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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Rafael Fonseca Zárate

El presidente quiere…

Se les oye a los funcionarios aquello de que “el Presidente quiere…”; no es bueno para ellos porque incluso lleva a que sean tildados de títeres. Pero no hay que llamarse a equívocos. Esto siempre ha sido así. El régimen presidencial colombiano es tal cual como un reinado en el que el Presidente de turno tiene un inmenso poder, más que el que nos imaginamos los ciudadanos comunes. Y los funcionarios ejecutan según el programa del Presidente y no el propio. Ese es su rol y no es nada fácil.

Pero el Presidente es para todos los colombianos. Su responsabilidad principal es actuar para todos los colombianos, lo que hace que también deba ser normal que tenga que desalinearse consigo mismo con alguna frecuencia.

El tema de la primera línea del metro de Bogotá es un caso aparte, difícil de encuadrar en la anterior y más simple discusión.

Por una parte, un Presidente propositivo no es para nada un defecto. Se tornaría en malo si el Presidente no atendiera a los técnicos después de que sus evaluaciones terminen en conclusiones que no resulten favorables a las ideas presidenciales.

Por ejemplo, el canal seco ferroviario es una idea que hay que evaluar, porque se basa en aprovechar nuestra particular localización y condiciones favorables para atraer a la carga internacional que pasa al lado del canal de Panamá, en ferrocarril y en camiones  (¡sí, así sucede!). Y generar negocios en nuestro suelo, traer inversiones, generar trabajo durante las construcciones, crear buenos empleos estables y entrar divisas. Su principal talón de Aquiles podría ser el medio ambiente, pero, no obstante, soluciones de ingeniería hay para hacer desarrollo sostenible; es el resultado económico el que finalmente viabiliza una idea. Económico y social, no financiero solamente. Ninguna idea es mala hasta que se demuestre que no es buena, si queremos tener pensamiento crítico. En estos casos, debemos decir que se demuestre técnicamente.

Con esta visual, resultaría importante evaluar rápidamente la solicitud del Presidente sobre la primera línea del Metro de Bogotá.

Existen aspectos de ingeniería que podrían determinar un derrotero diferente en la discusión.

Dicen los expertos, ingenieros geotécnicos, que la cimentación de la alternativa elevada, que es sumamente exigente en cuanto a asentamientos diferenciales, podría ser bastante más costosa que lo esperado en el predimensionamiento inicial por la profundidad y tamaño de los pilotes requeridos, y que su comportamiento ante sismos es peor que en la alternativa subterránea, lo que indefectiblemente impactaría su costo. Que los suelos en Bogotá son más difíciles que los de Ciudad de México, que es el parangón frecuentemente usado, ciudad que tiene tanto estructuras similares elevadas como subterráneas. El primer escollo es que no hay diseños aún.

También se habla de la logística durante la construcción, que en la alternativa elevada puede llegar a dificultar del todo el uso de la Avenida Caracas, lo cual representa el colapso de la ciudad, y sin apelar a amarillismos. Debe recordarse que era requisito indispensable que la troncal de Transmilenio por la séptima estuviera funcionando antes de iniciar la construcción para descargar a la de la Caracas; no es un asunto menor, cuidado.

Se ha oído cómo serán las vigas, prefabricadas en secciones que deben transportarse por la ciudad y luego deben armarse en el piso al lado de su lugar final, postensarse y después izarse con grúas enormes; los inconvenientes serán espectaculares. Pero hay alternativas y mucha experiencia en el mundo para que se estudie más y esperar que esto no sea la complicación superior.

Pero el análisis no es “tan simple”. Precisamente esos suelos blandos saturados son una incógnita para el comportamiento de tuneladoras para el caso de la alternativa subterránea. Si no se pudieran usar tuneladoras, la ventaja de poder contar parcialmente con la avenida Caracas se desvanecería y entonces, de lo que habla el Presidente es del diseño fase 2 que dejó su alcaldía: por la carrera 13, con excavaciones en trinchera que, no obstante, también haría que la ciudad tuviera enormes impactos negativos en su movilidad durante la construcción.

Hay otros aspectos que no son menos importantes, como el posible impacto diferencial sobre el valor inmobiliario que se deriva del alineamiento vertical de la línea. U otros económicos, como el impacto negativo del mayor tiempo en tener una solución funcionando.

¿Y los técnicos qué?

Los ingenieros, los inmobiliarios, los economistas, los financieros ¿qué dicen? El problema no es actual. Cuando se empezó el diseño de la primera línea por parte de un consorcio con un líder internacional (Sistra) contratado por la administración Petro, llegaron a unas conclusiones con las que el Alcalde estaba conforme. Luego, la administración Peñalosa contrató a otro consorcio, bien similar por cierto, con un líder internacional (Senel) que llegó a conclusiones con las que el Alcalde Peñalosa estaba conforme.

En ese momento tuve la oportunidad de escribir un artículo llamado La ingeniería de la justificación, sin alineamiento político, quejándome de este tipo de resultados. Es como si los Alcaldes tuvieran una super inteligencia y ser los mejores ingenieros conocidos, y los expertos internacionales y nacionales tuvieran el oficio de darles la razón. Debo advertir que no puedo aseverar lo anterior y hasta me parece atrevido, pero no se puede ignorar que sí deja lógicas dudas. A pesar de ser parte del pasado, es esta historia la que nos está condenando a una situación caótica en el presente. Las más probables causas del problema son la mucha concentración de poder de Alcaldes y Presidente unida a nuestro problema crónico de falta de planeación de largo plazo. Y para eso no tenemos solución a la vista.

¿Qué debería hacerse aquí, dada semejante circunstancia?

Primero, una invitación a la sensatez, y recordar que su trabajo, Presidente y Alcaldesa, se trata de encontrar las mejores soluciones para el bienestar y el desarrollo de colombianos y bogotanos. Nada más. Deben trabajar mandatoriamente en equipo. Segundo, que sean los ingenieros los que toman las decisiones de ingeniería, en equipo con los demás profesionales, en donde la evaluación económica integral señale la mejor alternativa para aumentar el bienestar de los ciudadanos y la competitividad del país. Tercero, la viabilidad jurídica y el impacto económico que resulte de la evaluación de los abogados también es algo técnico que deben definir con premura y hacer parte de este proceso de decisión.

Este es un proyecto de largo aliento, en el que se puede hacer esta evaluación mientras se continúan actividades de construcción que de todas maneras se van a necesitar.

Solo una evaluación técnica integral nos puede zanjar estas diferencias, que no son provocadas ahora ni hace unos días. Viene de atrás y son más producto de la polarización política. Por algo tenemos bajo desarrollo y pobreza y al mismo tiempo vivimos en una nación rica y con enormes potenciales. No nos merecemos más esto. Que la técnica tenga la palabra y que sus conclusiones sean plenamente respetadas y adoptadas.

Irene tiene razón, la Ministra no

Ya estamos acostumbrándonos a que este debate, visceral en algunas personas, vuelva y emerja por cuenta de una declaración de Irene, la Ministra. El tema energético no es ni fácil ni liviano. Pero lo que menos necesita su discusión es meterle ideología.

En varios artículos he analizado en detalle diferentes aspectos que confluyen en la discusión de cómo debería ser la transición energética. En algunos, los hechos y argumentos le dan la razón a Irene, la persona. En otros, la Ministra no la tiene. Veamos apartes de los artículos precedentes para ilustrar esta dualidad.

Irene tiene razón

Consumo eficiente en hogares, inicio lógico de la transición energética

Hay que dejar de politizar la transición, llenos de odios ideológicos que terminan por opacar la lógica. La política tiene que enfocarse primero a sacar el máximo provecho a los adelantos tecnológicos para reducir la energía que se consume para que no se pierda porque no produce el trabajo que se supone que debe, es decir, por ineficiencia, en este caso de los aparatos domésticos. Y este mismo criterio aplica en todas las actividades en nuestra sociedad; es el mismo tipo de objetivo a lo expresado en “Racionalizar antes que decrecer” (otro de los artículos citado más adelante)”. Irene ya ha empezado esta estrategia en nuestra Costa Caribe.

Transición de mentalidad y no solo transición energética

“Ya hemos prometido reducir en 51% la emisión de los gases y tendremos para 2050 el grado de carbono neutralidad, es decir completamente compensadas las disminuidas emisiones con mecanismos de sostenibilidad.  (…) la prevención de desastres cuya frecuencia se espera que se aumente por efectos del cambio climático, y aunque el común y corriente de los colombianos no parece tener mayor preocupación, las nuevas generaciones ya están conscientes de lo que se nos viene y la presión global hará que entremos en la colaboración mundial más rápido que tarde. Solemos hacer todo lo que el mundo ya ha avanzado, pero con rezago. Deberíamos aprovechar para hacer una transición de mentalidad y no solo la transición energética que ya iniciamos”.

Autosuficiencia del petróleo no se logrará por más exploración o fracking

Lo que no se ha dicho es que la exploración en Colombia desde hace más de 30 años no ha sido la principal vía por la cual hemos tenido petróleo. El éxito de esas exploraciones ha representado menos del 10% de las adiciones de reservas probadas de petróleo y gas; (…) La gran mayoría de la producción (entre el 80% y el 90%) en las últimas tres décadas ha provenido de reservas descubiertas antes, en 1970´s, 1980´s y 1990´s, y principalmente lograda mediante sistemas productivos que llaman los ingenieros de petróleos recuperación primaria y algo de recuperación secundaria en campos “viejos”; también se explica por una de esas vueltas de la rueda de la fortuna debido a que el régimen Venezolano bajó la producción de crudos pesados, permitiendo que nuestros crudos pesados tuvieran mercado. Es decir, pareciera que toda la histeria que generó el tema en campaña era inocua. (…) Tampoco se ha dicho que el Fracking, (…) no pareciera la más lógica porque primero, por ser más viables, rentables y sostenibles para el país y para Ecopetrol,  estarían la recuperación secundaria y terciaria de las reservas ya descubiertas en los campos “viejos”.

La Ministra no

Si no tomamos buenas decisiones, nunca saldremos del subdesarrollo: la antilógica de la Regasificadora del Pacífico

La alternativa a importar gas por el Pacífico es que se puede hacer también por el Atlántico donde el precio internacional del gas es más bajo (…) y sobre todo porque ya existe la infraestructura necesaria, tanto por el sistema de gasoductos actuales como por los puertos de aguas profundas existentes en esa costa: (…) y estaciones de bombeo existentes y subutilizados actualmente (…) hasta el Valle, infraestructura que ya estamos pagando por medio de la tarifa, aún con uso parcial. (…) y sin ninguno de los riesgos anotados que pueden llevar hasta el fracaso el proyecto del Pacífico. (…) Por todas partes lo mejor para el país, solucionando la queja del Valle y Eje Cafetero, sin tocar la ya alta tarifa del gas natural, sin presionar más la pobreza, sin dañar aún más la competitividad colombiana y sin impactar negativamente al medio ambiente”. El Gobierno está insistiendo en este proyecto absurdo técnica y económicamente.

Racionalizar antes que decrecer

“Corresponde a las naciones del sur (el llamado tercer mundo) hacer una racionalización en el uso de sus consumos antes de emprender un decrecimiento económico, de tal forma que pueda seguir actuando sobre la pobreza, acompañado de programas para bajar la desigualdad y sobre todo la reducción de la corrupción. Pero esto no se debe entender como no hacer nada y privilegiar el statu quo como quieren algunos que ya tienen riqueza. Mientras que a los países del norte les corresponde reducir el exceso de sus consumos y acabar con el desperdicio, y encontrar sus propias estrategias para mantener el bienestar de sus nacionales bajando el impacto sobre la degradación de la tierra. Una urgente y respetada corresponsabilidad mundial”. A cada país le corresponde un esfuerzo de acuerdo con sus impactos y posibilidades.

Polémica sobre el GAS, sólo parcialmente cierta

Es claro que es un tema complejo, con muchas aristas, en las que las decisiones no pueden solo salir del extremo ambientalista, por lo que hay que insistir que la ministra Vélez debe rodearse de expertos confiables y necesariamente contrastar las conclusiones entre ellos para lograr filtrar aquellas que tengan sesgos. Para nadie puede resultar un secreto que en este sector (petróleo, gas, electricidad) se mueven unos negocios inmensos que por supuesto “juegan sus fichas” de acuerdo con sus intereses sin importarles el bien común. (…) Y allí es donde el alto gobierno tiene que mostrar su alto profesionalismo (representado en unas cualidades académicas altísimas de sus ministros) logrando decisiones sensatas y equilibradas de acuerdo con el contexto colombiano, sus efectos reales y relativos en el mundo, la situación de pobreza y de coyuntura económica (especialmente inflación) frente a las promesas de campaña”. Umm…

Las conclusiones son muy tozudas:

  1. Detrás de todo esto hay un asunto muy importante por entender: la transición energética no es igual en todo el mundo, y tampoco es igual en cada región colombiana.
  2. Lo primero que hay que hacer con urgencia es trabajar en la racionalización de la demanda. Eso sí contribuye en forma importante y además tiene el buen colateral de no polucionar el aire en las ciudades y reducir morbilidad y mortalidad. Clave.
  3. Y esto sí puede servir de ejemplo al mundo y puede lograr cautivar a más países. Autoflagelarnos no enternecerá a ningún país.
  4. Temas prioritarios en los que ya está trabajando el Gobierno y hay que profundizar: parar la deforestación y la ganadería extensiva.
  5. Proyectos como la interconexión plena con la Guajira (el potencial de generación allí es de casi todo lo que ya se tiene instalado en el país) aumentarán la oferta y hará que la energía se torne menos costosa, lo cual, contando con unos pequeños incentivos, volteará el transporte a eléctrico más rápido que lo esperado. Y los electrodomésticos vencerán del todo a los gasodomésticos, rápidamente.
  6. La ecología, que incluye al humano dentro de la ecuación, es mejor consejera que el ambientalismo a rajatabla. Se necesita armonizar la economía con la transición porque si no, la afectación a nuestros pobres puede ser varias veces más impactante que lo que significaría el beneficio que le daríamos a los ciudadanos de los países desarrollados con nuestro esfuerzo. Sí, probablemente nos ayudarían más los europeos, pero comparado a lo que se puede perder podría representar migajas. (ver ¿La tecnología nos salvará del cambio climático?)

 

Equilibrio es la palabra principal.

RAFAEL FONSECA ZÁRATE

¿La tecnología nos salvará del cambio climático?

Imagínese que ha llegado el año 2100. Pese a una pérdida enorme de biodiversidad en los dos últimos siglos, la tierra ha conservado la posibilidad de mantener a los humanos sobre su faz y aunque aún persisten algunos desequilibrios en su clima con eventos fuertes de cuando en cuando, se nota ya que la estabilización es un hecho.

Sin embargo hubiera podido ser una escena completamente diferente: una humanidad mermada y angustiada al ver que su hábitat no deja de ser destruido, enfermedades nuevas que la atacan y fuentes de alimentos que cada vez alcanzan menos.

El riesgo

Los científicos del mundo lo han advertido desde hace décadas (National Geographic). Ahora se disponen de simuladores de cómo variaría la temperatura promedio (MIT) y una gran cantidad de previsiones de esa comunidad en torno a los cambios a los que nos veríamos expuestos. Entre los más graves están aquellos en los que se disparen procesos de reacción en cadena que no tienen reversa.  La selva amazónica podría pasar de ser capturadora de gases de efecto invernadero a ser emisora de ellos; con el deshielo del permafrost en el círculo polar ártico (grandes extensiones en Siberia y Canadá) se liberaría el metano que tiene atrapado desde eras geológicas atrás, con la gravedad de que este gas es más impactante que el dióxido de carbono.

La amenaza, explican, es grave para la permanencia de la especie humana, pero no para la tierra que seguirá sus ciclos evolutivos. En el proceso habremos arrastrado a otras especies también. Pero la tierra se regenerará y florecerá la vida sin el depredador descontrolado. La amenaza es para nosotros, los humanos, cuando los cambios cada vez más severos del hábitat, incluyendo el clima, lo hagan invivible, o no se puedan producir los alimentos necesarios.

La tesis de Al Gore ha sido que tenemos que aumentar el nivel de consciencia sobre esta amenaza global y que todos participemos haciendo parte de la solución reduciendo la demanda de todos lo suntuario, especialmente entrando de lleno a la práctica de los principios de la economía circular. Y ha hecho permanentemente la advertencia de que no debemos contar con la salvación que eventualmente nos pudieran traer los nuevos desarrollos tecnológicos porque pueden no llegar a feliz término o no llegar a tiempo.

Lo bueno y lo malo de la tecnología

En la práctica, todos los días se escuchan avances de soluciones parciales que ayudan desde limpiar el aíre, reutilizar los elementos que contaminan o que usan materias primas contaminantes, recuperación de plásticos que invaden los mares, captura y depósito subterráneo de carbón (The Guardian), la transición energética de la mano de los proyectos de generación eólica y solar a lo largo y ancho del mundo, hasta otras mucho más impactantes como el anuncio reciente del ensayo exitoso de la fisión nuclear cuya tecnología permitiría suplir la energía de todo el planeta a costos bajos, y en forma distribuida, cerca a su demanda.

Pero si estas soluciones no llegaran a tiempo, como ha advertido el exvicepresidente de EE. UU., podremos haber perdido las condiciones de habitabilidad para la especie a no muy largo plazo. Lo razonable sería que no obstante estemos naturalmente esperanzados de que los avances tecnológicos nos van a salvar, hay que asumir que no y al mismo tiempo deberíamos estar trabajando fuerte en las estrategias preventivas.

La lógica de la subsistencia no ha sido fuerte

Lamentablemente, la campaña para frenar el cambio climático no solo no está presentando los resultados necesarios dada la amenaza, sino que se está viendo “contaminada” por la influencia de los poderes económicos actuales quienes se están tomando la Conferencia de las Partes. Ejemplos: en la COP27 en Egipto hubo hasta 600 delegados de las petroleras; y el anuncio de que la COP28 será presidida por un jeque de Abu Dabi que a la vez es presidente de la petrolera estatal (El Espectador) de un tamaño tal que impide siquiera imaginar que hará una defensa decidida a favor de las estrategias para frenar el consumo de combustibles fósiles (ver resultados COP27: Oxfam, WEF y opiniones: Diario de Sevilla, Semana, Haz).

En la COP27 se reconocieron varios aspectos preocupantes que inducen a entender que el riesgo no está siendo correctamente reconocido, y que más bien que el mundo se la ha jugado por la tecnología y no está haciendo esfuerzos decididos por frenar el cambio climático.

Dicho en otras palabras, los mercados económicos están venciendo la partida a la lógica de la preservación de la especie y la está llevando a vivir en condiciones límite en los años venideros, de pronto sin retorno, para privilegiar sus beneficios monetarios.

La lógica de la subsistencia que se creía que era lo más poderoso en nuestro ADN ha resultado ser menos fuerte que nuestra codicia individual y a nuestra renuncia a dejar las comodidades superfluas acumuladas, girando todo en torno a un valor artificial que inventamos relativamente hace poco: el dinero.

Conciliar con los mercados

Desde tiempo atrás, en estos mismos artículos, he expuesto la necesidad de conciliar estos dos “mundos” que parecen enfrentarse (El capitalismo se está vistiendo de verde, 2020). De no hacerlo estaremos “jugándonos” un riesgo de vida para la especie, que desde ningún punto de vista puede ser razonable.

Y esa conciliación pasa por asuntos prácticos como las propuestas hechas recientemente en que los productores de combustibles fósiles tengan la obligación de limpiar el aire que se contamine con el uso de sus productos, en correspondiente medida. Obligaciones así empezarían a poner los asuntos clave en orden: los combustibles fósiles tenderían a subir de precio, reconociendo su real costo social y económico por usar o dañar los recursos de la naturaleza, y no solo financiero. Obviamente se tendrían que eliminar los subsidios para ser coherentes.

Esto es igual, indirectamente, a la propuesta de poner impuestos en todos los países al consumo de insumos y materiales contaminantes, cuya destinación debería ir a un fondo global que se encargara de irrigar inversión a quienes hagan los trabajos de recuperación de las condiciones naturales antes del consumo. Si fuésemos una humanidad colaborativa, claro.

Se conciliarían así esos dos mundos antagónicos: las acciones se dirigirían hacia la erradicación (o la atenuación) de las causas de los gases de efecto invernadero, pero dentro de los mercados, generados por estrategias inteligentes de política, dentro de las naciones, que los combinen y aceleren. Ese es el camino posible. Y en Davos (WEF) este año podría avanzarse.

El camino posible para que al final del siglo la humanidad siga con futuro sobre la faz de la tierra. Como queremos imaginar que será.

RAFAEL FONSECA ZÁRATE
@refonsecaz

 

Artículos complementarios:

La paradoja del negacionismo, 2021

Parar el cambio climático: ¿muchas pequeñas soluciones de cada persona o pocas grandes soluciones de tecnología?, 2021

De las promesas a la acción (el cambio climático es un asunto de todos), 2021

Transición de mentalidad y no solo transición energética, 2021

Protestas por pico y placa: la paradoja

La administración de Bogotá anunció que iba a cambiar las restricciones de pico y placa en forma tal que la secuencia acostumbrada de alternancia de pares e impares se variaría, dejando con los crespos hechos a quienes compraron un vehículo adicional para no sufrir los efectos de la medida. Estos “damnificados” están ahora protestando para que no se cambie nada, azuzando a su grupo con el argumento que los de las motos y de los taxis cuando se ponen bravos logran arrodillar a los gobernantes.

Esto implica una paradoja enorme, que vamos a explicar.

Desde 1998 cuando se anunció que se copiaría la medida de pico y placa de otras ciudades como México, para mitigar la congestión (el trancón, como le decimos comúnmente), se advirtió que la medida estimularía la compra de otro vehículo por parte de quienes sí podrían hacerlo, y que normalmente ese vehículo sería más viejo y por este detalle, más contaminador. Es decir, una medida más regresiva aún que el mismo tráfico inicial en el cual el 93% del espacio urbano dedicado a los carros lo usan no más del 15% de la población (lo cual es una barbaridad, ya considerada anacrónica en la nueva concepción de ciudades verdes con gran bienestar para sus ciudadanos) porque sólo las clases más pudientes podrían hacerlo y además, de dudosa eficiencia. Eso sí, produce algunos sectores felices como el de los vendedores de autos usados, pero también el de los importadores y todos los de la cadena de repuestos y mantenimiento, y por supuesto, los vendedores de gasolina.

La historia lo ha demostrado bien. La congestión no ha bajado, salvo los primeros días de aquella implantación. Ya se sabía, dicen los expertos. Lo que no dicen es que la congestión no se puede arreglar. Se puede gestionar (ver Gestión de la Congestión)  y mejorar sus efectos parcialmente, pero para solucionarla hay que bajar drásticamente el uso del carro particular. No hay remedio.

Quienes vociferan que los impuestos de la ciudad no se han visto reflejados en el aumento de la infraestructura, mas calles para transitar, pensando que es la causa del problema, no saben que ya se conoce en el mundo que a más infraestructura más vehículos, porque el efecto inicial induce a las personas a usar más su carro con la ilusión de que ahora sí podrá disfrutar de más comodidad en sus viajes dentro de la ciudad, hasta que la nueva capacidad se vuelve a colmatar, obteniendo al poco tiempo un peor resultado que al inicio. Ya ha pasado en las demás ciudades. Pero además, al presentar el argumento como que sólo los que tienen carro son los que pagan los impuestos, lo que solo es cierto en una pequeña proporción, se recurre a una falacia. Intentando confundir (ver video circulando en las redes).

No les falta razón a quienes objetan la medida reina para bajar la congestión, el uso del transporte masivo, que los viajes se hagan en bus y no en carro particular, puesto que su nivel de servicio es malo. Se volvió malo y se sigue deteriorando. Ya no solo por el hacinamiento en buses y estaciones en horas pico, sino por la inseguridad, el abuso a las mujeres y la dejadez que en muchos casos se le nota al sistema. En parte debido a las protestas contra el gobierno anterior que se manifestaron destruyendo uno de sus mayores activos sociales y ahora por la evasión generalizada, que según el mismo Transmilenio llega al 30% (se sabe que en algunas estaciones sobre pasa el 50%) que no solo induce a una crisis financiara del sistema sino que ahonda la crisis moral de la ciudadanía. ¡Gravísimo! (ver La sociedad descompuesta). La administración de la ciudad debe prioritariamente rescatar al sistema.

No solo más transporte público (Transmilenio) es lo que baja el uso de los vehículos particulares. Es otro de los “argumentos” de la guerra que quieren plantear los “damnificados” con el cambio de reglas en el pico y placa, dicen que la administración lo único que busca es volver a llenar los buses del sistema troncal. Desde el trabajo en casa o híbrido, vivir cerca al trabajo para realizar viajes a pie, o el uso de la bicicleta y la patineta, hasta medidas más sofisticadas como otorgar beneficios en los impuestos municipales a aquellas empresas cuyos empleados vivan a “distancia de caminada” son parte de las medidas más racionales en que las administraciones han debido embarcarse para realmente aminorar la causa del problema estableciendo estímulos significativos para inducir estos cambios. Ciudades de 15 minutos y Movilidad sostenible se le bautiza ahora en el mundo a todo esto.

Y hay mas estrategias para reducir la congestión en las horas pico, que tienen que ver con el desplazamiento del pico a franjas horarias más amplias, para lo cual las administraciones han debido estimular masivamente los horarios diferenciales de entrada y salida de los empleados en las empresas. O incluso, haberlo reglamentado. Los efectos de estas medidas son extraordinarios porque multiplican la infraestructura existente sin invertir un solo peso. Solo gestión. De paso, no solo sirve para reducir la congestión, que resulta siendo lo de menos en cuanto a bienestar de la población: mejora ampliamente el nivel de servicio de los usuarios del transporte masivo, que ese sí es el grueso.

Tampoco ayuda que la ciudad está en obra por todas partes, y que aquí las obras no solo duran mucho sino que son desordenadas e intervienen extensas zonas desde el día uno hasta el día final del contrato, causando más congestión que la que debieran. No ha habido forma en que hagan las obras por tramos, con trabajos concentrados y atendidas masivamente, incluso con horarios extendidos liderando que los vecinos comprendan que es mejor para ellos, y para toda la ciudad, unas incomodidades rápidas y no una supuesta menor incomodidad pero por mucho más tiempo.

Lo cierto es que por lo que protestan los “damnificados” es por el problema que ellos mismos han agrandado puesto que son los que más impactan a la congestión de la ciudad y de paso, han demostrado ser los peores ciudadanos de todos, con ninguna conciencia colectiva. Una paradoja.

La rotación del pico y placa y los cambios de reglas han debido establecerse desde el principio, porque precisamente se trataba de sacar vehículos particulares de las calles y no dejar una forma de que los mismos viajes se hicieran en otros segundos carros comprados por aquellos que pudieran hacerlo. Pero torpemente las cinco administraciones anteriores no lo hicieron.

Pero hay otra paradoja. Que estas personas con mayores recursos y supuestamente mayor escolaridad inviten a su grupo a tener los peores comportamientos ciudadanos, como los de los taxistas y los de las motos, que portándose mal, lograron beneficios por el miedo que infunden a los gobernantes de turno.

Y una mayor paradoja aún. Protesta o no, cambio de reglas o no, la congestión no se solucionará. Tendremos los trancones terribles de siempre hasta cuando los gobernantes logren liderar medidas como las mencionadas. Tampoco a la vista, puesto que el liderazgo, si lo hay, se ve saboteado por la polarización política en un verdadero frenesí de estupidez colectiva. El subdesarrollo en su esplendor.

Rafael Fonseca Zarate

* @refonsecaz

Implosión de edificios en Medellín: fraude, nada de optimización

Bien por la reciente editorial del El Colombiano “La implosión de la ética” al llamar a una dura reflexión sobre los insucesos con edificios en Medellín. El último, Continental Towers, también había sido “diseñado” por Jorge Aristizabal, el mismo del Space que se cayó en 2013 y de otros tres que hubo que tumbar. Y esta “enfermedad” de edificios no se ha acabado como lo advierte bien la editorial.

Tuve oportunidad de entrevistar al ingeniero Fredy Castañeda quien ha estado muy cerca de los casos mencionados por su trabajo en diseño y revisión de edificios y que en su momento participó activamente en la atención de la emergencia del Space como miembro de AIES (Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia) que fue llamada por el municipio para ello. A raíz de este evento participó en la evaluación del estado de la estructura de las etapas anteriores del edificio y en la toma de decisiones sobre su reforzamiento o demolición, lo mismo que para los otros proyectos de CDO, la tristemente famosa promotora y constructora del edificio, trabajo del cual concluye con énfasis: “no había diseño estructural en ninguno de esos edificios”. Según él, el dibujante de los planos era quien finalmente determinaba el diseño para construcción. Inaudito.

Explica, con conocimiento de causa, que cuando invitaron a 3 ingenieros para realizar el diseño estructural del proyecto y les pusieron como condición cumplir con las dimensiones de los planos, los dos primeros contestaron que no era posible sostener los edificios con esas dimensiones de columnas y vigas, y que eran necesarias juntas de construcción que no estaban previstas. Los exiguos honorarios de 6,500 pesos por metro cuadrado (una tercera parte de lo justo y necesario para un diseño de calidad) fueron incluso bajados por Jorge Aristizabal quien se quedó con “el diseño”, al ofrecer la mal bautizada “hiper-optimización” de la estructura llegando a cuantías de 23 kilogramos de acero de refuerzo por metro cuadrado, cuando lo normal ronda entre 40 a 45, y ofreciendo que le podían pagar a medida que fueran vendiendo. Se conoció que su negocio consistía en que le pagaran el 30% de los “ahorros” conseguidos por este supuesto mejor diseño, que “ahorraba” materiales. No se trataba de una optimización sino de una degradación (de la estructura).

El ingeniero Castañeda es un curtido profesional, con 29 años como ingeniero civil, egresado de Eafit (Medellín) y magister en Los Andes (Bogotá), que mantiene una posición muy crítica sobre la situación. Tanto que terminó retirándose de la AIES por su falta de firmeza para enfrentar estos casos. Él tiene una aguda observación sobre cómo estos problemas no afectan solo a los edificios del supuesto diseñador: los promotores y constructores empezaron a exigirle a los diseñadores estructurales que debían alcanzar los mismos resultados con “ahorros” en las cuantías de acero y así se propagó la enfermedad a punta de codicia y falta de ética, todos los involucrados embriagados de optimismo ingenuo al pasar por alto el riesgo al que estaban sometiendo a los clientes finales de las viviendas, alejándose de la ingeniería. Y quienes tenían la posibilidad de atajar semejantes errores, no cumplieron con su función de revisión: los curadores.

Para que quede claro: no hay nada de optimización y menos de hiper-optimización en todos estos edificios. No es un ejercicio de ingeniería de valor; todo este desastre sucede por fuera de la ingeniería, es un fraude.

Para él, el problema es más grave aún. Hace énfasis por la cantidad de casos que conoce, que no solo es en Medellín que ha sucedido, sino en todo el país. Que el sacrificio de la seguridad y de la calidad por razones de codicia, además de ser una falta de ética de parte de todos los involucrados, es un delito. Pero es un delito que ha quedado impune en su mayoría.  Es también la demostración de que el Estado no ha sido capaz de proteger a sus nacionales como lo ordena la constitución, aun cuando se hayan elevado las normas a leyes que exigen que se cumplan mínimos de diseño (Ley 400 de 1997, Ley 1796 (conocida como anti-Space) y todos sus decretos reglamentarios).

Esta grave problemática ya la he analizado en varios artículos precedentes. Es inminente que el gremio de la ingeniería asuma el liderazgo para solucionarla. Aunque nos lamentemos, una y otra vez, por la falta de ética de los indignos y mal calificados colegas, no se va a solucionar. Hay que exigir al Gobierno, reconociéndolo como parte de las causas y por el incumplimiento grave de sus funciones protectoras, que evolucione en los aspectos en los que hay que mejorar señalados desde hace tiempo por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ahora y sin más dilaciones:

Establecimiento de tarifas mínimas para diseño, con pago verificado por la Curaduría. Del diseño estructural hecho por un ingeniero dependen más vidas que en cualquier otra profesión. No puede ser que se negocie como verduras baratas en una plaza de mercado sin tener en cuenta el valor de la responsabilidad profesional y de la enorme preparación necesaria para hacerlo en forma verdaderamente idónea.

Reparto de Curadurías, es decir, que se asigne al azar y no pueda ser escogida por el Promotor porque se establece indefectiblemente una relación de negocio que puede condicionar su actividad, tal cual los proyectos estatales que sí están sometidos a reparto en las curadurías.

Pago inicial de expensas total o por lo menos el 50% para generar más independencia a la Curaduría y el pago no esté condicionado a la viabilidad del proyecto.

Reparto de Revisores estructurales independientes, es decir, que se asigne al azar y no pueda ser escogido por el Promotor porque se establece indefectiblemente una relación de negocio que puede condicionar su actividad.

Reparto de Supervisores Técnicos Independientes, es decir, que se asigne al azar y no pueda ser escogido por el Promotor porque se establece indefectiblemente una relación de negocio que puede condicionar su actividad de vigilancia de la ejecución de la obra, para que se cumpla realmente el término “independiente” fijado por la Ley.

A los Inspectores de policía no se les puede dejar solos en la responsabilidad de vigilancia de las licencias de construcción. No solo debe haber una debida preparación de los agentes sino que debe haber una fuerza especializada de soporte técnico y profesional a nivel nacional.

La función de revisión de las Oficinas de Planeación o Curadurías no puede omitirse. En los municipios donde no hay Curadurías la responsabilidad es del Alcalde que delega en la Secretaría de Planeación del municipio, muchas veces dirigida por personas que no son ni ingenieros ni arquitectos, quienes generalmente no revisan amparándose en las nuevas normas que exigen que los proyectos vengan revisados para dar la licencia (igual que ocurrió con el Space en 2013) o en la revisión que se supone que hace el Interventor, cuando existe. Para asegurar que la revisión del Estado siempre se haga en forma independiente se debe encargar al gremio de la ingeniería (por idoneidad) para realizarlo a través de revisores estructurales escogidos también con el mecanismo de reparto (interrumpiendo además un posible ciclo de corrupción ya conocido).

Celeridad en los procesos de los concejos profesionales donde se demuestre faltas a la ética por parte de promotores, constructores y diseñadores; en todos los edificios enfermos sólo han sido sancionados el diseñador y el revisor con la cancelación de su matrícula mientras que los demás tuvieron sanciones mínimas.

La revisión de los procedimientos judiciales para evitar que la impunidad dé al traste con todos los avances jurídicos, y poder hacer efectiva y rápida la justicia en estos casos. El castigo también hace parte de la educación para la vida en sociedad y la responsabilidad profesional que le reviste a los ingenieros.

A excepción de la última medida, todas las demás son de fácil arreglo a través del Ministerio de Vivienda y de la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, con el fuerte apoyo y guía de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en su función de asesor de alto nivel del Gobierno, incluyendo sus sociedades correspondientes y regionales.

Solo hace falta que la Ministra de Vivienda y los funcionarios del ministerio hagan conciencia que en virtud de su dignidad recae sobre ellos una enorme responsabilidad sobre la vida de los colombianos que habitan en edificios. Y tener la valentía necesaria para introducir estos cambios que pueden no gustar a los codiciosos y faltos de ética, generalmente con el poder para oponerse.

* @refonsecaz

 

Mientras las decisiones técnicas no sean definidas técnicamente, no saldremos del subdesarrollo

De Perogrullo. Pero así nos pasa a diario y se volvió nuestra forma de vivir el país. Lamentablemente, mientras no tengamos consciencia colectiva de lo grave que es que los asuntos técnicos sean definidos por los políticos o los codiciosos, no saldremos del atraso, de la pobreza, de la falta de bienestar y de todos los males que nos aquejan. No es la única causa, pero sí es una que pesa mucho en conjunto con la falta de justicia y educación.

Se observa en todos los sectores: en salud (agua potable, saneamiento, centros de salud, hospitales), en educación, en infraestructura ni se diga. Los decisores han privilegiado andenes sobre redes de alcantarillado y parques Sacúdete sobre salud básica. Y lo peor es que sabemos perfectamente por qué pasa: los decisores, en su gran mayoría políticos (cuyo objetivo no es el bien común, sino su bien particular), están muy interesados en el contrato y no en el proyecto. El proyecto, que debería ser el vehículo mediante el cual se beneficia una comunidad en algún sentido para que le aumente su bienestar, sus posibilidades de desarrollo y un mejor futuro, es el vehículo para que quienes participan en la decisión se llenen sus bolsillos.

Tan grave como el hecho mismo de corrupción, es que esta corrupción nos priva de tener desarrollo ya que tiene doble mal efecto: es muy grave que el poco dinero que se destina a las inversiones que mejoran la vida de nuestra gente, no solo se la roban en parte sino que no está bien invertida; los proyectos no son priorizados con respecto a la mayor urgencia de solución de problemas y el mayor beneficio posible de las comunidades.

Y encima de esto, ya de por sí pésimo, es que los políticos se meten a decidir los asuntos de ingeniería, de salud, de educación, de todas las disciplinas, que definitivamente implican el debido conocimiento y experiencia para poder ser quienes determinen tales decisiones. Ejemplos en ingeniería hay por montones: el Metro de Bogotá, la solución de la séptima en Bogotá, ahora hasta el arranque de HidroItuango, el puente Hisgaura, el Canal del Dique, La Mojana, BioEnergy, las carreteras terciarias, los POTs y gran etcétera… Otra fuente de malas decisiones es la codicia, en la que hay funestos ejemplos también: edificios en Medellín, puente Chirajara, y quien sabe cuántos más. No solo en sector público, como se puede uno dar cuenta. Los políticos y los codiciosos deben dejar de tomar decisiones erradas, con problemas, privilegiando sus intereses y dañando al país. Un peligro.

Un ejemplo más directo para ilustrar el peligro.

Causa temor ver al Alcalde de Medellín vendiéndole a la opinión pública que el arranque de HidroItuango está asegurado. Este, como los otros ejemplos, es un tema complejísimo de gente técnica, de ingenieros principalmente. En un país sensato, lo primero que harían sería sacar todo tipo de manipulación política y no dejar apelar a una anacrónica y desatinada exacerbación regionalista.

Igual de respetables los técnicos que deben echar a andar la máquina como los técnicos que deben prevenir cualquier desastre. Entre la vida y la economía, la duda no tiene cabida. La vida siempre primero. En el país tenemos dolorosísimas experiencias en que los políticos de turno se adjudicaron la pertinencia de dar las instrucciones que solo los ingenieros podían hacer bien. Y en aras de no crear pánico o privilegiar la economía expusieron a la población a riesgos enormes en los que finalmente murieron. Le hemos pedido muchas veces a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres -UNGRD- que deje de ser una atendedora tardía, cuando el desastre ya sucedió, a que sea preventiva para que el desastre no ocurra. Y cuando por fin lo hace, como en este caso, medio país sale a esgrimir lo del optimista ignorante: “eso no pasa nada”. Y sí pasa, que no se nos olvide.

La ingeniería no es solo para hacer, construir y edificar. La ingeniería es ante todo la construcción de la vida segura y del bienestar de la humanidad.

 

(1) De Perogrullo o verdad de Perogrullo sirven para expresar que una cosa es tan sabida y conocida que resulta tonta repetirla, pero que toca repetirla porque así de tonta es la realidad. Ver Pedro Grullo.

 

* @refonsecaz

Riesgo de burla al Estado con reversión de concesiones viales

El preocupante caso de las Autopistas del Café, con la coautoría del ingeniero Marco Alzate, experto en estos temas.

Autopistas del Café es un Concesionario del proyecto que une las tres ciudades del eje cafetero Armenia-Pereira-Manizales (APM). Fue contratada en 1997 por el Instituto Nacional de Vías -Invías-, siguiendo la estructura de lo que se conoce como la primera generación de concesiones que se caracterizaba porque el Estado asumía los riesgos a través de garantizar una Tasa de Retorno -TIR- (en este caso del 15%) sobre el flujo proyectado de inversiones y egresos versus ingresos del Concesionario privado (Odinsa es su mayor socio). Debido a esta forma pactada para garantizar el negocio al privado, el modelo financiero en el cual se muestran estos flujos y se calcula la TIR se vuelve en el instrumento esencial para poder administrar el contrato y mantener esa garantía. Si durante la ejecución del contrato, a largo plazo (17 años fue en promedio para la primera generación) con los valores reales y lo que quedaba de la proyección se presentaban desequilibrios para la TIR, se ajustaba el plazo hasta lograr el valor acordado. Este tipo de fórmulas supone que también puede disminuir el plazo.

El contrato se reestructuró mediante un contrato adicional modificatorio en el año 2000 y se estableció que el valor de las obras correspondía a $174.762 millones (todas las cifras se citarán en $ constantes de septiembre de 1996, cuyo equivalente aproximado a pesos de hoy se logra multiplicando por 4.3).

Posteriormente, mediante Otrosí de tribunales de reestructuración y desequilibrio, en 2005 se redefinió el valor del contrato en $154.524 millones, siendo este el valor que debía incorporarse en el modelo financiero del proyecto. La cifra era menor a la original principalmente debido a obras que no se ejecutaron. Sin embargo, este valor no correspondió al registrado en el modelo financiero dejando el monto original y por lo tanto se calculó erróneamente que la concesión iría hasta el 2027 cuando ha debido llegar al 2015.

Solo hasta el 30 de diciembre de 2011 el Concesionario hizo entrega oficial a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- (que recibió las concesiones desde ese año, puesto que antes estaban en cabeza del Instituto Nacional de Concesiones – INCO – desde el 2003) del modelo financiero de la restructuración del otrosí de 2005, incluyendo en la Línea de ingresos lo acordado pero no así la en la Línea de egresos en la que se reportó el valor de las obras por valor de $172.597 millones, desconociendo lo acordado en 2005, como ya se anotó.

Tanto la ANI como la Interventoría y el Concesionario realizaron las evaluaciones que permitieron establecer a través de diferentes documentos, incluyendo el Otrosí de 2005, el valor acordado de las obras de Construcción y Rehabilitación en los $ 154,524 millones mencionados.

Tanto así que hasta la Contraloría General de la República – CGR -, mediante “Auditoria Concesiones del Modo Carretero” de Junio de 2012 presentó el hallazgo 226 mediante el cual indicó las diferencias entre el valor de las obras pactadas y las incluidas en el modelo financiero.

De por sí entregar el modelo financiero actualizado tantos años después ya es un muy mal síntoma. Y además sugiere que la ANI no lo tenía, lo que es peor síntoma. Pero entregarlo mal, desconociendo lo acordado 6 años atrás es una anomalía gravísima e inexplicable. De hecho, hay voces que ponen en duda la existencia del modelo hasta ese momento. Esta presumible falta de trasparencia hace que estos enormes contratos puedan ser muy vulnerables a corrupción, pero no cualquier corrupción, sino aquella de alto nivel con enormes montos.

Por tales razones, en el 2016 la ANI convocó a un Tribunal de Arbitramento para lo cual tuvo en cuenta el monto de las inversiones pactadas en 2005 (construcción, rehabilitación y construcción de infraestructura de operación) y el Índice de Precios al Consumidor – IPC – real (ya que en el modelo financiero, manejado por el Concesionario, aún figuraba con el valor inicial de estructuración que era del 7% (también inexplicable)) y producto de ello había logrado establecer que la fecha según la cual el Concesionario  Autopistas del Café S.A. obtendría la TIR pactada contractualmente en el 2015. En el año 2018, mediante el laudo arbitral correspondiente, que fue desfavorable a la ANI (al país), se desconoció la contundencia de las pruebas presentadas y se determinó que el plazo de la concesión no solo se mantenía en el 2027 sino que se ampliaba 2 meses más allá de la fecha demandada.

En un evento de Arbitraje en Cartagena en 2019 un expresidente de la ANI criticó a los abogados de la entidad que atendieron el Tribunal de Arbitramento por haber “perdido” todos los casos que se les encomendaron. Tales abogados fueron “recomendados” a la Agencia, por no decir impuestos, por el Vicepresidente de la Republica de ese entonces. La ANI perdió, léase los colombianos perdimos, por una precaria defensa judicial de la entidad que fue adelantada por un grupo de abogados sin experiencia previa en proyectos de concesión.

Esta podría ser una injusticia enorme contra el Estado, y por esa vía para los usuarios que tienen que cancelar tarifas altas de peajes, que a su vez siguen pagando una vía que ya se pagó. En términos jurídicos, además, podría estarse violando el principio de suficiencia financiera ya que las tarifas de los peajes no están evitando la posibilidad de una sobre-remuneración de la infraestructura muy por encima de los costos más una utilidad razonable. El recaudo de este año se espera que supere los 250.000 millones de pesos de los cuales atender la operación y mantenimiento no pasa del 20%. El 80% será de utilidad ya que, como se anotó, las inversiones para construcción y rehabilitación se pagaron hace rato (hasta 2015).

A nivel local la dirigencia representada por los Gobernadores de los Departamentos involucrados han estado protestando por esto: “nos dejaron con los crespos hechos…” expresó el Gobernador del Quindío (La crónica del Quindío, 2018) después del laudo. Muchas opiniones a nivel nacional se preguntan hasta cuando tendremos peajes altísimos (por ejemplo El volcán de los peajes, Suárez, Semana, 2022).

Debe ser claro para cada colombiano que una vez pagadas las inversiones de construcción de las concesiones, cuando revierten al Estado, los peajes solo se necesitan para pagar la operación y el mantenimiento, lo cual debería corresponder a una fracción de lo que se pagaba antes de la reversión. Alguna parte del peaje podría ser una fuente de los recursos, además de la valorización que no se ha aplicado, que se requieren con urgencia para cerrar las brechas en materia de infraestructura vial de integración para esta región y su desarrollo.

Es fácil percibir la urgencia de hacer una auditoría detallada y minuciosa en esta concesión, y en general en todas, para verificar si las cuentas están bien hechas, si los modelos financieros sí están disponibles en la ANI y con las cifras correctas según la vida contractual, puesto que, como en este caso de APM hay muchos y gruesos interrogantes. Y para verificar que una vez revertidas las concesiones, los peajes sí bajen.

Si no, el esperado aumento en la competitividad se esfumó en los fletes, que nunca bajaron tras haber reemplazado las viejas carreteras de montaña por autopistas de doble calzada y especificaciones de talla mundial.

Tendremos que estar muy pendientes para que algún día veamos el primer caso de reducción de tarifas de peajes y para que el riesgo de burla al Estado no se materialice.

Un nuevo tipo de pensamiento es esencial: enfrentar el cambio climático

Durante la COP 27 en Egipto vuelve al ruedo la tensión entre los países desarrollados y los que se les dice que están en vía de desarrollo. Los primeros, causantes de la gran mayoría de los efectos del cambio climático que ponen en riesgo la supervivencia de los animales, incluidos los humanos, sobre la faz de la tierra; los segundos, que sufren ya, y sufrirán, los mayores impactos de las reacciones en cadena del clima que se vendrán con el calentamiento provocados por los gases de efecto invernadero -GEI-, dada su vulnerabilidad y su pobreza.

Los primeros forcejeando para no salirse de las estrategias basadas en compromisos voluntarios de los países, los mecanismos de mercado y de nuevos negocios verdes que resulten muy rentables para las multinacionales y para sí mismos. Los segundos reclamando la promesa de aporte financiero de los primeros para poderle hacerle frente al cambio climático, no solo en las vulnerabilidades existentes sino porque al mismo tiempo hay que enfrentar la pobreza, y más ahora que el sistema económico imperante se ha estancado como mecanismo para sacar a los pobres de su condición económica. Además, claro, de reducir sus emisiones, lo cual podría pasar por el tan mal debatido decrecimiento económico.

Recomiendo leer una buena descripción crítica y centrada sobre esta tensión, que para nada es nueva, y se podría decir que ha madurado desde sus planteamientos iniciales en Río (1992) y muy bien reafirmada en París (2015) generada por las promesas incumplidas, en “Responsabilidad ante la crisis climática: las potencias responsables deben pagar” de Camilo González Posso (Indepaz, 2022). Y para ambientarse en esta lectura se puede leer “La caverna: Un cuento sobre el decrecimiento económico y la asfixia de la humanidad” (ConfidencialColombia, 2022) y “Racionalizar antes que decrecer” (ConfidencialColombia, 2022).

Una de las muchas frases atribuidas a Einstein dice que “no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento (nivel de consciencia) que usamos cuando creamos esos problemas” que parece muy indicada para reflexionar sobre las opciones disponibles para resolver el problema que enfrenta la humanidad. Sin embargo esta frase, como muchas otras, no fue del físico genio. Lo que sí firmó en 1946 como presidente del Comité de Emergencia de Científicos Atómicos un año después de lanzadas las bombas atómicas y por el impacto terrible que generaron en la humanidad, fue una carta para solicitarle fondos a los ricos de la época para poder adelantar campañas para darle un uso diferente a la energía atómica, en la cual se incluía una frase aún mejor para reflexionar en nuestros días: “Nuestro mundo enfrenta una crisis aún no percibida por quienes poseen el poder de tomar decisiones importantes por el bien o el malNecesitamos … que la gente sepa que un nuevo tipo de pensamiento es esencial para que la humanidad sobreviva y avance hacia niveles más altos” (Quora, 2013).

Al igual que aquel grito desesperado para que los poderosos tomaran consciencia del riesgo, ahora estamos ante una situación análoga. Si quienes deben tomar decisiones serias y responsables, de largo plazo, sobre cómo revertir la tendencia y emprender la recuperación, no lo hacen, seguramente no lo lograremos y los años venideros nos golpearán cuando ya no podamos hacer mayor cosa. Ni siquiera hacerles pagar su torpeza servirá para nada.

En la COP27 se enfrentan quienes quieren volver el riesgo en oportunidad versus quienes ya tienen el agua al cuello (Pakistán (NewsUN), por ejemplo, y los cientos de millones de personas que viven en los países pobres que no solo están bajo amenaza sino que ya reciben los efectos).

Hace dos años yo creía que lo lograríamos con la nueva economía verde y los mecanismos de mercado al escribir “El capitalismo se está vistiendo de verde” (ConfidencialColombia, 2020): “el poder económico mundial está experimentando un gran giro conceptual, que representa la única esperanza para la humanidad. Para ser prácticos, si el capitalismo dominante, dominado por el poder económico, no se ocupara de esta amenaza, no tendríamos mayor futuro.” Y me mostraba optimista por las declaraciones en 2019 de la Business Roundtable redefiniendo los objetivos de las empresas buscando beneficios para todos sus públicos interesados y no solo para sus accionistas, o por las afirmaciones del fondo BlackRock al anunciar que “la sostenibilidad será su nuevo estándar para definir inversiones alrededor del mundo, ante la creciente tendencia mundial en la que los inversionistas no sólo valoran criterios financieros, sino también ambientales y sociales”. Parecían anuncios de un nuevo nivel de consciencia de los poderosos, de quienes realmente comandan al capitalismo. Pero la realidad es que las promesas hechas por los países desarrollados no se han cumplido, la esperanza de nuevas tecnologías salvadoras en conjunto con los mecanismos de mercado y la velocidad de la transición energética mundial no están siendo suficientes al menos para revertir la tendencia y ya suena rayado advertir que no vamos a alcanzar.

Es muy probable que se equivoquen quienes, en su mayor claridad en prever la crisis que se nos cierne, intenten desconocer que los países poderosos no actúan porque son gobernados por políticos que a su vez obedecen a los accionistas y dirigentes de las multinacionales que quieren encontrar oportunidades de negocio al filo de la situación de emergencia. Y las invitaciones a que el activismo climático pueda saltarse el poder formal de los gobernantes son un tanto inverosímiles: el poder es el poder, y quienes ostentan ese poder saben usarlo. Una sin salida para los 8,000 millones de personas en manos de unos poquísimos poderosos que confían en que las nuevas tecnologías lograrán los equilibrios necesarios entre sus intereses personales y salvar el mundo, y a tiempo. ¡Jugándose el destino de la humanidad por sus mayores utilidades a corto plazo! (mayores utilidades que resultan ridículas en cualquier comparación frente al riesgo).

Una demostración de esto ha sido Canadá. Cuarto productor de petróleo y al mismo tiempo “tiene uno de los impuestos al carbono más altos y prohibió los plásticos de un solo uso… en medio de una política de transición energética que espera llevar a cero las emisiones en 28 años” (La República, 2022), y su aparición en la COP27 con petroleras a bordo (consideradas antagónicas por ambientalistas y activistas climáticos) revela nada menos que su apuesta es por la tecnología salvadora que solucionará la captura de GEI para regresarlos a la tierra, en medio de la nueva economía verde en la que las multinacionales lograrán sus mayores utilidades, que se impondrán a los países pobres quienes de todas maneras tendrán que pagar sus facturas.

Es necesario entender que muy probablemente el estribillo “en vías de desarrollo”, significando por desarrollo cuando no hay pobreza en un país y sus nacionales tiene un digno nivel de bienestar, deberá definitivamente abandonarse y volver a denominarlos países subdesarrollados, puesto que con esta estrategia para enfrentar el cambio climático no están en esa vía y estarán destinados a seguir con pobreza por siempre.

En Colombia, país pobre y subdesarrollado, ridículamente esta discusión es casi imposible debido a la politización. Una prueba difícil del pensamiento crítico es la capacidad de reconocer asuntos valiosos en quienes nos resulten opositores. Es de esperar que personas muy ideologizadas, como los militantes de partidos políticos de extremas, no sean capaces de tener pensamiento crítico aun cuando estemos hablando de una amenaza global, cuyas consecuencias les caerá igual a ellos y a sus familias. Es una demostración de que la ideologización sí embrutece o mínimo tiene como efecto que quienes están ideologizados actúan torpemente. Una reafirmación desafortunada de subdesarrollo mental.

Es esencial pensar en cómo generar “un nuevo tipo de pensamiento” para salir del paradigma que nos llevó a esta crisis, apoyando a quien genere los mejores argumentos sin importar su ideología. Es necesario que encontremos esas estrategias que equilibren bien los intereses de los poderosos y las cargas injustas a los pobres, lo cual pasa porque el mundo rico entienda bien y acepte que entre esos intereses debe estar incluida al mismo tiempo la necesidad de reducir la pobreza en el mundo pobre.

 

* @refonsecaz

Las causas de fondo de las casas caras en Providencia

En los dos artículos anteriores analizamos las causas primarias que salieron a flote en la problemática de las casas y que comentaron los medios. Ahora ya es tiempo de revisar las causas de fondo (o raíz) que pudieron detonar que este no fuera un proyecto exitoso (basta observar la cantidad de problemas resultantes y críticas de varios de los públicos incumbentes para darse cuenta).

Causas de fondo que deberíamos corregir para la próxima emergencia

  • La actitud diferente de los funcionarios del PNUD (9), expertos en estas reconstrucciones y al mismo tiempo muy identificados con la necesidad sentida de hacer rendir los fondos disponibles, debe ser el ejemplo a seguir, con una misión de ser muy cuidadosos con los recursos. Lograr rápido, solucionar rápido, en condiciones de emergencia, pero gastar lo menos posible. No parece haber sido la misión que desplegaron los representantes del gobierno en este proyecto, aun teniendo toda una estructura dedicada, con una Gerente de Reconstrucción a bordo que por su especial encargo tenía que ser totalmente estratégica.
  • El contrato de administración delegada debe ser administrado de cerca, con un interventor de primera categoría que ayude a lograr calidad al mejor precio (y cuyo pago no dependa del gasto). De lo contrario, tiende a incentivar a gastar más, y peor aún en esta circunstancia en que las justificaciones eran menos exigentes porque se trataba de correr para recuperar rápido la emergencia, objetivo que tampoco fue logrado.
  • En lo sucesivo, para los privados que se ofrezcan a trabajar sin utilidades “por amor a la patria” como en el caso del Consorcio de las constructoras, será muy conveniente que revisen el riesgo reputacional como el que hoy se está materializando. ¿Qué pasaría, por ejemplo, que en las investigaciones resultaran comparaciones de honorarios que develaran que eran más altos que los normales (una utilidad disfrazada) y que no era todo solidaridad con el Gobierno? Ojalá no. Mejor desplegar sus habilidades como es usual, compitiendo, con el mayor rigor y control en todo sentido, y con utilidades. La lección aprendida es que probablemente salga más económico para el país y mucho menos riesgoso para ellos.
  • La gobernanza de la recuperación del desastre, en cabeza de una Gerencia de alto rango, que no tiene experiencia en nada de estas labores tan especializadas puede llegar a ser un inconveniente fuerte, influyendo en (o peor, tomando) las decisiones estratégicas basándose en sus propias opiniones amplificadas por el poder con que se le revistió. La presencia de tantas entidades volvía aún más exigente este trabajo. Fuera de la UNGRD -Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres-, los Ministerios de Vivienda, de Salud y de Educación, estaban el DAPRE, FONTUR, el SENA, el Invías e Innpulsa y las locales entre otros. No solo se requiere mucha experiencia en situaciones de desastre y su recuperación sino unas habilidades en estrategia, planeación y liderazgo sobresalientes, que aquí claramente hicieron falta. No es un cargo para un político convencional, así fuera muy amiga y con línea directa con el Presidente de la República; es una misión compleja para un verdadero líder, experto en todo lo mencionado. Es necesario revisar el alcance real de la UNGRD en estos casos, en los cuales debería poder desplegar a sus expertos de carrera, dedicados a solo a estos difíciles trabajos, para entrar a controlar la situación no solo en la fase de emergencia sino en la de recuperación.
  • Las malas estrategia y planeación de la atención del desastre terminan contribuyendo con el desastre. Es necesario afinar los procedimientos obligatorios de la atención y determinar cuál planeación y correspondientes acciones, son de emergencia, y cuáles las de recuperación; las primeras, por ser urgentes requieren mucho más esfuerzo de planeación. Puede sonar contraintuitivo, pero es lo que precisamente hay que mejorar: esto no corresponde a una lógica simple, se requieren expertos, y por lo tanto es necesario que la entidad que tiene esta misión en Colombia, la UNGRD tenga los mejores. A juzgar por los resultados, en Providencia se presentaron serias fallas de estrategia y de planeación. Siempre la coordinación de todas las acciones de recuperación de desastres debería estar centrada en la UNGRD, que debe diseñar la estrategia, hacer la planeación y ejecutar la coordinación entre todas las entidades que vayan a participar incluyendo las ayudas internacionales; para eso fue creada.
  • Las intervenciones de recuperación de la situación para devolverla a su situación anterior, la normalidad, lo antes posible y al menor costo posible (económico, no solo financiero) deben ser el objetivo. De nuevo, a juzgar por los resultados aquí tampoco hubo una buena estrategia para devolver a esa comunidad a su normalidad. Los excesos en diseño y cambios por fuera de lo convenido con la comunidad es un ejemplo de esto; la intervención masiva con una población flotante de más del 60% es otro ejemplo en el que con toda certeza se podía prever que iba a tener enormes impactos permanentes y no solo de coyuntura, como se observan en algunos de los testimonios. Esto deja ver que muy seguramente la exigencia en habilidades estratégicas no está clara dentro del sistema de atención de desastres, que debe exceder en mucho el simple activismo de hacer rápido lo que primero se analice a cualquier precio. Es necesario avanzar mucho en estrategia, antes que en la planeación, y aprovechar este caso tan claro para aprender al máximo y lograr que este conocimiento sea parte integral del valor que la UNGRD debe estar siempre lista para desplegar al país.
  • En consecuencia, el alcance de la UNGRD no es solamente lanzar unos contratos a unas entidades de manejo contractual como FINDETER sino que tiene que tener previsto todo un sistema de atención, que no funcionó si es que lo tiene, en el cual haya especializado a posibles contratistas (puede estar incluida FINDETER) en este tipo de proyectos, que se insiste, son mucho más exigentes que lo normal (valga la pena advertir que en general en los proyectos “normales” del Estado hay una muy notoria precaria planeación con casos aberrantes en los cuales no hay planeación literalmente).
  • Hay que revisar el régimen de contratación directa y las exenciones para evitar la ley de contratación. ¿Con base en qué se puede argumentar que es necesario “contratar de afán” proyectos para la recuperación de un desastre que van a durar 2 años? Se entiende perfectamente que para la primera fase de una emergencia, en la que la misión es salvar vidas de inmediato y cuya duración en el tiempo sea menor a un mes, que exista un régimen de excepción ¡de resto, no! Todo lo demás debe pasar por un procedimiento rápido de selección de contratistas sin salirse de la Ley 80, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, para la cual la entidad UNGRD se debe haber preparado previamente (paradójico, puesto que la Unidad debe saber lo preventiva que debe ser en todo) y tener precalificados numerosos contratistas para diversas tareas típicas de atención en diferentes partes del país, como reconstruir y construir casas, cuya máxima dificultad no es la actividad en sí misma sino la de actuar bajo la presión del tiempo y en contextos no favorables al mismo proyecto. Nada que corresponda a “física cuántica”, pero sí exigente en estrategia, planeación y prevención, en las que la UNGRD debería darle cátedra al país. Varias entidades, incluyendo ministerios, saliendo a contratar de emergencia lo que consideran para ayudar a la atención del desastre, llevan a resultados como los logrados en Providencia, que desafortunadamente demuestran cuán lejos está el país de las debidas fortalezas que deberíamos tener al respecto.
  • Otra tarea muy importante es revisar el valor agregado de la figura de “gestor contractual” (ya que a los colombianos nos fascinan los eufemismos). En términos generales, una entidad como FINDETER despliega valor por la posibilidad de agregar masa crítica a sistemas de contratación que presenten pocos casos, como puede ser el de un pequeño municipio, para que pueda contar con un proceso robusto y correcto pero eficiente en tiempo y costo simultáneamente, comparado a que si lo hiciera el pequeño municipio con sus escasos recursos monetarios y humanos. Sería muy importante que la Contraloría -CGR- estudiara si esta supuesta generación de valor se está obteniendo en la actualidad, no solo en el caso de FINDETER sino en la diversidad de pseudo-entidades que se han creado, en y entre municipios y gobernaciones, para concentrar la contratación y que, como se tiene demostrado por los ya generalizados casos de proponente único logrados a través de pliegos sastre, también concentrar la corrupción en la contratación estatal.
  • FINDETER viene siendo un “super mega” contratista que atendió: reconstrucción de 1.845 viviendas, construcción del Aeropuerto (nueva terminal aérea y de la plataforma de parqueo de aviones), obras complementarias del acueducto y optimización de la planta de agua potable, construcción de tanques para almacenar 810 m3 de agua, construcción de muro en los gaviones, dragados de los embalses de Agua Dulce y Bowden, reparación de los colegios Boyacá y Bomboná, rehabilitación de infraestructura de escenarios deportivos, escenarios culturales y la gerencia de la reconstrucción de 158 posadas turísticas. ¿Qué pasaría si hubiera tenido que competir abiertamente para estar al frente de tal cantidad de contratos y de sus montos? Sería de esperar que la probabilidad de ser escogida con unos pliegos de condiciones exigentes y objetivos hubiera sido baja. Esa es la magia negra de los convenios interadministrativos.
  • En el caso que nos ocupa, en la UNGRD no debería poderse justificar este tipo de “gestores contractuales” debido a su enorme contratación de alcance nacional y sobre todo por el nivel de especialización que se está reclamando en los primeros puntos de esta parte. El conocimiento incremental y acumulado que debe tener la UNGRD para lograr su misión es indelegable por ser de carácter estratégico. Pero en gracia de discusión podría activarlo a través de FINDETER pero con un convenio marco de largo plazo en el cual se garantice la acumulación de tal conocimiento especializado y el aseguramiento de que cada día se estaría aprendiendo más y mejorando las intervenciones. Por lo tanto, el costo de funcionarios y demás asuntos relacionados con esta parte estratégica, no debería estar repetido dentro de la Unidad porque se supone que ya estarían en el gestor contractual. Lo que se pudo observar es que no existió, ni en el contratista FINDETER, ni en la UNGRD, ni menos en la Gerencia de la Reconstrucción, ya que no se refleja que hubiera impuesto una estrategia sólida e infranqueable al contratista y que se asegurara el aprendizaje de las buenas y malas experiencias.
  • Y obviamente el control de la corrupción debe existir. Salir a contratar en emergencia es una invitación enorme para derivar dineros públicos y de ayudas internacionales para los bolsillos inescrupulosos a lo largo y ancho del proceso. Esto exige especial cuidado en la selección de los funcionarios, lejos de la politiquería, además de mecanismos de transparencia y control más estrictos que para la contratación normal.

Muchos asuntos vitales por reestudiar y arreglar en la prevención y atención de desastres, que no dan espera porque el siguiente desastre se puede presentar mañana mismo.

 

* @refonsecaz

 

Referencias

(1) Pelea entre Petro y Duque por casas de Providencia: ¿sí valen $600 millones? El Colombiano, 2022.

(2) Saqueo en Providencia: la isla de la fantasía que dejó Iván Duque, A fondo con Maria Jimena Duzán, 2022

(3) ¿Por qué costaron tanto las viviendas que hizo Duque en Providencia? El Colombiano, 2022

(4) Arquitecto San Andresano, constructor habitual. (pendiente verificar fiabilidad)

(5) Twitter del constructor Leonardo Castro (en las respuestas hay quienes desmienten que sean en la isla pero sí en San Andrés y que no han pasado realmente por la prueba de un huracán). (pendiente verificar fiabilidad).

(6) Casas de más de 600 millones en Providencia ya tienen grietas y daños: ¿qué responde el consorcio? Noticias Caracol, Diego Alvira, 2022

(7) ¿Qué pasa con las casas en Providencia? Revista Cambio, 2022

(8) Contraloría confirma sobrecostos y otras irregularidades en reconstrucción de Providencia, Revista Semana, 2022

(9) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD