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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Red de Veedurías

Red de Veedurías pide a la Procuraduría vigilar adjudicación de contrato de transporte del personal de la Refinería de Cartagena

La Red de Veedurías de Colombia, presidida por Pablo Bustos, emitió una alerta pública tras recibir de manera anónima una denuncia ciudadana que advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación del Servicio de Transporte Terrestre Público Especial para el personal de la Refinería de Cartagena.

Según la información recibida, habría indicios de un posible acuerdo previo entre varias empresas oferentes —entre ellas HB, Amtur, Transmamonal y OAT— con el fin de repartirse o asegurar la adjudicación del contrato, lo que representaría una violación a los principios de transparencia, libre competencia e igualdad de condiciones en la contratación pública.

 

De confirmarse estos hechos, se trataría de una simulación de pluralidad de oferentes, pues a pesar de parecer un proceso abierto, en la práctica podría estar manipulado mediante acuerdos ocultos entre los participantes. Esta situación, de comprobarse, podría constituir una grave irregularidad administrativa con implicaciones legales.

Ante esto, la Red de Veedurías ha solicitado de manera formal a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República que inicien un seguimiento exhaustivo a cada fase del proceso contractual. “La ciudadanía merece procesos de contratación limpios y transparentes, especialmente cuando se trata de servicios estratégicos en una de las refinerías más importantes del país”, señaló la entidad.

Preocupación por prórrogas sucesivas en contrato de Megabús: Red de Veedurías pide investigación

La Red de Veedurías de Colombia solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República que se inicie una investigación sobre presuntas irregularidades en las prórrogas otorgadas al contrato de concesión del servicio de recaudo del sistema de transporte masivo Megabús en Pereira. Según la organización, estas extensiones contractuales, que han sido repetitivas en los últimos años, podrían estar comprometiendo el patrimonio público de los ciudadanos pereiranos.

El contrato, que corresponde a la operación del sistema de recaudo, ha sido prorrogado en múltiples ocasiones sin que se abra un nuevo proceso licitatorio. Esta situación, advierte la Red de Veedurías, podría estar violando la Ley 80 de 1993, al favorecer directamente y sin competencia abierta a la empresa actual encargada del servicio, Recaudos Integrados S.A.S. “Es indispensable garantizar una selección objetiva y con libre concurrencia”, señaló Pablo Bustos, presidente del organismo veedor.

 

De acuerdo con Bustos, el contrato original ya debió haber finalizado hace varios años, lo que obligaría legal y éticamente a emprender un nuevo proceso de adjudicación que responda a los principios de transparencia y eficiencia en la contratación pública. La organización expresó su preocupación por la falta de acciones concretas para renovar este componente esencial del sistema de transporte.

Finalmente, la Red insistió en la urgencia de acompañamiento institucional inmediato para evitar que se sigan consolidando prácticas que podrían derivar en perjuicios económicos para el municipio y sus habitantes. La falta de un proceso licitatorio abierto, según el organismo, pone en entredicho la legitimidad del actual operador y el futuro del sistema de movilidad en la capital risaraldense.

«Esta licitación debió haberse adelantado desde la Administración anterior, pero a la fecha aún no hay un ganador fruto de una licitación pública, transparente y abierta a todos los interesados, solo se adelantan prórrogas consecutivas al operador que ya finalizó su contrato», agregó Bustos.

La Red de Veedurias de Colombia alertará a las autoridades competentes sobre nuevos hechos irregulares, si se sigue intentando frenar la licitación para hacer más prórrogas indebidas y estará vigilante para que en Pereira se preste un servicio de acuerdo con la ley y se efectúe la licitación de manera objetiva, con el pleno respeto de los principios y fines de la contratación pública y con las garantías máximas para todos los oferentes que aspiren a prestar el servicio de recaudo de Megabus a futuro.

Nueva denuncia contra Armando Benedetti

El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos Sánchez, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el exembajador Armando Benedetti por presuntos nexos con Diego Marín Buitrago, alias ‘Pitufo’.

La acusación se basa en la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial del actual mandatario, Gustavo Petro.

 

“Es fundamental determinar si hubo gestiones indebidas por parte de Benedetti para facilitar la entrada de recursos provenientes de fuentes prohibidas”, afirmó.

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Bustos considera que las autoridades judiciales deben investigar sí son ciertas las afirmaciones del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, quien, durante el reciente Consejo de Ministros el pasado 4 de febrero, expresó su rechazo a la designación de Benedetti como jefe de gabinete.

“Había obstáculos legales relacionados con intentos de financiación ilegal de la campaña, los cuales impidió”, señaló Rodríguez.

Demanda penal en contra de Urbaser Colombia S.A. E.S.P

Foto: Urbaser.co

La Red de Veedurías de Colombia interpuso una denuncia penal contra la empresa Urbaser Colombia S.A. E.S.P., para que se le investigue por presuntos delitos ambientales, contaminación, daño al medio ambiente y fraude procesal.

 

Asimismo, se solicitó la imposición de una medida de aseguramiento contra Pablo Felipe Arango, actual gerente de la compañía, y Humberto Rodríguez Cobo, exgerente, quienes fueron señalados como presuntos responsables de las irregularidades denunciadas.

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“Esta denuncia se fundamenta en graves daños causados al medio ambiente, al derecho fundamental a la salud y vida, así como de los usuarios del servicio público esencial domiciliario del aseo que incluye la recolección, manejo y disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios donde diversas autoridades judiciales – incluyendo de tribunales administrativos y Consejo de Estado entre otros-, ambientales- varias CAR-, administrativas- Superservicios- lo han demostrado fehacientemente en numerosas investigaciones técnicas adoptando múltiples decisiones contra los respectivos operadores del grupo URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P., las cuales recurrentemente se han incumplido”. afirmó Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías.

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El demandante argumenta que en diferentes ocasiones se ha demostrado incumplimientos por parte de Urbaser Colombia en la gestión adecuada y eficiente de residuos sólidos y el control ambiental de sus operaciones, advirtiendo además que interpondrá recursos judiciales en favor de las comunidades que se han declarado víctimas y piden la debida reparación.

.Actualmente Urbaser Colombia opera los rellenos sanitarios Loma Grande en Montería, Caucasia (Antioquia), La Piragua en Tunja, Los Picachos en Popayán, Andalucía en Armenia, y Soacha (Cundinamarca).

Red de Veedurías asegura que Eljach no tiene inhabilidad para ser procurador

La Red de Veedurías considera que el candidato al cargo de procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, este no se encuentra inhabilitado.

En criterio estrictamente jurídico de la Red de Veedurías de Colombia, la inhabilidad para la elección de procurador general relativa a la inelegibilidad de servidores en ejercicio solo opera para concejales por expreso mandato legal.

 

La organización de la sociedad civil considera que, «además, hasta ahora no se ha elegido sino apenas postulado y en proceso de evaluación por el senado la terna enviada. A su vez, el candidato Eljach, siendo secretario general del senado, se postuló ante la Corte Suprema de Justicia quien examinó su hoja de vida no lo encontró inhabilitado; finalmente ñ, para la fecha de elección tras su renuncia aceptada, lo hace de un cargo administrativo, y no de elección popular.

Recordó también que «no había lugar a recusación ni impedimento por no haber conflicto de intereses se tramitó el de la Comisión de Acreditación y fue negado por la plenaria del Senado, por lo que mal puede tramitarse uno nuevo, – que se ha solicitado- sin pruebas, y aduciendo que algunos partidos políticos habían anunciado su voto en favor de un candidato, cuando precisamente el voto secreto de congresistas en procesos de elección hace que no aplique la ley de bancadas por mandato legal».

La Red de Veedurías concluye en su análisis que el candidato Gregorio Eljach no se halla inhabilitado, y no existe razón alguna para tramitar recusación alguna por lo que la misma debe rechazarse de plano y procederse con la elección en la fecha programada por el propio senado para el 2 de septiembre próximo.

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Red de Veedurías insiste en que se investigue a Quala

El director de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, radicó ante al Ministerio de Trabajo una queja administrativa en contra de la multinacional Quala por las condiciones en las que personas de estratos bajos deben vender algunos de sus productos en las calles de las ciudades y municipios del país.

De acuerdo con Bustos, habría documentos que según el, «probarían que los recursos que deberían ser utilizados para atender los más de 6000 trabajadores se estarían desviando a paraísos fiscales o al financiamiento de campañas políticas».

 

Bustos reclama a la firma para que se mejoren las condiciones labores de los vendedores de productos como Bonice y Vive 100, quienes los ofrecen en las calles portando un uniforme de la marca pero sin estar asegurados ni contar con ningún beneficio.

A esta campaña en ayuda de los vendedores de Bonice y Quala se unió el gerente del Centro Comercial Neos, Yansen Estupiñan, quien ofreció un almuerzo a estos trabajadores como una forma de visibilizar sus necesidades.

«La empresa Quala debe caer en cuenta que está cometiendo errores y que estas personas tienen derecho», afirmó.

Desde sus redes sociales, el influencer conocido como ‘La Firma’ hizo un llamado a la sociedad para que se ayude a visibilizar las necesidades de estas personas y para que empresas como Quala corrijan este tipo de prácticas.

«Es muy triste porque son personas que en un día alcanzan a recoger 10 mil pesos, así llueva y truene. Son personas que viven en condiciones vulnerables, la mayoría adultos mayores que no cuentan con una pensión», puntualizó.

Llamado de la Red de Veedurías ante posible riesgo de impunidad en el caso judicial de los ‘Borré’

La Red de Veedurías de Colombia hizo el llamado a los ciudadanos víctimas de los delitos cometidos por Juan Manuel Borre Barreto, alias “Pistón” o alias “Javier”, y Brayan Eduardo Borre Barreto, alias “Tío Guillo” o alias “Tío Yaqui”, para que presenten sus denuncias y se mantengan al tanto del proceso para evitar riesgos de impunidad.

De acuerdo con Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías » En el año 2017 la Fiscalía General de la Nación no hizo el lamado a los familiares de las víctimas», lo que, según él, terminó favoreciendo al victimario.

 

“No se realizó la audiencia de acusación durante todo el tiempo, la cual fue postergada por más de tres años, y solo hasta el 7 de julio de 2022 se supo noticia del proceso porque la Fiscalía de manera inexplicable retiró nuevamente el escrito de acusación, habilitando para que los acusados alegaran vencimiento de términos con la que se produjo la salida impune de Bryan Borre Barreto”, complementó Bustos.

Bustos prendió las alarmas porque el procedimiento, según lo explicó, «es el mismo que le permitió a algunos de los más peligrosos y temidos exmiembros de Los Rastrojos obtener su libertad, con maniobras dilatorias, pero ahora pretenderían la impunidad total dado que los presuntos delitos por los que se les investiga podrían correr la misma suerte y por esta vía llegar prescribir, con lo que quedarían en total impunidad los delitos cometidos por estos sujetos y violentando los derechos de las victimas a la verdad, justicia y reparación y garantía de no repetición».

Pablo Bustos señala al alcalde electo del municipio del Socorro, de estar detrás de hechos vandálicos

El presidente de la Red Veeduría, Pablo Bustos, señaló al alcalde electo del municipio del Socorro, Santander, Ángel Antonio Acevedo de estar detrás de las protestas vandálicas que afectaron la propiedad pública y privada.

“Le estamos pidiendo a la Procuraduría General de la Nación que investigue al alcalde electo del municipio de Socorro en Santander y por su puesto a la Fiscalía General de la Nación. Varios locaciones se vieron vandalizados en el sector de San Victorino al igual que instalaciones públicas y centros hospitalarios como el Manuela Beltrán con pacientes adentro. Incluso hay heridos. Ni siquiera en el llamado estallido social se vieron destrozos como los que dejó la protesta reciente en este municipio del país, pero ¿quienes la financiaron? Y ¿qué hay detrás de la protesta? sin duda intereses politiqueros que instrumentan y desinforman la ciudadanía”, dijo el Presidente de la Red de Veedurías de Colombia Pablo Bustos.

 

Según el, «existen chats de grupos en plataformas digitales y redes sociales en donde claramente se ve lo que sería la convocatoria para instrumentalizar a la ciudadanía con claros réditos políticos y así engañar a la opinión con ropajes de legalidad y justicia cuando en realidad hay un entramado que busca hacerse con la empresa de alumbrado público desde la politiquería y la corrupción es así que se ven incluso concejales electos sujetos disciplinables haciendo presencia e invitando a los desmanes».

Bustos hizo un llamado a los órganos de control para que se investiguen estos hechos y se establezca quien o quienes están detrás.

Pablo Bustos señala al alcalde de Cota, Cundinamarca, de nombrar gente a dedo

El director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, denunció un supuesto favorecimiento a personas cercanas al alcalde del municipio de Cota, Cundinamarca, Néstor Guitarrero, a menos de 30 días de que termine su mandato mediante la expedición de un decreto para dejar «amarrada la nómina», con más de 130 cargos que serán nombrados a dedo; los cuales deberían ser asignados según la ley por medio de proceso meritocrático.

Este anuncio se da en medio de la polémica que generó la nómina paralela que aún sostiene con más de 1.200 contratos de prestación de servicios u OPS que también buscan ser renovados por el saliente mandatario.

 

“El 01 de diciembre interpusimos una acción popular y una solicitud de adopción de medidas cautelares de urgencia en los juzgados administrativos de Facatativá, en la que solicitamos se vinculen al proceso judicial a los funcionarios que han participado en el proyecto de elaboración de un decreto a toda luz inconstitucional e ilegal. Son unos bandidos que literal se robaron el municipio y ahora pretenden atornillar a sus hermanos, hijos e incluso novias en cargos de carrera, y no contentos con eso alargaron cientos de contratos corbata con personas que además de hacer parte de una nómina paralela no hacen nada, ni se les ve ir al municipio”, aseguró el director de la Veeduría Ciudadana, Pablo Bustos.

Denuncian presunto cartel de chatarrización

La Red De Veedurías De Colombia, denuncia el presunto “cartel de la chatarrización de vehículos” que viene operando sobre los procesos de contratación para la chatarrización vehicular que adelanta la DIAN y la Alcaldía de Medellín.

 

 

Su director, Pablo Bustos encontró que uno de los operadores es la UNION TEMPORAL RYM SAS, de propiedad de Rafael Naranjo, la cual lidera el mercado de las empresas desintegradoras habilitadas y certificadas por los ministerios de Transporte y de Ambiente, para la chatarrización de los vehículos de carga.

 

De acuerdo con Bustos, “Esta no es persona jurídica y por tanto carece del certificado de existencia y representación legal, por lo que no podía inscribirse y menos estar habilitado para expedir los 6500 certificados de desintegración física de vehículos que emitió”

 

Esto generó el desembolso por más de $720 mil millones, con la anuencia de funcionarios como la Dra. Angela Aldana Naranjo, el Dr. Lazaro Gonzalez Avellaneda, del Ministerio de Transporte, y del Dr. Mario Orlando Lopez Castro del Ministerio de Ambiente induciendo en error a otras entidades nacionales como la DIAN, La Fiscalía General De La Nación, La Defensa Civil, La Escuela Militar De Aviación -Emavi- en procesos de contratación estatal incluido actualmente el de la DIAN.

 

La Red de Veedurías de Colombia, Red-Ver, solicita e insta para que de manera pronta las autoridades competentes entre ellas la Fiscalía General, y la Procuraduría, la Contraloría General se pronuncien frente a tamañas inobservancias legales, y se adopten los correctivos y sanciones a que haya lugar.”