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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Rafael Fonseca Zarate

Ordenamiento territorial: hay que superar la desarticulación

En la reciente inundación de la Autopista Norte de Bogotá, un evento que paralizó a miles de habitantes, se reveló con dramática claridad un problema estructural de nuestro ordenamiento territorial: la desarticulación institucional y una baja implementación en el Ordenamiento Territorial (OT). Este caso puntual no es un accidente aislado, sino el síntoma de una problemática más profunda que afecta el desarrollo urbano y ambiental del país.

Los POT son “instrumentos técnicos y normativos de planeación y gestión del territorio; conformado por un conjunto de acciones y políticas, administrativas y de planeación física, que orientan el desarrollo del territorio municipal en el corto, mediano y largo plazo, regulando la utilización, ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural” (Instrumentos, MinVivienda). Pese a que en el marco legal su enfoque tiene en cuenta las complejas interrelaciones que existen entre las dinámicas urbanas, los cuerpos de agua y los ecosistemas regionales, aún su aplicación se observa desarticulada, lo que es particularmente perjudicial cuando se trata de recursos tan sensibles y vitales como el agua. En Bogotá y su región, esto es especialmente evidente en la Reserva Thomas Van Der Hammen y los humedales circundantes, cuyos equilibrios hídricos se ven amenazados por proyectos de infraestructura desarticulados.

La desarticulación institucional: un obstáculo al desarrollo

El caso de la inundación de la Autopista Norte no solo expone fallos en la infraestructura existente, sino también un problema de gobernanza: la multiplicidad de entidades con competencias superpuestas y una falta de coordinación entre ellas. Por un lado, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) velan por la protección de los ecosistemas; por otro, las entidades encargadas de la ejecución de proyectos de infraestructura, como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) o el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), priorizan las necesidades urbanas. Sin una visión integral y concertada que alinee estos objetivos, los proyectos se convierten en una lucha de intereses que termina por entorpecer cualquier solución real.

El ejemplo de esta desconexión es el proyecto de ampliación de la Autopista Norte mediante una estructura elevada que busca, no solo mejorar la movilidad, sino también restaurar los humedales que conectan los cerros orientales con el río Bogotá. Aunque tiene el potencial de reconciliar las demandas de desarrollo urbano con la necesidad de proteger los recursos hídricos y los ecosistemas, su ejecución se ha visto obstaculizada por la falta de articulación entre las entidades responsables. La demora en decisiones muestra las consecuencias de un sistema que no entiende el territorio y las necesidades de sus habitantes como un todo.

¿Por qué necesitamos una visión regional y nacional?

Un enfoque integral, regional y nacional del ordenamiento territorial permite abordar problemas como el manejo del agua, la prevención de desastres y la planificación de infraestructura con una perspectiva más integral que excede la municipal. En lugar de tratar los ríos, humedales y ecosistemas como problemas locales, este enfoque reconoce su carácter intermunicipal y los beneficios que aportan a toda una región. Esto es especialmente relevante para el río Bogotá, cuya cuenca abarca no solo a la capital, sino también a más de 40 municipios de Cundinamarca.

La visión regional y nacional también permite superar los conflictos de competencias entre entidades como el Ministerio de Ambiente, las CAR y los gobiernos municipales. Es necesario establecer el marco de gobernanza que priorice el bien común y facilite la ejecución de iniciativas que equilibren desarrollo y sostenibilidad, y entienda las particularidades locales, integradas a una estrategia coherente que entienda el territorio como un sistema interconectado.

Este marco de acción está debidamente contemplado en la Ley 388 DE 1997, artículo 10, modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, con la visión de niveles superiores como marco rector para la elaboración de los POT municipales, de la siguiente manera: “Nivel 1. Las determinantes relacionadas con la conservación, la protección del ambiente y los ecosistemas, el ciclo del agua, los recursos naturales, la prevención de amenazas y riesgos de desastres, la gestión del cambio climático y la soberanía alimentaria; Nivel 2. Las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizadas dentro de la frontera agrícola…; Nivel 3. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico, arqueológico y arquitectónico…; Nivel 4. El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y regional; fluvial, red férrea, puertos y aeropuertos; infraestructura logística especializada…; Nivel 5. Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo metropolitano”. Esta claro el orden jerárquico.

Además, en la Ley 614 del 2000 se crearon los comités de integración territorial, cuyo objeto es establecer mecanismos de integración, coordinación y armonización de las diferentes entidades competentes en materia de ordenamiento del territorio para la implementación de los POT, y en el Decreto 2367 DE 2015 se establece el “Consejo Superior de Ordenamiento del Suelo Rural como un organismo del Gobierno nacional encargado de formular lineamientos generales de política, y coordinar y articular la implementación de políticas públicas en materia de ordenamiento del suelo rural, considerando factores ambientales, sociales, productivos, territoriales, económicos y culturales…” y su primera función es “Actuar como instancia máxima en la asesoría, coordinación del Gobierno nacional en materias relacionadas con el ordenamiento y planeación del suelo rural”.

Pero el diseño institucional parece no responder completamente a lo establecido en el marco normativo, con buen desarrollo, pero que, su aplicación no es la adecuada y posiblemente por eso encontramos las situaciones de problema en el territorio. Se deben buscar las estrategias bajo las cuales se puedan cumplir las normas, tener análisis de cómo ha sido la implementación de los comités de integración territorial, si en la práctica son utilizados como lo establece la Ley, qué casos de éxito se han tenido y con ese diagnóstico ver si han sido sub-utilizados o si han funcionado adecuadamente, y así tener argumentos para promover mejoras sobre la aplicación de las normas o si se requieren modificaciones a ellas. No se encuentran instrumentos de seguimiento y control en el arreglo normativo ni en el institucional actual, y son necesarios para poder identificar las mejoras y sus prioridades como punto de partida para una mejor aplicación.

Lecciones y Retos

El caso de Bogotá y su región metropolitana deja lecciones claras: la aplicación de la planeación territorial no puede seguir desarticulada si queremos garantizar un desarrollo sostenible. La ejecución de proyectos como los tramos elevados en la Autopista Norte y la ALO demostrarían que es posible integrar el desarrollo urbano con la restauración de los ecosistemas, pero su éxito dependerá de la voluntad política y la capacidad de las entidades de trabajar de manera conjunta. El agua, como recurso esencial, debería ser el eje central de esta visión articulada regional, ya que su manejo trasciende los límites municipales y afecta directamente la calidad de vida de millones de colombianos.

Mientras sigamos abordando los problemas desde una lógica de desarticulación institucional en la práctica, continuaremos enfrentando inundaciones, deterioro ambiental y proyectos paralizados por la burocracia. Adoptar la visión integral, regional y nacional prevista en el marco normativo no es solo una necesidad técnica, sino un imperativo moral para garantizar un futuro sostenible.

Este artículo fue posible por el trabajo en equipo con los expertos ingenieros Carolina Henao y Javier Báez. Agradecimientos especiales por la generosidad con sus conocimientos y su dedicación.

Rafael Fonseca Zarate

Biodiversidad en peligro: una crisis invisible que amenaza nuestra supervivencia

El colapso silencioso de la biodiversidad global

El mundo está enfrentando una catástrofe silenciosa: la pérdida acelerada de biodiversidad. Desde los vastos bosques tropicales hasta los océanos más profundos, el planeta está viendo desaparecer especies a un ritmo que no se había registrado desde la extinción masiva de los dinosaurios hace 65 millones de años. La humanidad ha puesto en marcha lo que muchos científicos llaman la Sexta Gran Extinción, y las cifras son alarmantes: un millón de especies de plantas y animales están en riesgo de desaparecer en las próximas décadas.

Los ecosistemas que sostienen la vida tal como la conocemos están colapsando. Según el Informe de Evaluación Global sobre Biodiversidad de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, 2019), la biodiversidad está disminuyendo en todas las regiones del mundo a una velocidad sin precedentes. En menos de 50 años, hemos perdido cerca del 68% de las poblaciones de animales vertebrados, entre ellos especies icónicas como el rinoceronte blanco del norte, cuyo último macho murió en 2018, dejando a la especie al borde de la extinción (BBC News, 2018). En el Amazonas, los incendios y la deforestación han destruido miles de hectáreas, poniendo en peligro especies únicas como el delfín rosado y el jaguar (WWF Amazon, 2022).

Este colapso no solo afecta a los animales y plantas. La biodiversidad es el tejido vivo del planeta: regula el clima, purifica el agua y el aire, y asegura la polinización de los cultivos que alimentan a la humanidad. La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que la pérdida de biodiversidad agrícola está poniendo en peligro la seguridad alimentaria global (FAO Report, 2019). Por ejemplo, más del 40% de las especies de anfibios están en peligro de extinción, con consecuencias directas para el control natural de plagas y la salud de los ecosistemas de agua dulce.

A nivel marino, los arrecifes de coral, que sustentan a una cuarta parte de las especies marinas, están desapareciendo rápidamente debido al calentamiento de los océanos y la acidificación. Si la tendencia continúa, se prevé que más del 90% de los corales desaparezcan para 2050. Esto impacta no solo a la vida marina, sino también a las economías costeras que dependen del turismo y la pesca (National Geographic, 2018).

El colapso de los ecosistemas: las delicadas conexiones que sostienen la vida

La biodiversidad no es solo una colección de especies exóticas que habitan rincones remotos del planeta. Es un entramado de relaciones complejas y frágiles que sostienen no solo los ecosistemas, sino también la vida humana. Cuando una especie desaparece, sus efectos se extienden en cadena, a menudo con consecuencias devastadoras para la salud, la economía y la seguridad alimentaria de las personas. Tres ejemplos impactantes nos muestran cómo la desaparición de una sola especie puede alterar por completo el equilibrio de la naturaleza y tener efectos directos sobre los seres humanos:

El colapso de los buitres en India: una catástrofe sanitaria

En las décadas de 1990 y 2000, las poblaciones de buitres en la India disminuyeron en más del 95% debido al uso del medicamento veterinario diclofenaco en la reses, que resultó ser letal para estas aves. Los buitres, que juegan un papel clave en la eliminación de cadáveres de animales, vieron sus números colapsar casi por completo en menos de dos décadas. Esto provocó un aumento alarmante de las poblaciones de perros callejeros y ratas, que ocuparon el nicho ecológico que dejaron los buitres. Estos animales comenzaron a alimentarse de los cadáveres que antes los buitres devoraban, lo que disparó la propagación de enfermedades zoonóticas como la rabia. Se estima que este desequilibrio contribuyó a la muerte de unas 50,000 personas por rabia en los años siguientes, junto con enormes costos sanitarios y económicos para el país (Ecological Economics, 2008).

El regreso del ratón en la isla Macquarie: un desastre ecológico

La isla Macquarie, situada entre Australia y la Antártida, es un caso emblemático de cómo la introducción o eliminación de una especie puede desatar un efecto dominó devastador. En la década de 1980, la eliminación de gatos para proteger a las aves marinas en peligro parecía ser una medida ecológica correcta. Sin embargo, al eliminar a los gatos, la población de ratones y conejos —que los gatos controlaban— se disparó, lo que llevó a una sobreexplotación de la vegetación de la isla y la destrucción del hábitat de muchas especies endémicas. El costo de restaurar el equilibrio en la isla ha sido monumental, tanto en términos financieros como en la pérdida irrecuperable de especies nativas (Parks Tasmania, 2017).

La desaparición de los lobos de Yellowstone: la cascada trófica

Un ejemplo icónico de las interrelaciones dentro de un ecosistema es la eliminación de los lobos en el Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos durante gran parte del siglo XX. Los lobos fueron erradicados por considerarse una amenaza para el ganado y los ciervos, pero su desaparición causó un fenómeno conocido como «cascada trófica». Sin lobos, la población de ciervos y alces se disparó, lo que resultó en un sobrepastoreo de plantas y árboles jóvenes como los álamos y sauces, esenciales para la biodiversidad local. Esto afectó a otras especies, como los castores, que dependen de estos árboles para construir sus presas, lo que a su vez impactó los cursos de agua y el ecosistema acuático del parque. Los lobos fueron reintroducidos en la década de 1990, y con su regreso, se restauró el equilibrio ecológico: las poblaciones de ciervos se controlaron, la vegetación se recuperó y las comunidades de otras especies volvieron a prosperar (National Geographic Yellowstone, 2019).

A pesar de la magnitud del problema, la pérdida de biodiversidad es una crisis invisible para gran parte de la opinión pública y los líderes globales. Mientras que la emergencia climática ha ganado mayor atención mediática y política, la destrucción de la biodiversidad se encuentra en un segundo plano, cuando en realidad ambas crisis están profundamente entrelazadas.

La COP16 sobre biodiversidad, que se celebra en Cali, vuelve a ser el escenario en el que los líderes mundiales enfrenten a esta catástrofe ecológica. Pero las decepciones de ediciones anteriores sugieren que no se lograrán las acciones urgentes que se requieren. El hecho de que continuemos priorizando el crecimiento económico a corto plazo sobre la salud del planeta y el sustento de nuestra propia especie, revela una desconexión entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que realmente hacemos y, por lo tanto, una muy precaria inteligencia colectiva humana. Así, el desafío de la pérdida de la biodiversidad no es solo un asunto ecológico o económico, sino ético, de responsabilidad y justicia hacia las futuras generaciones y los otros seres vivos.


Referencias

IPBES. Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019. Disponible en: IPBES Report.

WWF. Living Planet Report, 2020. Disponible en: WWF Report.

BBC News. Last Male Northern White Rhino Dies, 2018. Disponible en: BBC News.

WWF. Amazon Deforestation, 2022. Disponible en: WWF Amazon.

FAO. Biodiversity for Food and Agriculture, 2019. Disponible en: FAO Report.

IUCN Red List. Global Amphibian Declines, 2020. Disponible en: IUCN Amphibians.

National Geographic. Coral Reef Decline, 2018. Disponible en: National Geographic.

Markandya, A., et al. «Counting the cost of vulture decline—An appraisal of the human health and other benefits of vultures in India.» Ecological Economics, 2008. Disponible en: Ecological Economics.

Parks and Wildlife Service Tasmania. «Restoring Macquarie Island: An Environmental Success.» 2017. Disponible en: Parks Tasmania.

National Geographic. «The Wolves of Yellowstone.» 2019. Disponible en: National Geographic Yellowstone.

Rafael Fonseca Zarate

Enfrentando la probable escasez de trabajo futuro en ingeniería

El Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería (EIEI), organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), fue un evento de gran nivel, lleno de presentaciones inteligentes y esmeradamente trabajadas. La semana pasada tuve la oportunidad no solo de asistir al evento, sino de presentar mi visión crítica sobre las amenazas que se ciernen sobre las posibilidades de trabajo de los ingenieros, acompañada de una propuesta concreta para transformar el proceso de educación en ingeniería que ayude en enfrentarlas.

Comencé señalando las tres amenazas que identifico como las más importantes para la pérdida de trabajos de ingeniería: corrupción, globalización e inteligencia artificial. Las dos primeras concentran el trabajo en unos pocos mientras la otra lo reduce en proporciones mayores, aunque lo puede también transformar. A pesar del potencial de nuestros jóvenes ingenieros, el panorama es sombrío, y debemos abordarlo desde una perspectiva positiva, aun cuando la realidad se perfile tan dura.

La corrupción, en el sentido práctico, inhibe la pluralidad en los procesos de contratación reduciendo el número de ingenieros con contratos. La globalización también, porque genera concentración de oportunidades, favoreciendo a grandes empresas extranjeras y dejando sin opciones a pequeñas empresas locales, que antes formaban la base de experiencia para muchos ingenieros (escuelas).

En cuanto a la inteligencia artificial, de la que ya todos estamos sintiendo sus efectos positivos y empiezan a verse los negativos, y que ya no son solo advertencias de los expertos, recordé que hace apenas 5 años Harari predecía que para el año 2030 el 50 % de los empleos, tal como los conocemos hoy, habrán desaparecido. Pero que ya ese término ya no se visualiza tan lejos y en algunos casos ya se está viviendo. Comenté un caso en el que una aplicación de inteligencia artificial tiene la capacidad de elaborar el 80% del documento de formulación de un proyecto público para una entidad estatal en cinco minutos pagando $80,000. Como normalmente una formulación le llevaba a un profesional, que bien podría ser ingeniero industrial o similar, entre 3 y 4 meses, quiere decir que 4 de cada 5 de esos profesionales se quedaron sin trabajo.

Son realidades que nos desafían a repensar la formación y preparación de los futuros ingenieros.

Vulnerabilidades en la Educación de la Ingeniería

En cuanto a las vulnerabilidades del ingeniero hoy en día, abordé las más importantes que afectan su ejercicio profesional (advirtiendo que son generalizaciones que obviamente tienen meritorias excepciones):  la cultura reinante con valores invertidos, el no cuestionamiento para aproximarse a la verdad y la postura pasiva frente a los problemas reales que afectan a sus comunidades, el no arraigo de la filosofía de calidad, la ausencia de criterio frente a la interpretación de códigos y normas, la no comprensión del riesgo como variable de diseño, la falta de preparación para enfrentar al cambio climático, la enseñanza que tiende a ser disciplinaria, lo cual limita la capacidad de los ingenieros de enfrentar problemas complejos que requieren la integración de diferentes disciplinas y saberes, el enfoque predominante que se concentra en la técnica dejando de lado el componente social de la profesión, los conocimientos limitados del territorio en que se desarrollan los proyectos, las limitaciones en la capacidad de emprendimiento, gerencia, liderazgo y trabajo en equipo, entre otras.

La Transformación de la Educación

La propuesta que presenté se basa en los Pilares 8C y en la Resignificación de la Ética para la transformación necesaria. Representan una visión integral de la educación, que busca preparar a los ingenieros no solo técnicamente, sino con un sentido de compromiso social y una ética sólida. Abandonar la enseñanza en ingeniería y asumir el reto pleno de la educación de ingenieros.

Los Pilares 8C se pueden sintetizar así:

Constructivista: Promover el aprendizaje activo, donde el estudiante sea protagonista y construye su propio conocimiento enfrentando problemas reales. La enseñanza debe ser aplicada y práctica.

Crítico: Desarrollar el pensamiento crítico es esencial para sobreponerse a este nuevo mundo de información y desinformación. Atreverse a cuestionar el conocimiento vigente es parte del mejoramiento.

Complejo: La enseñanza debe fomentar un pensamiento complejo, que conecte los diferentes aspectos de un problema y lo aborde de manera multidisciplinaria. La ingeniería debe trabajar de la mano con otras áreas del conocimiento.

Calidad: La calidad debe ser un compromiso moral y no solo técnico. Hacer bien el trabajo desde la primera vez es una responsabilidad hacia la sociedad.

Criterio: Fomentar el criterio para tomar decisiones fundamentadas y contextualizadas. Los ingenieros deben tener la capacidad de evaluar la mejor solución para cada problema, teniendo en cuenta sus implicaciones sociales y el entorno.

Curiosidad: La curiosidad es el motor del aprendizaje continuo. Debemos motivar a los estudiantes a seguir explorando, innovando y cuestionando, aun después de graduarse.

Colectivo: La ingeniería tiene un papel colectivo. Los ingenieros no solo deben ser técnicos, sino también actores sociales, comprometidos con el bienestar de la comunidad. Por otra parte, hay que educar para el trabajo en equipo, la colaboración y el liderazgo, puesto que todos los trabajos en ingeniería requieren una gran interacción.

Cambio: Finalmente, el Cambio es un pilar fundamental. La única constante es el cambio mismo. Los ingenieros deben aprender a adaptarse, a desaprender y a liderar transformaciones.

Reconfiguración de la Ética en la Educación de la Ingeniería

El componente ético fue un aspecto que destaqué especialmente. En un país como Colombia, más que una asignatura la ética debe ser una vivencia constante durante todo el proceso educativo si se quiere que eche raíces fuertes en la mente de los futuros ingenieros. Es en la universidad, donde los estudiantes tienen la oportunidad de experimentar y desarrollar un sentido ético sólido, práctico, que guiará todas sus acciones futuras. Lejos de cumplir reglas y normativas solamente, se trata de formar un compromiso personal y consciente con hacer las cosas bien, con generar bienestar para su sociedad y respetar el ambiente.

La ética práctica debe impregnar cada actividad formativa, desde los talleres y prácticas hasta los proyectos reales. Esto implica que los profesores, además de enseñar la técnica, deben ser ejemplos de actuar ético. Mencioné en la presentación: “El ejemplo no es una forma de educar, es la única manera de educar”, una cita atribuida a Albert Einstein. Necesitamos que los estudiantes vean la ética como algo tangible en sus profesores, que aplican en cada decisión y que tiene un impacto real.
La Última Esperanza de Rescate y Transformación

La vivencia ética en la universidad es la última frontera de esperanza que tenemos para rescatar al país de la corrupción y devolverle un camino de construcción de bienestar. Los ingenieros que estamos formando hoy serán quienes construyan el país del mañana. Necesitamos que tengan las habilidades técnicas necesarias, sí, pero, sobre todo, que tengan el coraje, las herramientas y la integridad para enfrentar los desafíos del futuro con compromiso y ética.

Durante el EIEI, mi mensaje fue claro: la transformación de la educación en ingeniería es urgente. No podemos conformarnos con graduar profesionales técnicamente, no serán competentes si no tienen el sentido ético práctico, y la capacidad de liderazgo que el país necesita. La ingeniería debe retomar el liderazgo de transparencia, de calidad, de compromiso social y de progreso. La universidad, como el lugar donde se forjan las mentes de nuestros futuros ingenieros, debe ser el espacio donde se viva y se desarrolle la ética práctica. Así, podremos enfrentar un futuro incierto y sombrío, y transformar nuestras vulnerabilidades en oportunidades para construir un país mejor para todos.

¡Únete a la reflexión y ayuda a construir el futuro que necesitamos!

Rafael Fonseca Zarate

Lockout o knock out camionero

El significado de lockout es un cierre patronal (empresarios), inverso a las huelgas de trabajadores, que se usa para presionar que los empleados acepten a la fuerza alguna medida que quieren los patrones. O para forzar a que los Gobiernos cambien políticas públicas (Álvarez, 2024).

El término resultó no aplicando bien al uso dado por el presidente Petro durante el paro camionero: no eran los empresarios del transporte los que estaban haciendo el paro sino los pequeños propietarios de los camiones; así lo indican los resultados del levantamiento del paro (Medina, Rodríguez, 2024).

El mercado del transporte son realmente dos mercados y no uno. El nivel de arriba (por ponerle un nombre) es entre los generadores de la carga (los clientes, industriales y comerciantes, es decir, la demanda de transporte de carga) y los empresarios del transporte (las empresas habilitadas por el MinTransporte, que según el Registro Nacional de Despacho de Carga -RNDC- fueron 2,003 en el 2022 que son la oferta), y el nivel de abajo entre los empresarios del transporte (que en este nivel son la demanda de camiones para transporte de carga) y los propietarios de los vehículos de carga (en este caso, los camiones, que según el RNDC en el 2022 fueron 143,762 vehículos de todas las especificaciones los que hicieron los 10,571,701 de viajes que fueron respaldados por Manifiestos de Carga, que es el documento oficial que respalda la legalidad de  cada viaje en el territorio nacional). Pero las cifras oficiales registradas en el RNDC pueden tener subregistro, y tampoco registran los viajes urbanos en general, lo cual deja por fuera a los camiones pequeños de reparto, las volquetas y camiones de la construcción, como ejemplos, que sí participaron activamente en el paro y no era lo usual.

En esos dos mercados las transacciones son principalmente pactadas por fuerza del propio mercado. En el mercado de abajo, los camioneros, como se conocen, el 82% de los camiones pertenecen a un propietario que tiene uno, dos o hasta tres camiones, es decir, aún muy democratizada la propiedad. No es exactamente que cada conductor maneje su propio camión, pero a veces sí coincide. El resto, como en todos los mercados, la propiedad se ha ido concentrando en los empresarios de transporte (que son grandes y medianos propietarios), pero no lo suficiente como para transportar toda la carga demandada. Por supuesto, los empresarios usan primero sus camiones que los del mercado de los camioneros, y salen a contratarlos buscando las mejores negociaciones posibles.

Conociendo lo anterior y la lógica del traslado de mayores costos a la tarifa explicado en el artículo precedente ¿Por qué es errado el paro camionero por alza al combustible? (Fonseca, 2024), se puede comprender que el meollo del paro no era el aumento del precio del combustible, sino la dificultad que los pequeños camioneros tienen para trasladar a su precio (los fletes de mercado) a los empresarios.

El Gobierno, representado por el ministro de Hacienda, como todo tecnócrata, no le veía problema a la subida puesto que suponía que los agentes del mercado (los camioneros y los empresarios) la trasladarían con sus fletes a sus clientes y así sucesivamente, como lo explicamos en el artículo anterior. Lo que evidencia el Gobierno a través de su ministra del Transporte, es que los camioneros necesitan ayuda para esa transferencia porque sus clientes (los empresarios) la resisten y logran evitarla.

Esa ayuda se hace a través de regulación del mercado. No es nueva. En 1995 se introdujo la Tabla de fletes (1995) para intentar acabar los paros sucesivos de la época, y que fue reemplazada en 2011 por el Sice-tac para calcular los fletes (costos mínimos que deberían pagarse por un viaje) para cualquier trayecto, tipo de camión y de carga, y condiciones del servicio (Mariño, 2021).

Para calcular un flete se requieren no solo los datos del trayecto y los consumos específicos promedio del camión tipo para calcular los costos variables en cada viaje, sino también el número de viajes al mes que debería lograr un camión en condiciones normales (que dependen de los tiempos de la operación, es decir, de la logística aplicada, buena o mala) para distribuir los costos fijos en cada viaje, y así, sumando todos los costos por viaje y dividiendo por el número de toneladas por viaje, obtener el flete que es igual al costo por tonelada transportada. En cada paso hay muchas variables y también la posibilidad de introducir distorsiones.

El mayor cuidado está en el número de viajes por mes: si hay poca carga (en general en el país) los camiones hacen menos número de viajes al mes y así los camioneros querrán reflejarlo en el Sise-tac, por lo que los fletes calculados serán más altos. Lo que se logra es el flete mínimo para cubrir la ineficiencia del mercado, por tener más camiones de lo requerido, o sea, en vía contraria a la competitividad del país, y emitiendo mensajes incorrectos a estos mercados. Este es uno de los serios problemas de esta forma de regulación. Un knock out para la economía si se aplicara la regulación.

El otro gran problema de esta regulación, y ya demostrado tozudamente en estas últimas tres décadas, es que su implementación es casi imposible. Durante los primeros dos o tres meses, la policía de carreteras controla las transacciones del viaje a través de los Manifiestos de Carga registrados en el RNDC y consultados en línea desde el celular del agente en la carretera que le reporta a la Superintendencia de Puertos y Transporte, que a su vez levanta casos en contra de las empresas y así las obliga a cumplir con los mínimos que se establecen en la regulación. Pero al cabo de ese breve tiempo, la fuerza del mercado ha terminado por hacer olvidar el control, hasta finalmente desaparecer.

Por lo que se puede avizorar que entre más fuerte sea la promesa del Gobierno de cumplir con ese tipo de regulación, por más buena intención, más probable será que el paro vuelva tarde o temprano, con una temporada anual como teníamos antes. Y faltan $5,600 por galón, porque los $400 logrados por el Gobierno solo son el 6.7% de su meta de alzas en el precio. Otro knock out para la economía cada vez que ocurra.

El difícil reto para los camioneros y el Gobierno es buscarle una salida sostenible a la situación problemática y crónica. Seguramente sí pasa por medidas restrictivas como la limitación del parque automotor con su debido programa de chatarrización y las obligadas medidas anticorrupción para prevenir las mafias en ese programa. Pero no es suficiente y tendrán que usar su mayor capacidad innovativa para que los camioneros integren empresas fuertes de logística que actúen en el mercado y que puedan defenderlos en el traslado de los aumentos de costos a las tarifas y que al mismo tiempo deban competir para que la regulación no termine castrando las mejoras en competitividad logradas por mejor eficiencia proveniente de una mejor logística de algunos empresarios o las inducidas por avances tecnológicos de los equipos. 

La solución de fondo la planteamos en el artículo Racionalizar antes que decrecer (Fonseca, 2022); teniendo en cuenta que en el transporte de carga el desperdicio de energía llega al 65% en los motores de los camiones y que el factor de eficiencia actual es del 30% para el total del parque (relación entre los rendimientos actuales con respecto a los rendimientos de la mejor tecnología disponible) (UPME, 2019), es la racionalización del consumo de combustible con la conversión de los camiones viejos a nuevos, que cambian radicalmente los consumos (hay que acelerar al máximo el programa de chatarrización) y tan pronto como se pueda, su electrificación (cuya energía debe asegurarse que provenga de fuentes limpias). Solo así se esquivaría el knock out que podríamos seguir encubando.

Rafael Fonseca Zarate

¿Por qué es errado el paro camionero por alza al combustible?

El origen del alza no es de este gobierno. En Colombia estamos subiendo gradualmente los combustibles para recuperar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles -FEPC- que tenía un enorme déficit estimado a  finales de 2022 entre $25 billones y $30 billones (MinHacienda, 2022), generado por la suspensión de esta recuperación durante el Gobierno Duque como medida anti-inflación para ayudar a los afectados por la pandemia, y que según el ministro de Hacienda ha generado un subsidio al combustible Diésel (ACPM como lo conocemos) de 56 billones este año (Alguero, 2024).

El fondo está diseñado para amortiguar los efectos internos de las fluctuaciones de los precios internacionales, importaciones de las que dependemos entre un 20% a 30% para cubrir la demanda nacional (Arenales,2023), y que “en la práctica ha funcionado efectivamente como un subsidio a los precios de los combustibles” puesto que a los Gobiernos les ha tocado ir cubriendo sus déficits, que dicho en otras palabras, que se han generado porque en los últimos años el precio internacional ha subido más de lo que ha bajado en sus fluctuaciones normales en los mercados. Hay que eliminar los subsidios a los combustibles, no sólo por la precaria situación fiscal del país, sino para seguir la lógica de la transición energética que toda la humanidad requiere (Fonseca, 2023).

Dice el ministro Bonilla en sus intervenciones de estos días, que los camioneros habían sugerido alzas puntuales fuertes para el combustible Diésel (ACPM como lo conocemos localmente) y no las graduales mes a mes. La razón es que para el negocio del transporte es muy difícil subir los fletes a sus clientes cada mes y es más razonable hacerlo una sola vez por año o al menos una vez por semestre. Pero los bloqueos tan severos actuales enseñan que no se les pueden creer sus sugerencias.

Esta protesta recuerda los paros que durante una década y media soportamos cada año hasta hace relativamente poco. El camionero, aunque no es un gremio bien definido, ni compacto ni unido, sí tiene la capacidad de generar caos fácilmente para toda la sociedad y pérdidas estimadas en USD 300 millones por día (Moreno, 2024). Y como es fácil atentar contra un camión que no apoye el paro y hacerle un daño que cueste mucho dinero, puede aglutinar a la fuerza una protesta mayor.

Paradójicamente, cuando un camionero hace una protesta contra un aumento en el combustible significa que no entiende el contexto completo del negocio en el que está, en el cuál es sólo un eslabón de una cadena más grande que no empieza ni termina con el transporte. Si hay aumento en el precio del combustible debe haber aumento en los fletes. Sin mayor discusión.

Pero lo que sí saben los camioneros es la dificultad de subir los fletes a sus clientes. Es un mercado abierto, en donde siempre hay algún competidor más necesitado o con una estructura de costos distorsionada, principalmente por el costo de capital que representan los camiones viejos que, en teoría, y solo en teoría, hacen lo mismo que los nuevos (mayores costos en consumos, mantenimiento y sobre todo, la menor disponibilidad) del cual se aprovechan sus clientes que tienen el poder de mercado. Esos clientes se resisten y mientras los transportadores logran subir las tarifas, el mayor costo del combustible les baja directamente la utilidad. Deberían enfocarse en lograr el aumento en sus fletes y no en tratar de presionar a las malas para volver a bajar el precio del combustible. En esta contienda errada “pasan de agache”  los clientes del transporte (empresas productoras y comercializadoras), quienes a su vez, cuando les llegue el mayor flete también lo transferirán a los precios finales de sus productos, con lo cual habrá un aumento en la inflación.

El impacto del aumento del combustible sobre los fletes es del orden del 40% (según la Asociación Colombiana de Camiones, García, 2024) y a su vez esos fletes participan en la estructura de precios de los productos en muy variada forma, que al subir, finalmente se traducirán en mayores precios al mercado y así en mayor inflación: según el ministro de Hacienda será de 1.4% al final del año (Alguero, 2024).

Este efecto inflacionario es un problema para el Gobierno Nacional que debe enfrentar y manejar, y no es de los camioneros que no tienen ninguna posibilidad de gestionar, como para tratar de argumentar que con su protesta violenta están defendiendo la canasta familiar de los colombianos.

Lo mismo en el caso de los buses, en donde el impacto para la ciudadanía usuaria es directo; hay que subir los pasajes si no se quiere desmejorar el negocio de los transportadores, y esas nuevas tarifas deben arreglarlas con los Gobiernos locales en sus municipios.

Camioneros y buseteros deben estar enfocados en cómo compensar los efectos de este mayor costo con mayores tarifas y no pretender que el Gobierno les arregle lo que no puede: concertar fletes en un mercado diseminado entre muchísimos privados o aprobar tarifas de servicios públicos que son del orden local. Y menos, con las vías de hecho perjudicando en forma grave e injusta a los demás ciudadanos.

Rafael Fonseca Zarate

Destello en contra de la corrupción en la contratación estatal

La semana pasada ocurrió un hecho de gran importancia para todos los colombianos, que pasó completamente desapercibido. Por lo tanto, hay que rescatarlo, resaltarlo y felicitarlo.

Desde esta columna hemos sido parte, desde hace años, de una cruzada que busca proteger los recursos públicos de la contratación pública que se esfuman ilícitamente y principalmente en lo que se conocen como los contrataderos1.

La semana pasada, el secretario de la Transparencia de la Presidencia de la República logró que 285 mil millones de pesos aprobados en el OCAD PAZ estuvieran librados de la “intermediación” de este tipo de entidades que facilitan y normalmente se usan para la más grande corrupción en nuestro país. En las propias palabras del secretario Idárraga: “Para la nueva convocatoria de proyectos y por solicitud de la @STransparencia …se decidió que tanto el ejecutor de los proyectos como el responsable de la interventoría serán únicamente los municipios que presentaron los proyectos o los departamentos, evitando así la contratación a través de fondos mixtos o asociaciones de municipios”, “solicitamos al OCAD PAZ garantizar el pleno cumplimiento de la Ley 80 de 1993 en la ejecución de los recursos de la Paz, por lo cual, las figuras jurídicas que pretendan saltarla (fondos mixtos o contrataderos) deberá estudiarse su exclusión como ejecutantes de recursos de la paz, debido a los altos riesgos de corrupción que pueden generar…” (Idárraga, 2024). Se entiende que el Departamento Nacional de Planeación DNP aceptó esta solicitud (Medina, 2024).

Sobre los contrataderos hemos explicado cómo funcionan en artículos anteriores. En resumen, son entidades formadas por los municipios y gobernaciones, con régimen privado, a la que se les encargan los procesos de contratación de las entidades gubernamentales con el fin principal de saltarse la Ley 80 de 1993 o Estatuto de la Contratación Pública, y así no cumplir con sus normas y controles, y por el contrario, tener la libertad que da el régimen privado de contratación, que permite ampliamente escoger al que se quiera que sea el contratista, sin control alguno de los recursos públicos, originando así un enorme boquete por donde se cuela la corrupción a borbotones. Lo que logró el secretario Idárraga fue precisamente lo que vehemente solicitamos en el artículo “La estrategia anticorrupción que sí serviría” (Fonseca, 2024).

Esta es quizás, la más grande vena rota que tenemos en Colombia, en donde los políticos, desde congresistas y altos funcionarios hasta alcaldes, en un enorme contubernio a plena luz del día y completamente conocido por todos los agentes del Estado, incluyendo por supuesto, a las entidades de control (Procuraduría PGR y Contraloría CGR) que no actúan cumpliendo su misión, y mediante el cual logran llevarse ilícitamente los recursos monetarios de todos nosotros todos los días. Todos traicionando al país.

Gracias al secretario Idárraga por su tesón; sabemos que no es fácil lograr éxitos yendo contra la corriente principal y generalizada de la corrupción, para proteger los recursos públicos de las manos criminales de tantos corruptos.

Buen ejemplo. Solo a partir del ejemplo podremos recuperar al país.

Por favor ¡siga adelante!

1 CONTRATADEROS es un neologismo inventado por el ingeniero Rodrigo Fernández, experto en contratación pública.

Rafael Fonseca Zarate

Destruyendo lo construido: pliegos tipo en contratación pública

Por estos días Colombia Compra Eficiente -CCE-, la Agencia Nacional de Contratación Pública, está circulando su proyecto de reforma a los pliegos tipo, sector transporte, por el cual deben regirse las licitaciones siguiendo la Ley 80 de 1993, que pretende darle trasparecía a estas compras estatales.

Como sabemos, lo que no se licita por esta vía, que debería ser la oficial, se puede contratar con procesos desde entidades creadas para saltarse esta ley y poder incumplir los controles que exige (llamados contrataderos1), y en cambio, con régimen privado se contrata con dinero público sin someterse a los controles debidos, abriendo la puerta a una enorme corrupción (Fonseca, 2024).

Uno de esos controles son los pliegos tipo, que ayudan a evitar que las licitaciones se hagan con pliegos sastre, o a la medida de quien se la va a ganar en un proceso corrupto de punta a punta. Son tipo porque las condiciones que se deben incluir en la convocatoria a la licitación son estándar para el grupo (tipo) al que pertenece la licitación; si se saltan, y se hacen a la medida del que los funcionarios de la entidad que va a contratar quieren que se la gane, son sastre (a la medida de ese que se la va a ganar con trampa).

Su primera versión empezó a regir el 1 de abril de 2019, después de una dura campaña de la Cámara Colombiana de la Infraestructura -CCI- y de la Sociedad Colombiana de Ingenieros -SCI- llevada a cabo desde 2003 (¡16 años!). Se demostró una y otra vez la necesidad de los pliegos tipo con estudios sobre la prevalencia de únicos oferentes y pliegos sastre. La última versión, la 3, está vigente desde 1 enero desde 2021. La 4 entraría a regir este 15 de agosto.

Lamentablemente trae algunas “reformas” que deben ser corregidas: se pretenden reeditar problema superados de la versión 2, que fueron arreglados con gran dificultad y gastando energía por los gremios y funcionarios de CCE, que consisten en que se califiquen regalos que deben hacer los proponentes para ganarse las licitaciones. Esos regalos tienen que ver con encimar trabajos o acciones de sostenibilidad y de carácter social, que no se encuentran en el alcance de los pliegos. Es decir, que los contratistas deban atender por cuenta propia requerimientos que no están acotados en el documento, lo cual no tiene sentido puesto que se trata de desarrollar actividades que no tienen remuneración. Obviamente, los contratistas no pueden hacerlo porque se supone que su oferta se calcula con un presupuesto que se basa en actividades pagas. Pero como da puntos, obliga a los proponentes a otorgar regalos en contra del costo, lo que también abre una compuerta para que se pueda pactar ilícitamente con el que se quiere que gane, y que, en últimas, se vuelve más costo porque al final la entidad le pagará al contratista seleccionado con trampa a través de reclamaciones durante el contrato o mecanismos similares. Lo correcto sería incluir estas actividades en el alcance del proyecto y por ende, en el presupuesto oficial, no solo para no exigir a los contratistas algo indebido, sino para que no se abra esa compuerta a la corrupción.

Y no se aprovecha esta reforma para para corregir un error que viene desde la versión 1 que consiste en otorgar la posibilidad que el contratante establezca o no dar anticipo. En este punto hay una lógica inversa que no se ha querido comprender por parte del Estado (léase, los funcionarios de paso, incluyendo al vicepresidente Vargas Lleras).

Para sacar una licitación de obra pública, la entidad debe tener la disponibilidad presupuestal (Ley 80 de 1993, artículo 25 numeral 6, en virtud del principio de economía), o la plata en caja para entender fácil. Los contratistas de obra pública no deben ser, por lo tanto, financiadores del Estado en ningún sentido. Si se quisiera que el contratista financiara al Estado en un proyecto, la figura correcta sería la concesión (o la Asociación Pública Privada, que es también una concesión) y no la obra pública.

Esto, de paso, también echa por tierra la calificación de liquidez, capital de trabajo patrimonio y peor, cupos de crédito preaprobados, que deben acreditar los proponentes, porque no se requiere que el contratista sea un magnate para ganarse el contrato, sino que demuestre que sabe hacer bien el proyecto y que es bueno en gestionar recursos, y sobre todo tiene los conocimientos y la experiencia profesionales requeridos. El problema gravísimo detrás de esto es que con esas exigencias por fuera del ordenamiento legal que se deriva de la lógica de la disponibilidad presupuestal, es que se propicia que haya concentración de la contratación porque solo los poderosos (con finanzas poderosas) pueden ganar las licitaciones, y por ahí se abre nuevamente una enorme compuerta a la corrupción al exigir indicadores financieros altos que solo cumpla el previamente seleccionado con trampa, e incluso algo todavía más grave para el país, que es la posibilidad de lavado de dineros del narcotráfico, acompañado ahora con la participación de verdaderas mafias de la contratación combinando todos los males que nos afectan.

Volviendo al anticipo, la ley permite otorgar hasta el 50% del valor de la oferta y el % que determine la entidad debe estar debidamente argumentado en los estudios previos. Con base en el párrafo anterior, no habría ningún soporte válido para no dar anticipo.

La argumentación en contra provino desde 2010 de la tesis de que se estaban usando los anticipos para corrupción (Vargas, 2023), lo cual es simultáneamente cierto. En esto sucede una paradoja como la de «los efectos del oxígeno al cuerpo humano, se necesita para vivir, pero también es el responsable de la oxidación de las células, que las envejece y termina por agotar la vida«. Con los anticipos, los contratistas deberían cubrir los gastos iniciales para arrancar las obras y adquirir suministros iniciales (o lo que corresponda en el contrato), pero también se sabe que con esos recursos se pagan las mordidas o coimas que se les exigen (u ofrecen, o ambas) para ganarse el contrato; esto sucede fácilmente sí hay conjunción con las exigencias de indicadores financieros altos porque al asegurar que el proponente a seleccionar es poderoso económicamente, se descabezan a los demás, y con los precios al tope del presupuesto oficial* se cuadran ilícitamente las cuentas de todos (funcionarios y contratista) (*se supone que un sistema de competencia para seleccionar un contratista en un proceso licitatorio daría como resultado los menores costos para el Estado, o sea, montos por debajo del presupuesto oficial, lo cual es muy raro que suceda en nuestro país; esto significa que no sirve para nada el sistema de competencia en las licitaciones). Dadas estas realidades, lo indicado sería dar anticipos, por aquello que el contratista de ninguna manera debe financiar al Estado y que se necesitan contratistas que requieran anticipos para no concentrar la contratación pública y cerrar el paso a posible corrupción y lavado de dineros mal habidos, pero que fueran lo más pequeños posibles para que no estimularan los mecanismos de corrupción anotados. Ese % debe estar calculado para el proyecto específico, debería ir en los estudios previos, debería incluirse en los procedimiento de los pliegos tipo (CCE) y debería ser controlado por las entidades de control (PGR y CGR).

Un llamado a Colombia Compra Eficiente y a la entidad con la cual tiene su dependencia, Departamento Nacional de Planeación -DNP-, para que se tengan en cuenta estas otras aristas que tienen estos difíciles procesos en condiciones de corrupción generalizada, lo que exige considerar todos los detalles, algunos paradójicos y otros que no parecen influyentes, todos al mismo tiempo. No se puede simplificar. La lucha contra la corrupción es muy difícil, pero se puede, y una parte esencial es cerrar estas brechas anotadas. Y por supuesto, no destruir lo que con tanto esfuerzo ya se había construido.

Notas:
1 El término “contrataderos” lo acuñó el ingeniero Rodrigo Fernández quien es experto en contratación pública y conocido por sus trinos alertando por procesos amañados en los que seguramente hay corrupción.

Rafael Fonseca Zarate

Doña Segunda: la instrumentalización de la ética relativa

En los últimos días ha habido una nueva ola de polarización alrededor del cierre por tres días del negocio de doña Segunda, una fritanguería famosa que queda en el barrio12 de octubre de Bogotá que lleva 6 décadas en el mercado.

De la misma forma la DIAN había cerrado por tres días otros 18 negocios, como Jumbo (¡sí, Jumbo!!) del centro comercial Santa Fé, pero esa no era una noticia explotable políticamente hablando. En cambio, la de doña Segunda sí: una pobre mujer vieja a la que la DIAN estaba abusando; en realidad ella no es pobre desde hace tiempo, pero luce como tal y su imagen se puede explotar para tal efecto. El año pasado se cerraron 3300 establecimientos y este año ya llevan 119 (Morales, 2024).

El cierre, dijo la DIAN, es por no haber cumplido con el procedimiento de facturación electrónica (Valencia,2024), que ya le tocaba tener expidiendo las facturas electrónicas. “Los cierres de la @DIANColombia son el resultado de un proceso que agota cada una de las instancias en los tiempos establecidos por la norma, los cuales están sujetos a un riguroso sustento jurídico y probatorio” (DIAN, 2024). Nada excepcional, sino un procedimiento estándar, siguiendo un debido proceso: el establecimiento fue visitado el año pasado “para ver cómo estaba facturando y explicarles que debían implementar la factura electrónica, en una especie de capacitación. Como no lo hizo, el negocio fue sancionado…” (Salinas, 2024)

Pronto empezaron los medios a hacer su magia. Salió entrevistada con dolor, sorpresa e indignación. Habló de atropello, que ella ayudaba a mucha gente que dejaron sin trabajo; según ella no había hecho nada malo, que no le estaba quitando nada a nadie, que ella pagaba impuestos y tiene en orden todo (lo correspondiente a lo que le exige la ciudad para ese tipo de negocios).

Y las editoriales amplificaron el mensaje con frases altisonantes contra la DIAN; un ejemplo: “la pusieron a llorar… show mediático… no tener facturación electrónica no significa evadir impuestos… la prefieren llorando que haciéndole el acompañamiento… esas lágrimas de doña Segunda casi que son las lágrimas de los cientos de emprendedores… lo que se necesita es un plan de choque económico ¡claro! duro muy, duro con los pequeños empresarios…” (Gómez, 2024). En forma convincente, la periodista vuelve a doña Segunda una víctima y a la DIAN un ente victimario monstruoso. Usa cinco falacias lógicas en su discurso: la DIAN no puso a llorar a la señora; el show mediático realmente es el de los medios; no tener facturación electrónica no significa evadir impuestos es algo que la periodista no sabe; casi que son las lágrimas de los cientos de emprendedores… una generalización que no tiene cómo sustentar; lo que se necesita es un plan de choque económico, hubiera tenido que cumplir el mismo procedimiento así estuviéramos en una bonanza económica; ¡claro! duro muy, duro con los pequeños empresarios, el mismo procedimiento se le había aplicado a negocios muy grandes como Jumbo, pero le permite hacer un cierre que despierte rabia. En el mismo medio aparece una entrevista a doña Segunda, la que el periodista prácticamente le dice a la señora qué decir para que luzca dramática (Barragán, 2024). El meollo no es otro sino criticar al Gobierno al que le hacen oposición, no importando si se usan argumentos falaces.

Ya de estos medios se conoce su habilidad para intentar manipular a la opinión pública. Pero la enfermedad contagió hasta profesores universitarios que hacen una defensa al incumplimiento de la ley; un ejemplo: “Que triste el papel de la DIAN y del gobierno persiguiendo a personas vulnerables que trabajan día a día para salir adelante. Infame” (Jaramillo, 2024) quien es economista y administrador, director del Centro de Gerencia y Empresa de una prestigiosa universidad y columnista de un diario importante; la tristeza es que, con su trino, falaz también, hace implícitamente una apología a saltarse la ley porque es una persecución del Gobierno (que nuevamente, es el objeto de la publicación) … ¿que entenderán sus estudiantes y qué aprenderán con su ejemplo?

De exactamente la misma forma el director de Fenalco salió al ruedo solidarizándose con la señora, porque “la ausencia de la factura electrónica no puede ser vista ni tratada como evasión”, asunto que ya vimos que no puede saber un opinador sobre el caso, argumentando que “una persona de la tercera edad (dramatizando), que genera empleo y paga impuestos (mientras no lo demuestre con documentos no puede saberlo y por tanto, no puede usarlo como argumento) merece un trato digno (exigir el cumplimiento de una disposición legal no puede ser considerado como indigno), como miles de colombianos que luchan día a día por sacar adelante a su familia (dramatizando) (Cabal, 2024).

Lo primero que hay que recordar es que la facturación electrónica fue aprobada en el anterior Gobierno, y que la DIAN es una institución del Estado colombiano y no del Gobierno de turno. Por lo tanto, los ataques se basan en argumentos falaces para mostrar a la DIAN de Petro como la mala del asunto, perdiendo completamente la perspectiva: el que no cumple con lo dispuesto en las leyes es el malo de este tipo de casos. Vergonzoso viniendo de gente tan ilustrada e importante.

Como doña Segunda es (o se parece) a una vieja pobre y llorosa e indefensa es una buena víctima para llevar un mensaje de ataque al Gobierno Petro. Esto recuerda la frase de Nietzsche: “…Si matas a una cucaracha eres un héroe. Si matas a una mariposa eres malo. La moral tiene criterios estéticos” (Dominguez, 2022). La instrumentalización de doña Segunda para servir a un propósito diferente al drama que ella misma se propició, está basado en la que la ética se aplica con relatividad estética: a nadie conmovería que se hiciera todo este despliegue mediático con opinadores tan ilustrados luciendo indignados, si el caso fuera el de Jumbo.

Esta reflexión, y no una sonsa defensa a este Gobierno, es lo que nos ocupa: la ética se relativiza según se necesite por personas que, por tanto, no son éticas.

Es parte de la doble moral que nos caracteriza a los colombianos en todo lo que alegamos (generalizando). Y eso que no hemos traído la mejor “razón” de todas: “para qué pagar impuestos si se los roban” (de la (no)sabiduría popular).

Los que no pagan impuestos hacen que los que sí pagan, paguen más y, por lo tanto, aunque no les estén robando directamente, sí los están perjudicando de hecho. ¿Con base en qué razón ética tendríamos que defender esta posición? A no ser que seamos del grupo de los evasores y corruptos, o de los que son capaces de instrumentalizar a una señora de edad para hacerle oposición al Gobierno, oficio en el cual, la ética es desconocida.

Rafael Fonseca Zarate

Dar ejemplo no es parte de la lucha contra la corrupción

«Educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única» (frase atribuida a Albert Einstein) que no necesita mayor argumentación, debido a que prácticamente todos hemos experimentado en algún momento de la vida la efectividad de lo que significa. Pero parece no tener cabida en la lucha contra la corrupción.

Esta semana salió el informe de Transparencia por Colombia de lo sucedido entre 2016 a 2022 en materia de corrupción (Así se movió la corrupción en Colombia entre 2016 y 2022! Radiografía de los Hechos de Corrupción en Colombia) que elaboraron con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Para quienes prefieren escuchar, la presentación de Roberto Pombo en su podcast es muy buena (¿es posible acabar con la corrupción?). Pero también hay menciones en casi todos los medios. El del Espectador recuerda los números clave que citaré aquí (Entre 2016 y 2022 se perdieron $21,28 billones por corrupción en Colombia).

Con las cifras publicadas se puede estimar que el 15% de la contratación del Estado se va en corrupción. Señala que de los 1.243 hechos de corrupción el 32.26% ocurrieron en el Gobierno Nacional, el 28.48% en las Alcaldías y el 11.56% en las Gobernaciones; visto desde los sectores, el 21% en Defensa, 10% en Judicial, 9% en Educación, 8% en Vivienda, 8% en Salud y 7% en Transporte. Pero, hay que señalar, que estos % están referidos al número de hechos y no a los montos; es muy posible que cambie el ordenamiento en tipos de entidades y sectores si se hace por los montos, subiendo el % de las Alcaldías, donde se sabe que el flagelo es de proporciones enormes.

En el podcast de Pombo se añade un dato que hemos escuchado desde hace años: la Auditora de la Nación estima en 50 billones anuales el problema de la corrupción en el país; la primera vez que se dijo lo hizo la Contraloría, hace unos años. Esta cifra es mucho más grande a la del informe, lo que da indicios de que el problema pueda ser más grande, sin quitarle ninguna credibilidad al importante trabajo que hace Transparencia y su aliado universitario, basado en casos publicados; seguramente faltan muchos que no se saben ni están publicados.

Las propuestas de solución para el gravísimo problema de la corrupción en la contratación pública (aunque es en todos los sectores, en todo el país) han apuntado al castigo a través del endurecimiento de la ley y mayores penas; aun así, hasta el momento, no se ha mellado en nada y su tendencia sigue creciente, muy creciente.

La conclusión que expone Pombo en su análisis es un poco paradójica: solo se requiere que haya voluntad política para arreglar el problema. Fácil conceptualmente, pero como sabemos, toda reforma que conduzca a este tipo de solución pasa por el Congreso, es decir, por los políticos, muchos de los que muy lamentablemente han estado envueltos en los escándalos de corrupción en la contratación pública, y que por lo tanto va a ser difícil, sino imposible, que exista esa voluntad política. No les conviene, aunque sea una traición a sus electores y al país, puesto que priorizan su bolsillo ilícitamente. “Entrampados” como dice el entrevistado Humberto de la Calle ante esta situación.

Como no se puede cambiar lo necesario en la ley entonces hay que endurecer las penas. Las propuestas normalmente están orientadas a combatir la corrupción con el castigo, con aumentar los castigos, pero no incluyen la prevención como eje central. En artículos anteriores hemos explicado cómo, si el ejecutivo quisiera, podía reparar una vena rota, prohibiendo que los recursos públicos se ejecuten sin cumplir lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 en los convenios interadministrativos por medio de los cuales las Alcaldías y Gobernaciones ejecutan recursos del Gobierno central (pero con régimen privado, saltándose en la práctica la citada ley sin el debido control) (La estrategia anticorrupción que sí serviría).

Portarse bien por decreto

Un intento de prevención en el Gobierno es el tipo de documento, como el del Ministerio de Vivienda, llamado el CODIGO DE INTEGRIDAD al estilo de un procedimiento (de manual de calidad) que tiene por objeto lograr su adecuada implementación e interiorización y cuya fuente es el Departamento de la Función Pública (DAFP). Hay dos curiosidades en este documento: la primera, es que se pretende lograr un comportamiento ético de los funcionarios “por decreto”, lo cual resulta, cuando menos, ingenuo, y lo segundo, es que además este procedimiento no establece el requisito de que los jefes den ejemplo. Los jefes, son por supuesto, el presidente, los ministros, los directores, etcétera; sin tratar de invalidar ni menospreciar el esfuerzo de Función Pública, es como si el Código estuviera orientado a que los funcionarios intermedios y bajos en las estructuras organizacionales de las entidades públicas se portaran bien pese a que sus jefes no tengan que comportarse de manera íntegra, y dar ejemplo.

Lo que tristemente sí da ejemplo en nuestro país, todos los días, es la impunidad (el secretario de la Transparencia de la Presidencia recordaba (2023) que el 96% de los casos en Colombia termina impune). En Colombia los corruptos se salen con la suya y son muy pocos los casos que se descubren, y menos los que llegan a ser castigados, y prácticamente ninguno en el que se logran recuperar los recursos públicos robados.

Sin salida

Estamos en una sin salida. No habrá voluntad política mientras no haya políticos íntegros en el ejecutivo y en el congreso; y la precaria educación política de nuestros electores no permite elegirlos bien en las elecciones. ¿Qué nos queda? Primero, evidenciar la corrupción por todos los medios posibles, desde denunciarla hasta hacer estudios para mostrarla, y llenar a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, que aunque contaminadas por el mismo mal, no puedan tener excusas para no saber de los cientos de casos que suceden; segundo, comportarnos decididamente con integridad en nuestra vida cotidiana e influir positivamente en nuestro círculo de relacionados a través del propio ejemplo, comprendiendo bien lo que precisa el filósofo Hegel: “El Estado es la expresión moral de un pueblo; si el  espíritu de un pueblo ha alcanzado un grado superior entonces el Estado y sus gobernantes serán virtuosos; si el pueblo posee una moral escasa, el Estado  será corrupto”; tercero y en la misma línea, educarnos políticamente y educar a nuestros relacionados recordándole a cada ciudadano quejoso la acertada frase (del discutible político teórico conservador Joseph de Maistre): “cada nación tiene el gobierno que se merece” y más allá, el corolario que le sacó André Malraux a la frase anterior: “no es que cada nación tiene el gobierno que se merece, sino que la gente tiene los gobernantes que se le parecen”. No sobra aclarar que la corrupción no ha sido exclusiva en este Gobierno.

Rafael Fonseca Zarate

La estrategia anticorrupción que sí serviría

La posición anticorrupción del presidente Petro

Recuerda la Silla Vacía que la bandera que definió al entonces congresista estrella Petro durante décadas fue su aguerrida posición contra la corrupción, pero que prácticamente había desaparecido de sus discursos desde que se alió con políticos corruptos en el tramo final de su campaña. Nueva estrategia anticorrupción del gobierno carece de dientes (La Silla Vacía, 2024)

Después del escándalo de corrupción en la UNRDG con los tristemente famosos carrotanques, ahora el presidente dice que “tenemos una corrupción estructural y profesionalizada que se ha tomado varias instituciones del Estado colombiano” (recientemente en Barranquilla).

También recuerda el artículo que en el Plan de Desarrollo de Petro quedó la obligación de formular la estrategia anticorrupción a partir de un diagnóstico sobre la capacidad que tienen hoy las entidades públicas para planear y llevar a cabo estrategias efectivas para evitar el desvío de recursos públicos.

La estrategia anticorrupción del Gobierno Petro

El secretario de la Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, le explicó a la Silla Vacía que no había alcanzado a hacer ese diagnóstico.  Y sacaron un decreto “lo más implementable posible” producto de las mesas de trabajo con los ministerios y otras entidades, que en resumen tiene tres medidas clave:

* Instalar capacidad en las jefaturas de control interno de hacer auditorías forenses para identificar los esquemas que utilizan los corruptos para quedarse con la contratación.

* Levantar todas las restricciones que tienen hoy los ciudadanos para acceder a la información pública.

* Tener un estándar de debida diligencia en todo el gobierno para que cuando haya una denuncia de corrupción no se termine engavetando el caso.

También reseña el artículo que hacer las auditorías forenses quedó a voluntad de cada entidad y sin la obligación de apropiar un presupuesto para hacerlo (no hubo estudio de impacto fiscal al decreto por parte del ministerio de Hacienda) y que cada entidad los va a establecer en el marco del plan contra la corrupción que tienen que adoptar como sector. 

El decreto obliga a las entidades a poner toda la información sobre sus contratos en su correspondiente página web para que la gente pueda hacer una veeduría más directa sobre los recursos públicos. Sobre esto, Transparencia por Colombia y otras organizaciones prestigiosas opinaron que volver a dejar en cada entidad la responsabilidad de publicar contratos en cambio de seguir fortaleciendo la centralización de la información contractual en el Secop sería un gran retroceso (dice el artículo). En síntesis, esta estrategia se ve floja y como dice su autora, sin dientes.

Los expertos citados por la Silla Vacía hablan de:

* Construir una estrategia a partir de las realidades políticas que existen en los territorios.

* Meterle la ficha a una verdadera reforma política y una que garantice la independencia de los órganos de control y de la justicia. 

* Fortalecer el tema del empleo en el Estado y el servicio público (basado en que “la precarización del servicio público es la oportunidad para la corrupción”)

* Apostarle a la descentralización.

No es por ahí

Durante ya varios años hemos señalado desde esta columna los problemas que hay que solucionar lo antes posible, que producirían una mejora sustancial. Como se verá, hay una brecha grande con la estrategia del Gobierno e incluso con lo que dicen los expertos citados.

A continuación, se puede observar.

El arsenal de reformas en la legislación de la contratación pública para enfrentar la corrupción (Fonseca, 2021)

Expusimos las mejoras necesarias del marco jurídico de la contratación pública en el país, la mayoría de corto plazo y algunas a través de resolución; otras que deben pasar por el Congreso, lo cual es la gran talanquera.

* Cortar la fuerte conexión entre financiación de campañas y contratación pública.

* Mejoras en la propia Ley 80 y en los Pliegos Tipo.

* Prohibición expresa de eludir la Ley 80 limitando las excepciones y completamente acotadas.

* Retorno de las empresas de servicios públicos estatales al régimen de la Ley 80.

* Modernización de las entidades estatales parar realizar la contratación a través de una única Oficina de Gestión de Proyectos, práctica segura usada en los países desarrollados.

* Prohibición de la mal denominada práctica de apropiación de los diseños en caso de construcciones.

Estrategias Anti-Corrupción compiladas por Fedesarrollo, luces de esperanza (Fonseca, 2021)

El documento de Fedesarrollo (compilación de una fuerte comisión de expertos) señala sin ambages todo lo necesario mediante tres elementos principales de la relación sistémica de la corrupción nacional: la captura de la política y el sistema electoral; la captura del sistema de justicia y control, la captura de la operación del estado en sus componentes de compra pública, empleo público y regulación y la formulación e implementación de la regulación y política pública. Y hace recomendaciones a mediano y largo plazo con una hoja de ruta para lograr soluciones.

Incluye los aspectos de la financiación estatal de las campañas, con todo y los desafíos que desde su enunciado plantea en torno a la misma corrupción, la precariedad del diseño del Consejo Nacional Electoral, su inoperancia y su composición politizada y sesgada, los efectos de la proliferación de candidatos independientes y el debilitamiento de los partidos, hasta la ausencia de fondos necesarios para implementar la financiación de las campañas.

Por fin la ley Anti-Corrupción (Fonseca, 2022)

Resume las malas prácticas en contratación estatal que empiezan con el “direccionamiento” en los procesos de selección de contratistas a través de reglas “amañadas” en los criterios de experiencia y capacidad financiera, la adjudicación de puntos con criterios subjetivos como el plan de obra o el sistema de calidad y la celebración de contratos interadministrativos a entidades que tienen régimen privado, para eludir, no solo el proceso de selección por licitación pública, sino la aplicación de pliegos tipo, que ya se conocen ampliamente con el nombre de “contrataderos”. (Los contrataderos: así se roban a Colombia, Sigue la W, 2024)

La lista de puntos a reformar, elaborada por el equipo asesor que preparó el proyecto de ley, Rodrigo Fernández y Ernesto Matallana, incluía:

* Eliminar los incentivos para acceder a los recursos públicos por parte de servidores públicos y contratistas corruptos.

* Fortalecer la maduración de proyectos para garantizar el principio de planeación.

* Fortalecer los medios de control y vigilancia de las entidades estatales frente a sus contratistas.

Contrataderos, la burla planificada desde la ley para facilitar la corrupción (Fonseca, 2023)

Lo más curioso es que el mismo secretario Andrés Idárraga había señalado el año pasado en Sigue La W  que “hay que acabar con los regímenes especiales para evitar que continúen los ‘contrataderos’ en las regiones del país”. Es decir, ya tenía el diagnóstico claro.

La palabra “CONTRATADERO” fue acuñada en 2020 por el ingeniero Rodrigo Fernández como resultado de su seguimiento a la gestión contractual de las Entidades Públicas y las Entidades Territoriales, en el que protuberantemente encontró que Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de origen ordenanzal o de acuerdo municipal, vienen siendo utilizadas masivamente por las Entidades Territoriales para eludir la Ley 80 de 1993 y los Pliegos Tipo.

En ese artículo incluimos un listado de 31 contrataderos para ayudarle al secretario a identificar a dónde tenía que dirigir sus esfuerzos.

Y para seguir colaborando, en esta lista de artículos se encuentran análisis, ideas y propuestas:

Mal hecha la ley para que quepa la trampa (ConfidencialColombia, 2023)

Corrupción de alto nivel (ConfidencialColombia, 2023)

Corrupción, solo 500 años de experiencia (ConfidencialColombia, 2023)

Balance desolador pero bien conocido: corrupción e impunidad (ConfidencialColombia, 2023)

Asambleas Populares, mal remedio para una enfermedad mal diagnosticada (ConfidencialColombia, 2023)

Estrangulando a los pequeños y medianos contratistas de ingeniería en el PND (ConfidencialColombia, 2023)

¿Cualquier reducción de la corrupción pasa por la reducción del Estado? (ConfidencialColombia, 2022)

8 reformas estructurales que deberíamos estar viendo en los debates presidenciales (ConfidencialColombia, 2022)

El cuento con el Gobernador del Chocó y otros cuentos de corrupción enorme (ConfidencialColombia, 2022)

Politiquería y corrupción, ahora en versión naranja (ConfidencialColombia,2021)

Cómo impacta la corrupción a su bolsillo (ConfidencialColombia, 2021)

¿Priorizando la corrupción? Caso: Centro de Eventos Histórico y Cultural de la Música (ConfidencialColombia, 2021)

La lucha contra la corrupción, en solitario (ConfidencialColombia, 2021)

La crisis de la verdad. Nuevo episodio: licitación MinTIC (ConfidencialColombia, 2021)

¿Elefantes blancos o proyectos turbios? (ConfidencialColombia, 2021)

De la politiquería a la política ética (ConfidencialColombia, 2021)

¿Cómo poder explicar la crisis estructural colombiana? (ConfidencialColombia, 2021)

¿Por qué somos corruptos? (ConfidencialColombia, 2021)

La apropiación de los diseños, ¿buena o mala práctica en la construcción de obras públicas? (ConfidencialColombia, 2021)

¿Qué fue primero, la pobreza o la corrupción? Y por qué importa tanto (ConfidencialColombia, 2021)

La pequeña y mediana ingeniería está muriendo por la endemia de la corrupción en la contratación pública (ConfidencialColombia, 2021)

Corrupción tipo (ConfidencialColombia, 2020)

La ética reinante engendra la corrupción, (ElMundoEsNuestraMeta, 2014)

Antes de hablar sobre competitividad, ¡erradique la corrupción! (ElMundoEsNuestraMeta, 2014)

¿Es la corrupción la causa raíz de todos nuestros males? (ElMundoEsNuestraMeta, 2013)

La primerísima solución es cerrarles el paso a estos regímenes especiales: todo dinero público invertido debe pasar por los controles de la Ley 80 y los pliegos tipo, al menos.

Lo que sí puede hacer el Gobierno de inmediato es introducir dentro de los convenios interadministrativos en los que asignan recursos del presupuesto nacional, la obligación, para el beneficiario del recurso, de ejecutarlos con arreglo a la ley 80 de 1993. Así, los contrataderos ya no les servirían a los corruptos y podríamos cerrar esta vena rota con la que se nos están robando al país a plena luz del día.

Rafael Fonseca Zarate

Que no nos sorprenda la honestidad

En un video que rodó hace unas semanas en las redes aparece un personaje, afable más bien, caminando al lado de una tracto-mula (o tracto camión) y prometiendo mostrar algo que ya no se ve. Es un camionero español (click para ver el video) que está en Holanda y describe cómo puede comprar en la carretera productos caseros (producidos en el mismo lugar en el campo: huevos, patatas y cebollas) tomando los productos en una caseta al frente del lugar, y para pagar uno mismo abre una cajita, mete el dinero y toma el cambio del dinero que se encuentra allí. Y se entiende que pregunta al dueño que, si está loco dejar dinero en la cajita, porque le pueden robar y no tiene ningún control, ante lo cual el hombre le responde como sorprendido, pero ¿quién te va a robar? El camionero no deja de estar más sorprendido aún y hace exclamaciones emocionado como “esto ya no se ve”, “¡te vuela la cabeza!”.

Aparece sorprendido con la honestidad.

El comentario más repetido del video en la red donde se publicó da cuenta de que es más “frecuente de lo impensable” en España (la mayoría de los comentaristas deben ser españoles) y uno que otro latinoamericano diciendo lo propio. Pero mencionan también a otros países que como en Holanda, sucede lo mismo, principalmente los escandinavos.

Conocíamos de todo esto por los relatos del colombo-japones Kenji Yokoi, (también en videos en la red) especialmente el de la diferencia entre honestidad e integridad, en donde nos ilustró que en la tierra de su padre (japones) se compraban productos de la misma manera.

Esto es más importante aún de lo que parece en una primera vista. La no necesidad de control representa cero costo en estas transacciones, por lo que el control no llega a ser parte de la formación del precio; al repetir la práctica de no control en todas las transacciones de un producto, porque no se requiere, ese producto tendrá una mayor productividad que otra cadena de suministro que sí lo requiera y por lo tanto, al final, en los mercados en los cuales se transan tendrán la posibilidad de una mayor competitividad frente a los competidores que si requieran control y por ende, sus costos.

Si se piensa en un país basado en la integridad de sus nacionales, en todas las actividades de su sociedad, no solo las productivas sino en las sociales cotidianas, se comprende cómo todo se confabula en una espiral positiva para crear mayor bienestar permanentemente. Imagine una Colombia libre de falta de honestidad: sería una potencia, no solo en aspectos económicos, sino, sobre todo, una tierra magnífica de bienestar.

¿Una utopía? Desde la realidad en que vivimos cotidianamente, claro que sí. Sin embargo, al visitar los países europeos se constata que se trata de una mentalidad generalizada, bien diferente a la nuestra sí, pero mentalidad al fin y al cabo (un asunto “blando”), y se embriaga uno con la posibilidad de cambiar la tendencia en las generaciones que vienen en nuestro país.

Pero transformar un país con mucha corrupción y una cultura generalizada de deshonestidad en uno de personas honestas e íntegras es un desafío complejo que requiere un esfuerzo enorme, sostenido y en todos los campos de la sociedad. No hay una receta precisa. Sin embargo, nuestro caso pasaría por luchar contra la impunidad, lo cual llevaría a tener que hacer una transformación estructural del sistema de justicia; también habría que cambiar la educación en valores y ética, y rescatar la situación desde la niñez, con el escollo de no poder contar con el ejemplo de los mayores en una importante mayoría de la población; la política tendría que cambiar, desde la desconexión de la financiación de las campañas por parte de aquellos que reciben los favores posteriormente, el fomento de la cultura de denuncia y el fortalecimiento de los entes anticorrupción y de control; además de aumentar la participación ciudadana y el mejoramiento de los derechos humanos; nada de esto sería completo ni sostenible si la prosperidad de la gente no mejorara, pero el desarrollo económico se vería mejorado por la competitividad que vendría con esa transformada mentalidad de gente trabajando justamente por la prosperidad individual y colectiva, simultáneamente.

Este tipo de cosas las sabemos todos los colombianos, pero probablemente no tendríamos idea por donde arrancar, qué hacer, ni cómo lograr algún avance, así tuviésemos la convicción de hacerlo. Se nos olvida que sí podemos dar buen ejemplo y cautivar a muchos a nuestro alrededor para que ellos también lo den, sobre todo a los niños; se nos olvida que podemos votar bien, que podemos denunciar la deshonestidad y que podemos hacer las cosas bien, sin que nadie nos esté controlando o siquiera mirando. Podemos ser el gen de esa transformación para que algún día nos sorprendamos de lo positiva que es la honestidad.

Rafael Fonseca Zarate

Ecopetrol: profundizando el error

El año anterior estábamos advirtiendo de los riesgos de manejar a Ecopetrol sin la experiencia requerida en una empresa que está expuesta al mundo de las grandes inversiones con riesgo petrolero (con dineros públicos), sin expertos en su junta directiva; en Ecopetrol: riesgos por manejo no petrolero dábamos cuenta de la errada política de hacer inversiones de riesgo con deuda como se hacen en ese sector en el mundo, y cómo, el origen de ello era la poca experiencia de sus directivos en la gerencia de este tipo de negocios (y cómo, no solo bastaba solo la parte técnica).

Ahora, la circunstancia va más allá. Con la puesta en práctica del presidente Petro de nombrar en los cargos directivos de las entidades del Estado, considerados técnicos, a personas sin el debido perfil, el péndulo se ha ido hasta el extremo (ver nueva junta de Ecopetrol). No era que no se estuviera violando el principio básico del perfil adecuado en los gobiernos anteriores, puesto que precisamente de lo que se advertía en el artículo aludido era la práctica de nombrar amigos personales del presidente con perfil de alto cargo directivo, pero en otros sectores, y cómo ello no era suficiente experiencia pare el caso de Ecopetrol; pero al menos tenían experiencia en gestión empresarial.

Esta la circunstancia ahora es más protuberante porque venimos arrastrando un error estructural que explicamos en el artículo Autosuficiencia del petróleo no se logrará por más exploración o fracking, 2022: la OCDE recomendó “evitar” la mala influencia gubernamental en las empresas industriales del Estado, por lo que se eliminó en 2004 la participación de los ministros en su junta directiva, en especial el de economía. Tal recomendación tiene sentido en una empresa normal cuya misión es generar utilidades después de haber producido y vendido bienes o servicios. No es el caso de Ecopetrol por su relación estrecha con la economía nacional, dado que ésta depende en una importante proporción de aquella, por lo que no se podía seguir a rajatabla la recomendación de la OCDE, bien intencionada, pero que aplica a casos genéricos de Empresas de Propiedad del Estado y no a una que es parte íntima del manejo económico y fiscal del país. Así se dio paso al manejo politiquero y amiguero que le han dado, lo contrario a lo que intentaba proteger la recomendación de la OCDE. De todas maneras, se han conservado en la junta personas con perfil de tecnócratas, que podrían apuntar al buen manejo de la economía nacional pero no necesariamente al de la empresa.

Se suponía que el Gobierno, representando al mayor accionista, presentaba y elegía para su junta directiva a prohombres con enormes conocimientos en el negocio y a toda prueba. La realidad que hemos visto es al revés: ni conocimiento del negocio ni de economía (ver: Con el pecado y sin el género: junta de Ecopetrol, 2021). El petrolero es un negocio de mucho cuidado, no solo por las complejidades tecnológicas y de los mercados, sino porque es de grandes números, y cualquier riesgo materializado va contra enormes cifras de recursos públicos (lo hemos sufrido recientemente con los casos en Perú, Brasil, USA; ver Suárez, 2022).

Había que ir más allá, con una comprensión más estratégica de las dos funciones que deberían estar encadenadas, pero no revueltas: una, la del manejo económico y fiscal del país, y dos, la función empresarial de Ecopetrol, en ese orden. Las decisiones estratégicas de política económica y energética del país deben tomarse en el Gobierno y delimitar de paso, la cancha de juego en que la empresa debe moverse y desarrollar su negocio. Por su parte, la función empresarial no tiene por qué ser interferida por el Gobierno una vez definida la política económica y energética, y la debe desarrollar la empresa autónomamente en su sector siguiendo los lineamientos de la OCDE.

Y si en los Gobiernos anteriores este revuelto era muy inconveniente, al menos se suponía que el Gobierno quería que Ecopetrol siguiera estando en el negocio petrolero. Ahora es más inconveniente. Una empresa energética pareciera ser la mejor definición acomodable a esa que se transforme en productora de energías limpias. Hasta ahí podría haber un buen planteamiento, porque allí llegarán las petroleras del mañana en forma obligada cuando el planeta haga crisis y a la fuerza nos veamos todos enfrentados con seriedad al cabio climático. Pero ponerle la misión de hacer la transformación necesaria es una labor para las políticas públicas y no para el desempeño empresarial.

Esto lo explicamos en detalle en la parte final de Autosuficiencia del petróleo no se logrará por más exploración o fracking, 2022, con un ejemplo relativamente fácil de entender: antes de cualquier otro asunto que represente enormes inversiones, como todas en este sector, la mayor rentabilidad social la alcanzaremos con la racionalización del consumo de combustibles fósiles (también aplica con la racionalización del consumo de energía en general). Esta no debe ser la misión para la empresa que produce lo que se debe racionalizar porque se configuran objetivos contrarios en una misma definición empresarial; para verlo mejor, uno dice que “debería haber menor producción” y el otro dice que “debería haber mayor producción”, y ambas frases terminando en “para lograr mejores resultados empresariales”. Apuntan a misiones diferentes, en conflicto.

En lo social se requieren expertos en economía, sociología y políticas públicas, para que diseñen la política pública, y sobre todo la implementen desde el Gobierno Nacional. Mientras que en la empresa se requieren expertos en manejo de mercados de energéticos (para no dejarlo solo en petroleros, que son muy especializados), en producción y en su gestión administrativa. De la revisión de los perfiles de la junta se puede observar que no apuntan a estos propósitos (ver nueva junta de Ecopetrol). Es decir, peor aún que lo que preocupaba un año atrás, sin expertos al menos en gestión empresarial, sino expertos en política, seguramente con los sesgos propios de este Gobierno.

Si el Gobierno tiene su mira puesta en las acciones para de verdad aportar a la lucha contra el cambio climático mundial, debería empezar por la gestión de la demanda de energía en el país, lo cual es bien conocido en la UPME y que expusimos en Racionalizar antes que decrecer, 2022. Pero esta tarea no debe ser de Ecopetrol. Como tampoco hay necesidad de afectar fuertemente las finanzas públicas para aportar en forma significativa a la reducción global de efectos del cambio climático, dado nuestro minúsculo impacto relativo al mundo. Las prioridades en ese sentido en el país son bien conocidas: reducir la deforestación y controlar la conversión de esas tierras a pastos de ganadería intensiva, racionalizar el consumo energético en todos los sectores, pero especialmente en el de transporte e industrial.

Como política de transición debiésemos eso sí, ajustar las metas y los esfuerzos para lograr carbono neutralidad, como están haciendo los países líderes en materia de cambio climático (Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, Costa Rica, Nueva Zelanda) y no aspirar a carbón cero de una sola vez, con el riesgo de sacrificar las finanzas públicas en forma grave, y por ende las metas de desarrollo y bienestar social que afectarían muy negativamente a la población.

Rafael Fonseca Zarate

Reflexión obligada de los tecnócratas

En un artículo de hace cuatro años, describiendo la mecánica de los poderes bajo la cual funciona nuestro país (similar en todo el mundo), incluía a los economistas que configuran el poder “técnico” como parte del engranaje entre el poder económico y el poder político. En resumen, el poder político termina siendo usado por el poder económico para que cuide y favorezca sus intereses y no deje que nada cambie radicalmente (el famoso reclamo del statu quo); ese uso puede ir incluso hasta la mayor de las corrupciones, que no es ilegal, en la que el poder político atenta contra el pueblo que lo elige para favorecer al poder económico: menores impuestos, barreras para su competencia, incentivos para sus negocios con dineros públicos, jugosos contratos direccionados, etcétera; en contraprestación, el poder económico le “suministra” dinero para sus campañas o “hacen negocios” entre ambos con dineros públicos con fachadas bien elaboradas. Una de las herramientas con las que cuentan para lograr todo esto es glamurosa, técnica, de alto perfil y muy bien concebida: ese poder técnico, que es nombrado por el poder político en altos cargos del Estado con el visto bueno del poder económico.

Los técnicos en teoría no se ensucian con la politiquería. De hecho, cuando se lanzan al ruedo de la política no logran tener éxito (Echeverry, Cárdenas, Gaviria). El problema surge cuando a la luz de los hechos, de la realidad tajante que vivimos y sin tratar de meterle atenuantes, surge la pregunta de cómo esos muy bien estudiados y preparados altos funcionarios técnicos del Estado, ese pequeño círculo que ha tenido la oportunidad de cambiar el curso de los resultados, no han servido para que la mayoría de los colombianos superen la pobreza, y que la desigualdad y la concentración de la riqueza no sean una de las peores características de nuestro país en comparación al mundo. Ellos se defienden y argumentan que ha habido estabilidad económica pese a la violencia permanente, al narcotráfico y a los vaivenes de la economía mundial.

En los últimos días, como se sabe, los tecnócratas han estado en el escenario por cuenta de la cerrada de filas del presidente con su gente afín. Una semana antes de nombrar en Planeación Nacional a un político sin perfil técnico, que dice que “le quedaron grande” las matemáticas en el colegio, siendo ese uno de los cargos reservados para la élite de tecnócratas, se despachó contra los economistas (y algunos abogados) que forman el pequeño grupo de determinadores de las políticas públicas, para preparar el camino y nombrar a personas sin perfil en cargos muy altos del Estado (tal vez ya lo había hecho con Ecopetrol, pero al parecer, no fue tan notorio). Y por eso hemos visto muchos artículos al respecto, con opiniones en todas las direcciones.

De todo lo publicado reluce la investigación y análisis (no opinión) de Jenny Pearce (profesora de la London School of Economics) y Juan David Velasco (profesor de la Universidad Javeriana) publicada en la Silla Vacía y posteriormente entrevistados en A fondo de Maria Jimena Duzán. Muy reveladora. Haré una síntesis intentando no dañar la lectura o escucha obligada de estas referencias.

Dicen los investigadores que desde 1991 a 2023, la tecnocracia ha sido compuesta por 61 personas blancas, 86% hombres, 78% economistas de la Universidad de los Andes, 77% bogotanos, 93% con estudios de alto nivel (PhD) en el extranjero en prestigiosas universidades de EEUU y UK, con, 48% has sido profesores en Uniandes, 54% trabajó en entidades financieras multilaterales como el Banco Mundial y el BID, 71% trabajaron en Fedesarrollo o el Cede (Centro de estudios de economía de la Universidad de los Andes), que han pasado por los puestos más importantes del alto gobierno nacional: la dirección del Departamento Nacional de Planeación, los gerentes y miembros de la junta del Banco de la República, la presidencia de Ecopetrol y por supuesto, el Ministerio de Hacienda. Se les achaca desconocimiento del país, de lo social, por estar mirando más a lo que está pasando afuera que en su propio país, y ser de escritorio.

Han sido reformistas moderados, adeptos al gradualismo o al incrementalismo: no reformas a gran escala, no estructurales, no duraderas; han sido proclives a mantener el statu quo, afín a la derecha o mínimo a la centro derecha, y han mostrado su inconformismo con la izquierda, siendo ahora fuertes cuestionadores de las reformas que intenta el presidente Petro, a las que usualmente las califican de populistas y peligrosas. Por supuesto, son de postura conservadora, aunque algunos se digan liberales. Este perfil mayoritario lleva a los investigadores a concluir que ha habido unidad de pensamiento (de ideología) proveniente de la misma escuela o tipo de escuela, y como, salvo el periodo de Samper que fue de centro izquierda, los regímenes que hemos tenido son de derecha, esa ideología de derecha no ha tenido competencia de ideas que es fundamental en una democracia.

Muy importante el análisis de cómo, en un gobierno de tecnócratas como el de Santos, se hace una gran reforma (proveniente de la política), la de la paz, pero su implementación no logra financiarse ni en el 20%. Concluyen que esto se debe a la teoría de Collier del Banco Mundial, que sostiene que la violencia es causada por la codicia y la búsqueda de rentas;  en su verificación encuentran que, independientemente de lo codiciosos que puedan ser los actores en conflicto, las zonas donde se despliegan corresponden a las de más pobreza monetaria y multidimensional, lo cual induce a pensar que esa ortodoxia ha imposibilitado terminar el conflicto armado al no lograr la financiación de los acuerdos que logren la paz, permitiendo que se recicle permanentemente la violencia con nuevos actores.

A Juan Carlos Echeverry, que defiende en la Silla Vacía avances en lo social debidos a los tecnócratas, le señalan que las reformas sociales que cita, lo mismo que Carlos Caballero, como familias en acción (orígenes de la red de solidaridad social) y del Sisbén, que sucedieron durante la administración Samper, tuvieron su mayor auge como política social durante el gobierno Uribe, pero porque un político profesional presidía la agencia Acción Social (Luis Alfonso Hoyos), y porque la Corte Constitucional obligó al gobierno a llevar a cabo el programa social para víctimas del conflicto armado; no fueron originadas por la tecnocracia.

Por último, señalan que, aunque desprecian el populismo, sí negocian acuerdos y transacciones con los políticos sobre los fondos para el clientelismo y los han legitimado como un mecanismo de redistribución y de acceso de los pobres al Estado. De paso, puede agregarse, que se han hecho los de la vista gorda con la corrupción en estos procesos, que se conocen vox populi. La lucha contra corrupción no ha estado en la mira de quienes diseñan las políticas públicas, por consecuencia, siendo lo más grave que nos afecta crecientemente en las últimas tres décadas.

Aunque se reconozca la estabilidad económica lograda, y la importancia de tener una tecnocracia vibrante para la administración del Estado y para el diseño de políticas públicas, como se ve, hay fuertes cuestionamientos, pero sobre todo por los malos resultados, que apuntan a la concentración de la riqueza mientras la mayoría permanecen pobres. Qué bueno sería que, en aras de un país mejor, hicieran un profundo acto reflexivo y no se defendieran sino que usaran ese esfuerzo para empezar a trabajar por unos mejores resultados sociales para el país que tanto los ha admirado, tal vez, injustificadamente.

Rafael Fonseca Zarate

Mal hecha la ley para que quepa la trampa

Hace 10 años acuñé este corolario a la frase común que dice “hecha la ley, hecha la trampa”, al preguntarme cuál podría ser la lógica detrás de leyes y normas que permiten una creciente corrupción, todos los días, y que, aunque estén claramente identificadas, los Congresistas no las arreglan. No hay explicación lógica, salvo que los Congresistas no quieran arreglarlas. (Esta expresión popular parece provenir del medioevo en Europa y hay referencias del siglo XVI en España (una de ellas se cita en la revista UIS (UIS,2018); salen frecuentemente artículos que se refieren al tema e incluso se titulan como tal; muy pertinente el del exministro Cardona (El Tiempo, 2021)).

En estos días el abogado Ernesto Matallana, haciendo patria, está demandando ante la Corte Constitucional que deje sin piso el artículo 92 de la ley 1474 de 2011 mediante el cual se permite que las empresas industriales y comerciales del Estado ejecuten contratos de obra, lo cual, a su vez, habilita para que otras entidades del Estado hagan convenios interadministrativos con ellas y se salten la ley 80 de 1993, debido a que la magia de estas empresas es que pueden ejecutar los recursos públicos con régimen privado, es decir, siguiendo su propio manual de contratación, o sea, ¡a dedo! No sirven para nada más, aunque les armen unas fachadas de maravilla.

Estos son los ya famosos contrataderos (ConfidencialColombia, 2023). Aunque puede haber otras paternidades, el que más ha popularizado el término es el ingeniero Rodrigo Fernandez, con sus trinos fiscalizadores todos los días detrás de casos y casos en los que detecta que va a haber corrupción. Las entidades de control del Estado siguen su cuenta, y saben sobradamente lo que está pasando, pero no hacen mayor cosa. La única lógica de ese comportamiento es que tuvieran la misma lógica de los Congresistas que no arreglan las leyes y normas, para poder participar en el festín de los recursos públicos; no es de extrañar puesto que se han sabido muchos casos sonoros (ConfidencialColombia, 2022). Todos con la lógica perversa que adoptan muchos de nuestros políticos, la de que los recursos públicos no son de nadie y por lo tanto son de ellos, y se los apropian ilegalmente.

Pero la demanda del abogado Matallana fue inadmitida y ahora le queda el recurso de súplica ante la Corte. Recientemente fue entrevistado en “Sigue la W” para explicar la situación. Sintetizo lo más paradójico que resulta de su intervención.

Él le explicó a la Corte que, por el principio de igualdad, si se les prohibió la celebración de contratos interadministrativos para hacer contratos de obra a las sociedades de economía mixta con capital público mayoritario en la Ley 1474, también se debe hacer con las empresas industriales y comerciales del Estado que tienen igual régimen público. Argumentó que, el artículo 92 tiene una prohibición para ambos tipos de entidades, pero que en el artículo 93 el legislador (Congreso) dejó un “detallito” mediante una excepción que las faculta para establecer un régimen privado “si están en competencia con el sector nacional o internacional.

Con este “detallito” pueden hacer contratos interadministrativos con entidades públicas que tiene que hacer contratos de obra pública, pero sin tener que acudir a procesos de convocatoria pública, ni aplicar pliegos tipo, ni control de recursos públicos; solo su manual de contratación con régimen privado. En la práctica aportan experiencia que no es de ellas, puesto que no ejecutan nada, solo sirven para contratar a otros, invitan a tres en cada proceso para aparentar, y casi siempre dos no resultan habilitados o no subsanan algunos requisitos; y el que gana, claro, se contrata por el máximo valor posible. No hay proceso de selección en el que compitan varios proponentes, ni hay trasparencia de nada. Por eso las entidades publicas como gobernaciones y alcaldías hacen contratos interadministrativos con estos contrataderos para no tener que cumplir con procesos licitatorios regulados y vigilados, y así consumar la corrupción más fácilmente.

Lo más increíble es que la Corte le responda al abogado que la interpretación debe ser al revés: que por el principio de igualdad habría que ampliar el “detallito”, la excepción a las empresas de economía mixta con capital público mayoritario, y así también pudieran ser contrataderos y nidos de corrupción. Otra vez, ¿cómo se entiende esta lógica?

Ahora está suplicando, literalmente, que la Corte no frustre la posibilidad de cerrar esa herida desde donde sangra el presupuesto estatal a chorros, y a la vista de todos los ciudadanos, que no entendemos el mecanismo de corrupción, pero que sí sabemos que se roban la plata en grandes cantidades.

Como lo he explicado en artículos anteriores, no solo es grave que se roben la plata de los proyectos, que claro que es grave. Tiene al menos dos efectos colaterales graves también:

Uno, que los que gestionan los proyectos en los municipios y departamentos no están interesados en el desarrollo y bienestar para los ciudadanos que debe resultar de un proyecto, sino del contrato respectivo, mediante el cual se pueden asaltar los recursos asignados al proyecto; por supuesto no importa si el proyecto está mal concebido, mal planeado, mal licitado, mal ejecutado, mal construido el objeto del contrato o si termina siendo un elefante blanco. Finalmente, el objetivo de llevar desarrollo y bienestar a los habitantes, es lo de menos.

 Y dos, que esto sucede cada vez más a la vista de los ciudadanos, que no se desmoralizan, sino que más bien se “inmoralizan” a través del mal ejemplo de sus dirigentes corruptos. La ética ha muerto entre los colombianos comunes, y se ha cambiado por la mala cultura, la de saquear al Estado como premio de ser dirigente político; así, todos envidian al villano que lo hace.

¿Cómo es posible que hayamos vivido con estos mecanismos corruptos tanto tiempo? ¿y que todos los días se sepan tantos casos y no pase nada? Señores de la Corte Constitucional, ustedes son la última frontera para atajar esta corrupción enorme que está llevando al país al no futuro. De resto, tendremos que estar seguros de que no es que “hecha la ley, hecha la trampa” sino “mal hecha la ley para que quepa la trampa”.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz

Precariedad e injusticia del contrato de prestación de servicios permanente

El “contrato de prestación de servicios permanente” es ese que se repite todos los años entre una entidad del Estado y una persona particular, que típicamente se acaba en diciembre y vuelve a empezar en enero, después de 30 días para saltarse efectivamente el contrato laboral establecido en la ley laboral.

Esto lo padecen una enorme cantidad de los funcionarios públicos desde hace años. Incluso conozco casos de personas que llevan 18 años siendo “contratista” de un ministerio, cumpliendo funciones, en las que incluso, ha ascendido.

Es una vergüenza que el Estado que debe velar por los empleos de buena calidad “se haga el de la vista gorda” y tenga tal cantidad de funcionarios en esta condición de empleo precario. Las razones son varias, pero de mal origen todas. Entre otras: la flexibilidad para sacar al funcionario, pues solo toca esperar hasta que se termine el contrato y adiós; muy propicio para cambios de Gobiernos. La contratación de “asesores” que no cumplen una misión específica, salvo la de pagar un favor político o mantener una tropa básica que ayuda en las siguientes elecciones. Y desde tiempos de Santofimio, conocido por quitarles un porcentaje de los ingresos a sus “favorecidos” con puestos en las entidades estatales, para financiar sus campañas o enriquecerse a costillas de todos sus “seguidores”.

En todas estas relaciones no son solo culpables los directivos que contratan, porque pueden hacerlo, porque están en la cadena de pagos de favores políticos o porque se los ordenan sus jefes y hay que hacer caso, sino también quienes se dejan contratar así. Pero no los voy a condenar en ningún sentido, ya que no son quienes tienen algún poder de negociación y muchas veces, ninguna otra opción de ingresos. Aquí, claramente el poder comparado de la relación, y en forma descomunal está del lado del que ordena la contratación. En esas condiciones, cómo se puede esperar que el funcionario sea leal a su país, y todos los días luche la forma de mejorar su misión, incluso hasta llegar a discutirle a su jefe lo que está haciendo mal, o la ingenua idea que lo denuncie cuando esté corrompiéndose.

Es curioso porque hablando de la comparación entre los dos sistemas (laboral y prestación de servicios), sobre la subordinación, los abogados expertos laborales dicen que en este tipo de contratación que: “En el caso de la prestación de servicios será aquel que preste el servicio quien imponga la mayoría de los puntos del acuerdo. Por otra parte, en el contrato laboral es el empleador quien definirá la gran mayoría de las cláusulas, existiendo un nivel de jerarquía entre este y el trabajador”. (D&E Abogados, 2023). Risible cuando menos. Al “contratista” se le asignan rangos, funciones, responsabilidades y demás características que obviamente son simétricos sino iguales a los del contrato laboral, tratando de disfrazar que el resultado de su gestión es la que cuenta.

Pero la connotación horrible es que es dentro del Estado, generalizado y contrario a lo que supuestamente el mismo Estado debe hacer para proteger empleos justos. Dice un artículo que son 910,000 contratos de este tipo firmados con las entidades de todo orden el Estado (Portafolio, 2023). Imagínese la cantidad de gente: todo Cartagena, según las proyecciones del DANE para 2023. Aunque otras fuentes dedicadas al tema hablan de 2´500,000 (ElEmpleo.com, 2023).

En la última fuente, se citan las tres reglas que impuso el Consejo de Estado para la debida clasificación como contratos de prestación de servicios: uno, “El contrato por prestación de servicios, debe estar plenamente justificado y no puede ser permanente”; dos, “Entre un contrato y el siguiente deben pasar treinta días, de lo contrario se entenderá que hay una relación laboral formal, por nómina y con prestaciones”; y tres, “Si se evidencia la existencia de un contrato por prestación de servicios, que en realidad es un contrato formal, no hay lugar a la devolución de las prestaciones pagadas por el trabajador, ya que esto hace parte de los parafiscales que sostienen el sistema de salud”.

La condición dos la cumplen todos saltándose la ley laboral y quedándose en la Ley 80 de 1993, que lo define en el artículo 32, numeral 3, como aquel que “celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”. Claro que en funciones que se contratan año tras año, implica que las puede hacer un empleado de planta y que los conocimientos especializados se necesitan dentro de la entidad. Y lo del “término estrictamente necesario” se burla abiertamente ya que son permanentes.

En la reforma laboral que pretende aprobar este Gobierno en el Congreso, uno de los artículos, el que se dedica a este tema, decía en febrero así “No se podrán vincular mediante contrato de prestación de servicios ni ninguna otra modalidad de contratación no laboral a las personas que realizan actividades permanentes y subordinadas en empresas públicas y privadas” (ElTiempo, 2023). Y aunque los anunciados procesos de meritocracia por la ministra del ramo, quedaran mal en el sentido de evitar que se usen las contrataciones de personal como parte del XXXXXX de los politiqueros de siempre, al menos no se estaría abusando de las personas, como hoy sucede. Vendrían otros problemas, como el mayor costo al Estado cuando haya cambios de Gobierno, y los entrantes directivos quieran sacar a media entidad y haya que hacer indemnizaciones a granel. Esto nos induce a advertir a la Función Pública que no solo se trata de procesos de meritocracia para la selección, sino al mismo tiempo de revisar y fortalecer los procesos de carrera para el mejoramiento y permanencia de los funcionarios, a la manera de muchos países en el mundo de donde se pueden tomar buenos ejemplos.

Sería un cambio significativo, ya que no hemos observado los demás cambios ofrecidos en campaña, al menos con respecto a la corrupción. Y este también pasa por quitar “beneficios” personales que obtienen los políticos en su diario proceder. Difícil. Ojalá la ministra y el Gobierno logren este cambio.

Rafael Fonseca Zarate