conocimiento ni la estructura para contratar ni controlar al ingeniero, lo que seguramente generará una mala relación de trabajo que afectará al proyecto. O introducirá algunas formas corruptas para solventar este requisito fingiendo contratar a un ingeniero para llenar el requisito, haciendo que el proyecto pierda en calidad.

Siguiendo con el análisis, no puede haber proyectos llevados a cabo con recursos públicos que no tengan una interventoría que garantice que los trabajos se llevan a cabo como dicen los planos, o que ayuden a resolver problemas no previstos en ellos. Podría hacerlo la Entidad, con ingenieros, siempre y cuando tenga la capacidad técnica para hacerlo y sobre todo, la disponibilidad de tiempo de ingenieros para hacerlo. Si no, las empresas e ingenieros interventores deberán cubrir esta actividad.

En la financiación del proyecto tenemos los mayores problemas. Lo normal es que el ingeniero se endeude como pueda para financiar el proyecto, sin recibir una remuneración por hacerlo, y en algunos casos recibiendo un anticipo para funcionar en parte. Esto es, en realidad, una anormalidad puesto que debía ser la Entidad, con el presupuesto apropiado y disponible, la que financiara el proyecto. En las APPs (populares) esgrimidas en el PND se aspira a que sean las comunidades las que pongan hasta el 50% de la inversión en el proyecto (con montos que podrían ir hasta 3,000 millones de pesos) a título de aporte; se entiende que el espíritu de esta política es la de recibir el aporte en especie (mano de obra) de las comunidades, lo cual es poco probable fuera de montos muy pequeños. A no ser que emerja la corrupción: presupuestos inflados, aportes en dinero de fuentes desconocidas que puedan integrar redes de lavado, o quién sabe qué más. Muy grave dejar esta puerta abierta.

Lo que sí puede resultar interesante, es que dados todos los demás componentes, la comunidad proponga que con su aporte en especie se puedan hacer más obras (más longitud, más pavimentación, etcétera); manejado a nivel micro local por la Entidad a cargo.

La veeduría ciudadana debería ser un actor siempre principal en los proyectos. Ellos representan a la comunidad circundante que son los usuarios del proyecto.

Invitamos de esta forma al Gobierno a pensar en esta alternativa que integre a los Profesionales a las Alianzas pero contratados al mismo tiempo que las JAC para hacer un trabajo complementario y colaborativo entre ambas. Y además, controlado entre sí como un mecanismo preventivo contra la corrupción. Esa relación hay que diseñarla con sumo cuidado para que no emerjan problemas.
La prosperidad pese a las duras realidades del campo
La prosperidad de los campesinos que se genere por una mejor infraestructura de transporte (en este caso), es el verdadero retorno de estas inversiones. No habrá tal prosperidad o será mermada si los proyectos no se planean, diseñan, construyen, financian y controlan debidamente. Es con ingeniería que pueden hacer inversiones durables, funcionales y que no generen riesgos innecesarios y peligrosos. Un cambio que mejore lo actual y potencie lo bueno, es un cambio positivo.

Reinventar el capitalismo

Escrito por Rafael Fonseca en . Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

En estos días la fundación Rockefeller está convocando a candidatos a su programa del Bellagio Center en Italia, cerca del lago Como, para trabajar en “encontrar soluciones innovadoras para aliviar el impacto social negativo de nuestros sistemas económicos en los países de renta baja y media y en las comunidades marginadas. Los candidatos seleccionados reimaginarán los sistemas económicos, mejorarán las prácticas de financiación del desarrollo e innovarán en los principios básicos de nuestra economía global, entre otros, para construir un mundo más justo, equitativo y sostenible”.

Y anota sus áreas de interés:

 

Liderazgo moral y gobierno corporativo – ¿Cómo pueden los líderes establecer nuevas normas y estándares a través de un liderazgo basado en valores y redefinir lo que significa hacer «buenos negocios»?¿Cómo podemos ir más allá de la ASG, la RSC y la inversión de impacto para introducir cambios sistémicos en nuestra forma de medir los resultados?

Brecha de ingresos y riqueza – ¿Cómo podemos crear nuevos incentivos legales, económicos y empresariales para abordar la creciente brecha entre ricos y pobres?

Conceptos fundamentales – ¿Cómo podemos innovar y mejorar los pilares conceptuales y jurídicos del capitalismo, como los derechos de propiedad o los derechos de la empresa?

Democracia y derechos de los trabajadores – ¿Cómo evitar que los intereses económicos eclipsen o erosionen los ideales democráticos, la protección del capital natural y los derechos de los trabajadores?

La economía del cuidado – ¿Cómo podemos crear políticas y sistemas que reconozcan y valoren el trabajo no remunerado relacionado con el cuidado de niños, ancianos y tareas domésticas?

Recuperación económica mundial – ¿Cómo podemos reformar los mecanismos de financiación del desarrollo para ofrecer condiciones de financiación más equitativas a las naciones en desarrollo y permitir así que el mundo acelere los avances en retos mundiales como el cambio climático?

Eventos como este son una oportunidad para repensar el capitalismo, propiciados en este caso por un programa al que hasta el nobel Stiglitz ha asistido. Como la fundación sostiene iniciativas en alimentación, salud, energía y clima, innovación y recuperación de la economía global, las discusiones podrían tener el alcance adecuado. Ojalá varios colombianos de diferentes vertientes asistieran a esta convocatoria y nos pudieran contar los resultados de las deliberaciones y conclusiones en temas tan claves.

A continuación, intentaremos algunas respuestas a preguntas que cualquiera se haría sobre este asunto tan crucial para la humanidad:

¿Por qué es necesario reinventar el capitalismo?

Para nadie puede ser algo desconocido que el sistema económico predominante es un fracaso con respecto al bienestar y prosperidad de la mayoría de los humanos. Basta mirar la pobreza y las malas condiciones de vida de la mayoría. Y no tiene que ver con revivir el comunismo, fracasado del todo, lo cual solo haría parte de una dicotomía ideológica que no consulta el pensamiento crítico, tan necesario ahora. El capitalismo tiene la oportunidad de corregir su rumbo con nuevas formas o complementos y no abrirle posibilidades a regímenes desconocidos, seguramente absolutistas o anárquicos, que terminarán por acabar con el bienestar de todos.

¿Se puede separar una reinvención del capitalismo de la crisis climática que ha empezado?

En la esencia misma del capitalismo que ha emergido en los últimos dos siglos, no se consideró el valor y finitud de los recursos naturales de la Tierra, y por tanto, el apogeo de este sistema económico, basado en un consumo desmedido y sin tener en cuenta los costos de uso de los bienes ambientales y naturales, ha llevado a la actual crisis que amenaza con volverse irreversible y grave en extremo, y atentar directamente contra el estilo de vida que el capitalismo mismo ha promovido. No es posible separar una reinvención correcta del capitalismo de la búsqueda de soluciones a la crisis climática.

¿Cuál es el meollo del problema del capitalismo?

Inercialmente el capitalismo permite que haya concentración de capitales y poder en una ínfima porción de la población; poder que se usa para más concentración puesto que desata la codicia, que al parecer está muy arraigada en la naturaleza humana. Y la codicia tiene el poder de anular la ética y el sentido de humanidad que solo en teoría teníamos instalados en nuestras mentes. El resultado es que cada vez hay menos esperanza de sacar de la pobreza a la mayor parte de la población mundial que vive en condiciones deplorables, lejanas de las de los ricos de sus propios países, o a los niveles de vida de los habitantes de los países ricos. Esta concentración de la riqueza y propagación de la pobreza, además de revelar falta de empatía y ética de la vida dentro del sistema y producir sufrimiento y mínima justicia social, también es un mecanismo activado de inestabilidad y violencia.

¿Cómo es posible erradicar la causa del problema, o al menos, atenuar sus consecuencias?

La concentración de la riqueza no es un problema actual; el capitalismo monárquico y feudal igualmente tenía los mismos efectos, y aún peores que los actuales. Su base era la fuerza bruta, los ejércitos, la violencia, la injusticia y el sometimiento de los menos fuertes. Al emerger la democracia, tras la revolución francesa como hito visible, la democracia se adaptó al capitalismo y no al revés. Las relaciones de poder siguieron siendo esencialmente las mismas, solo que las libertades de las personas hicieron lo suyo y se redujo la pobreza en forma importantísima. Pero el gen de la concentración no se había extirpado y la ausencia de una educación generalizada de la población hace particularmente vulnerable a la democracia. La falta de valores fuertes y ética en las esferas de poder, las relaciones estrechas entre el poder económico sobre el político, el afán de las ganancias inmediatas sin pensar el futuro, y la falta de inteligencia al no incluir el valor de los recursos finitos sobre la tierra, han permitido la hiper concentración de la riqueza con la pérdida de la esperanza de redención de la pobreza y prosperidad a la gran mayoría. He ahí lo que hay que solucionar.

El nivel de abstracción que hay que hacer para abordar un tema tan complejo es enorme.

Y esa es la mayor dificultad. No solo de los analistas y pensadores. De los que hoy ostentan el poder económico, que condicionan al poder político, de los que pueden hacer que el rumbo se corrija: tienen que comprender que sus ganancias hoy no les garantizarán nada, porque mañana el valor de sus activos podría llegar a ser inocuo, cuando se salga de control el clima y las emergencias sean el orden del día mundial. Es ahora cuando hay que ser inteligentes.

 

PD: si tiene más cuestionamientos y sobre todo ideas para encontrar caminos de solución a los cuestionamientos planteados, por favor escríbame a refonsecaz@gmail.com o por mensaje directo en Twitter a @refonsecaz para publicarlos y enviarlos a la fundación,  a ver si logramos aportar ideas valiosas a considerar.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

 

El buen “negocio” de los corruptos exgobernadores de Guainía

Escrito por Rafael Fonseca en . Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

Sorpresivamente, durante la misma audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía en noviembre de 2019, un exgobernador y el gobernador en ejercicio del Guainía fueron asegurados intramuralmente por orden de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá acusados de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, en presuntas irregularidades en trámites de 45 contratos de suministro y obras públicas, suscritos con las empresas Marina del Oriente, Grupo M.S.I., Fundación Tecnológica Social, e Ingeniería WH SAS., por $86.000’000.000.

Se trataba de Óscar Armando Rodríguez Sánchez (2013-2016) y de Javier Eliécer Zapata Parrado (2017-2019). En julio de 2020 les fueron embargados 87 bienes avaluados en $22.000’000.000 en Chía, Cajicá, Inírida y Villavicencio por su vinculación a procesos penales de macrocriminalidad, en la que, con complicidad de particulares, habrían suscrito múltiples contratos de suministro y obras públicas que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la fase precontractual; al parecer, relacionados con la construcción de los acueductos de los municipios de Pueblo Nuevo, Minitas, Carpintero, Mapiripana y La Unión. Previamente la Fiscalía había podido establecer que las propiedades estaban a nombre de terceros o personas cercanas (El Espectador, 2022).

 

Noticia “histórica”

En esta semana apareció la noticia “Histórico | Dos exgobernadores procesados por corrupción en Guainía devolverán más de 14.000 millones de pesos” (Semana, 2023). Insólito que nos resulte histórico. Los defraudadores al Estado no nos tienen acostumbrados a este tipo de noticias. Dice que la Fiscalía logró “que los dos exmandatarios devolvieran parte de lo hurtado a los habitantes del departamento” y que fueran condenados a 9 y 11 años de prisión y a pagar multas de 2.036 millones de pesos y 4.103 millones de pesos, respectivamente.

Delitos por montones

La lista es impresionante: el exgobernador Óscar Armando Rodríguez aceptó el delito de concierto para delinquir agravado, por 35 peculados, 38 casos de interés indebido en la celebración de contratos y 5 eventos de cohecho propio; y Javier Eliécer Zapata Parrado reconoció su autoría en 24 eventos de interés indebido en la celebración de contratos, 15 actos de peculado por apropiación en favor de terceros, 3 más de cohecho propio, 1 de corrupción de sufragante, 4 de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y 1 de fraude procesal. Nos da una idea del trabajo extenuante que tuvieron para lograr todo este prontuario.

Modus operandi

Para lograr semejante febrilidad corrupta el exgobernador Rodríguez Sánchez creó una diversidad de empresas y las puso a nombre de conocidos y familiares, con el propósito de quedarse con contratos de obras civiles, construcción de acueductos y cubrir proyectos de saneamiento básico para comunidades indígenas y población vulnerable. Verdadero comportamiento de mafioso, todo calculado y sórdido.

Esa es nuestra realidad.

Impunidad engendra corrupción. Impunidad “en parte”, también.

Este caso nos serviría como ejemplo para advertir que sí están funcionando las instituciones de control y justicia. Pero ya habrá advertido el lector que la devolución es parcial: en “parte” como escribe la revista que dijo la Fiscalía. Tampoco deja de sorprender que sea un caso de gobernadores en Guainía. Los más suspicaces pensarán que no tenían suficientes conexiones que los hubieran llevado a esquivar la justicia. Es posible.

Gran parte del asunto recae en la capacidad de las instituciones para responsabilizar a los servidores públicos (citado en el paper “La calidad de las instituciones, su impacto en la relación entre corrupción y crecimiento económico: una revisión teórica” (Mendoza y Portillo, U. Autónoma de Occidente, México, 2020) con clara influencia de Acemoglu). Mientras haya impunidad habrá todos los incentivos para ser corruptos, no obstante, incluso, se deba pasar por la cárcel un tiempo puesto que al final el balance del “negocio” da positivo.

No puede haber margen en este sentido. Los corruptos tienen que devolver todo lo robado, tener la multa por traición a sus electores (sentido ético además del jurídico) y pasar años en la cárcel. Si el balance no es negativo, seguirá habiendo impunidad relativa finalmente positiva, y seguirá habiendo corrupción, y peor, con grandes montos para que alcance a todos los “trámites” que se han escuchado por décadas: comprar ilegalmente al sistema de justicia, negociar devoluciones parciales con la Fiscalía, pagar las multas impuestas por el juez, y al final de purgar la pena con unos pocos años de cárcel (con buen comportamiento se irán a la mitad del tiempo), salir con un buen botín de todas maneras.

Defenestrando la democracia

En la editorial de El Espectador en estos días, hablando sobre el insuceso propiciado por un ex militar que fue presidente de todos los exmilitares (de Acore), advierte “Cuidado con defenestrar la democracia” (El Espectador, 2023) sobre el hecho específico, pero que deja una reflexión en el aire: ¿acaso no estamos perdiendo nuestra democracia en manos de la corrupción, tal vez poco a poco, y sin darnos cuenta? (como defenestrar paulatinamente, lo cual sería un imposible literal). Perder la democracia significa perder la libertad, que tanto asusta a las derechas privilegiadas, pero que por ostentar el poder económico que ha condicionado al poder político en toda nuestra historia y a juzgar por el estado de descomposición generalizado, se les puede achacar que poco han hecho en contra de la corrupción.

Para empeorar las conclusiones del caso expuesto hay que tener en cuenta que la corrupción es multipropósito: los dineros públicos se pierden, las obras no se ejecutan o se ejecutan mal, los proyectos no son priorizados porque lo que interesa es el contrato para robar, y por lo tanto los objetivos de desarrollo y bienestar, como sacar a colombianos de la pobreza y generar oportunidades para la gente, no solo no se cumplen, sino que su cumplimiento se dilata aún más porque la plata no alcanza. La que se robaron, se perdió, la que se invirtió mal, se perdió y para las prioridades ya no alcanza. Sin niveles mínimos de bienestar y con tanta pobreza, los riesgos de terminar de perder nuestra endeble democracia son latentes.

La apatía de la mayoría de los colombianos está permitiendo que los corruptos efectivamente defenestren nuestra democracia.

 

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

La ética práctica, primer paso para una inteligencia más sofisticada

Escrito por Rafael Fonseca en . Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

En el artículo previo La ética global (Fonseca, ConfidencialColombia, 2023) se habla de cómo los humanos hemos llegado a una situación de vulnerabilidad autoinfligida que cuestiona duramente y por sí sola la inteligencia de la especie.

En los años 60 (hace 60 años ya) Hardin estaba especialmente preocupado por el crecimiento de la población, al entender que los recursos disponibles de la tierra eran finitos, y por lo tanto una tasa de crecimiento permanente de la población llevaría a la tragedia tarde o temprano; por eso abogaba por la coerción como estrategia de contención del crecimiento para preservar la lógica del bienestar para todos (Hardin, 1968). La coerción es la forma general para indicar las reglas que la misma sociedad se autoimpone para regularse, vía leyes, impuestos y otras formas de control.

 

Sus detractores clamaban porque las libertades individuales se veían amenazadas con estas medidas de coerción, en un mundo que todavía no sentía el problema, pero que evidentemente él sí visualizaba. La mayor parte de la gente prevé consecuencias de corto plazo, pero muy pocas personas prevén consecuencias de largo plazo.

Estaba reclamando por el uso de impuestos o instrumentos similares, que limitaran el uso de recursos como el agua y el aire, porque su uso libre, basado en la decisión particular y egoísta de cada persona terminaría afectando a todo el mundo. Hoy, esta realidad está sobrepasando por lejos su anticipación. Planteó tempranamente un curso de acción brillante al respecto, que ayuda a resolver el cuestionamiento principal: a situaciones cambiantes, cambia también la racionalidad con que se toman las decisiones. Me atrevo a complementar: puede incluso también cambiar la ética dependiendo de la magnitud del cambio de la situación.

Si se hubiera reconocido el costo de los usos ambientales en su momento, como hoy se le llama a la utilización de los recursos naturales, bien fuera por vía de impuestos, o de tasas que representaran la reparación o la recuperación del estado inicial del recurso para uso de la humanidad, se hubiera dado un marco diferente para la racionalidad de las decisiones, aún sin tener que apelar a la razonabilidad que habla Savater (Savater, 2008).

Ahora es fácil decirlo porque estamos viendo ya las consecuencias de su agotamiento. Aunque hubo unos pocos, como Hardin, que previeron las consecuencias de largo plazo, pudo más el inmediatismo y egoísmo del capitalismo imperante, – de las utilidades ya – fin último, e incluso tuvo más peso la ética de las libertades individuales que impidió reconocer la tragedia venidera para toda la humanidad. Una curiosa pero popular inteligencia desarrollada a partir de premisas no correctas, que ahora tenemos el enorme reto de corregir este error estructural para reformular el desempeño de la humanidad sobre la faz de la tierra, y obtener, por fin, un resultado colectivamente inteligente (Innerarity, 2019).

No se nos haga raro que en no más de unos 20 años se piense que lo que vivimos en la actualidad de las ciudades más pobladas perteneció a una época bárbara, absurda, en que buses y autos las contaminaban asfixiantemente y los ciudadanos estaban condenados al mal aire que respiraban, y no será fácil entender bien cómo se generó semejante estupidez colectiva.

En un nuevo orden, el industrial que quisiera explotar un mineral, debería contabilizar entre su estado de resultados la reparación de los daños ambientales, con el consecuente traslado de esos costos al precio, y ese efecto precio sobre la demanda determinaría si aún habría estímulos para producir y mercadear, o si por el contrario habría que innovar hacia nuevas formas de productos y servicios; también habría límites desde los cuales no estuviera permitida alguna actividad, no por efectos de mercado sino de regulación.

Ese nuevo capitalismo, o capitalismo sostenible como lo llaman modernamente algunos autores, el del cambio del marco de reglas e incentivos que incorporen a la naturaleza como recurso valiosísimo, finito y en muchos casos ya escaso, para así también cambiar la forma en que las personas decidan el consumo de productos, deberá necesariamente incorporar la economía de mercados como parte de la solución, para que sea aceptado con rapidez. De resto, cualquier otro camino que pretenda un cambio completo de sistema generará unas enormes fricciones con quienes ostentan posiciones de poder económico actualmente, y razones para seguir polarizando y luchando para conservar sus privilegios, mientras se pasa el tiempo valioso que ya no tenemos, y con el riesgo de no concluir en el final feliz de ninguna iniciativa.

Aunque las reclamaciones sean justas y lógicas en torno a la inequidad, la concentración de la riqueza, y las pocas esperanzas de vencer la pobreza, es más probable que una transición con fórmulas provenientes del mismo capitalismo de mercados sea no solo más viable sino más rápida. Es factible que algunos ricos puedan ser más ricos, sin corrupción, pero que se logre el objetivo del aumento de la calidad de vida para la mayoría de la población, equidad en todos los servicios básicos que presten los Estados, la salida de la pobreza para la mayoría y el rescate del equilibrio del ser humano con la tierra, que es lo que realmente importa.

Lentamente, pero en forma creciente, del mismo capitalismo se han venido emitiendo declaraciones de que “no todo vale” para hacer dinero. De esa misma forma cada uno, por su cuenta, debería reflexionar y apelar a su razón para cambiar la forma en que toma sus decisiones cotidianas y ser éticos por encima de su propia racionalidad.

Con un nuevo sentido ético, práctico, que debe conducirnos a comprender que es necesario apuntar a que el bien común sea piedra esencial del bien propio y poder derrotar el egoísmo predominante que solo les funciona bien a unos pocos y muy mal a la mayoría.

Necesariamente esto nos debe llevar a reconsiderar que el corto plazo no puede ser el escenario para la fijación de metas, y que, por el contrario, debemos siempre estar evaluando los efectos en el largo plazo, aunque ya no existamos, pero sí nuestra descendencia. Una nueva ética práctica, en la que, con una inteligencia más sofisticada, mucho menos primaria como la que hoy nos gobierna, nos permita comprender que solo a través de la prosperidad colectiva se logra maximizar la prosperidad propia.

Tecnología amenazante

Escrito por Rafael Fonseca en . Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

Hasta hace muy poco las cadenas de supermercados eran todopoderosas en sus mercados. En estas épocas todo puede cambiar en relativo poco tiempo a causa de la tecnología, y ahora están enfrentando serios problemas por una nueva rivalidad que, aunque se sabía que venía llegando, no han podido enfrentar con éxito. No se trata de la tecnología y sus avances, sino de los impactos severos que puede infringir a un sector específico como el de la venta detallista de alimentos, y extenderse a toda la economía y la política del mundo amenazando cambiar muchas de sus reglas actuales y exponiendo a la humanidad a enfrentar serios retos.

Lo había advertido Harari desde hace algún tiempo en “21 lecciones para el siglo XXI” (Debate, 2018) en el que señalaba que tanto la biotecnología como la infotecnología podrían ser la solución a nuestros problemas estructurales (cambio climático, pobreza, desigualdad) o por el contrario, ser la fuente de dominación de tipo totalitaria por aquellos poseedores de la tecnología. Por ahora ya sabemos que en los mercados va avanzando como una mancha imparable, tal cual como veremos en el caso de los minoristas.

 

Recientemente Wolf en su libro “La crisis del capitalismo democrático” (Penguin Random House, 2023) advierte que ya estamos viviendo una crisis de una enorme complejidad porque involucra y mezcla los problemas de política (polarización, populismo, especialmente de derecha), economía (insatisfacción de la gente debido a que el capitalismo no está respondiendo a sus expectativas de futuro económico, más desigualdad, globalización) y las tecnologías disruptivas.

Advierte que ya hemos retornado a la plutocracia como sistema político (el mismo del feudalismo), en la que los más poderosos económicamente se apoderan de la maquinaria política, a través de la financiación de las campañas de los políticos, que harán después exactamente lo que quieren los plutócratas (el círculo vicioso que hemos catalogado como la corrupción más grave, aun siendo legal aparentemente y que hemos comentado en detalle en varios artículos en esta columna). Y es este un estado propicio en el cual el surgimiento del totalitarismo a partir de la posesión de la tecnología podría estar a sólo unos cuantos años.

Los gigantes caídos

Imperdible el reciente documental de la DW titulado “El declive de los supermercados” (DW, 2023) en donde muestra la crisis en que se encuentran los que hasta hace poco eran amos absolutos en sus mercados, por cuenta de los ahora gigantes digitales como Amazon y Alibaba, y de sus propias guerras entre ellos. Comenta que su agresividad ha llegado hasta vulnerar los límites legales (para Europa), y usando métodos de negociación extremos exprimen al máximo a los proveedores en toda su cadena de suministro, hacia atrás. Al mismo tiempo muestra los métodos que están siendo usados por Amazon, con enfoques completamente diferentes, en los que la optimización es el negocio, basado en la oportunidad, la facilidad y logrando precios difíciles para sus competidores. Se alcanza a ver que todo esto conlleva efectos fuertes en el empleo por la eliminación de puestos de trabajo debido a la automatización y a los procesos optimizados.

Amazon en EE. UU. ha entrado en el mercado poniendo su propia versión de autoservicio en donde todo está digitalizado y por supuesto no hay necesidad de cajeros, y toda la información de preferencias e incluso hasta dudas del cliente se usarán para hacerle cada vez más interesante su experiencia de compra, lejísimos de lo que sus viejos competidores podrían responder; una entrada con grandísimas inversiones provenientes de una caja inmensa que anuncia que va a ser el líder del mercado tarde o temprano. Y desde luego, contando con su poderoso sistema de entregas.

El caso de Alibaba que llega a integrarse hacia atrás hasta las plantas de hortalizas que usan inteligencia artificial con hidroponía en invernaderos gigantes, eliminando la necesidad de suelo, abonos, plaguicidas y mucha mano de obra. Muestra un ejemplo en China en los que el 80% de los empleados son para la preparación de pedidos y su entrega, es decir, nada menos que el anuncio de la muerte del “autoservicio” que hizo famosos a los supermercados desde los 60s en EE. UU.. Importante visualizar que el cambio de paradigma es hacia la optimización en toda la cadena de suministro, lo cual reduce los precios, estimula la rivalidad, tenderá a concentrar la propiedad y por ende, solo unos cuantos podrán seguir en el negocio. La concentración del poder que hemos venido hablando.

Vértigo inverso

Al ver la rapidez con que se mueve el mundo desarrollado con estas tecnologías aplicadas al mercado de los alimentos, y a la proliferación y locura que ha producido la muy reciente llegada de la Inteligencia Artificial a las herramientas cotidianas de escritorio, como ejemplos indiscutibles del paso más veloz que toman las tecnologías en el mundo desarrollado, se experimenta una suerte de vértigo, que podríamos llamar “vértigo inverso” debido a que la causa no es la rapidez en el movimiento propio sino el de los demás relativas al lento movimiento propio.

Las tecnologías le dan muchas más ventajas todos los días a esos países, muchas más de las que ya tenían, y de las cuales estábamos ya alejados: tenemos unos déficits en generación de ciencia, educación, pobreza, corrupción, que son manifestaciones de los problemas estructurales que como país no nos dejan avanzar. Vivimos ensimismados en problemas domésticos muy enraizados, y no estamos pudiendo ver lo que se nos puede venir del mundo, señalado por Harari. Para cuando nos llegue la dominación, es posible que ni nos demos cuenta.

Retos enormes

Debemos resolver el nudo al que hemos llegado en corrupción y en politiquería, puesto que la polarización nos impedirá trabajar en equipo, con algo de inteligencia colectiva, que nos permita levantar la mirada y auscultar estos retantes escenarios futuros.

Si lográramos resolver ese nudo, aunque sea en parte, de inmediato nos podríamos a trabajar en temas de seguridad (alimentaria, energética, integralidad del territorio, del agua, entre otras), en disminuir urgentemente la corrupción, y en educación, en mucha educación de calidad desde la niñez hasta la científica que nos permita entender la tecnología y su velocidad, para no solo usarla y adoptarla, sino adaptarla a nuestras necesidades específicas, y mejor aún, hasta crearla. De lo contrario, el mundo avanzando a velocidades enormes nos cogerá amarrados con nuestro propio nudo, insulso frente a esta amenaza descomunal; seremos presa fácil y posiblemente perdamos hasta la dignidad.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

 

Alerta máxima para la pequeña ingeniería

Escrito por Rafael Fonseca en . Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

La insistencia del Gobierno en no contar con la ingeniería en los caminos comunitarios para la paz total le pasará una cuenta de cobro muy dura a la pequeña ingeniería. Y no se trata de que las Juntas de Acción Comunal -JAC- no trabajen y no participen de su desarrollo local. Al revés, se trata de que ese desarrollo local quede bien hecho con el concurso de la ingeniería, como debe ser.

Desafortunadamente se han manejado imprecisiones por el presidente Petro para empujar esta iniciativa. La primera tiene que ver con que los caminos comunitarios los hacen los grandes contratistas, y la segunda, que las comunidades cuidarán y rendirán la platica. Lo cierto es que los caminos comunitarios los ha hecho la pequeña ingeniería, a punta de órdenes de trabajo como se les decía antes, o pequeños contratos. Y lo segundo niega nuestra realidad, cada vez más aplastante, en la que los políticos en el ejecutivo o en el legislativo se les olvida que la corrupción es rampante y no se puede tener la ingenuidad de planear programas o políticas contando con la honorabilidad de la gente. Menos cuando se sabe que hay una probabilidad importante que las JAC sean presa fácil de politiquería y corrupción. No menor es la preocupación de que el INVÍAS vaya a manejar una inversión de 8 billones de pesos a través de las JAC por todo el país, a toda velocidad y sin estudios mínimos.

 

Pero el problema va más allá, y no solo se puede dejar como un clamor de la pequeña ingeniería, que de paso, también tiene derecho a su trabajo. Es un un problema legal: en la Ley 842 de 2003, reglamentación del ejercicio de la ingeniería, dice con toda claridad que

“ARTÍCULO 2o. EJERCICIO DE LA INGENIERÍA. Para los efectos de la presente ley, se entiende como ejercicio de la ingeniería, el desempeño de actividades tales como:

  1. a) Los estudios, la planeación, el diseño, el cálculo, la programación, la asesoría, la consultoría, la interventoría, la construcción, el mantenimiento y la administración de construcciones de edificios y viviendas de toda índole, de puentes, presas, muelles, canales, puertos, carreteras, vías urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos, alcantarillados, riesgos, drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos y en general líneas de conducción y transporte de hidrocarburos; líneas de transmisión eléctrica y en general todas aquellas obras de infraestructura para el servicio de la comunidad” (subrayado por fuera del texto original).

Así las cosas, el programa del Gobierno, impulsado velozmente por el INVÍAS, no se puede hacer sin quebrantar esa ley. El programa nacería con vulnerabilidad jurídica entonces. Se ha mencionado que el ingeniero del municipio pondrá la ingeniería necesaria, lo cual a su vez es poco factible dado que en la mayoría de los municipios no se cuenta con un ingeniero idóneo para asumir toda esa responsabilidad.

Y es que una pequeña obra veredal, como lo es un camino en las montañas, suele enfrentar problemas geotécnicos que de no estudiarse y diseñarse bien podrían generar posteriormente fuertes problemas ambientales (erosión, remociones en masa o derrumbes como se les conoce coloquialmente) que tengan impactos desde pérdida de vidas hasta taponamientos que impidan el flujo de la economía de sus habitantes. No es como dice el INVÍAS, que obritas como un box-culvert (alcantarilla rectangular de dimensiones importantes y que hace las veces de un puente), alcantarillas, pavimento (la famosa y no siempre buena “placa-huella”) e increíblemente la aplicación de nuevas tecnologías (!!) se podían construir sin un ingeniero responsable que sepa, no solo interpretar planos y especificaciones, controlar la calidad de los materiales y la construcción, sino interpretar las condiciones cambiantes del terreno y de la realidad en la obra que impliquen tomar decisiones apartándose del diseño original o pedir ayuda calificada.

La mejor forma de armar un desastre es subestimar los riesgos que implica todo trabajo de ingeniería, y más, haciendo carreteras en la difíciles geografía y geología de nuestras húmedas montañas. Así sean pequeñas carreteras comunitarias ¿no es lo deseable para todos, las mismas comunidades y el país en general, que queden bien? No es, como se ve, solo un tema de contratación. Pero en ese frente jurídico se pueden provocar verdaderas avalanchas, que no le convienen ni al Gobierno ni a las comunidades porque ponen en riesgo la ejecución del programa.

En la misma Ley se puede advertir que los funcionarios tendrían implicaciones legales por infringir los siguientes artículos: artículo 14 “El servidor público que en el ejercicio de su cargo, autorice, facilite, patrocine, encubra o permita el ejercicio ilegal de la ingeniería…”, artículo 33, literal h: “Proteger la vida y salud de los miembros de la comunidad, evitando riesgos innecesarios en la ejecución de los trabajos…”; artículo 34, literal a: “Ofrecer o aceptar trabajos en contra de las disposiciones legales vigentes…”; artículo 35, literal b: “Respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias…”; artículo 39, literal d: “…ser guardianes de los intereses de sus clientes…” es decir, las comunidades atendidas.

Y también allí se especifica que el Consejo Nacional de Ingeniería -COPNIA- tendría que actuar por oficio, artículo 60, numeral 3. Revisando las responsabilidades del COPNIA que aplicarían a este caso específico, se encuentran: artículo 26, literal e: “Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones al ejercicio legal de la ingeniería…”; literal f: “Denunciar ante las autoridades competentes los delitos y contravenciones de que tenga conocimiento…”; el difícil literal m: “Con el apoyo de las demás autoridades administrativas y de policía, inspeccionar, vigilar y controlar el ejercicio profesional…”; y el literal p: “Velar por el cumplimiento de la presente ley y de las demás normas que la reglamenten y complementen…”. Lo ideal sería, que como órgano consultivo del Gobierno, le recomiende lo antes posible que no vaya a cometer esta infracción enorme y busque la forma de involucrar la ingeniería requerida.

Si queremos ayudar a la gente del campo a cosechar todos los impactos positivos de los caminos comunitarios que hemos aplaudido en varios artículos anteriores, hay que hacer las cosas bien. Y por supuesto, legalmente. Este es un llamado al Gobierno y sus funcionarios para que repiensen en conjunto con los ingenieros como mejorar el programa de caminos comunitarios para la paz total para que salga bien, en todo sentido, en paz.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Mucho más allá de la reforma laboral

Escrito por Rafael Fonseca en . Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

Si hay un reto difícil para los gobernantes y los dirigentes ese es el de la política laboral.

El mercado laboral es en extremo sensible, tanto porque de los salarios depende gran parte de la población, su bienestar y sus esperanzas de progreso, como porque es un mercado ofertado, hay mas gente para trabajar que la que demandan las empresas (el desempleo) lo que le da un enorme poder a los empleadores sobre los que se ofrecen para ser sus empleados.

 

Nada de esto es nuevo. Tampoco es algo de extrañar. La inteligencia del humano se manifiesta en el aprovechamiento de oportunidades cuando se presentan. Como el objetivo superior de acumulación de dinero es tan claro en el capitalismo, los empresarios (empleadores privados) aprovechan la oportunidad que les surja en los mercados, y el laboral no es la excepción, como un asunto normal de negocio. Las consideraciones de humanidad y empatía van pasando a segundas y últimas prioridades, a medida que la codicia se va apoderando del espíritu del empresario exitoso.

Esa condición hace que se deba regular la relación entre el empleado y el empleador por parte del Estado para evitar que el equilibrio se logre en condiciones miserables para los empleados.

Lo interesante es que si no se regulara, no solo habría resultados funestos para los empleados (como bajos salarios, nulas prestaciones) sino también para los mismos empleadores que, pese a lograr mucho menores precios (bajo costo laboral), también obtendrían menor calidad y desempeño de los empleados con tasas muy bajas o nulas de aumentos de productividad, que les minaría su competitividad en sus respectivos mercados al haber eliminado de sus costos laborales los conceptos de capacitación y desarrollo de sus empleados dado que normalmente estarían en la búsqueda de mejores posibilidades en el mercado, borrando también de paso la estabilidad laboral.

Por contraste, con la regulación adecuada se puede esperar que los empleados tengan mejores condiciones (salarios más altos incluyendo sus prestaciones, mejor estabilidad, mejor capacitación y desarrollo), y los empleadores obtengan una compensación a los mayores costos laborales vía una mayor productividad de sus empleados. Sin contar que en un mejor entorno, los beneficios para el empleador suben también por mayor seguridad y mejor clima de negocios. Pero no es usual que esto caiga bien por el lado de los empleadores.

Si la regulación sube mucho los costos laborales, los empresarios pueden perder competitividad en los mercados externos o incluso en su mercado nacional frente a los productos importados, lo que en el extremo llevaría a que se quebraran, y con ello se destruyera el empleo para todos sus empleados. O en forma similar, podrían sentirse desincentivados para seguir en el país e irse con su inversión a otro, desde donde pueda atender sus mercados incluyendo el local, profundizando el problema de desempleo y de mercado laboral ofertado. Es decir, los costos laborales deben ser competitivos frente a los de países cercanos o competidores; es una competencia de país a país también. Tampoco esto es usual que se comprenda del lado de los empleados.

En el ángulo opuesto, resulta difícil explicar cuando el empresario-empleador (usualmente grande) reclama que no se pueden subir los costos laborales porque perdería competitividad, cuando sus utilidades han crecido muy por encima de la inflación y escatima con un punto o dos el aumento de los salarios que escasamente trata de cubrir la misma inflación. Lo que pasa es que no quieren compartir su éxito y no consideran que sus empleados puedan gozar de una mínima parte de ese éxito. Y se refugian en la masa de pequeños y medianos empresarios-empleadores para defender el statu quo en los costos laborales.

El profesor Palma (economista chileno, de la Universidad de Cambridge) en una conferencia sobre desigualdad en 2016, tiene una gráfica que ilustra el fenómeno de la codicia (confundida con éxito en los textos de administración) que compara el incremento de los beneficios (productividad por empleado) de los empresarios en EE.UU. comparado con el salario por empleado desde 1978 hasta 2013. Impresiona ver cómo los salarios se quedaron estancados (0% de crecimiento) mientras que los beneficios no han dejado de subir (1.5% anual sostenido). Los empleadores han aprovechado los aumentos de productividad como parte de sus mayores utilidades y no la han compartido con los empleados. Explica esto la concentración de la riqueza y del aumento de la desigualdad. Una deuda del capitalismo no resuelta y que puede llegar a ser su talanquera.

Así las cosas, una reforma laboral siempre será una discusión compleja que implica buscar puntos intermedios que no necesariamente son de equilibrio ni tampoco de justicia. Puntos intermedios que no sean tan graves para un lado y tampoco para el otro, en medio de una tensión entre el poder económico y quienes representen a los empleados.

En ese punto la discusión es más compleja aún, porque los empleados representados son los formales. La población ocupada formal en Colombia solo llega al 23.3% de toda la población en edad de trabajar, que es a la que aplica una reforma laboral. La informalidad, medida sobre la población ocupada es del 53.1% (OECD, 2021, el más alto del grupo, por lejos), o sea, que al 26.4% de la población en edad de trabajar no le aplica la discusión anterior (datos del DANE, 2021). Tampoco a la población desocupada (el desempleo) llega al 11.3%.

La discusión de la reforma laboral dirigida a recuperar condiciones que se habían perdido para los empleos formales está bien, pero no aborda el problema correcto. Ojalá se discuta rápido y se logren esos puntos intermedios en cada aspecto, a ver si podemos pasar a discutir lo importante: ¿cómo vamos a enfrentar la informalidad y el desempleo, con baja competitividad, con la automatización y la inteligencia artificial asechando implacablemente, con un crecimiento histórico de la productividad laboral muy bajo, con una débil cultura de calidad y con una violencia estructural estorbando en grado sumo?

Algunos opinan que la reforma laboral no debe meterse en políticas de industrialización e innovación. Sin embargo, es en el crecimiento de la economía, que haya más empresas, más grandes, mas sectores exportando y que generen más buenos empleos, en donde se encuentran las respuestas a los cuestionamientos anteriores. Y no viene nada de esto sin las condiciones requeridas en educación, infraestructura y sistema impositivo.

Merece más que un debate callejero entre un Gobierno mediático con una oposición gritona que aplaude cuando algo le sale mal a ese Gobierno. Esto excede el período de un Gobierno y obedece a una muy necesaria planeación a largo plazo del Estado, lo cual implicaría una gran concertación entre todos los poderes. Con nuestro sistema de planes de corto plazo de Gobierno en Gobierno no vamos a alcanzar ni desarrollo ni bienestar para la mayoría. Pero la politización y polarización nos tienen asfixiados y no nos dejan ver lo necesario.

En casi todos los temas llegamos al mismo tipo de conclusión: el debate laboral no es laboral, es mucho más allá. Algún día tendremos que ponernos de acuerdo en cómo volcar este país al desarrollo y bienestar de la mayoría. La única esperanza que nos queda es que una mayor educación nos lleve a cambiar la base de las decisiones.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Arreglos urgentes en la política de vivienda de interés social

Escrito por Rafael Fonseca en . Publicado en Colombia, Opinión, Punto de inflexión.

Pese a que la Constitución de nuestro país determina sin ambages que “todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna” este objetivo está lejos de ser una realidad. No solo por el déficit de viviendas, que en 2020 según el DANE llegó a 1,200,000 viviendas de interés social (VIS) de las 3´700,000 del déficit total, sino porque este número depende de lo que se ha definido como VIS digna (artículo 51) y que se intuye que podría ser mucho mayor.

En el 37º Congreso Nacional de Ingeniería celebrado recientemente, el reconocido ingeniero investigador José Joaquín Álvarez presentó una ponencia que mostró sintéticamente diez paradigmas que hay que revisar y corregir con urgencia, que dejan sendos retos para arreglar la forma en que debemos alcanzar el propósito de ayudar a los conciudadanos en condición de pobreza, que marcan una hoja de ruta que el Ministerio de Vivienda debería discutir y adoptar.

 

La VIS es aquella que “reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción, y cuyo valor máximo es el que se establezca en las normas que regulan la materia para este tipo de viviendas” (decreto 1077 de 2015, artículo 2.1.1.1.1.1.2). Y por su parte, Vivienda de Interés Social Prioritario (VIP) “es aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es el que se establezca en las normas que regulan la materia para este tipo de viviendas”.

La pregunta fundamental que se hace el ingeniero Álvarez es si las normas existentes son realmente buenas. Normas que se establecieron por decreto, y que por supuesto dependieron de personas, seguramente queriendo acertar, pero personas al fin y al cabo. Sobre todo en la relación del precio máximo con respecto a la vivienda digna: ¿los topes que se establecieron realmente derivan en una vivienda digna? Específicamente, a lo que se llama “habitabilidad” que son aquellas condiciones mínimas para vivir con dignidad.

Es importante entender que los m2 y el número de cuartos para una familia de cinco personas son determinantes para una vida digna, pero que al no estar reglamentada la habitabilidad mínima, lo único que termina contando es el tope en dinero y en los m2 mínimos. Es decir, están desconectados los criterios de calidad a los del precio y m2. Hoy en día el aérea mínima de la vivienda es 42 m2, y el área mínima habitable es tan solo de 36 m². Para ilustrar este punto mostró un plano de una vivienda VIS sueca en 1970 con un área de 63 m². Una gran diferencia que apunta a la revisión urgente de los requisitos mínimos de habitabilidad.

En cambio, sí se distraen los recursos escasos de estos programas para vivienda VIS para estratos altos, lo cual, desde su enunciado es un despropósito (ver Subsidio VIS para clases altas, ConfidencialColombia, 2023). Esto deja ver que la política ha estado más orientada a la generación de negocios para el sector de la construcción de vivienda y no a resolver el mandato del artículo 51 de la Constitución Nacional.

No se debe entender que no hay que estimular este sector; su relación con la generación de empleo es vital para la economía y es un jalonador habitual en situaciones de crisis. Pero no a costa de la destinación de recursos muy necesarios para atender a quienes deben estar dirigidos: las personas que por su condición de pobreza no pueden aspirar a una vivienda digna. “Los planes de vivienda de interés social deben definirse por el destinatario final y no por el valor de la vivienda” sentencia con toda razón el ingeniero Álvarez.

Otro asunto no menos importante tiene que ver con la inconveniencia de hacer VIS en altura (edificios de apartamentos) que ha fallado alrededor del mundo, entre otras cosas, porque el costo de operación y mantenimiento del edificio (ascensores, sistemas contra incendios, bombas, etcétera) se vuelve una carga difícil de llevar para sus habitantes con recursos ya escasos.

Hizo un llamado de atención para no olvidar que la necesidad de VIS no solo está en los centros urbanos con mayor población, sino en todo el país como es lo debido, incluyendo el campo, en donde se encuentren los mayores índices de pobreza. Estaba indicando que estas decisiones no pueden ser políticas o por el peso de las ciudades y regiones más importantes del país, sino mediante una priorización con base en las necesidades de aliviar la pobreza como lo ordena la Constitución.

Hizo hincapié en que la VIS necesita control como cualquier otra construcción: no por ser de interés social no debiera tener la seguridad y calidad de las demás; todo lo contrario. Y las VIS rurales necesitan también licencia de construcción. También insistió en no seguir haciendo válida la política de hacer legalizaciones de urbanizaciones pirata (informales), sin hacer previamente un análisis de ingeniería sobre el riesgo mitigable que puede conducir a reforzar, o a reubicar y demoler. Incluso citó las tristemente famosas “amnistías urbanísticas” que fueron determinantes en el número de muertos en el reciente desastre a raíz de los terremotos de Turquía.

Las decisiones técnicas no pueden reemplazarse por decisiones políticas. Lo hemos insistido permanentemente. En nuestro país, en forma cotidiana, se toman decisiones mal tomadas por este reemplazo errado y forzado. Y peor si se hace para privilegiar resultados económicos para una minúscula fracción de la sociedad. En las VIS se requiere que los técnicos tengan la palabra y se revise con urgencia toda la política a ver si logramos que todo colombiano viva dignamente. Es un asunto de elemental humanidad.

 

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Irene tiene razón, la Ministra no

Escrito por Rafael Fonseca en . Publicado en Opinión, Punto de inflexión.

Ya estamos acostumbrándonos a que este debate, visceral en algunas personas, vuelva y emerja por cuenta de una declaración de Irene, la Ministra. El tema energético no es ni fácil ni liviano. Pero lo que menos necesita su discusión es meterle ideología.

En varios artículos he analizado en detalle diferentes aspectos que confluyen en la discusión de cómo debería ser la transición energética. En algunos, los hechos y argumentos le dan la razón a Irene, la persona. En otros, la Ministra no la tiene. Veamos apartes de los artículos precedentes para ilustrar esta dualidad.

 

Irene tiene razón

Consumo eficiente en hogares, inicio lógico de la transición energética

“Hay que dejar de politizar la transición, llenos de odios ideológicos que terminan por opacar la lógica. La política tiene que enfocarse primero a sacar el máximo provecho a los adelantos tecnológicos para reducir la energía que se consume para que no se pierda porque no produce el trabajo que se supone que debe, es decir, por ineficiencia, en este caso de los aparatos domésticos. Y este mismo criterio aplica en todas las actividades en nuestra sociedad; es el mismo tipo de objetivo a lo expresado en “Racionalizar antes que decrecer” (otro de los artículos citado más adelante)”. Irene ya ha empezado esta estrategia en nuestra Costa Caribe.

Transición de mentalidad y no solo transición energética

“Ya hemos prometido reducir en 51% la emisión de los gases y tendremos para 2050 el grado de carbono neutralidad, es decir completamente compensadas las disminuidas emisiones con mecanismos de sostenibilidad.  (…) la prevención de desastres cuya frecuencia se espera que se aumente por efectos del cambio climático, y aunque el común y corriente de los colombianos no parece tener mayor preocupación, las nuevas generaciones ya están conscientes de lo que se nos viene y la presión global hará que entremos en la colaboración mundial más rápido que tarde. Solemos hacer todo lo que el mundo ya ha avanzado, pero con rezago. Deberíamos aprovechar para hacer una transición de mentalidad y no solo la transición energética que ya iniciamos”.

Autosuficiencia del petróleo no se logrará por más exploración o fracking

“Lo que no se ha dicho es que la exploración en Colombia desde hace más de 30 años no ha sido la principal vía por la cual hemos tenido petróleo. El éxito de esas exploraciones ha representado menos del 10% de las adiciones de reservas probadas de petróleo y gas; (…) La gran mayoría de la producción (entre el 80% y el 90%) en las últimas tres décadas ha provenido de reservas descubiertas antes, en 1970´s, 1980´s y 1990´s, y principalmente lograda mediante sistemas productivos que llaman los ingenieros de petróleos recuperación primaria y algo de recuperación secundaria en campos “viejos”; también se explica por una de esas vueltas de la rueda de la fortuna debido a que el régimen Venezolano bajó la producción de crudos pesados, permitiendo que nuestros crudos pesados tuvieran mercado. Es decir, pareciera que toda la histeria que generó el tema en campaña era inocua. (…) Tampoco se ha dicho que el Fracking, (…) no pareciera la más lógica porque primero, por ser más viables, rentables y sostenibles para el país y para Ecopetrol,  estarían la recuperación secundaria y terciaria de las reservas ya descubiertas en los campos “viejos”.

La Ministra no

Si no tomamos buenas decisiones, nunca saldremos del subdesarrollo: la antilógica de la Regasificadora del Pacífico

“La alternativa a importar gas por el Pacífico es que se puede hacer también por el Atlántico donde el precio internacional del gas es más bajo (…) y sobre todo porque ya existe la infraestructura necesaria, tanto por el sistema de gasoductos actuales como por los puertos de aguas profundas existentes en esa costa: (…) y estaciones de bombeo existentes y subutilizados actualmente (…) hasta el Valle, infraestructura que ya estamos pagando por medio de la tarifa, aún con uso parcial. (…) y sin ninguno de los riesgos anotados que pueden llevar hasta el fracaso el proyecto del Pacífico. (…) Por todas partes lo mejor para el país, solucionando la queja del Valle y Eje Cafetero, sin tocar la ya alta tarifa del gas natural, sin presionar más la pobreza, sin dañar aún más la competitividad colombiana y sin impactar negativamente al medio ambiente”. El Gobierno está insistiendo en este proyecto absurdo técnica y económicamente.

Racionalizar antes que decrecer

“Corresponde a las naciones del sur (el llamado tercer mundo) hacer una racionalización en el uso de sus consumos antes de emprender un decrecimiento económico, de tal forma que pueda seguir actuando sobre la pobreza, acompañado de programas para bajar la desigualdad y sobre todo la reducción de la corrupción. Pero esto no se debe entender como no hacer nada y privilegiar el statu quo como quieren algunos que ya tienen riqueza. Mientras que a los países del norte les corresponde reducir el exceso de sus consumos y acabar con el desperdicio, y encontrar sus propias estrategias para mantener el bienestar de sus nacionales bajando el impacto sobre la degradación de la tierra. Una urgente y respetada corresponsabilidad mundial”. A cada país le corresponde un esfuerzo de acuerdo con sus impactos y posibilidades.

Polémica sobre el GAS, sólo parcialmente cierta

“Es claro que es un tema complejo, con muchas aristas, en las que las decisiones no pueden solo salir del extremo ambientalista, por lo que hay que insistir que la ministra Vélez debe rodearse de expertos confiables y necesariamente contrastar las conclusiones entre ellos para lograr filtrar aquellas que tengan sesgos. Para nadie puede resultar un secreto que en este sector (petróleo, gas, electricidad) se mueven unos negocios inmensos que por supuesto “juegan sus fichas” de acuerdo con sus intereses sin importarles el bien común. (…) Y allí es donde el alto gobierno tiene que mostrar su alto profesionalismo (representado en unas cualidades académicas altísimas de sus ministros) logrando decisiones sensatas y equilibradas de acuerdo con el contexto colombiano, sus efectos reales y relativos en el mundo, la situación de pobreza y de coyuntura económica (especialmente inflación) frente a las promesas de campaña”. Umm…

Las conclusiones son muy tozudas:

  1. Detrás de todo esto hay un asunto muy importante por entender: la transición energética no es igual en todo el mundo, y tampoco es igual en cada región colombiana.
  2. Lo primero que hay que hacer con urgencia es trabajar en la racionalización de la demanda. Eso sí contribuye en forma importante y además tiene el buen colateral de no polucionar el aire en las ciudades y reducir morbilidad y mortalidad. Clave.
  3. Y esto sí puede servir de ejemplo al mundo y puede lograr cautivar a más países. Autoflagelarnos no enternecerá a ningún país.
  4. Temas prioritarios en los que ya está trabajando el Gobierno y hay que profundizar: parar la deforestación y la ganadería extensiva.
  5. Proyectos como la interconexión plena con la Guajira (el potencial de generación allí es de casi todo lo que ya se tiene instalado en el país) aumentarán la oferta y hará que la energía se torne menos costosa, lo cual, contando con unos pequeños incentivos, volteará el transporte a eléctrico más rápido que lo esperado. Y los electrodomésticos vencerán del todo a los gasodomésticos, rápidamente.
  6. La ecología, que incluye al humano dentro de la ecuación, es mejor consejera que el ambientalismo a rajatabla. Se necesita armonizar la economía con la transición porque si no, la afectación a nuestros pobres puede ser varias veces más impactante que lo que significaría el beneficio que le daríamos a los ciudadanos de los países desarrollados con nuestro esfuerzo. Sí, probablemente nos ayudarían más los europeos, pero comparado a lo que se puede perder podría representar migajas. (ver ¿La tecnología nos salvará del cambio climático?)

 

Equilibrio es la palabra principal.

RAFAEL FONSECA ZÁRATE